Por: Nubia López Morales Representante a la Cámara por Santander Partido Liberal Uno de los principales enfoques con los que he desarrollado mi trabajo legislativo hasta hoy, es el uso correcto del lenguaje dentro de la administración pública (nacional y territorial) como herramienta definitiva para el funcionamiento del Estado de Derecho, la confianza ciudadana en las instituciones y la participación social. Por ese motivo, mi primera apuesta en el Congreso de la República fue la presentación del proyecto de Ley No. 063 de 2018 Cámara – 255 de 2019 Senado, el cual pretende modificar parcialmente la Ley 1712 de 2014, es decir, la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. La iniciativa parte de la tesis derivada en que la información pública no solamente debe ser accesible y publicable en páginas web, sino que también debe comprenderse, para que la ciudadanía se convierta verdaderamente en un sujeto activo e interactivo en democracia. Actualmente, el proyecto se encuentra en discusión en el Senado, después de que la Cámara lo aprobara en primer y segundo debate. Tengo la fe puesta en que más temprano que tarde contemos con una nueva Ley de la República. Estoy segura de los beneficiosque le traería tanto alEstado como a la sociedadcolombiana, la implementaciónde este proyecto, que busca,en últimas, afianzar laconfianza de los ciudadanosen las instituciones con lasque se deben hacer trámites Mi propósito es conseguir que la mayor parte de los documentos del Estado cumplan con estándares de lecturabilidad y legibilidad que le permita a cualquier ciudadano colombiano comprender las comunicaciones públicas, en esencia leyes, respuestas a derechos de petición, guías de trámites, actos administrativos, resoluciones, actas, etc. Se trata de una propuesta basada en la necesidad de promover el uso y desarrollo de un lenguaje claro, comprensible y accesible en los textos legales y formales. La intención es garantizar el derecho a comprender la información que determina nuestras vidas para orientar de mejor manera nuestras decisiones y satisfacer plenamente las necesidades cotidianas. Cuando un ciudadano no entiende lo que el Estado le comunica, le resulta imposible ejercer sus derechos y cumplir sus deberes. Desde hace algunos años, el Estado colombiano se ha venido preocupando por una estrategia que mejore la interacción con la gente, que reduzca los costos de transacción con la comunidad, que fomente la transparencia y facilite los procesos rendición de cuentas. Por esa razón, el trámite y la consecución de esta ley resultarán necesarios para potenciar los esfuerzos que hasta ahora existen por acercar el ciudadano a la actividad estatal y ponerlo en el lugar central de lo público. Esperamos que inicialmente, la “Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos” elaborada por el Departamento Nacional de Planeación funcione como lineamiento general para entidades, funcionarios y colombianos en general. Y que, con el tiempo, otros organismos como el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se sumen a esta iniciativa legal para fomentar una nueva cultura de servicio estatal que les facilite a las personas encontrar lo que necesitan, comprender lo que encuentran y usarlo de modo efectivo. Estoy segura de los beneficios que le traería tanto al Estado como a la sociedad colombiana, la implementación de este proyecto, que busca, en últimas, afianzar la confianza de los ciudadanos en las instituciones estatales con las que se deben hacer trámites. Con el uso de un lenguaje claro se acelerarían los tiempos de respuesta y se disminuiría la inversión en tiempo y dinero de los usuarios. Este proyecto ha sido propuesto pensando en el bienestar y comodidad de lo ciudadanos.
