marzo 26, 2025

Ley

‘No Es Hora De Callar’, ley para mujeres periodistas víctimas de violencia de género

El Gobierno Nacional y congresistas sancionaron el proyecto de ley ‘No Es Hora De Callar’  para la Prevención, Protección y Asistencia de Mujeres Periodistas Víctimas de Violencia de Género. El Gobierno Nacional sancionó este lunes 9 de septiembre de 2024 la Ley 2358, que crea el fondo ‘No es hora de callar’, el cual tiene como objetivo financiar programas de prevención y asistencia a mujeres periodistas, víctimas de violencia de género. El acto contó con la presencia de las periodistas Jineth Bedoya, Claudia Julieta Duque, Dora Muñoz, Carmen Rosa Pabón, Lina Robles, Ana Cristina Restrepo, y representantes del Gobierno Nacional en cabeza del ministro de Interior, Juan Fernando Cristo; ministro de Cultura, Juan David Correa; la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago; y el canciller Luis Gilberto Murillo ¿Por qué surgió? La creación del Fondo hace parte del cumplimiento de la Sentencia de reparación ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), tras denuncias realizadas por periodistas y comunicadoras, expuestas a estos agravios en el ejercicio de su profesión. La ley ‘No es hora de callar’, surgió gracias a las denuncias de acoso realizadas por Jineth Bedoya. “Hoy hace 15 años, a esta hora, estaba abriendo una puerta a un camino doloroso que me trajo precisamente aquí, al Salón de la Constitución con ustedes. El 9 de septiembre de 2009, hable por primera vez públicamente frente a un auditorio extraño en Madrid de la barbarie que afronté el 25 de mayo del 2000 por ser mujer y por ser periodista”, señaló Bedoya. Según comunicado dado por el Gobierno Nacional “El Fondo, es un instrumento que permitirá saldar una deuda social e histórica con las periodistas y las comunicadoras colombianas: reconocer que por su género y su oficio se encuentran expuestas a violencias sistemáticas, que requieren atención, acciones transversales y enfoque diferencial”, estos recursos se otorgan con fines preventivos y de resarcimiento, para evitar que sigan propagándose este tipo de actos ajenos a la labor profesional. Reacciones Una de las invitadas fue Dora Muñoz, periodista, proveniente del Cauca, quien agradeció a su colega Jineth Bedoya, por su esfuerzo y lucha. “que lástima que haya tenido que ser una sentencia internacional, la que abriera el camino o la puerta esta ley que debería ser prioridad en este país”, de igual forma enfatizó que los daños no son sólo individuales, sino que esta violencia, ha tenido consecuencias integrales, que no tienen ningún proceso de investigación al respecto. Por su parte, Carmen Rosa Pabón, que desde Arauca, se trasladó a Bogotá, donde se efectuó el evento “Hoy en Arauca estamos cubriendo un conflicto cruel, un conflicto de crisis humanitaria, de homicidios, hacinamiento, aislamiento de extorsión, de reclutamiento, ahí están las periodistas contando esas historias que otros no cuentan.. Ese es el contexto en que están trabajando las periodistas de regiones en este país”, expreso la periodista. Otros de los personajes asistentes fueron las Representantes a la Cámara, Katherine Miranda, Edna Támara Argote y el senador Alberto Benavides, quienes fueron ponentes de este proyecto e hicieron alusión a la responsabilidad que tienen cada uno de ellos en defender estos proyectos.  “Hoy vemos cómo el gobierno nacional , estigmatiza la labor del periodismo y más grave aún la labor de las mujeres en el periodismo”, dijo la representante Katherine Miranda. 500.000 USD de presupuesto Tras la sanción hecha por el Jefe de Estado, Gustavo Petro, se estableció un monto anual de 500.000 USD, los cuales financiarán los programas y acciones ejecutadas del Fondo.  Este monto deberá de ser renovado anualmente, con el fin de que no desaparezca esta iniciativa. “Este es un hito histórico para avanzar hacia la justicia, la reparación y la prevención de casos de violencia contra las mujeres periodistas y comunicadoras en Colombia, y un paso para seguir avanzando en la garantía plena de sus derechos humanos”, refirió la Cancillería en comunicado.

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SuperTransporte abrió otras investigaciones por presuntos incumplimientos en empresas de transporte de carga

En 2023, la Superintendencia de Transporte intensificó sus labores de vigilancia, inspección y control a las empresas de transporte de carga, debido a que se han presentado presuntas inconsistencias en los pagos que establece el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICETAC). Con el fin de promover acciones para la correcta interacción de los actores involucrados en la prestación del servicio de transporte de carga y el régimen de relaciones económicas y el despliegue de acciones de vigilancia y control, la Entidad ha intensificado sus funciones con la apertura de investigación a 258 empresas de transporte carga por realizar presuntos pagos por debajo de los costos eficientes de operación. Adicionalmente, en 2023 se sancionaron 16 empresas de transporte de carga por más de $880.000.000 por incumplir las normas sobre costos eficientes de operación. De esta forma se genera una cobertura mayor de las empresas que se estiman operan actualmente y reportan al RNDC, siendo un gran avance respecto a los ejercicios que realizaba la Entidad en otros años ante el conocimiento de irregularidades comunicadas a través de peticiones, quejas y reclamos – PQR’s y otras autoridades. De encontrarse responsables a las empresas investigadas podrían verse avocadas a sanciones que van hasta los 700 SMMLV conforme lo establecido en el literal A) del parágrafo del artículo 46 de la Ley 336 de 1996.   Tomado de MinTransporte

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Aprobada ley que garantiza alimentación hasta 2025 a privados de la libertad

La ley que otorga al Ministerio de Justicia, la capacidad de mantener el servicio de alimentación en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) hasta el 30 de junio de 2025, fue aprobada por unanimidad en la plenaria del Senado de la República. ​Posterior al 30 de junio de 2025, la responsabilidad de alimentar a los privados de la libertad en las URI y estaciones de policía recaerá en los municipios y departamentos, conforme a la orden de la Corte Constitucional en 2022.  Actualmente, 17 mil personas privadas de la libertad reciben alimentación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) en las URI y estaciones de policía. La asignación presupuestal para alimentación de personas privadas de la libertad tanto en centros de detención transitoria como en cárceles del  Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en 2023 es de seiscientos cuarenta y siete mil millones de pesos ($647.000.000.000), destinando mas de noventa mil millones para centros de detención transitoria durante dicho año.  Para 2024, se proyecta un presupuesto de aproximadamente seiscientos mil millones para el servicio de alimentación. La ley, compuesta por solo cuatro artículos, busca evitar un cese en la prestación del servicio, asegurando los derechos fundamentales de quienes están detenidos preventivamente en centros transitorios.  El proyecto fue elaborado en colaboración armónica con entidades territoriales, resultado de mesas de trabajo convocadas por el Ministerio de Justicia, con la participación de la Uspec, Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.  Tomado de Ministerio de Justicia y del Derecho

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Radicado proyecto de ley que crea el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación

Hoy los representantes Eduard Sarmiento, David Racero, Tamara Argote, del Pacto Histórico, junto a Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde y la senadora Gloria Flórez, radicaron el Proyecto de Ley cuyo fin es crear el Sistema Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho Humano a la Alimentación. El corazón de este proyecto de ley es la creación de una nueva arquitectura institucional y normativa para la gobernanza alimentaria basada en los derechos humanos, en la que participen en la toma de decisiones de manera amplia y verdadera las y los titulares de derechos. Se busca configurar el escenario para la construcción de una Política Pública Nacional para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas, mediante un proceso amplio y participativo de quienes viven las realidades desde su territorio. Además, el proyecto establece otras medidas encaminadas a generar avances en la transparencia y rendición de cuentas frente a la situación del derecho a la alimentación, el monitoreo de la política pública y la promoción de una alimentación saludable y sostenible. Para este fin, entre otras instancias se destaca la creación del Observatorio de Derecho a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (ODHANA). Como afirma Juan Carlos Morales González, director ejecutivo de FIAN Colombia, “Este proyecto de ley, que surgió de las organizaciones sociales, ayudará a superar la situación alimentaria del país transformando los condicionantes estructurales que nos han llevado al actual estado de cosas. El sistema dará coherencia a las distintas políticas alimentarias vigentes en Colombia con la participación de quienes son titulares de derechos”. Una de las maneras de proteger el sistema más allá de los sucesivos gobiernos, es consagrarlo en el marco de una Ley de la República. Así las cosas, no basta con que el Sistema quede dentro del Plan Nacional de Desarrollo, o planteado a través de decretos de gobierno, es importante asegurar su permanencia en el ordenamiento nacional y darle operatividad, presupuesto y dolientes a la realización y la garantía del derecho a través del sistema. Así mismo, el también autor y Representante del Pacto Histórico, Eduard Sarmiento dijo que: “para el gobierno del cambio es fundamental encaminar acciones para la consolidación de la soberanía, las autonomías y la seguridad alimentaria como escalas de realización del derecho humano a la alimentación como derecho fundamental para la vida digna, no podemos seguir viviendo en un país con hambre en nuestro país”. Otro de sus autores, el Representante a la Cámara por el Pacto Histórico, David Racero, afirmó: “el gran Acuerdo que debe construir este país es la erradicación del hambre. Es un compromiso y un deber, del Gobierno Nacional y del Congreso abordar esta problemática con una mirada multidimensional para dar respuestas estructurales, especialmente a las poblaciones y territorios más afectados por el hambre”. Tomado por la Cámara de Representantes

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Presidente Petro anuncia proyecto de ley para empoderar al Consejo Nacional de Juventud

“Cuando tenga poder, se llena de pueblo y entonces tendríamos una juventud movilizada”, dijo el Mandatario durante la posesión de las y los integrantes del Consejo Nacional de Juventud. El Mandatario los invitó a liderar la vigilancia de los recursos públicos que buscan fortalecer la inclusión educativa de los jóvenes. “Les he pedido a los funcionarios aquí presentes y algunos no presentes que entreguen un proyecto de ley en donde el Consejo Nacional de Juventud no sea un órgano consultor”, sino que “sea un órgano de poder, que tenga unos poderes”. Así lo anunció el Presidente Gustavo Petro durante la posesión de las y los integrantes del Consejo Nacional de Juventud 2023 – 2024, evento que se realizó este miércoles en la Casa de Nariño. En su intervención, el Mandatario afirmó que “cuando el órgano institucional tenga poder, se llena de pueblo y entonces tendríamos una juventud movilizada alrededor del Consejo Nacional de Juventud”.  “Eso es un proyecto de ley y que tiene que presentarse”, dijo y consideró que “ninguna conquista social se consigue si no hay movilización”, ya que “la movilización es la libre expresión de una sociedad”. ‘Queremos fortalecer la educación pública’ En este sentido, el Presidente Petro invitó a conocer y debatir los proyectos de ley presentados por el Gobierno del Cambio, “a que se hagan las críticas, porque nada de lo que nosotros presentamos es inflexible”, aunque “los principios, sí”. Enfatizó que estas iniciativas no buscan acabar la educación privada, sino que “aquí lo que queremos es fortalecer la educación pública. ¿Por qué? Porque el joven, la joven sin recursos, tiene como opción es una educación gratuita que tiene que ser de calidad, para acabar con las desigualdades en Colombia o para disminuirlas, al menos”. Vigilancia debe​ provenir de los jóvenes En sus palabras, el Mandatario instó a los y las integrantes del Consejo Nacional de Juventud a que lideren la vigilancia de los recursos destinados a la educación pública. Al respecto expresó: “Esos instrumentos para controlar eficazmente que el esfuerzo de un gobierno porque la juventud sea incluida, esa vigilancia tiene que venir de las calles, de los barrios, de las universidades y de la esquina. Esa vigilancia tiene que venir de la juventud”. “He ahí el tema que yo les propongo. Ustedes como Consejo Nacional de Juventud, más que otras instancias, empiezan a adquirir esa responsabilidad hacia adelante”, sostuvo. “¿Cuántas sedes universitarias públicas? ¿Dónde se está agenciando la gratuidad de la educación pública? Este es un tema de uno de varios de la juventud”, puntualizó. Viceministerio de la Juventud Asimismo, al destacar la creación del Viceministerio de la Juventud, que hace parte del Ministerio de la Igualdad, el Presidente Petro dijo que esta instancia puede ser muy importante si se le llena de pueblo y se cuida para que no se convierta en un ente burocrático. “Esa nueva institucionalidad queda al servicio de ustedes. Empieza ya. Estamos pensando quién será la persona que lidere eso. Yo le propuse a Gabriela Posso (Consejera Presidencial para la Juventud) que sea una persona que haya perdido un ojo en el estallido social y que sea capaz de dirigir a la juventud con toda la claridad que se necesita, como un faro, a pesar de que le quisieron quitar la luz, el poder”, concluyó el Presidente Petro. Tomado de Presidencia 

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El Presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó este sábado organizar asambleas estudiantiles para preparar la reforma a la Ley de Educación Superior y enriquecer el proyecto que se presentará en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio.

Presidente Petro solicita organizar asambleas estudiantiles para preparar propuesta de reforma a Ley de Educación Superior

El Presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó este sábado organizar asambleas estudiantiles para preparar la reforma a la Ley de Educación Superior y enriquecer el proyecto que se presentará en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio. Así lo planteó el Jefe de Estado durante una nueva jornada de ‘Gobierno Escucha’, que se llevó a cabo en el municipio boyacense de Paz de Río. “Todo el movimiento estudiantil de Colombia debe citarse a asambleas para la reforma de la Ley 30, que debe ser presentada después del 20 de julio y que debe tener la máxima participación juvenil”, manifestó el Mandatario. El Presidente reclamó “que se destaque un movimiento estudiantil en función de la reforma de la Ley 30, que significa la reforma de la educación superior en Colombia”. Por su parte, la Ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, informó que “se firmó el Decreto 846, que habilita a las juntas de acción comunal y a madres cabeza de familia en sus asociaciones para que puedan contratar el programa de alimentación escolar”. Con la medida se busca que los estudiantes tengan mejor servicio y aliviar los niveles de desnutrición. En el evento intervinieron los ministros de Comercio, Germán Umaña Mendoza; Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo; Educación, Aurora Vergara Figueroa; Transporte, William Camargo, y el Director del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, entre otros funcionarios. SENA La Ministra Vergara añadió que “en alianza con el SENA garantizaremos que las instituciones que necesitan fortalecer el entrenamiento en carreras técnicas y tecnológicas, lo tendrán en el nuevo programa de aumento de cobertura’. Durante el nuevo encuentro ‘Gobierno Escucha’, los voceros de las mesas temáticas expresaron la necesidad de nuevas sedes educativas en el departamento, concretamente en las zonas de Soatá y Puerto Boyacá. El Presidente Petro indicó que Tunja, la capital del departamento, concentra una buena oferta de educación superior, pero las regiones carecen de esa posibilidad, por lo que “acercar la universidad a donde vive la juventud es fundamental”. Precisamente, el Director del SENA, Jorge Eduardo Londoño Ulloa, explicó que la entidad invertirá alrededor de 80 mil millones de pesos en Boyacá en las sedes de capacitación tecnológica de El Curubal, el antiguo terminal y el centro gastronómico, así como en Soatá y Puerto Boyacá. Además, informó que la próxima semana se firma un convenio entre el SENA y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, por el cual se le transfieren a la primera entidad 100 mil millones al año para educación técnica y tecnológica de aprendices del SENA en programación, para llegar a la meta de más de millón y medio de aprendices formados en ese campo. Descarbonizar la industria El Presidente Petro recordó que Boyacá “ha sido una vanguardia en el país” en metalmecánica y acero, y aseguró que el objetivo es impulsar esa industria, pero con una baja huella de carbono, es decir, descarbonizar la región.  Subrayó que esos procesos “tienen que usar energías limpias”, lo cual “significa menos carbono”.  Se refirió a los pequeños mineros que corren peligro en la explotación de minas subterráneas, y sostuvo que pueden convertirse en granjeros solares, usando paneles, y producir energía para la venta. “Y entonces es propicio el cordón industrial para generar energía limpia y solar con la cual construir la industria metalmecánica”, puntualizó. Tomado de la Presidencia de la República

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Con el objetivo de estructurar la Paz Total como política de Estado y de preservar y garantizar la seguridad humana a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia, el Congreso aprobó la conciliación de la modificación, adición y prórroga de la Ley 418, y ahora pasa a manos del Presidente, Gustavo Petro, para su sanción.

A sanción presidencial Ley de Paz Total

Con el objetivo de estructurar la Paz Total como política de Estado y de preservar y garantizar la seguridad humana a través de la solución definitiva del conflicto armado en Colombia, el Congreso aprobó la conciliación de la modificación, adición y prórroga de la Ley 418, y ahora pasa a manos del Presidente, Gustavo Petro, para su sanción. La iniciativa aprobada otorga facultades al Presidente de la República, al Alto Comisionado de Paz y al Gobierno en su conjunto para adelantar negociaciones con grupos armados ilegales. Luego de la aprobación del proyecto, el Ministro del Interior, Alfonso Prada destacó el espaldarazo que dieron las plenarias de Senado y Cámara de Representantes, y destacó que al ser una política de Estado se “vinculan los gobiernos pasados y futuros a la implementación de los compromisos de Estado con las fuerzas desmovilizadas, desarmadas y en proceso de reincorporación o acogidas y sometidas a la justicia”. Esto, a su juicio, “nos imponen el reto de trabajar con las nuevas figuras, figuras de la talla de las regiones de paz, de los comisionados de Paz regionales que reconocen que Colombia es un país de regiones y que la Paz Total se arma desde allá”. En este sentido, la norma establece la creación de una comisión de alto nivel para calificar cuál es el tipo de organización, si se toma la vía del diálogo político o del sometimiento o acogimiento. Dicha instancia, según quedó aprobado, permitirá estudiar la estructura jurídica constitucional que podrá allanar el camino de las conversaciones y negociaciones. La Ley 418 de Paz Total determinará las Regiones de Paz para adelantar diálogos con actores armados ilegales que deseen acogerse a la ley. Igualmente, se contemplan zonas de ubicación temporal con presencia de todas las autoridades, aclarando que no serán zonas de despeje de la Fuerza Pública. “El reto que tenemos como país y con la Paz Total es desarmarlos, desarticularlos, desmovilizados y ocupar el territorio con paz, con desarrollo económico, con justicia social, con una lucha enorme contra la adaptación hacia el cambio climático”, añadió el Ministro Prada. Así mismo, se da paso al Gabinete de Paz, instancia del alto Gobierno integrado por los Ministerios y demás entes que aportarán a definir la política pública y demás iniciativas concernientes a la paz. Participarán en las sesiones del Gabinete de Paz los representantes autorizados para adelantar diálogos y negociaciones con grupos armados al margen de la ley, así como los integrantes de las comisiones de paz del Congreso. “Una paz que va a tener una perspectiva y un enfoque regional, una paz que va a tener la posibilidad de hacer acuerdos parciales. Una paz que crea unas condiciones para que el Gabinete para la paz que se crea también en la ley, pueda construir una coordinación de gobierno para apoyar todo el proceso de diálogos, negociaciones, conversaciones”, señaló el titular de la cartera. Sumado a estos propósitos, se gestan la Regiones de Paz con comisionados en sitios específicos de Colombia que se identifican por un tipo especial de violencia que se quiere desmontar. Allí la articulación de autoridades y gestores de paz, ayudarán a dialogar y concertar con esas estructuras para avanzar en su posterior desmonte. Servicio social y no militar Uno de los temas relevantes que se contempla es el Servicio Social como alternativa al Servicio Militar Obligatorio para que los jóvenes decidan qué tipo de servicio quieren prestarle al país en ámbitos sociales, ambientales, rurales, tecnológicos, entre otros. De esta manera, se busca un servicio que aporte al crecimiento económico, sostenible, incluyente y equitativo de todos y todas los colombianos y colombianas. Además, el Servicio Social servirá de experiencia y formación de competencias para el primer empleo.  

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Los Senadores Didier Lobo, José Luis Pérez Oyuela y los Representantes Jaime Humberto Cristo, Modesto Enrique Aguilera y Mauricio Parodi Díaz, del Partido Cambio Radical,  radicaron proyecto que establece una política que garantice la prestación de calidad de los servicios, en el marco del Programa de Alimentación Escolar, PAE, así como el fortalecimiento de la formación académica, para consecuentemente dignificar la labor de las mujeres y hombres cabeza de familia de los hogares colombianos, que prestan sus servicios como manipuladores de alimentos.

Radican proyecto de ley en pro de fortalecer el Programa de Alimentación Escolar -PAE

Los Senadores Didier Lobo, José Luis Pérez Oyuela y los Representantes Jaime Humberto Cristo, Modesto Enrique Aguilera y Mauricio Parodi Díaz, del Partido Cambio Radical,  radicaron proyecto que establece una política que garantice la prestación de calidad de los servicios, en el marco del Programa de Alimentación Escolar, PAE, así como el fortalecimiento de la formación académica, para consecuentemente dignificar la labor de las mujeres y hombres cabeza de familia de los hogares colombianos, que prestan sus servicios como manipuladores de alimentos. Con el presente proyecto, las personas dedicadas a prestar sus servicios en la labor de manipulación de alimentos, cuyo objeto sea la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar – PAE, tendrán derecho a las garantías mínimas de ley, en especial a un ingreso no inferior a un salario mínimo mensual legal vigente, incluido el reconocimiento de sus prestaciones sociales, durante el tiempo de operación del programa – PAE.  El Senador José Luis Pérez,(Cambio Radical) argumentó que, “se busca fortalecer el programa de alimentación escolar en Colombia, por medio de la acreditación de los manipuladores de alimentos en el proceso de alimentación de las niñas y niños de Colombia; adicionalmente, la Acreditación debe ser por vía del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, con una certificación que respalde la prestación de un servicio de calidad”. Y agregó el congresista, que las personas que trabajan en este tipo de servicios ganan un promedio de 13.000 pesos diarios. La anterior propuesta se podrá desarrollar, con el incremento de los niveles de formación de las (los) manipuladoras (res) de alimentos, mediante la acreditación del certificado respectivo, con una entidad de educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH). Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional, por medio de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar “Alimentos para Aprender”, establecerá, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de esta ley, los lineamientos para que los operadores del servicio de alimentación desarrollen la prestación de este servicio, en cumpliendo con la reglamentación de esta ley; de lo contrario será causal de caducidad o terminación del contrato y de imposición de las multas a que haya lugar. Por último, la Procuraduría General de la Nación, dentro de sus funciones y marco normativo, realizará informes públicos en cumplimiento de esta medida. Tomado del Senado

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Con el fin de encontrar mecanismos y lineamientos efectivos para solucionar los vacíos en la Ley de 675 vigente de Régimen de Propiedad Horizontal, se creó en la Cámara de Representantes, una comisión accidental que no solo estará conformada por congresistas, sino que contará con la participación activa de la ciudadanía.

El Congreso busca actualizar Ley de Propiedad Horizontal

Con el fin de encontrar mecanismos y lineamientos efectivos para solucionar los vacíos en la Ley de 675 vigente de Régimen de Propiedad Horizontal, se creó en la Cámara de Representantes, una comisión accidental que no solo estará conformada por congresistas, sino que contará con la participación activa de la ciudadanía. La comisión, es liderada por la representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, e integrada por cinco representantes de Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca y Tolima pertenecientes al partido Verde, Centro Democrático, Liberal y al Pacto Histórico. “Creamos la comisión accidental permanente de Propiedad Horizontal, que es básicamente un escenario de concertación para tener la oportunidad de construir esa ley que se necesita para reformar la 675 de 2001 y solucionar los múltiples problemas que se presentan hoy en estas copropiedades, con mecanismos de resolución de conflictos, de supervisión, de registro, porque ni siquiera sabemos cuántas unidades de Propiedad Horizontal existen en el país”, señaló Velásquez. Para la congresista del partido Alianza Verde, resulta importante que este proceso de construcción sea participativo y con las comunidades directamente relacionadas; y para ello, en el marco del trabajo de la comisión se abrirán múltiples espacios para la conversación. “Esta vez, la idea es que entre todos los actores podamos fortalecer este gran sector en un escenario que hasta ahora no existía, donde podamos interlocutar, proponer, dialogar y generar acciones para buscar salidas a esos inconvenientes recurrentes. Podrán participar los delegados de Propiedad Horizontal a nivel departamental, distrital y nacional; los gremios, las empresas de servicio (vigilancia, tecnología, aseo), las entidades del Estado y los ciudadanos en general”, puntualizó. La recién creada comisión accidental de Propiedad Horizontal, tendrá su instalación el próximo jueves, 8 de septiembre. Tomado del Senado de la República

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VIVIENDA SÍ, PERO CON SALUD

José Luis Correa López, representante a la Cámara por el departamento de Caldas, ha defendido desde el Congreso de la República la posibilidad de que los colombianos, sin distingo de clases, tengan acceso a un sistema de salud eficiente, rápido y de calidad, aunque considera que el desarrollo económico y social del país depende también de garantizar a la población una vivienda en las mejores condiciones de habitabilidad, sobre todo en materia de saneamiento básico. Y es que según el legislador del partido Liberal, la carencia de recursos mínimos como acueducto, alcantarillado e infraestructura del inmueble podría estar afectando la salud de sus ocupantes. El decreto 1575 de 2017 es claro cuando afirma que el agua potable es aquella que por sus características físicas, químicas y microbiológicas es apta para el consumo y no representa riesgo para la salud humana. Por ello, las falencias que se presentan en saneamiento básico tanto en el campo como en la ciudad, se han convertido en la principal preocupación del representante a la Cámara, quien como médico y ahora congresista, ha venido trabajando por darle una solución definitiva al problema. Las cifras lo dicen todo. Un informe del último año, revela, por ejemplo, que 3.6 millones de habitantes siguen sin el servicio de acueducto, y que otros 5.6 millones de colombianos no cuentan con alcantarillado. Presentación del proyecto de ley No. 062 de 2018 en la Cámara, por la cual se busca realizar una reforma a la salud en Colombia. Gestión en salud En este sentido, Correa López ha gestionado proyectos a favor de la salud, como el 041 de 2018 por medio del cual se modifica y se adiciona la Ley 47 de 1993 sobre infraestructura hospitalaria. “Tiene como objeto modificar los artículos 19 y 20 e incluir un parágrafo en el artículo 19 de la Ley 47 de 1993 que habilite la posibilidad de que en la destinación de los recursos recaudados por concepto de la contribución para el uso de la infraestructura pública turística del departamento, se incluyan la salubridad pública; la modernización, dotación e implementación de nuevas tecnologías en salud”, asegura el congresista. También la prestación de servicios de salud no habilitados en el Departamento Archipiélago, “con la finalidad de fortalecer la competitividad turística de las islas en los estándares nacionales e internacionales, a través del mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de salud de los visitantes y la salubridad pública del territorio insular, y a su vez, lograr un beneficio para los habitantes”. El congresista del Partido Liberal, busca atender las necesidades de la población rural joven del territorio nacional, para mejorar su calidad de vida y actividades productivas. Proyecto para vivienda de interés social Además, el congresista impulsa el Proyecto de ley No. 317 de 2019 a través del cual se establecen funciones especiales a la Defensoría del Pueblo, las personerías y las alcaldías municipales en materia de promoción del acceso al derecho de propiedad a los poseedores urbanos de predios considerados como vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. En la propuesta, se otorgan herramientas a los mandatarios locales para promover el acceso a la pequeña propiedad inmobiliaria urbana y a la vivienda de interés social, el cual le otorga mayor eficacia al ordenamiento civil colombiano, incorporando dentro de las funciones del Ministerio Público la representación legal de quienes teniendo derecho al reconocimiento judicial de la propiedad mediante la usucapión, y teniendo como único derecho real sobre un bien inmueble, el de posesión de una Vivienda de Interés Social en estrato uno (1) o dos (2), pretendan iniciar un proceso de pertenencia ante la jurisdicción civil ordinaria. Correa López seguirá trabajando desde el escenario nacional, para que la vivienda saludable se mantenga como uno de los componentes más esenciales en la vida de todas las personas. “Este factor tiene un efecto directo en la salud, calidad de vida, bienestar y hasta el autoestima de los ciudadanos. Una vivienda cómoda, segura, con piso firme y sus necesidades básicas satisfechas, es fundamental para acortar la brecha de la desigualdad que persiste en nuestro territorio”.

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