febrero 9, 2025

Justicia

Petro sancionó la ley que otorga segundas oportunidades a madres cabeza de familia en condición de marginalidad económica

Petro sancionó la ley que otorga segundas oportunidades a madres cabeza de familia en condición de marginalidad económica

El presidente, Gustavo Petro Urrego, en compañía de los ministros de Educación, Aurora Vergara, y de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, sancionó la ley que otorga segundas oportunidades a madres cabeza de familia en condición de marginalidad económica que se encuentren privadas de la libertad cumpliendo condenas menores a ocho años de prisión. “Este es el proyecto de ley que yo voté siendo congresista en la Comisión Primera del Senado y que ahora, qué paradoja, no lo sabía en ese momento, como presidente firmo para que se convierta en Ley de la República. Esta ley libera 5.000 mujeres privadas de la libertad por ser madres cabezas de familia”. Sostuvo el mandatario que si los niños crecen sin el afecto de sus madres, muchos de ellos, en el futuro, pueden convertirse en criminales. “Esa es la lógica de la violencia y la exclusión. Una especie, también, de sifón suicida”. “En la ciencia y en el pensamiento progresista está demostrado que no es encarcelando las sociedades como nos salvamos de la violencia. Es en la libertad que se construyen las sociedades y por lo tanto tendremos que reformar y cambiar muchas cosas”, añadió el mandatario.  El presidente agregó que las mujeres privadas de la libertad son las más excluidas de la sociedad. “A una penitenciaria llevaron la muerte, nosotros queremos llevar la libertad. Ese es el cambio y comienza por esta ley”, puntualizó.  El objetivo de la ley El ministro de Justicia del Derecho​ explicó que esta ley, que deberá ser reglamentada en un plazo de seis meses, va dirigida a mujeres con sentencias por delitos como microtráfico o hurto; que tengan rol de cabeza de familia y que se encuentren en situación de marginalidad. El objetivo es que los jueces sustituyan las condenas e impongan la prestación de servicios de utilidad pública no remunerados que favorezcan la comunidad en la reconstrucción del tejido social que se afectó por la comisión del delito. “En el éxito de esta ley nos jugamos el giro de la política penal y penitenciaria del país hacia una más humanista, que le sea útil a la sociedad y que no dé rienda suelta a esos sentimientos de venganza y crueldad”, agregó.  El ministro enfatizó que para el #GobiernoDelCambio el encarcelamiento tiene que reducirse a aquello para lo que es útil. La cárcel debe resocializar para que una persona que haya sido condenada tenga menos riesgos de volver a cometer un delito.  “Son alrededor de 17.000 mujeres en Colombia que están privadas de la libertad. En los últimos 20 años ese número ha crecido en más de un 400 %, porque el país entró en una espiral punitiva, es decir, aumento de penas, encarcelamiento, como si eso sirviera para ser una mejor sociedad”, precisó. Tomado del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

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MinJusticia solicitó al Congreso facultades extraordinarias para que el presidente reforme el INPEC y la USPEC

MinJusticia solicitó al Congreso facultades extraordinarias para que el presidente reforme el INPEC y la USPEC

El ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, reveló que solicitó al Congreso de la República otorgar, por el término de seis meses, facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para reformar el Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), “con la finalidad de hacer más eficiente el gasto y que administrativamente esos $ 3.2 billones anuales tengan mejores frutos”. Radiqué solicitud de otorgar facultades extraordinarias al presidente que permitan reformar al @INPEC_Colombia y a la @USPEC_Colombia, con la finalidad de hacer más eficiente el gasto y que administrativamente esos $ 3.2 billones al año tengan mejores frutos: @MinjusticiaCo pic.twitter.com/kj6bJbTJQr — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) March 2, 2023 En su intervención en el conversatorio ‘Hacia la humanización del sistema penal’, organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, el jefe de la cartera de Justicia aseguró que la política penal y penitenciaria actual es un fracaso. “No disminuye significativamente la criminalidad ni la reincidencia, no repara a las víctimas y conduce a una situación de flagrante de violación de derechos humanos en la población privada de la libertad”.  Osuna Patiño dio la bienvenida a la discusión pública sobre el Proyecto de Ley para la Humanización y Modernización del Sistema Penitenciario y Carcelario, y agregó que esta iniciativa “es apenas una puerta que se abre, un ensayo moderado en línea de proponerle a la sociedad colombiana que vuelva a pensar en algunas de sus preguntas básicas: ¿Para qué castigar? ¿Cuál es el sentido del castigo? ¿Qué esperamos cómo sociedad de las cárceles?” Así mismo explicó que la iniciativa contempla estímulos para la resocialización de las personas privadas de la libertad, con beneficios por trabajo, educación, reparación a las víctimas; y aclaró que el proyecto no le apuesta a una rebaja general de las penas ni tampoco pretende una excarcelación masiva.  “Cuando algunas personas dicen que el ministro quiere hacer de las cárceles unos hoteles, yo con humildad y modestia les digo: visiten una cárcel y digan en qué se les parece eso a un hotel. Las circunstancias en las que se viven son terribles (…) Es inaplazable mejorar las condiciones de vida allí”, sostuvo.  Al ser consultado por la nueva política de drogas que prepara el #GobiernoDelCambio, el ministro de Justicia explicó que se busca una transformación progresiva del prohibicionismo y apostarle al cumplimiento del compromiso del Acuerdo de Paz, que es cesar la persecución penal de aquellos campesinos pobres que cultivan hoja de coca para subsistir.  Aclaró que “no vamos a dar un paso adicional hasta que la comunidad internacional dé pasos en este mismo sentido, pero tenemos que pensar también en el comercio internacional de Colombia, en las relaciones internacionales y por eso en eso esto también puede ser el reflejo penal de un giro en la política de drogas”.  El ministro también expuso lo que se espera con la propuesta de despenalizar el delito de inasistencia alimentaria y recordó que el Congreso en 2021 aprobó la Ley 2097 que creó el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). “Esa ley contiene unos mecanismos fuertes para llevar a los padres irresponsables a cumplir con sus obligaciones. El que aparezca como deudor moroso en esta red pierde la potestad para darle permiso a sus hijos para salir del país; no podrá celebrar negocios por escritura pública, ser servidor público, celebrar contratos con el Estado, es decir, es una situación que realmente va a obligar al deudor a pagar porque prácticamente es una muerte civil lo que acarrea estar registrado allí”, puntualizó.  En el conversatorio también participaron el representante a la Cámara, Juan Sebastián Gómez; el presidente de la Comisión Asesora de la Política Criminal del Estado, Rodrigo Uprimny; la presidenta de la Fundación Acción Interna, Johana Bahamón; el director del Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, y la directora de Conocimiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Diana Britto Ruíz. Tomado del Ministerio de Justicia y del Derecho. 

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La vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, y el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna Patiño, hicieron un llamado a humanizar el sistema penitenciario y a garantizar los derechos de redención de penas a las mujeres privadas de la libertad.

Se hace llamado a humanizar el sistema penitenciario y a garantizar los derechos de redención de penas a las mujeres privadas de la libertad

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez Mina, y el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Osuna Patiño, hicieron un llamado a humanizar el sistema penitenciario y a garantizar los derechos de redención de penas a las mujeres privadas de la libertad. Los funcionarios visitaron la Cárcel y Penitenciaria de Media Seguridad de Acacías, Meta y la Colonia Agrícola de Mínima Seguridad del municipio, donde conocieron de primera mano los beneficios de los proyectos productivos de porcicultura, avicultura, piscicultura, establo, agricultura, ebanisterías, sastrería, entre otros, cuyos productos son comercializados y las ganancias, en su gran mayoría, reinvertidas en los programas. En este espacio, la vicepresidenta pidió al INPEC condiciones de equidad para que las mujeres también puedan acceder a programas de tratamiento de redención de penas de la Colonia Agrícola y que mensualmente les sea entregado un kit sanitario. La alta funcionaria también hizo una invitación a los funcionarios del sector justicia a trabajar juntos para generar igualdad para las mujeres al interior de los centros penitenciarios y carcelarios, y que cuenten con los mismos beneficios que tienen los hombres. Por su parte, el ministro Osuna Patiño anunció que su cartera presentará en marzo un proyecto de ley para que todas las actividades productivas y de educación que desarrollen las personas privadas de la libertad cuenten para redención de penas. “Se busca que, para este tipo de beneficios, a la persona privada de la libertad solo se le tenga la valoración objetiva del estudio, trabajo y el tiempo que lleva cumpliendo su pena, y no del delito por el cual fue condenada”, agregó.  ​Finalmente, enfatizó en que estas iniciativas han sido pensadas para fortalecer procesos de resocialización, construcción de tejido social y para que la población recluida tenga una vida mejor cuando esté en libertad. Tomado de MinJusticia 

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 La Corte Suprema de Justicia condenó a una pena de 6 años y 10 meses de prisión al exgobernador del departamento del Vaupés Wilsson Ladino Vigoya como autor responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso heterogéneo. 

Condena a exgobernador de Vaupés por irregularidades en contrato que generó detrimento al departamento

 La Corte Suprema de Justicia condenó a una pena de 6 años y 10 meses de prisión al exgobernador del departamento del Vaupés Wilsson Ladino Vigoya como autor responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso heterogéneo.  También fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 82 meses y 21 días, y condenado al pago de una multa de $460.247.550; así como la inhabilidad intemporal, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.  La Sala Especial de Primera Instancia condenó al exgobernador por las irregularidades en la suscripción del contrato interadministrativo No. 001 el 26 de abril de 2005, celebrado entre la Gobernación del Vaupés y la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales (CONALDE).   El objeto de ese negocio jurídico fue el suministro de mercado perecedero y no perecedero, con destino a las instituciones y centros educativos administrados por la Secretaría de Educación Departamental, tanto en zona rural como urbana, el cual tuvo un valor de $1.601.891.387.   La Corte señaló en la providencia que este contrato se dio por terminado mediante liquidación bilateral, a pesar de que la Contraloría Departamental del Vaupés había advertido sobrecostos en materia de transportes e insumos, así como incumplimientos en las entregas de los mercados al ente departamental.   La Sala determinó que el propósito del contrato fue favorecer a CONALDE y al arquitecto Heriberto Martínez Ramírez, quienes fueron las personas naturales y jurídicas que lo ejecutaron.   “Es claro para la Sala, conforme a la valoración conjunta de las pruebas citadas, que los dineros que le fueron despojados a la entidad territorial, esto es los alusivos a sobrecostos por concepto de transporte y compra de alimentos, si bien fueron debitados o entregados a nombre de la cooperativa CONALDE en realidad fueron recibidos por el arquitecto Heriberto Martínez Ramírez quien fue el ejecutor real del contrato en estos principales aspectos, pues suscribió órdenes con esa entidad para transportar, supervisar, controlar, coordinar con proveedores y verificar la entrega de los alimentos al almacén de la Secretaría de Educación Departamental”, señala la providencia.   La sentencia también destaca que el propósito de la apropiación ilícita de los dineros del departamento de Vaupés por parte del exgobernador, a favor de un tercero, consistió en “solucionar a través del contrato las deudas que por entonces tenía con Martínez Ramírez”.   Cortesía de la Corte Suprema de Justicia.

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Corte hace llamado a Colpensiones para que proteja a personas con enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas que soliciten una sustitución pensional

Corte hace llamado a Colpensiones para que proteja a personas con enfermedades crónicas, degenerativas o congénitas que soliciten una sustitución pensional

La Corte Constitucional hizo un llamado a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) para que cumpla con la obligación de prestar protección especial a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, lo que incluye el examen integral de la historia clínica del peticionario que padece una enfermedad degenerativa, crónica y congénita en las solicitudes de sustitución pensional. La advertencia se hace al fallar una tutela a favor de una ciudadana diagnosticada con esquizofrenia paranoide desde el 2014, a quien Colpensiones le negó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional de su padre como hija en situación de invalidez. La entidad demandada argumentó que el derecho a la sustitución pensional procede cuando la pérdida de capacidad laboral (PCL) es anterior al fallecimiento del causante, circunstancia que en este caso no se acreditó porque la fecha de estructuración se determinó el 4 de febrero de 2019 y su padre murió dos días antes. La Sala Sexta de Revisión, con ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, recordó que, de acuerdo con la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el enfoque social de la discapacidad, los trastornos esquizofrénicos se caracterizan en general por distorsiones del pensamiento y de la percepción que a menudo se acompañan con delirios y alucinaciones de carácter progresivo. Por ello, dicha situación determina la importancia de valorar su desarrollo y transcurso en el tiempo, dado que con los años pueden desarrollarse graves problemas que repercuten paulatinamente en su capacidad laboral. En el caso concreto, se encontró que, “a pesar de que la entidad demandada fijó ese carácter progresivo, omitió valorar desde un inicio la evolución del padecimiento de la peticionaria y cómo realmente influyó en su capacidad de trabajo y ocupacional. Luego, desconoció que la situación de invalidez que se agrava progresivamente merece un tratamiento jurídico especial que responda a la necesidad de materializar los derechos fundamentales de una persona en condición de discapacidad”, indicó la Corte. Con el expediente de tutela se probó que, al momento de fallecer el pensionado, la actora ya era una persona en condición de invalidez y, por lo tanto, se encontraba materialmente imposibilitada para trabajar. La historia clínica demostró que era una enfermedad por la cual hubo consultas desde noviembre de 2013 y diagnosticada para el año 2014 que impactó su vida diaria y actividades ocupacionales, al punto que requirió acompañamiento permanente y varias hospitalizaciones reconocidas por Colpensiones. El fallo dejó sin efectos la resolución de Colpensiones que negó la sustitución pensional a la ciudadana y le dio 10 días para reconocerla y pagarla, con el retroactivo al que haya lugar. La Corte puntualizó que mediante los fallos T-566 de 2016, T-370 de 2017, T-273 de 2018, T- 314 de 2019, T-100 de 2021, T-264 de 2021, T-412 de 2021 y T-453 de 2021, la jurisprudencia ya había señalado que, respecto de este tipo de padecimientos médicos, COLPENSIONES no puede negar el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, con el argumento de que la fecha de estructuración establecida en el dictamen fue posterior a la muerte del causante, sin antes analizar todos los medios de convicción, tal y como ocurre con la historia clínica, para identificar la fecha real en que se produjo la pérdida de capacidad laboral. Por tal razón, procedió a prevenir a la entidad para que en lo sucesivo cumpla la obligación de prestar la protección especial a las personas que se encuentran en situación de discapacidad, lo que incluye el examen integral de la historia clínica del peticionario que padece una enfermedad degenerativa, crónica y congénita en las solicitudes de sustitución pensional. Cortesía de la Corte Constitucional.

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Aeropuertos a cargo de la Aerocivil no deben pagar impuesto predial, advierte concepto de la Sala de Consulta del Consejo de Estado

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado emitió un concepto en el que estableció que, por regla general, los aeropuertos de propiedad o administrados por la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil (Aerocivil) no están sujetos al pago del impuesto predial ni de la contribución en la valorización. Agregó que, por regla general, no es admisible que los municipios embarguen a las entidades del orden nacional para obtener el pago forzoso de los impuestos. Excepcionalmente pueden hacerlo ante los casos en los coincidan con lo que la jurisprudencia ha descrito como obligaciones claras, expresas y exigibles, aclaró. Además, precisó que existen dos excepciones que permiten el cobro de estos tributos, pero que en ninguna de ellas le corresponde a la entidad aeronáutica el pago. Estas son: i) construcciones, edificaciones o mejoras que estén en manos de particulares en el respectivo aeropuerto y ii) áreas para los usuarios, establecimientos mercantiles o de servicios comerciales de los aeropuertos entregados en concesión, excluyendo del gravamen plataformas e infraestructura que tenga por objeto facilitar la operación aérea. En el primer caso el sujeto pasivo del impuesto es el particular responsable de las áreas de uso exclusivo, mientras que en el segundo lo es adjudicatario de la concesión. La Sala respondió así a una consulta formulada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), ante una controversia jurídica originada por el cobro que el municipio de Chachagüí le formuló a la Aerocivil y la consecuente orden de embargo por más de 7.000 millones de pesos que emitió la municipalidad en contra de la autoridad aeroportuaria. La Aerocivil aseguraba que la ley no autorizaba a los municipios a gravar este tipo de bienes con el impuesto predial, por ser de uso público. Chachagüí defendió su actuar, señalando que estos predios sí estaban sujetos a dicho cobro, por ser bienes fiscales de uso público y no bienes de naturaleza pública, que sí están exentos de los gravámenes. De ahí la consulta formulada por la Andje, que buscaba que la Sala emitiera un concepto en el cual señalara cuál de las dos entidades tenía la razón en esta controversia. La Sala advirtió que los aeropuertos a cargo de la Aerocivil, con las señaladas excepciones, no están sujetos a estos gravámenes. Agregó que son bienes de uso público, que están exentos de los tributos, y que la prestación del servicio de transporte aéreo de pasajeros o de carga en el respectivo aeropuerto no le otorga al bien la naturaleza de fiscal, en cuyo caso no habría lugar a la exención. Agregó que la presencia de operadores como Avianca u otros similares no implica que la Aerocivil esté explotando económicamente el predio bajo su administración y que la existencia de locales comerciales tampoco modifica la naturaleza jurídica de estos aeropuertos. Cortesía del Consejo de Estado.

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Procuradora Margarita Cabello solicitará informe a alcaldes y gobernadores

En su primer acto como procuradora general, Margarita Cabello Blanco le solicitará un informe a gobernadores y alcaldes para saber cómo están manejando los recursos públicos. Además, será la primera mujer al frente del Ministerio Público, en sus 191 años de existencia. La abogada Margarita Cabello Blanco fue magistrada de la Sala Civil y Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y hasta agosto del 2020 fungió como ministra de Justicia del primer mandatario Iván Duque. Nacida en Barranquilla, abogada egresada de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Especialista en Derecho Procesal Civil de la Universidad Externado de Colombia en convenio con la Universidad de Cartagena y candidata a Maestría en Derecho Procesal Contemporáneo en la Universidad de Medellín. En agosto, el Senado de la República, en sesión plenaria presencial, eligió a la abogada Cabello Blanco como nueva procuradora general de la Nación, para un periodo de cuatro años, a partir del 15 de enero de 2021 hasta enero de 2025. El principal desafío de Cabello será la independencia. Mantener su función de vigilancia y control desde el Ministerio Público con el gobierno de turno.  En la posesión, Cabello se refirió al trabajo de la mujer y los jóvenes en  el desarrollo de la sociedad y también se aseveró a la pulcritud y efectividad desde lo público, puesto que los ciudadanos esperan resultados por parte de los servidores públicos. Discurso de la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello Blanco. Destacó que estará al lado del lado de las familias colombianas y el acompañamiento de los servidores públicos, con la implementación de tecnología y recurso humano que contribuyan a la función preventiva y disciplinaria para dar  resultados que reflejen el buen funcionamiento de la entidad pública. Cabello se refirió a su compromiso contra la corrupción, donde se espera implementar la paridad de género y el sostenimiento ambiental. En el acto, el Presidente de la República, Iván Duque, le sostuvo a la procuradora entrante que “aquí tendrá un gobierno que respeta la independencia del poder y que las empresas que corrompan a un funcionario le quedará proscrito contratar con el Estado Colombiano. Quien llega al Ministerio Público debe estar siempre del lado de la institucionalidad y no buscar fracturas”. Y destacó también la intención de Cabello de estar presente en los territorios donde el “narcotráfico es el combustible de los terroristas que atentan contra los líderes sociales”. De igual manera, el Jefe de Estado insistió que la salud pública enfrenta el reto más grande de su historia no solo en Colombia sino en el mundo a causa de la pandemia del covid-19. “Tenemos convenios para la vacunación de 29 millones de colombianos”. Video de la posesión:  

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Este jueves, el Presidente Duque instala el XXIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria

El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, instalará este jueves el XXIII Encuentro de la Jurisdicción Ordinaria: ‘Justicia, virtualidad e independencia’, en el que magistrados, jueces y expertos nacionales e internacionales analizarán el impacto de la virtualidad en la justicia y la independencia judicial. Acompañarán al Jefe de Estado, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia,  Jorge Luis Quiroz Alemán; el Presidente del Consejo de Estado, Álvaro Námen Vargas; el Presidente de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, la Presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Diana Alexandra Remolina. Entre los asistentes de manera virtual estarán: el Jefe de Patentes de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Marco Matías Alemán Badel; el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Raúl Zaffaroni; la Secretaria General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño; al especialista en Normas Internacionales del Trabajo y Relaciones Laborales de la OIT, Humberto Villasmil, jefes de los organismos de control y juristas. Clausura del Foro Digital de Asofondos Posteriormente, el Jefe de Estado clausurará, en acto virtual desde la Casa de Nariño, el Foro Digital de Asofondos: ‘Entendiendo el Futuro’, cuyos ejes temáticos fueron el panorama actual y futuro del mercado laboral, el envejecimiento y la digitalización del trabajo. Durante el foro que se inició este miércoles, intervinieron académicos, economistas y especialistas nacionales e internacionales, quienes debatieron en torno de los replanteamientos necesarios para para superar los inmensos retos y abordar los cambios producidos por la pandemia por covid-19. Así mismo, está prevista la intervención del Presidente de Asofondos (Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías), Santiago Montenegro. Con información de la Presidencia de la República. 

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Duque acepta renuncia de ministra de Justicia

Margarita Cabello, quien se venía desempeñando como ministra de Justicia y del Derecho, presentó su dimisión ante el Presidente Iván Duque.   El Presidente Iván Duque Márquez aceptó este martes la renuncia de la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, quien aspira a convertirse en la nueva Procuradora General de la Nación, en reemplazo de Fernando Carrillo Florez. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario destacó la gestión de la funcionaria, en particular el trabajo realizado al frente de esa cartera para acercar la justicia al ciudadano. “He aceptado la renuncia a la doctora Margarita Cabello Blanco, quien se desempeñaba como ministra de Justicia. Quiero destacar su gestión para avanzar en la política carcelaria, acercar la justicia al ciudadano e impulsar la cadena perpetua contra violadores de menores”, escribió. Cabello, quien es la candidata del Gobierno para dirigir la Procuraduría General de la Nación, recibió ya el respaldo de los partidos Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y un sector de la U, lo que le asegurarían su elección como jefe del Ministerio Público. Duque recordó que la dimitente ministra ha sido “una gran mujer al servicio de la rama judicial. Ha sido jueza, procuradora delegada y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Reconocemos y agradecemos su labor en el Gobierno y su trabajo por una justicia más eficaz y cercana al ciudadano”. Los otros dos candidatos postulados a procurador General de la Nación son el exmagistrado Wilson Ruiz y el exviceprocurador Juan Carlos Cortés.   Estas fueron sus declaraciones en su cuenta de Twitter: La Dra Margarita, una gran mujer al servicio de la rama judicial. Ha sido jueza, procuradora delegada y presidente de la @CorteSupremaJ. Reconocemos y agradecemos su labor en el Gobierno y su trabajo por una justicia más eficaz y cercana al ciudadano. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 18, 2020   He aceptado la renuncia a la Dra. Margarita Cabello Blanco, quien se desempeñaba como ministra de Justicia. Quiero destacar su gestión para avanzar en la política carcelaria, acercar la justicia al ciudadano e impulsar la cadena perpetua contra violadores de menores. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) August 18, 2020

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LA DIGITALIZACIÓN, UNA SALIDA A LA CONGESTIÓN JUDICIAL

  El gran reto para el sector justicia es ajustar la normatividad actual para que parte de la actividad judicial pueda realizarse en línea. También es indispensable dotar de toda la infraestructura necesaria para la renovación tecnológica y para la capacitación del recurso humano. La emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, ha obligado al mundo entero a dar el gran paso a la incorporación del uso de las tecnologías de la información para el potencial desarrollo de muchas actividades de índole laboral, comercial, académico, entre otras. Incluso el agro ha visto en la tecnología una solución para el mercadeo de sus cosechas en nuestro país. Las Altas Cortes no han sido la excepción, pues se han adaptado fácilmente al teletrabajo y al trabajo en casa. Prueba de ello son las cifras de la Rama Judicial, que en tiempo de pandemia ha realizado 32.444 audiencias virtuales entre el 13 de marzo y el 13 de mayo: 7.038 en marzo, 16.139 en abril y 9.267 en el quinto mes del año en curso. Asimismo, desde que comenzó la emergencia a corte 24 de abril, el Consejo Superior de la Judicatura ha recibido 18.072 tutelas, 501 peticiones de habeas corpus, 8.333 audiencias de control de garantías y 7.214 trámites de ejecución de penas. De acuerdo con cifras suministradas por el Consejo de Estado, la jurisdicción en su conjunto al 18 de mayo de 2020 ha determinado más de 19 mil fallos. Es por esto por lo que, la digitalización del sistema judicial puede ser una solución eficaz a la congestión judicial. Sin embargo, va más allá de las publicaciones periódicas: es litigar en línea, realizar notificaciones electrónicas, radicar y contestar demandas, cumplir con audiencias virtuales, interponer recursos, trámites de las medidas cautelares, títulos judiciales, digitalización de expedientes y efectuar presentaciones personales, entre otras. Asimismo, es necesario retomar el expediente digital en todos los juzgados, tribunales y Altas Cortes del país de una manera progresiva y gradual, extendiendo su aplicación a Comisarías de Familia, Inspecciones de Policía y Superintendencias. Igualmente, empezar esa digitalización mediante pilotos en algunas ciudades capitales. La Rama Judicial también puede hacer uso de herramientas innovadoras como las de Legal Tech, que vinculen blockchain e inteligencia artificial, para así poder lograr una justicia especialmente ágil y eficaz. Por ejemplo, la Corte Constitucional en conjunto con la Universidad del Rosario está desarrollando un programa piloto de sistema de inteligencia artificial – IA, llamado ´Prometea’, que haría más ágil y preciso el proceso de revisión de los fallos de tutela, porque aporta elementos de transparencia para vigilar su desarrollo y que permita que los ciudadanos puedan consultar el estado de las acciones de tutelas Con todo, el mecanismo garante del ciudadano de a pie sin duda es la tutela, pero se requiere del diseño de una página web de fácil acceso por parte de la Rama Judicial, en donde se pueda realizar todo el procedimiento desde la presentación y seguimiento a la misma. Esto implica: recepción, audiencias, notificaciones, recursos, desacatos, etc. El correcto diseño de la página va a evitar que se presente el fenómeno de la ‘tutelatón’. Lo más importante es aprovechar el impulso y dejar implementada de una vez la tutela digital, aunque en muchos despachos judiciales ya se maneje vía correo electrónico. No obstante, en época normal un juzgado recibía entre 12 y 15 tutelas de primera y segunda instancia; actualmente, solo se están recibiendo tres tutelas debido al desconocimiento de los correos electrónicos de los despachos. Otro dato de importancia es que, una tutela radicada físicamente demoraba un día en llegar al juzgado, hoy los juzgados la están recibiendo entre 3 y 4 horas. Finalmente, el gran reto para el sector justicia es ajustar la normatividad actual para que parte de la actividad judicial pueda realizarse en línea. También es indispensable dotar de toda la infraestructura necesaria para la renovación tecnológica y para la capacitación del recurso humano. Por supuesto, todo este andamiaje redundará en el fácil acceso para el ciudadano de a pie a la justicia y permitirá que los jueces puedan impartirla de manera garante y eficaz.

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