octubre 14, 2024

Margarita Restrepo

¿Protesta social?

Margarita RestrepoRepresentante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático En un Estado Social de Derecho como el nuestro es perfectamente necesario que se garantice el derecho a la protesta, pero esta, lo dice la Constitución, debe ser pacífica y ordenada. Me parece pertinente que los jóvenes se preocupen por el futuro de la educación, sobre todo que insistan en que se aumente el presupuesto para efectos de cumplir la deuda que hace más de 25 años tiene el Estado con la educación superior. “Debemos cerrar filas contra todos los que, abusando de la protesta social y con fines puramente políticos y electorales, incitan a que esas manifestaciones se tornen en actividades de terrorismo”. A través de la investigación científica, se amplía la frontera del conocimiento y el efecto inmediato se ve reflejado en el desarrollo humano de los países. Nuestra educación superior padece grandes dificultades, las cuales han empezado a ser atendidas responsablemente por el Presidente Iván Duque y su ministra de Educación María Victoria Angulo. Lo que hemos visto en las últimas semanas, de jóvenes encapuchados, lanzando bombas “Molotov”, dañando los buses de “Transmilenio” en Bogotá, agrediendo a los policías que están en las calles protegiendo a todos los ciudadanos, no es, ni mucho menos, una protesta social. Esos actos vandálicos deben ser investigados y castigados ejemplarmente. También, debe ser sancionado el instigador de los mismos. Lo que ha hecho Gustavo Petro es de una gravedad oceánica. Su sed de poder lo ha llevado al extremo de incitar a la violencia. Los antisociales que atentaron contra los policías, contra el sistema de transporte público y contra la sede de RCN en la Avenida Caracas, tuvieron un instigador: Gustavo Petro. Cuando mi partido estuvo en la oposición, muchas veces salimos a las calles a expresar nuestro descontento con el gobierno de Juan Manuel Santos, amparados por el precepto constitucional que permite la protesta. Pero siempre, absolutamente siempre, observamos un comportamiento pacífico, civilista y educado, pues nuestro propósito era el de enviar un mensaje y de sentar nuestra voz de protesta. Cuando terminábamos la concentración, junto a nuestros simpatizantes barríamos las calles y dejábamos las plazas impecablemente limpias. Por supuesto, jamás agredimos a nadie y menos a un miembro de la Fuerza Pública. Celebro que la Fiscalía General de la Nación haya fijado una millonaria recompensa para quien ayude a identificar y a capturar al desadaptado que lanzó una bomba incendiaria contra un miembro de la Policía Nacional. Ese antisocial deberá ser capturado y condenado ejemplarmente. Respaldo a los estudiantes que con toda legitimidad protesten para demandar una mejor calidad en su educación, pero debemos cerrar filas contra todos los que, abusando de la protesta social y con fines puramente políticos y electorales, incitan a que esas manifestaciones se tornen en actividades de terrorismo y violencia, como ha sucedido en los últimos días. Desde que fue derrotado por el Centro Democrático, Gustavo Petro ha amenazado al país con “movilizaciones”. Ya hemos visto algunas de ellas y ahora nos ha notificado que hará unas cuantas más para oponerse a la ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional. Dados los antecedentes, la Fuerza Pública está totalmente habilitada para emprender todas las acciones necesarias para evitar que las nuevas “movilizaciones” promovidas por Petro, se conviertan en actos de terrorismo.

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Una amenaza silenciosa

Margarita Restrepo Representante a la Cámara, Centro Democrático A nuestra sociedad la asecha una amenaza silenciosa: la violencia intrafamiliar, una tragedia que afecta a miles de hogares colombianos, sin distingo alguno. Al margen del estrato social o de la condición económica, la violencia contra la mujer y los niños ha crecido de forma preocupante en los últimos años. No este un asunto que se deba limitar a la publicación de unas cifras, las cuales son solamente relevantes para elaborar diagnósticos. Necesitamos urgentemente la realización de un pacto ciudadano que conduzca a la creación de una política pública de Estado para la prevención y el castigo eficaz de los casos de violencia intrafamiliar. Desde todos los ámbitos debe haber un compromiso de cero tolerancia hacia los actos de violencia de género y las agresiones contra los niños. De las casi 77 mil personas que el año pasado fueron víctimas de violencia intrafamiliar, 10200 fueron menores de edad. Un niño maltratado, agredido, violado y vilipendiado será un adulto con traumas y resentimientos. La base para una mejor sociedad es el amor y el respeto por los menores. Debemos evolucionar como sociedad. Los errores y las faltas que cometen los niños tienen que ser sancionados con castigos que en ningún caso impliquen violencia psicológica, sexual o física. Así no solo no se soluciona el problema, sino que se está enervando uno mayor que tendrá efectos permanentes. La impunidad alienta la reincidencia. Aquel que agrede a una mujer o a un niño y no es castigado como corresponde por la justicia, generalmente repite. Así lo ha podido certificar la Fiscalía General de la Nación que maneja una cifra que me parece alarmante: el 36% de las personas que propiciaron algún acto de violencia intrafamiliar eran reincidentes. La violencia de género es un asunto que merece muchísima atención, por su complejidad. No hay una fórmula mágica para controlar este peligroso fenómeno. Hace poco leí un informe que llamó mi atención. Los países nórdicos (Dinamarca, Suecia y Finlandia), que son los que más invierten en programas que propenden por la igualdad de género, son los que mayores cifras de violencia contra la mujer reflejaron en el año 2014. Aquella conclusión confirma que esta problemática no se soluciona únicamente a través de programas educativos. Deben incorporarse otros elementos, como la justicia, pero sobre todo el inculcar valores desde el hogar. Las familias, como los Estados, deben incorporar mecanismos de resolución dialogada y franca de los conflictos. No es a los golpes ni a los gritos como se superan las diferencias o como se sancionan las equivocaciones. No podemos continuar cruzados de brazos, viendo cómo sigue germinando esa mortal planta de la violencia intrafamiliar en nuestros hogares. La semana que acaba de terminar, dos niños fueron víctimas de agresiones sexuales. El año pasado, fueron denunciados 940 casos de feminicidio. Debemos reaccionar, para parar esa espiral de violencia. No puede ser viable un país en el que cada 12 minutos una mujer fue víctima de violencia por parte de su pareja. “La base para una mejor sociedad es el amor y el respeto por los menores.” Esto no se soluciona con leyes. Las normas no tienen virtudes mágicas. Las que existen son suficientes. Se requiere, por supuesto, enfrentar la impunidad, pero insisto: todos, como sociedad, estamos en la obligación de ponernos la mano en el corazón, hacer un alto en el camino y sellar un pacto social. Sé que para muchos mi propuesta es un sueño inalcanzable. Yo, sigo teniendo fe en Colombia, en sus autoridades, pero sobre todo en su gente. Pongámonos de acuerdo y hagamos del nuestro un país sin violencia intrafamiliar.  

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Los niños reclutados

Por, representante a la Cámara Margarita Restrepo, Centro Democrático Se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Reclutamiento de menores, una fecha de singular relevancia por el momento que está viviendo nuestro país. Cuando empezaron los diálogos de La Habana, alcé mi voz para pedirle al gobierno de Santos que exigiera la devolución de la totalidad de menores que estaban en poder de las Farc. Para que dichas conversaciones tuvieran un mínimo de legitimidad, era imprescindible que la estructura criminal desvinculara a los más de 3 mil niños que estaban en sus campamentos del terror. Al margen de cualquier otra determinación, no era admisible desde ningún punto de vista que en Cuba se negociara un acuerdo mientras que en las selvas colombianas las niñas reclutadas contra su voluntad siguieran siendo utilizadas como esclavas sexuales. Mi llamado no fue atendido. Santos negoció a pesar de que los niños jamás fueron devueltos a sus hogares. Es una afrenta, a todos los niños que sufrieron las peores vejaciones mientras estuvieron esclavizados en los campamentos de las Farc, que aquellos que los utilizaron, violaron, manipularon y obligaron a cometer actos ilegales, estén en la calle haciendo proselitismo político. Las Farc hicieron del reclutamiento forzado de menores una política generalizada y sistemática. El departamento de Antioquia fue uno de los que más padeció ese flagelo. Por tratarse de un crimen de lesa humanidad, este no puede prescribir ni ser cobijado por amnistías o indultos. En el Estatuto de Roma, se contempla a la esclavitud como un crimen de lesa humanidad. El reclutamiento de niños es una de las más abyectas modalidades de este crimen que, valga recalcar, es el único por el que la corte penal internacional ha impartido sentencias condenatorias. Existe un acuerdo global para castigar a los responsables del reclutamiento de menores. Criminales de guerra africanos como Charles Taylor y Thomas Lubanga fueron capturados, llevados ante la CPI, juzgados y condenados. Su delito: haber convertido a miles de niños, contra su voluntad, en asesinos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los cabecillas de las Farc? Absolutamente ninguna. Hemos oído en las últimas semanas los relatos estremecedores de las mujeres de la corporación “Rosa Blanca”. Ellas, que fueron niñas reclutadas por distintos frentes de las Farc, han revelado los vejámenes a que fueron sometidas. De manera heroica, ante la impunidad, decidieron romper su silencio, salir del anonimato y encarar a sus victimarios, para exigirles reparación y demandar ante el Estado la aplicación de la justicia. Es una afrenta, a todos los niños que sufrieron las peores vejaciones mientras estuvieron esclavizados en los campamentos de las Farc, que aquellos que los utilizaron, violaron, manipularon y obligaron a cometer actos ilegales, estén en la calle haciendo proselitismo político y preparándose para ocupar las curules en el Congreso de la República que Juan Manuel Santos les obsequió.

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