septiembre 8, 2026

grupos armados

Dictan medida de aseguramiento a integrante de “Los Pelusos” por masacre en El Tarra

En un trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército Nacional fue capturado Wilfredo Bayona Guerrero, alias ‘Leo’, presunto comandante de una de las milicias del Ejército Popular de Liberación (EPL), también conocidos como ‘Los Pelusos’.  Luego de legalizar la captura de ‘Leo’, y avalar la imputación, el juez del caso cobijó a Bayona con medida de aseguramiento intramural y lo envió a la penitenciaría La Modelo de Bogotá. Bayona Guerrero es considerado por la Fiscalía como presunto coautor de la masacre de El Tarra (Norte de Santander) ocurrida el 29 de julio de 2018. En este hecho perdieron la vida 10 personas, 4 de las cuales habían hecho parte de un grupo armado al margen de la ley. El capturado es indagado por el asesinato del líder social Deiver Quintero López, reconocido como tal por las Naciones Unidas (ONU). Este caso se presentó el pasado 18 de febrero, y tendría relación con las labores sociales que Quintero adelantaba con su comunidad; aunque no se descarta que también se relacione con su parentesco, como hermano, de un excombatiente de las desmovilizadas FARC, reconocido oficialmente por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). Alias ‘Leo’ fue imputado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con concierto para delinquir agravado, fabricación, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Por la masacre de El Tarra en el Norte de Santander, la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía General de la Nación ha logrado dos sentencias condenatorias contra igual número de personas capturadas en las dos últimas semanas. La (UEI) de la Fiscalía General de la Nación continúa en su esfuerzo por judicializar a los responsables de crímenes y/o amenazas contra líderes sociales o exintegrantes de grupos armados que decidieron retornar a la vida civil, lo mismo por intimidaciones contra sus familiares.

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Asesinan a cuatros personas en Jamundí. Autoridades culpan a disidencia de las FARC

Tres hombres y una mujer fueron encontrados muertos en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca, con varios impactos de arma de fuego en la cabeza. Según las autoridades de la zona, los cuerpos fueron hallados en la madrugada de este viernes en el interior de un vehículo. Aun no se conoce quienes son los responsables de este crimen, pero los primeros informes señalan a hombres de la disidencia de las Farc como sus autores. El alcalde del municipio de Jamundí, Edgar Yandi, aseguró que las autoridades realizan las investigaciones en el corregimiento de Guachinte, donde sucedieron los hechos.  “Lo que nos dicen es que las víctimas se movilizaban en un vehículo y los atacaron con arma de fuego”, relató. Entre las víctimas, se encuentra el hermano de uno de los funcionarios de la alcaldía de Jamundí y un conductor informal de la zona- Jamundí ha sido epicentro en los últimos meses  de varios hechos de violencia protagonizados por organizaciones armadas ilegales como el ELN, y la banda Los Pelusos. El Defensor del Pueblo, Carlos Negret, alertó sobre la presencia de carteles mexicanos en el municipio, donde  grupos al servicio del narcotráfico se han asentado para tomar control de algunas rutas utilizadas para llevar cocaína hasta México y de allí a Estados Unidos.

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Colombia evalúa cerrar frontera con Venezuela por elecciones regionales

El Gobierno Nacional evalúa la posibilidad de cerrar la frontera con Venezuela durante las elecciones del 27 de octubre, así como aumentar la seguridad para el traslado del material antes y después de las votaciones en la zona. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, reconoció que para el gobierno es muy preocupante la influencia que pueden tener grupos armados como el ELN y el paramilitarismo en departamentos fronterizos como Arauca en la jornada electoral. “La problemática de Arauca es conocida por todo el país. La influencia del Eln, la situación difícil que hay con Venezuela, estos son problemas que tiene el departamento y que tienen una preocupación grande para el Presidente Iván Duque”, dijo. La funcionaria presidió un consejo de seguridad en la región, en el cual los candidatos a corporaciones públicas le manifestaron su preocupación frente a los riesgos y amenazas a las que están expuestas por su participación en la contienda electoral. Por ello, le solicitaron al Gobierno Nacional redoblar su seguridad, ya que la presencia de grupos armados ilegales en el departamento puede afectar el normal desarrollo del proceso y poner en peligro su vida. En estos últimos meses de campaña electoral, se han presentado ataques y amenazas contra más de medio centenar de candidatos a alcaldías, concejos y asambleas departamentales, por lo que los partidos políticos han pedido al Estado mayor protección para sus aspirantes.

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La violencia en Cauca, incrementa el temor de la población

Durante las últimas semanas, se han evidenciado ataques en la región del Cauca a candidatos postulados a las próximas elecciones, como también a líderes sociales y de comunidades indígenas de este territorio. Los asesinatos y amenazas por parte de bandas criminales, especialmente en Toribio y Corinto, han incrementado el desplazamiento de la población por temor a nuevos hechos de violencia. El crimen de Karina García, la candidata a la alcaldía de Suárez, y los cinco acompañantes que viajaban con ella, mantiene en alerta a las autoridades. Y es que en lo que va transcurrido del año 2019, se ha cometido entre 22 y 23 asesinatos de líderes sociales en diferentes zonas del departamento. La violencia que se vive en la región del Cauca es un tema que no puede pasar desapercibido; además de la pobreza, por su ubicación geográfica, la zona es estratégica para los grupos armados, para el cultivo ilícito, el desplazamiento de las comunidades, y las crudas matanzas que se presentan en el territorio. Tras el acuerdo de paz firmado en 2016, se superaban las expectativas frente a la situación crítica que no solo vive el Cauca, sino otros departamentos colombianos que han sufrido masacres y atentados que se asocian con el conflicto armado. “Aunque no podemos hablar de una guerra en pasado, pues en nuestro territorio el conflicto armado sigue vigente con la presencia de grupos armados y las amenazas que seguimos  recibiendo, tenemos la esperanza de que la Comisión incluya nuestra verdad en su informe final y que reconozca que en medio del conflicto tenemos unas afectaciones particulares” Afirmo la líder social, Clemencia Carabalí.  

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Asesinato de la candidata a la Alcaldía de Suárez – Cauca, junto a cinco acompañantes

En horas de la mañana, se informó que Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca por el partido Liberal, fue asesinada en el corregimiento de Betulia, por disidencias de las FARC al mando de alias Mayimbú, mientras iba en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). La candidata iba junto a cinco personas más, entre los que se encontraba su madre y los escoltas asignados por la UNP, de los cuales se presume uno sobrevivió y logró escapar; quién afirma que había un vehículo en la carretera, desde donde les dispararon. En días anteriores de este infortunado suceso, se presentaron amenazas de grupos armados, a la candidata y su campaña, advirtiéndole de retirar la publicidad de su campaña, situación que fue puesta en conocimiento de las autoridades al instante. Incluso, la candidata se pronunció por redes sociales, denunciando las amenazas que habían recibido ella y los integrantes de su campaña, por parte de estos grupos. #NoQuremosVivirEnGuerra / Ella era Karina García Sierra, nuestra candidata la alcaldía de Suarez, Cauca. Miserables nos la masacraron junto a su mamá y sus escoltas. Presidente @IvanDuque y las garantías al derecho a la vida ? @PartidoLiberal pic.twitter.com/K0oAJpijfw — Partido Liberal (@PartidoLiberal) September 2, 2019 Hasta el momento solo se conoce un pronunciamiento oficial y es el del alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, quien responsabilizó del hecho a disidencias de las FARC, en particular a la facción comandada por Mayimbú, ”cuadrilla que se conoce como la Jaime Martínez y también la Dagoberto Ramos, asumimos que es el responsable por la influencia en esta zona de este crimen atroz”, explicó. Cabe recordar, que en esta zona del país, se presentaron 3 asesinatos el pasado sábado; el Cauca, es una de las zonas más vulnerables y perpetuadas por la violencia, y se encuentran grupos ilegales que operan desde allí. Las autoridades abrieron una investigación tras el atentado y se encuentra en la búsqueda de los responsables de este lamentable hecho.

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El conflicto armado interno en Colombia sí existe

La firma del acuerdo de paz en 2016 fue un paso importante para terminar las acciones armadas con una organización que por más de 50 años estuvo al margen de la ley. Sin embargo, Colombia tiene varios grupos altamente organizados como el ELN, EPL, las AGC, la Oficina de Envigado y las disidencias de las FARC, que no se han desmovilizado y con los que una victoria militar se ve imposible en un futuro próximo. El conflicto armado sigue, con un actor menos, pero sigue, solo hay que preguntarles a las 38.490 personas desplazadas este año, si alguna vez creen que el país está o estará en paz; es a ellos a los que se les debe preguntar cómo está la situación actualmente. Para entender sus orígenes es importante mirar el contexto en que se ha desarrollado. Empecemos por lo básico, los conflictos armados en el mundo son clasificados de acuerdo a la convención de Ginebra de dos maneras; la primera, como conflicto armado internacional es cuando dos o más estados soberanos entran en disputa y recurren a la fuerza armada; la segunda, un conflicto armado interno o no internacional  “comprendería las acciones armadas en el interior de un Estado que dan lugar a hostilidades dirigidas contra un gobierno legal, que presentan un carácter colectivo y un mínimo de organización”.  “El conflicto armado es altamente territorializado, lo cual quiere decir que los que lo padecen en toda su intensidad son las comunidades en los albores de la nación” Es así como, en Colombia se llevan a cabo acciones armadas dirigidas contra un gobierno legal, como las que ocurren en la subregión del Catatumbo, el bajo Cauca, el pacífico nariñense y el departamento de Arauca, que dan muestras de actos dirigidos a instaurar un estado paralelo de control social y político, en contra del estado nacional constitucional. Las diferentes formas de control social consisten en la manera como el grupo armado controla el comercio, los medios de transporte e imparte reglas para el orden social y son a las que la comunidad acude en caso de disputas para que impartan justicia. Estas tecnologías de control social las podemos ver en diferentes lugares como El Tarra, Norte de Santander, EL Charco, Nariño, Rio Sucio, Chocó en donde existe un alto nivel de conflictividad entre organizaciones armadas legales e ilegales. El conflicto armado es altamente territorializado, lo cual quiere decir que los que lo padecen en toda su intensidad son las comunidades en los albores de la nación: los indígenas, las comunidades negras, los campesinos, que después de la desmovilización de la guerrilla de las FARC quedaron a merced de los nuevos grupos armados ya que el Estado en su totalidad no quiso hacer presencia social o militar. Últimamente la noción de conflicto armado interno ha pasado de moda, los problemas de seguridad son reducidos a exabruptos en pequeñas localidades lejanas del centro andino y político del país, lo cual genera un distanciamiento y una apatía nacional que aparta, enajena a las víctimas y las convierte en extrañas en su propio país.

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La Defensoría del Pueblo denuncia desplazamiento en Nariño por conflicto

“Estas situaciones han generado afectaciones en los usos y costumbres de las comunidades, ha sido vulnerado el derecho de acceso a educación y se han presentado afectaciones en la salud de las personas”: Defensoría del Pueblo. Entre enero y agosto del 2018 se han presentado 19 eventos de desplazamiento forzado masivo en el departamento de Nariño, que han afectado 2.409 familias (7.441 personas). Así lo denunció la Defensoría del Pueblo en un nuevo boletín informativo. El éxodo interno se ha presentado por los presuntos enfrentamientos entre los grupos armados ilegales Frente Oliver Sinisterra (FOS), Guerrillas Unidas del Pacífico (GUP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes se disputan el control territorial “La zona con mayor afectación ha sido el municipio de Roberto Payán donde se han presentado nueve eventos de desplazamiento masivo que han dejado 493 familias desplazadas (1.415 personas) de las veredas Tasdan, Cualiman, Las Brisas de Muñambi, Fátima, Tamaje, El Cedro, Papi Trinidad, Papi Palma, Papi Boca y Papi Playa, pertenecientes a los Consejos Comunitarios Unión de Cuenca y El Progreso”, explicó el documento. Según el documento, en el municipio de Tumaco se presentó la salida masiva de población en los barrios Once de Noviembre, Tangarial, La Paz, Viento Libre, Buenos Aires y Tres Cruces de la Comuna Cinco, donde fueron afectadas 1.217 familias (4.148 personas) y un descentramiento en el Resguardo Piedra Sellada de donde salieron 12 familias (58 personas). De acuerdo con la Defensoría, las medidas de atención en alimentación y alojamiento temporal durante las emergencias humanitarias han desbordado la capacidad de las Alcaldías Municipales. La entidad advirtió sobre la presencia de grupos ilegales “postdesmovilización, disidencias de las FARC y el ELN, que han provocado desplazamientos, amenazas generalizadas, homicidios y confinamientos”. “La Defensoría del Pueblo, con el fin de garantizar la protección, atención y defensa de los derechos humanos de la población afectada, ha realizado gestiones como: misiones humanitarias y de verificación, trabajo articulado con otros entes humanitarios nacionales e internacionales, incidencia ante las autoridades locales, participación en los Comités Territoriales de Justicia Transicional y acciones de acompañamiento a la población desplazada y confinada”, concluyó el informe.

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