septiembre 8, 2024
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#MargaritaCabello

Exalcalde William Dau es inhabilitado por decisión de la Procuraduría

De acuerdo con el órgano de control la conducta del exfuncionario fue calificada como una “falta grave a título de dolo”. La Procuraduría General de la Nación ha decidido suspender e inhabilitar por cuatro meses a William Dau Chamat, exalcalde de Cartagena 2020-2023, debido a “comentarios irrespetuosos” y desobligantes dirigidos hacia los directivos de la Universidad de Cartagena durante el proceso de selección del contralor distrital. De acuerdo con la Entidad, en un fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, determinó que durante su administración el funcionario violó su deber de tratar con respeto a los dirigentes universitarios.  En declaraciones a medios de comunicación, Dau calificó a la institución como “plagada de corrupción” y la describió como un “nido de ratas”. Además, en una publicación en su cuenta personal de Facebook, los llamó “malandrines”. Según el Ministerio Público, en el curso del proceso disciplinario se confirmó que Dau Chamat, en su rol de alcalde, emitió declaraciones públicas que no cumplían con el respeto y la ética necesaria para su posición, y que con sus pronunciamientos estaban afectando la “dignidad humana de los destinatarios de la ofensas” que a su consideración vulnera el principio de moralidad. La sanción impuesta por la Procuraduría, que corresponde a un período de suspensión e inhabilitación, se calculará sobre los salarios devengados al momento de la falta, ascendiendo a un poco más de 49 millones de pesos, dado que Dau Chamat ya no ocupa actualmente un cargo de elección popular.

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Corte Suprema ya tiene a los ternados para Procurador General de la Nación

Entre los sesenta aspirantes se encuentra una exministra del gobierno Duque y el actual secretario del Senado de la República. La Corte Suprema de Justicia ya tiene la lista de aspirantes de la terna de elegibles para la Procuraduría General de la Nación con la que el Senado de la República elegirá el reemplazo de la actual procuradora, Margarita Leonor Cabello Blanco. Conforme al documento expuesto por el máximo tribunal, sesenta aspirantes integran la terna tras inscribirse a la Convocatoria Pública número 02 de 2024 que se abrió entre el 8 y el 12 de julio de forma virtual en el micrositio ubicado en el portal de la corporación. Dentro de los nombres que sobresalen en la lista se encuentra Gregorio Eljach, actual secretario del Senado de la República, quien anteriormente ya se había postulado a este cargo. También está Álvaro Name, expresidente del Consejo de Estado y Humberto Sierra Porto, el exmagistrado de la CIDH. Asimismo, la exministra de Cultura que hizo parte del Gobierno del expresidente Iván Duque, Carmen Vásquez, se sumó a la convocatoria junto al  exsenador de Cambio Radical; Jorge Otálora, exdefensor del Pueblo y Germán Varón Cotrino, quien es considerado una ficha política cercana a Germán Vargas Lleras. Para conocer a los 60 candidatos y su hoja de vida, ingrese al siguiente enlace: Convocatoria Ternado Procurador. Quién elige al próximo procurador (a) De acuerdo con los requisitos previos, la Sala de Gobierno de la Corte revisó las hojas de vida y verificó el cumplimiento de las cláusulas constitucionales y legales de los aspirantes inscritos con la que presentó un informe a la Sala Plena. La Procuraduría General de la Nación tiene como pilar tres funciones constitucionales que se basan en prevenir los actos contrarios a la ley y al interés general; interviene en los procesos judiciales, e investiga y sanciona a los gobernantes y demás servidores públicos, incluidos los de elección popular. Siguiendo el protocolo del proceso, el 9 de septiembre iniciarán las deliberaciones para seleccionar a 10 de los 60 aspirantes inscritos que cumplan con todos los requisitos los cuales posteriormente serán citados a audiencia pública en la que serán escuchados por los integrantes de la Sala Plena de la Corte. Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, el próximo Procurador General de la Nación se debe elegir teniendo como soporte el artículo 276 de la Constitución Nacional que determina que el Senado será quién elija al funcionario para cumplir con un período de cuatro años. La conformación de la terna debe ser integrada por candidatos del Presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La norma que regula el funcionamiento del Congreso de la República bajo la Ley 5 de 1992, determina que en el procedimiento el  Senado se reunirá y sesionará para así proceder a la elección. Cabe recordar que la actual Procuradora tomó posesión del cargo el 15 de enero de 2021 durante el Gobierno Duque, quién también la nombró Ministra de Justicia y del Derecho en su administración. 

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Tener a Margarita Cabello al frente de la Procuraduría es como tener a un ratón cuidando el queso I Columna de opinión de Esmeralda Hernández

  Esmeralda Hernández Senadora de la República Pacto Histórico   Cuando tuvimos el gran honor de asumir la responsabilidad de liderar esta curul en el Senado de la República, le prometimos a la ciudadanía que no sólo haríamos un trabajo propositivo a partir de proyectos de ley que ayudaran al país, sino que además seríamos inclementes contra la corrupción. Así lo estamos cumpliendo: aparte de haber aprobado iniciativas que defienden los derechos de las y los colombianos, y tener en trámite legislativo otras propuestas más que salvaguardan a los animales y el patrimonio ambiental del país, hemos avanzado con una acuciosa labor de veeduría, seguimiento y control político.  Precisamente en el marco de esta tarea, adelantamos durante meses una investigación a la Procuraduría General de la Nación, en cabeza hoy de Margarita Cabello. Los resultados son graves: irregularidades en la contratación de la entidad, nombramiento de personas cercanas a clanes políticos cuestionados y resultados negativos alarmantes del organismo de control que terminan en altísimos niveles de impunidad.  Uno de los hechos más controversiales del periodo de Margarita Cabello corre por cuenta de la creación, en plena pandemia y precampaña electoral, de más de 1.200 puestos, en contravía de un mensaje de austeridad propio del servicio público y de la crisis que vivía el país. El alto número de funcionarios en provisionalidad no ha podido proveerse en carrera administrativa previo concurso de méritos porque, según la entidad, se adolecen 15 de recursos para adelantar el concurso de méritos al cual está obligada.  Al no adelantar dicho procedimiento meritocrático se agudizaron dos fenómenos: la alta onerosidad en algunas Órdenes de Prestación de Servicio (OPS) y el elevado número de funcionarios en provisionalidad. Por ejemplo, en solo diez contratos de prestación de servicios profesionales del año 2023 la Procuraduría gastó 1.638 millones de pesos. Si se amplía a 14 contratos de OPS, la cifra supera los 2 mil millones de pesos. Si la entidad argumenta no tener dinero para el concurso de méritos y suplir los diversos cargos, ¿por qué sí lo tiene para derrochar en contratos de personas amigas y cercanas a la procuradora? La lista de casos que reflejan este favorecimiento a conveniencia es larga. Pero para poner tres ejemplos reveladores: entre los contratistas consentidos está Carvajalino García, que recibió en 2023 un contrato por 241 millones. Se trata de una firma familiar de la cuerda de una abogada que salvó a Margarita Cabello de dos demandas ante el Consejo de Estado. Ahí queda claro el pago de favores.  De la entrega a dedo de OPS con altos honorarios también se beneficiaron el ex procurador Edgardo Maya Villazón; la amiga de años de Cabello: Clara Cecilia Dueñas y el ex procurador Alejandro Ordóñez, con un contrato que recibió su yerno, Daniel Palis. Como si esto fuera poco, la procuradora tuvo 335 nombramientos a dedo y acumuló una planta que supera los 4.100 funcionarios. Pese a este evidente crecimiento burocrático, el organismo de control muestra cifras en rojo y alarmantes indicadores, algunos de ellos acentuados en el periodo de Margarita Cabello. Es decir, la Procuraduría obtuvo más puestos, pero para favorecer a aliados políticos, y no para dar propiamente resultados al país. A julio de 2023 Cabello había permitido caducar y prescribir más de 2.576 procesos. Además, ella y sus antecesores, tuvieron 540 condenas por procesos mal hechos de la entidad, lo que le ha costado al país 78.748 millones de pesos. Hay el riesgo de que el panorama empeore pues hay 600 demandas contra la Procuraduría por 126 mil millones de pesos.  Paralela a esta alarmante situación, hay otros episodios escandalosos como el nombramiento a dedo de personas cercanas a clanes políticos salpicados por corrupción como el de Oneida Pinto y del fallecido senador Mario Castaño. De igual forma, existen otros casos llamativos como el contrato directo que le entregó la procuradora Cabello a la Empresa de Recursos Tecnológicos S.A, ERT, para manejar temas informáticos del ente de control. Se inició pagando 5.700 millones por esos servicios, y con la ERT se subió a 17.499 millones y posteriormente a más de 26.000 millones con una adición que les otorgaron.  Es decir, cinco veces más recursos con una particularidad horrorosa: saltaron de una contratación pública con pluralidad, oferentes diversos y competencia, a una a dedo, pasándose por la faja la Ley 80. En total, en los tres años Margarita Cabello ha contratado a la misma empresa por fondos que superan los 48 mil millones de pesos. Como si fuera poco, la Procuraduría de Cabello ha pasado de agache con casos emblemáticos de corrupción: Reficar, Odebrecht, Ñeñepolítica, entre otros. Los invito a ampliar cada uno de estos y otros hallazgos en nuestra página web: https://esmeraldahernandez. com/. Allí podrán encontrar la totalidad de la investigación.  Justamente, estas evidencian ejemplifican que, mientras la procuradora Cabello se dedica a hacer política contra el gobierno del presidente Gustavo Petro, el ente se cae a pedazos, convirtiéndose hoy en una institución que está yendo en contravía de los intereses del país de preservar la moralidad pública, el cuidado de los recursos, el respeto por la Constitución, la democracia y la ciudadanía.  De allí, que radicaremos una denuncia con todas las pruebas y evidencias ante la Corte Suprema de Justicia que, en el caso específico de la Procuraduría, cumple la labor de juzgamiento penal y disciplinario. Del mismo modo, anuncio que citaré un debate de control político de cara al país. Si bien ningún congresista puede citar a la cabeza de un ente de control, por disposición normativa, sí se puede adelantar la invitación a la procuradora, al tiempo en que llamaremos a entidades como el Departamento Administrativo de la Función Pública, para que se explique qué medidas se allegarán a las instituciones que insistan en evadir los concursos de méritos, con tal de entregar la contratación y los recursos a dedo, como sucede en la Procuraduría.  Es hora de que la procuradora responda al país ante estos inquietantes hechos y qué mejor escenario que el epicentro natural

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Expresidente Gaviria pidió a la procuradora oponerse a la “Destrucción del sistema de salud”

César Gaviria, exmandatario nacional en una carta enviada a la Procuradora Margarita Cabello, expresó su preocupación por la suerte del sistema de salud nacional de concretarse varios de los planes que desde el Gobierno se tienen previstos conforme a la Reforma de Salud que promueve el presidente Petro. Al expresidente le inquietan algunas medidas emprendidas por la administración nacional entorno al sistema de salud de los colombianos, de hecho, le solicitó a la Procuradora Cabello que se “oponga a la destrucción” del sistema. Estos son algunos de los puntos tratados en la carta Escasez de medicamentos, falta de pago de las unidades de capacitación por parte del Gobierno, y eventual aplicación de medidas contempladas en la reforma a la salud, sin que la misma haya sido aprobada por el Congreso de la República. En su misiva César Gaviria expresó “El Gobierno ha decidido ignorar su obligación constitucional y legal de financiar adecuadamente el aseguramiento en salud y ha retrasado repetidamente el pago corriente de los presupuestos máximos a las EPS, llegando a acumular entre tres y cuatro meses sin su respectivo giro, lo que representa casi un billón de pesos”. Asimismo, indicó que la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), a su juicio no estaría operando eficazmente siendo el único pagador y que la administración Petro no “dispone de los puestos de salud necesarios preparados para desempeñar su papel como el elemento central a partir del cual debería funcionar todo el sistema”. Implementación anticipada de la Reforma de Salud En referencia a la presunta implementación anticipada de la Reforma de Salud, Gaviria indicó “Ya el señor presidente ha dispuesto que se empiece a aplicar la ley que solo tiene la aprobación de la Comisión séptima de la Cámara y que además se aprobó sin que el Ministerio de hacienda emitiera su disponibilidad presupuestal. […] Las consecuencias de estas decisiones son que el país está enfrentando una de las crisis sociales más graves de su historia republicana, con la posible muerte de miles de pacientes”. “Le escribo, entonces, esta carta señora procuradora, para que, en su sensatez y sentido democrático y obligación de hacer cumplir las sentencias que emite la Corte Constitucional se oponga a la destrucción del Sistema de Salud colombiano”, puntualizó.

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