febrero 7, 2025

Jesús Santrich

ÚLTIMA HORA: En su reaparición, “Jesús Santrich” amenaza al Presidente de la República, Iván Duque

En un video publicado este lunes a la opinión pública, uno de los principales disidentes de las FARC, alias “Jesús Santrich”, amenazó de muerte al Presidente de la República, Iván Duque. Según fuentes de inteligencia, las imágenes fueron grabadas el 13 de febrero de este año en territorio venezolano. Créditos al autor del video: MCN.

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Por un sueño de justicia…

Por: Esperanza Andrade Serrano Senadora Partido Conservador Teniendo en cuenta el momento coyuntural por el que está pasando el país, mediado por las recientes decisiones judiciales sobre el señor “Jesús Santrich” y por el escándalo del “Cartel de la Toga”, entre otros desafortunados sucesos; una profunda reforma a la justicia es un clamor ciudadano y una necesidad sentida de la nación, la cual debe incluir fórmulas que aporten mayor celeridad en aquellos casos que lesionan gravemente la confianza pública y la legitimidad de las instituciones, pero sobre  todo que proporcionen un mensaje de claridad y seguridad jurídica a los demás actores del sistema, y en general a todos los colombianos. Por ello, es imperativo que una reforma a la justicia incluya lo siguiente: Probidad, transparencia e integridad en la administración de justicia, en el sentido de garantizar que los jueces, y en especial los magistrados de las altas cortes, sean el referente ético de nuestra sociedad. En consecuencia, es pertinente y necesario eliminar las facultades electorales de las altas cortes y fortalecer el marco de inhabilidades para magistrados y altos dignatarios. Así mismo, es necesario generar reglas para evitar bloqueos institucionales, aumentar las medidas de protección de la confianza pública en las altas cortes, e incrementar los requisitos de experiencia para el cargo de magistrado. También toca establecer audiencias de confirmación para la elección de magistrados y otros altos funcionarios,  y que los Comisionados de Disciplina Judicial sean elegidos por la Rama Judicial y no por el Congreso. Debe haber períodos institucionales en los altos cargos del Estado y la agilización de los procedimientos contra funcionarios aforados ante la Cámara de Representantes. Por último, se debe permitir la suspensión por parte de la Sala Plena de la misma Corporación, a aquellos magistrados que con sus actos de corrupción puedan minar la confianza en la administración de justicia. La eficiencia, eficacia y calidad de la administración de justicia, se concretaría con la sustitución del Consejo Superior de la Judicatura por una nueva institucionalidad, especializada y cualificada para las labores que exige  la Rama Judicial, de la siguiente manera: Una Dirección General de la Rama Judicial, conformada por un Consejo Directivo y un Gerente, realizará las labores de gobierno y administración. Una Comisión de Carrera Judicial, conformada por comisionados con las más altas calidades jurídicas, y con requisitos de experiencia en cargos de la carrera judicial, encargada de elaborar las listas para candidatos a magistrado y administrar la carrera judicial. Todo esto, bajo la coordinación y articulación de una Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial, que hoy existe por mandato legal. Por último, es necesario adoptar medidas de autonomía presupuestal para la Rama Judicial y ajustes específicos al sistema penal acusatorio para volverlo más eficiente. La Seguridad jurídica sería efectiva teniendo en cuenta las siguientes estrategias: establecer la función en las altas cortes de unificar la jurisprudencia y la facultad de seleccionar procesos para cumplir dicha función, con el propósito de evitar los llamados “choque de trenes”; regular la acción de tutela para que esta siga siendo un mecanismo inmediato de protección de los derechos fundamentales y no una tercera instancia de los litigios, ni una herramienta para el abuso del derecho. Definir la competencia y especialización de los jueces de tutela, y comunicar por las altas cortes sus sentencias cuando sean firmadas y no mediante comunicados de prensa. Después de 17 proyectos de reforma a la justicia fallidas y en medio de una evidente crisis de la justicia, consideramos de la mayor importancia apoyar un nuevo proyecto de ley que incluya todos estos temas tan transcendentales, estructurales y necesarios para efectivizar el propósito de avanzar en la consolidación de una justicia transparente, eficiente y de calidad…  uno de los anhelos más sentidos de nuestro país.  

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Se aprueba extradición a EE.UU de Armando Gómez implicado en caso Santrich

Gómez es acusado de aliarse con el exguerrillero “Jesús Santrich” para enviar diez toneladas de cocaína a Miami. La Corte Suprema de Justicia aprobó la extradición de Armando Gómez España a los Estados Unidos, quien es requerido por una corte del distrito sur de Nueva York para que responda por el delito de narcotráfico. Gómez España, alias el ‘doctor’, es acusado de liderar, junto a Santrich, una operación de narcotráfico. Los dos fueron detenidos en abril de 2018 por solicitud de la DEA, tras un año de alegatos el exjefe guerrillero logró salir de prisión y posesionarse como representante a la Cámara. Tras el aval de la Sala Penal de la Corte, el trámite pasará al presidente Iván Duque, quien tendrá la última palabra en esta extradición. También tiene en estudio el trámite de extradición de Fabio Younes Arboleda, otro de los involucrados en el caso. Marlon Marín, otro de los capturados en abril del año pasado, se encuentra en Estados Unidos detenido como testigo protegido de la DEA por las declaraciones que ha dado contra Santrich.

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La justicia pasó la prueba

La justicia pasó la prueba El exjefe de la desmovilizada guerrilla de las FARC, Jesús Santrich, al momento de abandonar la prisión. Aunque el caso Santrich, que derivó en la renuncia del Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez y de la vicefiscal María Paulina Riveros, no generó una crisis institucional, si dejó en evidencia la fragilidad de un sistema judicial, que pese a estar constituido desde hace más de 100 años, tiene dificultades para acoplarse al modelo de justicia transicional que nació de los acuerdos de paz firmados entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las FARC, en 2016. Más allá de lo ocurrido con la decisión de la JEP sobre la no extradición del exjefe rebelde a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico, lo que la situación mostró de nuevo es la gran polarización que existe en el país. Aunque la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de ordenar la libertad de Jesús Santrich, precipitó el remezón en la Fiscalía General de la Nación y provocó desacuerdos entre los poderes, congresistas y académicos coinciden en que no hubo crisis institucional y que se trató de un Los integrantes de la JEP tienen la responsabilidad de investigar los delitos cometidos durante el conflicto. momento coyuntural que puso a prueba la fortaleza del sistema judicial colombiano, de cara a los retos que se vienen con la entrada en funcionamiento del modelo de justicia transicional. “Coincido en que no hubo crisis. Por el contrario, yo creo que esto lo que ha demostrado es la vigencia de la institucional. Tampoco considero que haya un choque de poderes, sino que cada uno planteó su postura y todo se resolvió finalmente por los canales correspondientes”, afirma el experto en Derecho Penal, Francisco Bernate, quien recuerda que antes todo se solucionaba en Colombia decretando un estado de sitio o una conmoción interior. Sin embargo, reconoce que la decisión que adoptó la JEP con respecto al excomandante de las FARC generó dificultades porque “se privilegiaron las posturas personales sobre la institucionalidad”. Martínez decidió renunciar al cargo de Fiscal General, en protesta por la orden de la JEP de liberar a Santrich, a quien Estados Unidos reclama en extradición para juzgarlo por el intento de envío de cocaína a ese país. Según el gobierno de Washington, el exguerrillero habría participado en la negociación para el traslado de droga a territorio norteamericano, en una fecha posterior a la firma del acuerdo de paz. ¿Qué desencadenó los hechos? El excomandante de las FARC, cuyo verdadero nombre es Seuxis Paucias Hernández Solarte, fue arrestado en abril de 2018, luego que Estados Unidos lo señalara de conspirar para enviar cocaína a ese país y lo pidiera en extradición. En su condición de desmovilizado, se acogió a la JEP, tribunal que fue creado a instancias de las negociaciones de paz para juzgar los delitos cometidos durante cinco décadas de conflicto armado en Colombia. Quienes se sometan al modelo alternativo de justicia, pueden acceder a penas de prisión reducidas y a la garantía de no extradición, beneficios que pierden si reinciden en actividades ilegales tras la firma del acuerdo con las FARC, por lo que el caso pasa a manos de la justicia ordinaria. Aunque el gobierno de Washington y la Fiscalía colombiana aseguran tener pruebas de la participación de Santrich en el intento de envío de droga a Estados Unidos, en una fecha posterior a la entrada en vigencia del tratado de paz, la JEP detuvo en mayo pasado su extradición y dispuso su libertad por carecer de evidencias suficientes para establecer cuando se cometió el delito. Sin embargo, el exguerrillero fue recapturado por la Fiscalía cuando salía de la cárcel, bajo una nueva acusación: concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Días después la Corte Suprema de Justicia ordenó que lo dejaran libre por tener fuero de congresista y le abrió una investigación formal. El entonces Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, renunció tras la decisión de la JEP de negar la extradición de Santrich a Estados Unidos. Tras el fallo de la justicia transicional, el Fiscal Martínez anunció su renuncia irrevocable al cargo, medida que también tomó el mismo día la vicefiscal María Paulina Riveros. Acto seguido, la Procuraduría informó que apelaría la decisión que adoptó la JEP a favor del exnegociador de paz. Gloria Borrero, saliente ministra de Justicia. Margarita Cabello, nueva ministra de Justicia. En la misma semana, el Presidente de la República, Iván Duque, aceptó la dimisión de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero y nombró a la exmagistrada Margarita Cabello en su reemplazo. Aunque se quiso ligar su salida del cargo con el caso Santrich, expertos aseguran que desde hace algún tiempo se hablaba del interés de Borrero de cambiar de rumbo. “Es algo coyuntural, porque la entonces ministra ya había manifestado o se sabía que no iba a continuar. Con relación al Fiscal, yo creo que una decisión personal lo llevó a adoptar una medida como esa. Fue una semana difícil, donde la institucionalidad salió avante y se demostró que somos una democracia vigorosa”, señala Bernate. Lo que piensan en el Congreso El representante a la Cámara, Germán Navas Talero, considera que no se ha vulnerado la justicia y que siempre que existan dos jurisdicciones, habrá conflictos entre ambas por colisión de competencias. “En Colombia ha habido miles de casos como ese, este no es un invento de controversia jurídica, es un hecho propio de los colombianos”, asegura el legislador del Polo Democrático Alternativo. Por su parte, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, cree que en el caso Santrich lo que hay es un problema probatorio por resolver. “Yo no creo que sea tan frágil la justicia colombiana, porque al fin y al cabo ha desarticulado organizaciones criminales tal vez de las más peligrosas del mundo. Ha desmantelado la narcopolítica del cartel de Medellín con el proceso 8.000 y ha desmantelado la parapolítica”, afirma.  El parlamentario no descarta que se pueda repetir

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Corte Suprema debe emitir concepto previo a la decisión de extradición de Santrich: Procuraduría

La Procuraduría General consideró este viernes que la Corte Suprema de Justicia es la encargada de asumir el trámite de extradición del exjefe de las FARC, Zeuxis Pausias Hernández Solarte, más conocido como “Jesús Santrich”. El procurador Fernando Carrillo aseguró que “en el trámite de garantía de no extradición, no corresponde a la JEP ni al Ministerio Público, realizar ningún análisis probatorio que conduzca a determinar la existencia de la conducta y sus circunstancias”. “Por lo tanto, y de manera respetuosa, se solicitó a la JEP remitir el expediente objeto de estudio a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que a nuestro juicio es la competente para emitir concepto previo a la decisión de extradición”. También conceptuó que “en este caso no procede la garantía de no extradición para el señor Hernández Solarte, por cuanto el requerimiento  de extradición formulado por los Estados Unidos de América, se refiere a hechos posteriores a la firma del Acuerdo Final, esto es, el 1 de diciembre de 2016”. “Existen elementos de juicio suficientes para considerar que los hechos no se dieron con causa, ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado, descartándose que se tratara de un delito de ejecución permanente”, aclaró el jefe del Ministerio Público. Dentro de los argumentos esgrimidos por la Procuraduría, figuran la importancia de la extradición como “instrumento de cooperación judicial internacional”. También el “respeto a los mecanismos de trabajo conjunto entre los Estados para combatir el delito”.

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Capturan a fiscal de JEP y a un exsenador por pedir dinero en caso Santrich

El fiscal de la JEP, Carlos J. Bermeo, fue detenido junto con cuatro personas, incluido el exsenador Luis Alberto Gil, en el momento en el que recibían dinero a cambio de incidir en el caso que se le sigue a Jesús Santrich. Según informó la Fiscalía General de la Nación, el operativo se realizó en dos hoteles del norte de Bogotá, donde presuntamente los implicados recibían 500 mil dólares a cambio de incidir en el trámite de extradicción del exjefe guerrillero. Entre los capturados se encuentra el exsenador Luis Alberto Gil, más conocido como “El Tuerto Gil”, quien está condenado por parapolítica. El excongresista fue detenido por primera vez en 2008 y fue llevado a prisión por sus nexos con las autodefensas. En 2012, al cumplir las tres quintas partes de su condena, recibió el beneficio de libertad condicional. #ATENCIÓN capturado fiscal Carlos J. Bermeo de JEP junto con 4 personas más incluido el exsenador Luis A. Gil, en operativo adelantado en 2 hoteles norte de Btá., en momento en que recibían 500 mil dólares a cambio de oferta para incidir en trámite extradición de Zeuxis Hernández — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) 1 de marzo de 2019 Los investigadores informaron que al parecer, la red habría pedido 2 millones de dólares y hoy se había pactado la primera entrega. Los otros capturados son Yamit Prieto Acero, Luis Orlando Villamizar Gamboa y Ana Cristina Solarte Burbano. Esta noticia se produce el mismo día, en el que la Justicia de Estados Unidos, informó que no enviaría a la JEP sobre Santrich, a quien ese país reclama en extradicción por narcotráfico.

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Carta de la JEP pidiendo pruebas contra Santrich nunca llegó a EE.UU

Según información de la presidenta de la JEP, Patricia Linares y del Ministerio de Justicia, la carta donde se hizo la solicitud de las pruebas que existirían contra Jesús Santrich en Estados Unidos por narcotráfico, se perdió por un problema con la transportadora de correos. En diciembre pasado, la Jurisdicción Especial para la Paz le solicitó al Gobierno Nacional que le pidiera a la justicia estadounidense enviar todas las evidencias que se recolectaron en contra del exjefe guerrillero de las FARC, Jesús Santrich, para poder evaluar el pedido de extradición de ese país a Colombia. Primero, la carta fue dirigida a la Cancillería y esta le comunicó a la JEP que era el Ministerio de Justicia  el encargado de hacer la petición. Así que la misiva llegó a la cartera que dirige Gloria María Borrero, pero por razones que aún se desconocen, nunca arribó a Estados Unidos, su destino final. Este miércoles, la ministra informó a Linares que la carta nunca llegó a Washington y se quedó en Panamá. Lo sucedido podría tener efectos en el proceso que se le sigue a Santrich, debido a que el pasado 28 de enero se vencieron los términos para que las pruebas fueran entregadas y analizadas por los jueces de la JEP con el fin de tomar la decisión de si será extraditado o no a Estados Unidos.

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Consejo de Estado aplaza audiencia de pérdida de investidura de Jesús Santrich

El Consejo de Estado tuvo que aplazar la audiencia por pérdida de investidura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, debido a que las autoridades no realizaron el traslado desde el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en donde permanece retenido, hacia el centro de Bogotá, para que pudiera presentarse a la audiencia. La defensa del exjefe guerrillero denunció que se trata de una movida de obstrucción para que su cliente no puede defenderse de las acusaciones que le han hecho y culpó al ente investigador por el traslado fallido. La audiencia se reprogramó para el próximo 21 de enero de 2019. A pesar de que se buscó la forma de realizar la sesión por videollamada, de acuerdo a la recomendación hecha por la Fiscalía, que alegó falta de seguridad para el traslado del detenido, la consejería que lideraba el proceso denunció la ausencia de un procurador para garantizar los derechos de Santrich. Los miembros del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) aseguraron que el aplazamiento de la audiencia es un “sabotaje” por parte del Fiscal Néstor Humberto Martínez. “Continúan saboteando la paz y los derechos de nuestro partido político. ¡Liberen a nuestro compañero Santrich!”, escribió la senadora Sandra Ramírez en su cuenta en twitter.

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Consejo de Estado cita a audiencia a Santrich por perdida de investidura

En días pasados la JEP dejó en firme la decisión de practicar pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición requerida por el excomandante guerrillero. El Consejo de Estado citó este viernes al exjefe guerrillero Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, para que comparezca a una audiencia dentro del proceso que ese tribunal adelanta en su contra por pérdida de investidura. La diligencia se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en el Palacio de Justicia.  Por tal motivo el Consejo solicitó al Inpec el traslado del excomandante de la cárcel La Picota al lugar donde se cumplirá la audiencia. Santrich no se posesionó como congresista el pasado 20 de julio, debido a que fue capturado el 3 de abril de este año y solicitado en extradición por el gobierno de los Estados Unidos. El exdirigente guerrillero era uno de los  representantes del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), como quedó estipulado en el acuerdo de paz, en el punto sobre participación política. La demanda de pérdida de investidura la presentó la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes. Como Santrich está en una “situación de fuerza mayor”, era necesario que el Consejo de Estado se pronunciara y definiera si en este caso en particular se incurrió en una causal de pérdida de investidura. El exjefe guerrillero envió una carta en julio pasado al presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chachón, en la que reclamó su derecho a posesionarse como congresista, sin embargo, su solicitud fue rechazada.

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JEP deja en firme orden de práctica de pruebas en caso Santrich

No aceptó recursos de reposición de la Procuraduría y de la defensa. La Sección de Revisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dejó en firme la decisión de practicar pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición requerida por Seuxis Paucias Hernández Solarte, mejor conocido como Jesús Santrich, quien es solicitado en extradición por una Corte del Distrito Sur de Nueva York. “Mediante decisión mayoritaria adoptada el 15 de noviembre de 2018, (la Sección) resolvió no reponer el auto del 23 de octubre pasado que decretó pruebas en el proceso de aplicación de la garantía de no extradición solicitada por Seuxis Paucias Hernández Solarte”, aclaró el tribunal en un comunicado de prensa.  Según la JEP, al resolver los recursos presentados por la Procuraduría, y por la defensa de Hernández Solarte, la Sección destacó que “el trámite de garantía de no extradición es novedoso y diferente al que se desarrolla en materia de extradición ordinaria”.  “El auto del 15 de noviembre no comparte las consideraciones de la delegada del Ministerio Público cuando sostuvo que la Sección, en el ejercicio de su actividad jurisdiccional, no atendió los trámites ordinarios previstos en materia de extradición, usurpando y extralimitándose en las funciones”. La Procuraduría especificó, semanas atrás, que de acuerdo con la Ley 1922 de 2018, la Sección de Revisión no puede pronunciarse sobre la responsabilidad de quien es solicitado en extradición, sino que sus facultades se limitan a decidir si los hechos fueron cometidos antes o después de la firma de los Acuerdos de Paz.  

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