Por: Julián Peinado Representante a la Cámara por Antioquia del Partido Liberal Uno de los primeros anuncios del nuevo Gobierno del Presidente Iván Duque fue su intención de revivir las aspersiones aéreas con glifosato para combatir la expansión de los cultivos ilícitos, especialmente de coca, que han presentado un notable aumento en los últimos años; no obstante, estamos ante un episodio donde el remedio que se está proponiendo puede ser peor que la enfermedad. El uso de este químico fue suspendido en el país desde mayo del 2015 cuando el Consejo Nacional de Estupefacientes revisó conceptos de la Corte Constitucional, la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud y Protección Social que indicaban que el glifosato podría ser potencialmente cancerígeno para la población. En consecuencia, en ese momento el Estado se acogió al ‘Principio de Precaución’ consagrado en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y en la ley 165 de 1994 que aseguraba que, con el fin de proteger el medioambiente, “cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, hay un mandato que indica que si hay duda de que algo sea perjudicial, lo más sensato es abstenerse, y ese es el deber que tienen los gobernantes de este país, salvaguardar al territorio y a sus gobernados ante toda amenaza. “Hay un mandato que indica que si hay duda de que algo sea perjudicial, lo más sensato es abstenerse, y ese es el deber que tienen los gobernantes de este país” En consecuencia, en ese momento el Estado se acogió al ‘Principio de Precaución’ consagrado en la Declaración de Río de Janeiro de 1992 y en la ley 165 de 1994 que aseguraba que, con el fin de proteger el medioambiente, “cuando haya peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente”. Es decir, hay un mandato que indica que si hay duda de que algo sea perjudicial, lo más sensato es abstenerse, y ese es el deber que tienen los gobernantes de este país, salvaguardar al territorio y a sus gobernados ante toda amenaza. Así lo han entendido los jefes de diferentes naciones que cada día se suman a la lista de países que restringen el uso de esta sustancia en sus territorios o que, como en el caso del Parlamento Europeo, sugieren su eliminación progresiva luego de que la ciudadanía recolectara un millón de firmas para ese propósito. Aun así, pese a que el mundo avanza en esa dirección, el Gobierno insiste en reanudar las aspersiones con glifosato argumentando “falta de evidencia científica” sobre los daños que esta sustancia pueda generar. Sin embargo, no es cierto que sean pocos los estudios al respecto y la sola intención de aprobar su uso bajo riesgo, violenta el principio de precaución que está protegido por tratados internacionales y por nuestro bloque constitucional. Ejemplo de ello, son los estudios de Caroline Cox (1995) y de Bárbara Dinham (1998), reconocidas toxicólogas estadounidenses, los cuales demuestran que los herbicidas que contienen glifosato son altamente tóxicos generando un fuerte impacto en sus ecosistemas. En Francia el señor Gilles Eric Seralini, profesor de biología molecular de la Universidad de Caen, concluyó que “aún en dosis diluidas mil veces, los herbicidas Roundup estimulan la muerte de las células de embriones humanos, lo que podría provocar malformaciones, abortos, problemas hormonales, genitales o de reproducción, además de distintos tipos de cánceres”. Desde 2008 hasta noviembre del 2018, se han presentado 273 demandas en contra del Estado por el uso del herbicida También existe el fallo reciente en el que un juzgado de Estados Unidos multó a Monsanto, productora de glifosato, con una indemnización de 289 millones de dólares al granjero Dewayne Johnson que actualmente sufre de un cáncer terminal, aparentemente como consecuencia de la alta exposición que tuvo al químico a través de aspersiones terrestres y aéreas. En Colombia no somos ajenos a esta situación, pues desde 2008 hasta noviembre del 2018, se han presentado 273 demandas en contra del Estado por el uso del herbicida, donde la mayoría de los fallos han sido desfavorables a la Fuerza Pública, teniendo que cancelar en tan solo el año 2015 alrededor de 11.110 millones de pesos en indemnizaciones. En el récord histórico solamente la Policía Nacional ya ha tenido que pagar más de 18.000 millones de pesos en condenas. Estas sentencias, además de ser consecuencia de un daño a la población, representan un desangre económico para la nación que podría evitarse, reinvirtiendo esos recursos en educación o en la sustitución de cultivos, lo que permitiría ofrecer soluciones de base para este problema, que se nutre de la falta de oportunidades que sufren comunidades apartadas. Esperamos que el Gobierno en cabeza del presidente Iván Duque se tome el tiempo de escuchar a la comunidad científica, a los campesinos y al gremio de la salud, y luego adopte la mejor decisión en obediencia a ese mandato que hizo el 7 de agosto cuando juró cumplir fielmente la Constitución de 1991 que en su artículo segundo consagra que “las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades”.
