octubre 4, 2024

Margarita Cabello

Senadora Esmeralda Hernández realizó denuncia penal contra la procuradora Cabello por “manipular al ministerio Público”

La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, interpuso una denuncia penal contra la procuradora Margarita Cabello, por supuestamente politizar al ministerio Público para favorecer a clanes políticos.  De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, Cabello habría seleccionado “a dedo” a un solo contratista durante los últimos tres años de su administración, entregándole un total de $71 mil millones y violando la ley 80, la cual establece la realización de concursos para celebrar contratos.  Además, la procuradora ha sido cuestionada por su relación con la familia Char. Su hijo, Alberto Mario Caparroso Cabello, ha firmado contratos con la administración de Barranquilla para la construcción de parques y mantenimiento de canchas sintéticas. Según la senadora del Pacto Histórico, la denuncia no fue interpuesta antes por las dudas que habían sobre la Fiscalía de Francisco Barbosa.  Ahora le exigen a la nueva fiscal, Luz Adriana Camargo, adelantar las investigaciones necesarias que ayuden a esclarecer la responsabilidad de Cabello en medio de este escándalo.    

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Procuradora Margarita Cabello solicitará informe a alcaldes y gobernadores

En su primer acto como procuradora general, Margarita Cabello Blanco le solicitará un informe a gobernadores y alcaldes para saber cómo están manejando los recursos públicos. Además, será la primera mujer al frente del Ministerio Público, en sus 191 años de existencia. La abogada Margarita Cabello Blanco fue magistrada de la Sala Civil y Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y hasta agosto del 2020 fungió como ministra de Justicia del primer mandatario Iván Duque. Nacida en Barranquilla, abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Cartagena y candidata a Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín. En agosto, el Senado de la República, en sesión plenaria presencial, eligió a la abogada Cabello Blanco como nueva procuradora general de la Nación, para un periodo de cuatro años, a partir del 15 de enero de 2021 hasta enero de 2025. El principal desafío de Cabello será la independencia. Mantener su función de vigilancia y control desde el Ministerio Público con el gobierno de turno.  En la posesión, Cabello se refirió al trabajo de la mujer y los jóvenes en  el desarrollo de la sociedad y también se aseveró a la pulcritud y efectividad desde lo público, puesto que los ciudadanos esperan resultados por parte de los servidores públicos. Discurso de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco. Destacó que estará al lado del lado de las familias colombianas y el acompañamiento de los servidores públicos, con la implementación de tecnología y recurso humano que contribuyan a la función preventiva y disciplinaria para dar  resultados que reflejen el buen funcionamiento de la entidad pública. Cabello se refirió a su compromiso contra la corrupción, donde se espera implementar la paridad de género y el sostenimiento ambiental. En el acto, el Presidente de la República, Iván Duque, le sostuvo a la procuradora entrante que “aquí tendrá un gobierno que respeta la independencia del poder y que las empresas que corrompan a un funcionario le quedará proscrito contratar con el Estado Colombiano. Quien llega al Ministerio Público debe estar siempre del lado de la institucionalidad y no buscar fracturas”. Y destacó también la intención de Cabello de estar presente en los territorios donde el “narcotráfico es el combustible de los terroristas que atentan contra los líderes sociales”. De igual manera, el Jefe de Estado insistió que la salud pública enfrenta el reto más grande de su historia no solo en Colombia sino en el mundo a causa de la pandemia del covid-19. “Tenemos convenios para la vacunación de 29 millones de colombianos”. Video de la posesión:  

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Margarita Cabello es la nueva Procuradora General de la Nación

Margarita Cabello fue elegida como Procuradora General de la Nación. La exministra de Justicia se convirtió en la primera mujer en Colombia en ocupar este cargo. Tuvo  83 votos a favor. El Senado de la República se reunió de manera presencial para la elección del Procurador General de la Nación. Cabello fue postulada el pasado 14 de agosto por el jefe de Estado y este jueves fue elegida por la corporación legislativa, con el apoyo de los partidos Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical, y un amplio sector de la U. Margarita Cabello nació en Barranquilla, es abogada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en derecho de Familia y en procesal civil de la Universidad Externado. Inició su carrera como juez hasta llegar a magistrada del Tribunal Superior de su ciudad natal y fue durante tres años delegada de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría General. También fue presidenta de la Corte Suprema en 2016, integró la Comisión de Género de la Rama Judicial y demostró ante sus colegas ser una mujer de liderazgo fuerte, al punto que en ese alto tribunal se le señaló de liderar la disputa entre bloques regionales que aflora cada vez que hay un proceso electoral. Ahora tiene entre sus retos fijar rutas de acción para asuntos que son cruciales para el país, como la defensa de los derechos humanos.  

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Duque acepta renuncia de ministra de Justicia

Margarita Cabello, quien se venía desempeñando como ministra de Justicia y del Derecho, presentó su dimisión ante el Presidente Iván Duque.   El Presidente Iván Duque Márquez aceptó este martes la renuncia de la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, quien aspira a convertirse en la nueva Procuradora General de la Nación, en reemplazo de Fernando Carrillo Florez. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario destacó la gestión de la funcionaria, en particular el trabajo realizado al frente de esa cartera para acercar la justicia al ciudadano. “He aceptado la renuncia a la doctora Margarita Cabello Blanco, quien se desempeñaba como ministra de Justicia. Quiero destacar su gestión para avanzar en la política carcelaria, acercar la justicia al ciudadano e impulsar la cadena perpetua contra violadores de menores”, escribió. Cabello, quien es la candidata del Gobierno para dirigir la Procuraduría General de la Nación, recibió ya el respaldo de los partidos Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y un sector de la U, lo que le asegurarían su elección como jefe del Ministerio Público. Duque recordó que la dimitente ministra ha sido “una gran mujer al servicio de la rama judicial. Ha sido jueza, procuradora delegada y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Reconocemos y agradecemos su labor en el Gobierno y su trabajo por una justicia más eficaz y cercana al ciudadano”. Los otros dos candidatos postulados a procurador General de la Nación son el exmagistrado Wilson Ruiz y el exviceprocurador Juan Carlos Cortés.   Estas fueron sus declaraciones en su cuenta de Twitter: La Dra Margarita, una gran mujer al servicio de la rama judicial. Ha sido jueza, procuradora delegada y presidente de la @CorteSupremaJ. Reconocemos y agradecemos su labor en el Gobierno y su trabajo por una justicia más eficaz y cercana al ciudadano. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 18, 2020   He aceptado la renuncia a la Dra. Margarita Cabello Blanco, quien se desempeñaba como ministra de Justicia. Quiero destacar su gestión para avanzar en la política carcelaria, acercar la justicia al ciudadano e impulsar la cadena perpetua contra violadores de menores. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 18, 2020

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LA PANDEMIA Y LA NUEVA JUSTICIA

“La vida no será igual después de esta circunstancia y el ejercicio de la función judicial tampoco. Pero las crisis son oportunidades de mejora y transformación y hemos aprovechado esta ocasión para darle la bienvenida a una nueva justicia: digital, moderna y más cercana al ciudadano”. El 17 de marzo del 2020, el Gobierno Nacional decretó el primer Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, con el fin de conjurar los efectos nocivos de la pandemia del covid-19 (D. 417 de 2020), estado de excepción al que le sucedió una segunda declaratoria el 6 de mayo siguiente (D. 637 de 2020). El 22 de marzo de este año, se ordenó el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes en el país (D. 457 de 2020), y así comenzó oficialmente la cuarentena, que significó una suspensión inesperada de casi todas las actividades humanas, económicas y sociales, la cual se ha venido prorrogando recientemente hasta el 15 de julio (D. 531, D. 593. D. 636, D. 749 y D. 878 de 2020). Esta situación ha generado un cambio en la forma de trabajar, que ha privilegiado el desempeño laboral desde casa, al que no ha sido ajeno el servicio público de justicia. El Consejo Superior de la Judicatura había suspendido los términos judiciales a partir del 16 de marzo y esa medida se fue prorrogando hasta el 1º de julio de 2020, con excepción de las acciones de tutela, habeas corpus, diligencias de control de garantías y audiencias penales con persona privada de la libertad. Una de las preocupaciones fundamentales del Gobierno Nacional fue la necesidad de garantizar el acceso a la justicia en un escenario de confinamiento como el descrito. Nuestra misión como Ministerio de justicia ha sido la de dirigir y articular el trabajo con las entidades del sector en pos de este objetivo que hemos logrado a través del uso de las Margarita Cabello Blanco, Ministra de Justicia y del Derecho. “La vida no será igual después de esta circunstancia y el ejercicio de la función judicial tampoco. Pero las crisis son oportunidades de mejora y transformación y hemos aprovechado esta ocasión para darle la bienvenida a una nueva justicia: digital, moderna y más cercana al ciudadano”. Justici a 21 tecnologías de la información y la comunicación -TIC-. Por la marcada cultura machista y patriarcal arraigada en nuestro país de carácter discriminatorio frente a la equidad de género, el Gobierno Nacional anticipó que la cuarentena generaría un aumento de los actos de violencia contra mujeres, niños, niñas y adolescentes, producida por la tensión frente a variados factores como dificultades económicas, temores por la crisis en salud, incremento del trabajo doméstico y limitación del contacto social. Pensando en proteger la familia, en los albores del confinamiento se expidió el Decreto Legislativo 460 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas para que las comisarías de familia siguieran prestando servicios de atención a las víctimas de violencia intrafamiliar. Según datos de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, al 18 de junio de 2020, se registró un incremento de un 150% de llamadas a la Línea 155, reportando hechos de violencia al interior de los hogares durante la cuarentena. Luego, el artículo 10 del Decreto Legislativo 491 de 2020 determinó que la justicia alternativa debía mantener su operación a través de medios virtuales. Con esta norma, los Centros de Conciliación y Arbitraje han podido prestar sus servicios y continuar con sus trámites dentro de sus posibilidades. La circunstancia actual aceleró la digitalización de los métodos de resolución de conflictos y este es un proceso que ya no tiene marcha atrás. Otras normas expedidas Muchas otras normas se dictaron durante la pandemia para salvaguardar los valores, principios y derechos fundamentales del Estado Social de Derecho en relación con la justicia. El Decreto 469 de 2020 le permitió a la Corte Constitucional levantar la suspensión de términos judiciales para garantizar el control de las normas adoptadas durante el estado de excepción. El Decreto 564 de 2020 fue expedido como una medida de garantía de acceso a la administración de justicia, al disponer que los términos de prescripción y de caducidad para ejercer derechos, acciones, medios de control o presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales, se encontraban suspendidos desde el 16 de marzo de 2020 hasta el día en que el Consejo Superior de la Judicatura ordenara la reanudación plena de la administración de justicia, el 1º de julio de 2020. Todas estas normas se han expedido con la finalidad última de garantizar el servicio de justicia durante la pandemia. La medida más importante hasta ahora tomada es el Decreto 806 de 2020, por medio del cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los del sistema. Este decreto sienta las bases de una nueva forma de administrar justicia, a través de las herramientas que nos ofrece la tecnología. Se aceleró transformación tecnológica La pandemia aceleró la transformación tecnológica ya iniciada, por ser una de las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad y una de las promesas de campaña del Presidente Iván Duque, que afirmaba que se debía “digitalizar por completo el funcionamiento del Estado, tanto a nivel nacional como territorial” (1). Hoy tenemos importantes avances frente al expediente electrónico, el cual se está apalancando con apoyo financiero de la banca multilateral. Este proceso implica necesariamente un cambio cultural y de mentalidad, frente al que soy optimista porque el uso de las tecnologías se ha vuelto parte de la cotidianidad de muchas personas y esto facilitará mucho esta nueva cultura judicial. Sin previo aviso, la crisis nos introdujo en una realidad diametralmente diferente a lo que conocíamos como normalidad. La vida no será igual después de esta circunstancia y el ejercicio de la función judicial tampoco. Pero las crisis son oportunidades de mejora y transformación

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