Consejo de Estado emite reordenamiento para conceder títulos de minería en el país
La ANM, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Minas y Energía, por petición del alto tribunal, deberán corregir el déficit de protección al medio ambiente ocasionado por el otorgamiento de títulos mineros en el país que deberá ajustarse a las prohibiciones y restricciones de explotación del subsuelo. El alto tribunal señaló el alto déficit de protección al medioambiente e hizo un llamado a entidades del Estado para adelantar acciones que permitan mitigar esas afectaciones a varios ecosistemas, dado que se evidenció que, al conceder los títulos mineros, no existen garantías para el cuidado del medio ambiente. Para el consejo de estado, un gran detonante para este problema es el nivel de desarticulación institucional de los sectores minero y ambiental, por el déficit de información y de ordenamiento minero-ambiental, contando además con el poco control que existe sobre los títulos mineros. Fueron ocho órdenes que la corporación entregó donde se estipula lo siguiente: El Ministerio de Ambiente, en dos años, deberá elaborar un documento que identifique los ecosistemas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, identificar las reservas forestales, las cuencas hidrográficas, las reservas naturales, los humedales, los páramos y las zonas compatibles con exploración minera que están ubicadas en la Sábana de Bogotá, para elaborar una cartografía de áreas de protección. Con la delimitación, deberán actualizar la información sobre cuáles son las zonas excluidas de la minería y en cuáles es posible realizar esa práctica. Además, se debe solicitar a quienes quieran un título minero, un certificado ambiental que garantice que el proyecto se realizará en un espacio protegido y si existe compatibilidad del proyecto con el propósito de conservación del medioambiente. Los ministerios deberán facilitar un inventario de Pasivos Ambientales Mineros – PAM e implementar un plan preventivo y correctivo, de corto a largo plazo. Asimismo, se deberá revisar los proyectos de ley y de reglamento sobre el procedimiento de evaluación de los títulos mineros, las figuras jurídicas de conservación de la biodiversidad, el trámite de sustracción de los ecosistemas protegidos, la regulación de los pasivos ambientales y a la exigibilidad del licenciamiento ambiental desde la fase de exploración. De otro lado, las entidades deberán ajustar la plataforma “Ana Minería” de tal forma que se pueda tramitar y fiscalizar el componente ambiental de los títulos mineros, aprovechando las herramientas tecnológicas garantizando la autenticidad, integridad y disponibilidad de la información. Por otro lado, deberán elaborar un estudio de diagnóstico y caracterización de todos los proyectos mineros del país, sus impactos ambientales negativos. Adicional, el Consejo de Estado ordenó que se cree una mesa de trabajo con las entidades encargadas, la Procuraduría y la Contraloría para generar un trabajo interseccional, donde la prioridad sería que instituciones del Estado y empresas mineras, velen por el medioambiente.
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