junio 19, 2024
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Justicia

Capturan a seis integrantes del ELN acusados de ingresar armas a través de la frontera con Venezuela.

Miembros del  Ejército Nacional, la Policía y la Fiscalía General de la Nación capturaron a seis presuntos miembros del ELN en el casco urbano de Quibdó, Chocó, acusados de ingresar armamento ilegal a través de la frontera con Venezuela. Entre los capturados se encuentra alias “Pote” y “Lubin” identificados como los presuntos cabecillas de la organización armada ilegal. De acuerdo con un comunicado de la Dijin, el material bélico se iba a distribuir en los departamentos de La Guajira, Cesar y Norte de Santander.  Los miembros de la Fuerza Pública hallaron el cargamento dentro de un tractocamión  oculto entre chatarra y materiales inservibles,k el cual dejaría como ganancia alrededor de 600 millones de pesos. Según lo investigado, alias “Tito”, otro de los capturados, era el encargado de comprar el material de guerra en otros países para alquilarlo, en este caso, a los frentes norte y nororiental del ELN en el territorio nacional.   A los capturados se le imputaron cargos de concierto para delinquir, tráfico y comercialización de armas ilegales y porte de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares.   

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Alias “Walter Mendoza” expulsado de la JEP

Tras la aparición de José Vicente Lesmes en varios vídeos junto con los ya expulsados “Iván Márquez”, alias “El Paisa”, alias “Romaña” y Jesús Santrich, la JEP tomó la decisión de considerarlo como un desertor armado del proceso de paz. Este viernes, la Jurisdicción Especial para la Paz, anunció la expulsión de alias “Walter” del sistema de justicia transicional. El reincidente ya venía incumpliendo con lo pactado en los acuerdos que se firmaron en 2016 con las FARC, pues no asistió a la citación que se le hizo el pasado 20 de mayo por el delito de secuestro. Sin embargo, la decisión de considerarlo como “desertor armado” no se tomó por el incumplimiento a las citaciones, sino porque al igual que su “Jesús Santrich” y alias “El Paisa”, se inclinaron por rearmarse y renunciar a seguir compareciendo ante las mesas de diálogo, razón suficiente para que la JEP determinara no tener ninguna responsabilidad judicial con ellos.  Meses atrás se conoció que alias “Walter” había abandonado su esquema de seguridad y el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) para, finalmente, encontrarse con los cabecillas del ahora “Movimiento Bolivariano para la Nueva Colombia” que presuntamente estaría operando desde Venezuela.    

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Rechazan suspensión para quienes trabajen en plataformas de transporte ilegal

Desde la ciudad de Cartagena, la Corte Constitucional denegó la suspensión y cancelación de licencias de conducir por 25 años para quienes trabajen en plataformas de transporte ilegal. Aceptando que éste castigo era exagerado e injusto. A pesar de que este tema se ha convertido en uno de los más polémicos a nivel nacional, la Corte Constitucional se apartó de la iniciativa que buscaba la cancelación y suspensión de licencias para quienes trabajaran en plataformas como Uber, DiDi y Beat.  El tiempo en el que éstas personas no podrían haber hecho uso de sus licencias de conducción habría sido de 25 años.  Según la magistrada Gloria Ortiz,  tres años sería el tiempo suficiente para la suspensión del documento en caso de reincidencia. Según el Gobierno, para brindar el servicio de transporte de lujo accediendo a plataformas tecnológicas como Uber,Beat o DiDi, el conductor debe estar inscrito en una empresa legalmente constituida y habilitada por el Estado.     

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Más de 500 solicitudes de ingreso fueron recibidas por la JEP

Después del 6 de septiembre, fecha en la que se vencía el plazo para que la JEP aceptara o no las solicitudes de terceros civiles para que pudieran integrarse al programa, 657 peticiones fueron recibidas para su evaluación y análisis.   Según Patricia Linares, presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, se recibieron más de 500 solicitudes de terceros civiles para que el programa los aceptara y así acceder a sus beneficios. Entre ellos se encuentran empresarios, políticos y ex-paramilitares.  De acuerdo con Linares, exactamente 657 solicitudes fueron recibidas; 540 solicitadas por personas civiles (empresarios, políticos o particulares) y 117 por agentes del Estado no miembros de la Fuerza Pública.   La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas será la encargada de analizar y evaluar cada uno de los casos para ver si cumplen con las condiciones necesarias. Es decir, se encargará de determinar e investigar si estas personas cometieron delitos relacionados con el conflicto armado antes del 1° de diciembre de 2016 que fue cuando finalmente se firmó el Acuerdo de Paz.  Según la presidente de la jurisdicción especial, 513 solicitudes ya fueron distribuidas y las otras 144 están en proceso de reparto. “Hay que evitar que personas que no tienen el derecho o la posibilidad de entrar a la jurisdicción intenten hacerlo”, afirmó Linares. Las personas civiles tendrán que contar, por su parte, con la confirmación y el permiso de la autoridad que está adelantando su caso, puesto que dentro de las solicitudes de ingreso existen 27 ex-integrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que decidieron unirse voluntariamente al programa de Justicia y Paz.  Para que estas personas sean acogidas por la JEP tendrán que comprometerse a presentar un plan inicial de verdad, reparación y no repetición, que evaluarán en conjunto la JEP y la Procuraduría, explicó Linares.        

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Después de seis años, alias Fritanga vuelve a Colombia.

Después de seis años de haber cumplido su condena en Estados Unidos, Camilo Torres Martínez, alias Fritanga, llegó a Bogotá. Tras ser comprobada su identidad, Migración Colombia procedió a notificarle las tres anotaciones judiciales en su contra.  Torres Martínez, conocido como el segundo al mando de la famosa banda criminal “El Clan Úsuga”, llegó a Bogotá después de seis años de su extradición para cumplir la condena por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Alias Fritanga fue recibido por el grupo de Migración Colombia el día de hoy en las horas de la mañana para comprobar su identidad, ya que, hace algunos años el prisionero fingió su muerte y logró burlar varias veces a la justicia nacional e internacional.  El 2 de julio, fue aprisionado y extraditado a los Estados Unidos tras haber enviado más de 11 toneladas de cocaína al país norteamericano, condena en la que recibió rebaja por colaborar con la justicia.  Alias Fritanga fue dejado a disposición de la Dijin para que responda por los delitos que se le imputan en Colombia.   

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La crisis de la justicia

La crisis de la justicia Senador Eduardo Enríquez Maya, Presidente Comisión Primera Constitucional del Senado Hace 28 años, el 4 de julio de 1991, la Asamblea Nacional Constituyente promulgaba una nueva Constitución. Con esta carta de navegación, como algunos la denominaron, se pensaba en grandes propósitos: paz, justicia, política, economía, descentralización. En relación con la justicia se crearon la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo y los jueces de paz. Con el paso de los años, conviene preguntar, ¿cuál ha sido su resultado, cómo vamos? El 4 de julio de 1991, se promulgó la actual Constitución en la cual se sentaron las bases de un nuevo acuerdo político y social en el país. En la foto: Presidente de la República 1990-1994, César Gaviria Trujillo y su esposa Ana Milena Muñoz; presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente, Antonio Navarro Wolff, Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. Enseguida, planteo algunas respuestas: la Corte Constitucional fue creada para guardar la supremacía y la integridad de la Constitución, dentro de los límites previstos en el artículo 241, pero ha avanzado, de intérprete auténtico de la carta y de legislador negativo en términos kelsenianos, y se ha convertido en constituyente, fuente del derecho y autoridad administrativa.  Por supuesto, prevalecen el reconocimiento de los derechos fundamentales y la acción de tutela para defenderlos. A propósito, el ex magistrado de la Corte Constitucional Manuel José Cepeda Espinosa, dijo en una entrevista: “la tutela es un puente entre la realidad y la Constitución que va más allá de un mecanismo jurídico, para convertirse en una fuente material de goce efectivo de derechos. Bajo estas premisas, la tutela, de la mano de la Corte Constitucional, se ha consolidado durante todos estos años como una herramienta ciudadana de transformación pacífica de la sociedad.” (Revista Semana del 6 de septiembre de 2011). La Fiscalía General de la Nación, establecida por la Asamblea Nacional Constituyente a iniciativa del ideólogo conservador Álvaro Gómez Hurtado, es un actor protagónico en la vida pública y, aunque ha logrado resultados en algunos casos puntuales, no sale bien librada. Al carácter polémico de algunos fiscales generales, se suman los cuestionamientos por la persistencia de altos índices de impunidad, congestión y corrupción. El sistema penal acusatorio copiado de otras latitudes, ha sido bautizado de sistema penal aplazatorio, con sinnúmero de audiencias hasta para la lectura de providencias que podrían enviarse por correo electrónico a los sujetos procesales y desperdicio de instrumentos muy útiles, como las medidas de aseguramiento no privativas de la libertad y el principio de oportunidad, partes funcionales de la justicia premial. Pero no todo es negativo Corte Constitucional en audiencia pública. Dos hechos conocidos últimamente permiten reconocer el trabajo de la Fiscalía General de la Nación: la captura de Popeye por el asesinato de don Guillermo Cano y la reconstrucción del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, ocurridos en los años 1986 y 1995, respectivamente. Vale la pena recordar que esta entidad tiene más de 25.000 funcionarios, cerca de cuatro billones de presupuesto y una universidad cerrada, lo cual impone una reforma urgente y a fondo.  El Consejo Superior de la Judicatura fue creado en 1991 con dos salas: administrativa y jurisdiccional disciplinaria, sin ninguna relación funcional. La administrativa, cuyos magistrados lucen la toga para ordenar la compra de alimentos, útiles de oficina, vehículos y materiales de construcción, inclusive algunos salvan el voto, ahora por sentencia C-285 de 2016 de la Corte Constitucional, convertida en una corporación poderosa, omnímoda y cláusula pétrea.  La Defensoría del Pueblo con el propósito de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos, dentro del Estado social de derecho, así como la divulgación y promoción del Derecho Internacional Humanitario. Para cumplir su función cuenta con 4.000 defensores públicos vinculados a través de un complejo sistema de contratación. Ellos tienen a su cargo entre 400 y 500 procesos cada uno, lo cual hace difícil plantear una defensa técnica adecuada y cada vez que se vence el término de los contratos, los asuntos quedan sin defensor. Este es otro de los factores que coadyuva a la congestión de la administración de justicia.  Los jueces de paz son un mecanismo democrático y alternativo de solución de conflictos. La ley 497 de 1999 reglamenta los alcances de esta jurisdicción. A pesar de ser uno de los mecanismos que más han ayudado en otros países y comunidades con la finalidad de obtener justicia, no funcionó sino en algunas ciudades. Fuentes de la crisis La justicia colombiana afronta problemas que han generado crisis y restado legitimidad, los cuales demandan un tratamiento detenido, profundo y urgente. Pienso que, entre otros, se plantean los siguientes: Intervención de los medios de información y redes sociales en la administración de justicia, hasta el extremo de anunciar sentencias, condenatorias o absolutorias, anticipadas a la actuación judicial con menoscabo de la imparcialidad de los jueces y de una recta impartición de justicia. Incumplimiento de términos procesales Colombia presenta problemáticas sensibles en todos los frentes judiciales, una de ellas es el hacinamiento carcelario. A pesar de la legislación del 2012, por ejemplo, el Código General del Proceso contiene normas que imponen el cumplimiento de los términos procesales y agilizan el curso de los procesos, la congestión en los despachos continúa. Según indicadores internacionales, el tiempo de resolución de una disputa contractual en Colombia es de 1.288 días corrientes, mientras que en América Latina el tiempo promedio es de 768 y en los países de la OCDE de 582 días (Ámbito Jurídico No. 506, pág. 10).  Casos de disfuncionalidad judicial. En el llamado cartel de la toga presentado en la Corte Suprema de Justicia y en la Fiscalía General de la Nación que reveló la exigencia de dinero, por parte de algunos magistrados y fiscales, a cambio de demorar o desviar procesos en contra de las víctimas de sus delitos. El juez jamás debe olvidar la sabia enseñanza de Sócrates: “Escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir

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La acción de inconstitucionalidad: ¿un derecho obstruido?

La acción de inconstitucionalidad: ¿un derecho obstruido? José Gregorio Hernández Galindo, Expresidente de la Corte Constitucional (1995-1996) La acción pública de inconstitucionalidad, un derecho político reconocido por la Constitución a todo ciudadano, tiene antecedentes en la Constitución de Cundinamarca de 1812 y se concretó de manera definitiva en el Acto Legislativo 3 de 1910, que ordenó a la Corte Suprema de Justicia decidir definitivamente “sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales”. La Carta de 1991, que creó la Corte Constitucional, le confió a esta “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución” y dispuso que ella resolviera las demandas que presenten los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución –cualquiera que sea su origen-, las leyes y los decretos con fuerza de ley dictados por el Gobierno.  El Decreto 2067/91, que reguló el procedimiento aplicable, señaló los requisitos que debe reunir una demanda para que la Corte le dé trámite: el señalamiento de las normas acusadas, su transcripción literal por cualquier medio o un ejemplar de la publicación oficial; el señalamiento de las normas constitucionales que se consideren infringidas; las razones por las cuales dichos textos se estiman violados; cuando fuera el caso, el señalamiento del trámite seguido en la expedición del acto demandado y la forma en que fue quebrantado; y la razón de competencia de la Corte. Son requisitos cuya formalidad es mínima, dada la esencia de la acción pública. Basta que la demanda los reúna para que deba ser admitida. Si no se tramita pese a estar cumplidos, se vulnera la Constitución al desconocer un derecho ciudadano. En tal caso –la indebida inadmisión– son quebrantados los derechos a ejercer acciones públicas (Art. 40-6, C.P.), a propiciar el control de constitucionalidad a cargo de la misma Corte (Arts. 241, 242 y 243 C.P.) y, claro, el derecho de acceso a la administración de justicia (Art. 229 C.P.). Igualmente, se sacrifica el derecho sustancial (Art. 228 C.P.), en aras de formalismos inventados, no señalados en las normas.  Desde luego, las razones que llevan al ciudadano a formular la demanda deben ser expuestas de modo comprensible, de manera que la Corte sepa cuál es el posible motivo de inconstitucionalidad, pues, como dijo la Sentencia C-131/93, “el ataque indeterminado y sin motivos no es razonable”. Pero, esa necesaria motivación no se puede traducir en la arbitraria exigencia al ciudadano de todo un complejo técnico de requisitos que llevan a una inexplicable mayoría de autos inadmisorios y a muchos fallos inhibitorios. Exigencias artificiosas que una persona del común, no técnica ni experta, está lejos de poder cumplir. Acción pública, derecho constitucional La acción pública no es una gracia, un favor, ni una concesión. Es un derecho constitucional del que no puede ser despojado el ciudadano. Si su argumento -expuesto sencillamente- convence o no, lo debe decidir la Sala Plena de la Corte Constitucional, no el sustanciador. La demanda –cumplidos los requisitos mínimos- debe llegar a ella, y lo ideal, en defensa de la Constitución, es que allí haya decisión de fondo. Los fallos inhibitorios, en que se decide no decidir, deben ser excepcionales, no hacen tránsito a cosa juzgada y, cuando se generalizan, llevan a la inseguridad jurídica y fomentan la inconstitucionalidad.  Así que los criterios hoy en boga, tanto al decidir sobre admisión de las demandas como al “fallar” la inhibición por “ineptitud sustancial”, no realizan el querer democrático del constituyente. La acción pública es ahora un remedo de casación a cuyo respecto reina la arbitrariedad judicial. Así que el ciudadano normal –el titular del derecho político– no tiene acceso a la justicia que debiera dispensar la Corte. Se olvida que no todos los ciudadanos son abogados, ni especialistas en adivinar el capricho del sustanciador, y que son ellos –no los tecnócratas – los titulares del derecho. La Corte no está para obstruir la acción pública sino para resguardar la Constitución. Ha de canalizar las demandas ciudadanas –cuyos términos son por naturaleza sencillos– para originar procesos que redunden en el real imperio de aquélla. Con la actual tendencia judicial se hace cada vez más frecuente que gobiernos y congresos violen la Carta Política sobre la base de un debilitado y complaciente control constitucional.  Si se quiere acabar con la acción pública, no basta un auto. Se necesita una reforma constitucional, que, si se aprobara, sería un lamentable golpe a la participación del ciudadano en la defensa de la Constitución, a la que tiene derecho en términos democráticos. “Si los magistrados de la Corte, para liberarse de una enorme carga de trabajo, quieren evitar que los ciudadanos demanden ante ellos las normas (…) bien pueden presentar un proyecto de Acto Legislativo en tal sentido –que, como antes afirmo, sería un deplorable retroceso–”. Obstrucción al derecho ciudadano Desde hace algunos años, cada vez con mayor énfasis y de manera más extendida, sin sustento en la Constitución ni en las leyes, se ha venido aplicando en la Corte Constitucional una teoría orientada a desalentar al ciudadano en cuanto al ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, garantía democrática de primer orden en nuestro Derecho Público, que cumplió cien años en 2010, pues fue introducida mediante Acto Legislativo 3 de 1910.  Se trata de un inexplicable retroceso en el Derecho Constitucional colombiano, contrario al principio esencial de la democracia participativa contemplada en la Carta Política de 1991.  Como decimos, los magistrados de la Corte Constitucional han venido agregando -en autos inadmisorios o de rechazo de Sala Unitaria y en sentencias inhibitorias de la Sala Plena- un cúmulo de requisitos que no contempla norma alguna, que han alejado por completo de sus estrados a todo ciudadano del común; se exigen requisitos –que no están definidos y que son interpretados de manera subjetiva por los magistrados- como claridad (lo que ellos entienden por claridad), certeza (lo que cada magistrado, de modo arbitrario, entiende por certeza), especificidad, pertinencia y suficiencia. Hasta ahora no se sabe qué otros puedan ser añadidos caprichosamente en el futuro para desconocer el derecho

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Por la transformación de la justicia en Colombia

Por la transformación de la justicia en Colombia Hernando Herrera, Director Ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ). La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) nació hace más de 20 años y es centro de pensamiento líder creado en Colombia para evaluar permanentemente la eficiencia y acceso de la justicia. El director Ejecutivo de la entidad, Hernando Herrera Mercado, asegura que el modelo de trabajo que han implementado ha sido replicado en todas las partes del mundo. La CEJ también promueve las buenas prácticas jurídicas y hace seguimiento a las políticas públicas del sector, fomentando el control ciudadano y la rendición de cuentas de esta rama del poder público. “Nuestra principal tarea es efectuar evaluaciones constantes y seguimiento al funcionamiento del sistema judicial, velar por la transparencia de los procesos de selección de los nuevos magistrados y denunciar la corrupción en este sector”. Desde la perspectiva de la Corporación Excelencia en la Justicia en cabeza de Hernando Herrera Mercado, el principal problema que aqueja a la rama judicial en Colombia es la congestión en los procesos que “han estado represados desde hace muchos años, sin que se les dé una pronta solución”. El reconocido abogado advierte que lo que más le interesa al ciudadano es que se resuelvan rápidamente sus discrepancias. Y es que pese a que han existido avances en relación al tema de liberar la carga de los jueces y de darle funciones jurisdiccionales a particulares como en el arbitraje, es tanta la conflictividad social, que aún la represión de casos en los despachos judiciales es persistente y elevada. “La corporación es un ente que hace una revisoría fiscal a la buena gestión judicial para elogiarla cuando es acertada y para criticarla cuando actúa en contravía de los intereses generales” ¿Se requiere reformar la justicia? De acuerdo con Herrera Mercado, es necesario reformar el sistema judicial no en materia de estructura institucional, sino en su contexto para hacer los procedimientos más flexibles y eliminar el gran número de recursos que existen y que alargan innecesariamente los trámites judiciales. “Nuestro sistema judicial privilegiaba lo escrito, lo cual hacia extenso el desarrollo de los procesos. Sólo hasta hace poco tiempo se implementó el desarrollo de sistemas orales que permiten, sin lugar a dudas, una mayor  inmediatez del juez frente a la prueba, y agilizar los tiempos de resolución de conflictos”, agrega. Los retos del sistema judicial en Colombia Uno de los retos que más destaca la CEJ tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que surgió de los acuerdos de paz firmados en 2016. Para Herrera,  la justicia transicional debe tener como núcleo central a las víctimas, su reparación y la garantía de no repetición. En este caso advierte que “el sistema debe favorecer a las víctimas, verdadera forma de superar las cicatrices del conflicto armado”.

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Pronunciamientos en relación con la justicia en la Constitución de 1991

Pronunciamientos en relación con la justicia en la Constitución de 1991 Fernando Carrillo Flórez, Procurador General de la Nación Al abordar la noción de justicia y sus implicaciones en el marco de la Constitución Política de 1991, es pertinente considerar el contexto en el cual se trazaron sus líneas definitorias y que marcan su relevancia. En efecto, la realidad que afrontaba el país para el momento en que se convocó la Asamblea Nacional Constituyente estaba mediada por el recrudecimiento de la violencia y una seria crisis institucional. Por tanto, es entendible que el modelo de sociedad propuesto en la Constitución propugne, desde el Preámbulo y en el desarrollo de su contenido, por la justicia como eje y fin esencial del Estado, para contrarrestar las acciones que constriñen ilegítimamente la libertad y los derechos de los ciudadanos, y por su independencia e imparcialidad como valores superiores. Bajo esta comprensión, en armonía con las circunstancias y los retos inaplazables del país, el procurador General de la Nación defendió la aplicación de las garantías institucionales de los mencionados presupuestos para los órganos creados en el marco de la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera que, aunque no hacen parte de las ramas del poder público, son sujetos de estos principios, entendiendo la importancia de aquellas instancias de cara al logro del valor constitucional de la paz.  Así mismo, se respaldó la posibilidad de que estas instancias decretaran y practicaran pruebas, tal y como lo hacen todos los jueces de la República, con el propósito de cumplir a cabalidad con sus funciones y resolver de manera efectiva y adecuada los casos puestos en su conocimiento. Armonizar la amplitud de los derechos Entendiendo el gran valor constitucional que generan los Acuerdo de Paz, el Procurador pone de manifiesto la importancia de garantizar los derechos ciudadanos en todos sus ámbitos. Otro aspecto importante en esta materia, se refiere a la necesidad de armonizar la amplitud de los derechos reconocidos en la Constitución con la efectividad de los mismos, lo cual implica la adopción de mecanismos judiciales idóneos para la garantía de estos derechos. Es así como, en correspondencia con los postulados constitucionales, se debe garantizar la operatividad de los instrumentos que permitan el acceso de los ciudadanos a la justicia.  En este marco institucional, se han custodiado las normas regulatorias del reparto de competencias en materia de control judicial de ciertos actos de carácter administrativo entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Se trata de la defensa de las competencias constitucionales de cada uno de estos órganos para efectos de lograr un cuidadoso equilibro en salvaguarda de la supremacía de la Constitución y la vigencia del principio de legalidad. Esto es crucial, puesto que la preservación de las competencias constitucionales de estos órganos evita “choques de trenes” y previene un desgaste institucional en la Rama Judicial. Acción de tutela En consonancia con lo expuesto, respaldó la acción de tutela como garantía para la defensa de los derechos constitucionales fundamentales, en desarrollo del principio de efectividad de los mismos y de los fines del Estado, haciendo claridad sobre el hecho de que esta acción, no ha sido instituida para reemplazar los procesos ordinarios o especiales.  Por las convicciones precedentes, se hizo notoria nuestra oposición a las propuestas de reforma que tendieran a disminuir el margen de la acción de tutela y que redundaran, en la desprotección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Fortalecimiento de las capacidades institucionales Se trata de la defensa de las competencias constitucionales de cada uno de los órganos para lograr un equilibro en salvaguarda de la supremacía de la Constitución y la vigencia del principio de legalidad. Ahora bien, la comprensión de la justicia en el marco constitucional comporta, además, el entendimiento sobre el necesario fortalecimiento de las capacidades institucionales, para garantizar no solo la existencia de ciertas instancias con determinadas funciones, sino el ejercicio de las mismas de manera autónoma e independiente de los poderes, en aras del necesario equilibrio estatal.  Por consiguiente, desde esta Procuraduría Ciudadana se expusieron argumentos de fondo para garantizar el ejercicio de sus funciones, las cuales incluyen la vigilancia del cumplimiento del marco constitucional y legal, la protección de los derechos humanos y la defensa de los intereses de la sociedad.  Con similar orientación se sostuvo que la terminación de la relación de un servidor público electo popularmente, como consecuencia de la aplicación de una sanción de destitución e inhabilidad general impuesta por la Procuraduría General de la Nación, no vulnera el bloque de constitucionalidad, en la medida en que desarrolla la distribución de competencias que tiene sustento constitucional.  Igualmente, se sustentó la constitucionalidad de las competencias para suspender servidores públicos de elección popular y se elevaron reflexiones de diverso orden, para explicar que la misma no está sujeta a condicionamientos respecto de los actos que se investiguen (como serían los actos de corrupción).  Competencias en el Acuerdo de Paz En esta misma perspectiva, patrocinó la intervención plena de la Procuraduría General de la Nación en los procesos que se llevan ante las instancias creadas para la implementación del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, con el fin de garantizar, como representante constitucional de la sociedad, los derechos de las víctimas, entre otros, para la terminación efectiva del conflicto armado.  Muy importante en este campo resulta la defensa de la Sentencia de la Corte Constitucional que ejerció el control de constitucionalidad sobre el proyecto de ley estatutaria de la JEP, por cuenta de las objeciones formuladas por el Presidente de la República. El procurador General argumentó que el procedimiento legislativo para la implementación del Acuerdo Final (fast track) impide la formulación de objeciones presidenciales por su propia naturaleza, pues constituye un acto que va en contra de la progresividad en la implementación del acuerdo de paz y, sobre todo, que se enfrenta a un fallo de la Corte Constitucional que hizo

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¿Es necesario reformar la Constitución Política para reformar la justicia?

¿Es necesario reformar la Constitución Política para reformar la justicia? Diana Alexandra Remolina Botía Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura Con la promulgación de la Constitución Política de 1991 se introdujeron importantes cambios en la estructura del Estado colombiano y en materia de justicia, sin lugar a discusiones, se generó un punto de inflexión en la transformación de la Rama Judicial no solo por la creación de instituciones novedosas como la Fiscalía o la Corte Constitucional, sino por el establecimiento de un nuevo andamiaje para su gobierno, administración y ejecución de las políticas de justicia, a través de la creación del Consejo Superior de la Judicatura y de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con lo cual se fortaleció la independencia y autonomía judicial. Así, con la nueva Constitución se creó una estructura acorde con los reclamos de descongestión, de mejora del acceso a la justicia y de eliminación de la impunidad, pero, sobre todo, aunque aún subsista la discusión sobre la necesidad de un mayor grado de autonomía presupuestal, se superó la marcada dependencia del poder judicial a la Rama Ejecutiva, la cual administraba los recursos de la justicia a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia. Sin embargo, tras 28 años de creación de la nueva institucionalidad, del innegable fortalecimiento de la independencia y de los muchos avances de la Rama Judicial que pueden ponerse sobre la mesa, las discusiones sobre el papel y desempeño del Consejo Superior de la Judicatura han estado siempre a la orden del día.  De izq. a der. el magistrado del Consejo de Estado, Roberto Augusto Serrato; la magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina; el magistrado Corte Suprema de Justicia, Aroldo Wilson Quiroz; la magistrada Consejo Superior de la Judicatura, Gloria Stella López; la exministra de Justicia y del Derecho, Gloria María Borrero; el magistrado Consejo Superior de la Judicatura, Edgar Carlos Sanabria; el magistrado del Consejo de Estado, Germán Bula Escobar; el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló; el magistrado de la Corte Constitucional, Alejandro Linares Cantillo; la ministra de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, Sylvia Constaín; el director ejecutivo de Administración Judicial, José Mauricio Cuestas, y el alto consejero presidencial para la Innovación y Transformación Digital, Víctor Muñoz. Avances Como parte de los avances, se debe valorar positivamente que entre 1993 y 2018 cada juez haya aumentado su capacidad de solución de conflictos en un 188%; que la capacidad de solución de los casos haya aumentado en un 297%; que los jueces hayan protegido los derechos fundamentales a través del trámite de cerca de 10 millones de tutelas, que la carrera judicial haya incrementado su cobertura o que la infraestructura judicial haya mejorado significativamente.   Intentos de eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y ajustes Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, organismo judicial que se ha mantenido pese a los intentos de acabarla Con todo, desde la creación del Consejo Superior de la Judicatura se ha intentado su eliminación en multiplicidad de oportunidades a través de iniciativas de reforma que no han prosperado, salvo por la que se convirtió en Acto Legislativo 2 de 2015, pero que posteriormente, en este punto en concreto, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-285 de 2016 por considerar que el constituyente secundario “desbordó el poder de reforma constitucional con el que cuenta el Congreso, porque suprimió el principio de autogobierno judicial, como manifestación del principio de separación de poderes y del principio de independencia judicial”.  Esta situación, obliga a reflexionar si una posible intervención a la justicia debería enfilarse, ya no hacia la eliminación de las instituciones concebidas por el Constituyente de 1991, que con menos de 30 años de vigencia aún están en proceso de asentamiento, sino hacia ajustes en el ámbito estatutario, que impacten positivamente en las reglas del servicio de justicia; que mejoren los esquemas de gobierno y administración de la Rama Judicial; que introduzcan reformas a las reglas de ingreso, calificación y retiro de la carrera judicial; que desarrollen los cambios introducidos por el Acto Legislativo 2 de 2015 en materia de convocatoria pública para la conformación de listas para la elección de magistrados de las altas cortes; o que implementen las reformas hechas a la jurisdicción disciplinaria.  Y entre los anteriores, el debate central de una reforma a nivel estatutario debería enfocarse en la revisión y modificación de la asignación de funciones de gobierno y administración y en el ajuste de las tareas complementarias que cumplen el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Para propiciar las condiciones ideales de administración resulta clave mantener el órgano de gobierno como garante de la independencia y autonomía judicial, pero superar que las decisiones colegiadas y dictadas en sala se reserven solo a los actos propiamente de Gobierno de la Rama y que en contraposición con lo anterior, las decisiones de administración o que buscan impulsar la implementación de las políticas de justicia adoptadas por la Sala se impulsen en forma más ágil por los magistrados individualmente para potenciar el logro de objetivos clave, como por ejemplo, la incorporación del expediente digital en los procesos judiciales o la modernización de la infraestructura que se encuentra al servicio de la justicia.  Una reflexión en este sentido quizás conduzca de manera más clara hacia la concreción de las modificaciones y ajustes requeridos para la justicia del siglo XXI y que ya no dan más espera.

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