Ley de hidrocarburos

Por: César Ortiz Zorro Representante a la Cámara por Casanare del Partido Alianza Verde Colombia es el único país exportador de hidrocarburos del mundo que no tiene una ley para regir las actividades de exploración y producción, enmarcada dentro de los lineamientos modernos de cambio climático, transformación social y transición energética. Aún más grave es el hecho de que el poder Legislativo no se ocupe de este asunto desde la expedición de la Ley 120 de 1919, donde el Congreso de la República le transfiere la administración de la riqueza de los hidrocarburos al Ejecutivo. Los legisladores solo se han ocupado de reglamentar la liquidación, distribución destinos y usos de las regalías, pero el grueso de las actividades están regidas por Decretos Ley, Decretos, Resoluciones y Acuerdos. Sin consultarle al Congreso, a través del Decreto Ley 2310 de 1974, el Gobierno le delegó a la Junta Directiva de Ecopetrol, las funciones que se le asignaron por la Ley 120 de 1999. Desde 2004, también sin consultarles al Senado y la Cámara, el Ejecutivo, a través del Decreto Ley 1760 de 2003, trasladó el manejo de la política petrolera a la Junta Directiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, desde donde se viene “legislando” a través de Acuerdos, con economía privada, pensando en incrementar las utilidades de los inversionistas, arriesgando la autosuficiencia energética del país y atentando contra el desarrollo económico e industrial. “Hoy recibimos en un año por regalías petroleras, lo que el sector financiero se gana en un mes” Hoy recibimos en un año por regalías petroleras, lo que el sector financiero se gana en un mes; pero a futuro recibiremos menos, a medida que los campos maduros operados por Ecopetrol o sus socios –que pagan regalías del 20% o 32% y representan el 90% de la producción actual-, se agoten, y la producción provenga de los nuevos campos, donde las regalías no superan el 9% (Ley 756 de 2002). Adicionalmente, por las prebendas tributarias, las empresas petroleras se ahorran en impuestos, 10 veces más de lo que pagan por regalías. Los Legisladores, como representantes del pueblo, tenemos el deber de actualizar la Ley 120 de 1919, a través de una Ley de Hidrocarburos, concertada con las comunidades, los sindicatos y la industria petrolera.