julio 20, 2024
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FuerzasMilitares

Álvaro Uribe y Andrés Pastrana testificarán ante la JEP por ‘Falsos Positivos’

El coronel retirado, Hernán Mejía, solicitó la comparecencia de los expresidentes como testigos en los más de 70 crímenes de guerra y lesa humanidad. Empezó la primera audiencia preparatoria contra el coronel (r) retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez quién se presentó ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz. Durante el juicio no aceptó responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que le fueron imputados por el caso 3 de ‘Falsos Positivos’. Mejía Gutiérrez quien fue comandante del Batallón de Artillería No. 2 “La Popa” de Valledupar entre el 9 de enero de 2002 y el 8 de enero de 2004, fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) por al menos 35 hechos en los cuales se habría victimizado a 72 personas por “conductas constitutivas de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en calidad de autor y coautor mediato”. Frente al caso (3) de asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, Mejía Gutiérrez solicitó que los expresidentes Álvaro Uribe Vélez y Andrés Pastrana Arango, fueran aceptados como testigos al juicio público que se llevará a cabo los días 16 al 19 de septiembre de 2024 en la Ciudad de Valledupar (Cesar), petición que fue aceptada por el mecanismo de justicia transicional. Según la defensa del acusado con los testigos se busca corroborar su teoría de que actuó como comandante del batallón en cumplimiento de órdenes y que sus operaciones militares fueron legítimas.  La UIA identificó tres diferentes formas de proceder: Víctimas retenidas y asesinadas por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)​, cuyos cuerpos fueron entregados al IAOP liderado por el procesado, quien luego de simular un combate, los presentó como el resultado de una operación militar.     Víctimas retenidas y entregadas con vida por las AUC al IAOP del procesado, para que fueran asesinadas y sus cuerpos fueran presentados como bajas en combate.   Víctimas que fueron señaladas por las AUC de pertenecer o auxiliar a otros grupos armados ilegales, para que los integrantes del IAOP liderado por el procesado, les quitaran la vida y los presentaran como resultados de las operaciones militares. La magistrada Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra explicó cómo las víctimas participarán activamente en el juicio adversarial transicional en Cesar y Bogotá, destacando su papel central en este modelo. Además, se fijaron fechas para el juicio: octubre 17, 18, 28, 29; noviembre 12, 13, 25, 27; y diciembre 3, 4 de 2024, donde las víctimas podrán interrogar directamente al acusado.

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Grupos armados habrían ultimado al menos 30 soldados en lo corrido de 2024

Al parecer la violencia desatada en los territorios en los últimos meses deja un saldo inquietante en donde más de 20 soldados han sido asesinados en combate, seis en campos minados y cuatro por hostigamiento, en lo corrido del año. Asimismo, se conoció que, 42 militares han resultado heridos en combates, 41 en campos minados y 25 por hostigamiento. Los ataques con drones también hacen parte de estas funestas estadísticas dejando como resultado que las tropas militares hayan sido impactadas 29 veces, principalmente en el departamento del Cauca, de igual forma se han ejecutado 206 combates entre el Ejército y la guerrilla. Producto de la influencia que estas células al margen de la ley ejercen en los territorios las tropas han sido objeto de al menos 21 asonadas en contra de las autoridades, asimismo las autoridades han rescatado 249 menores de edad víctimas por el reclutamiento forzado. Por otra parte, las Fuerzas Militares han capturado 7.288 personas integrantes de diversas estructuras criminales, como Farc, ELN, Clan del Golfo y grupos delincuenciales. Adicionalmente las Fuerzas Militares han incautado 22.312 kilos de explosivos, 10.447 artefactos explosivos, 167.098 municiones; 1.433 en armas cortas y 399 armas largas que estarían destinadas al uso de las estructuras criminales que imperan en la zona. Se han incautado 324.223 kilos de cocaína, 5.559 kilos de pasta base de coca, 5.171 base de coca. En cuanto a bienes y vehículos de procedencia ilícita, se pasaron a extinción de dominio y a disposición de las autoridades competentes, 281 inmuebles avaluados en $164.858.419.170.

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Presidente Petro propone estado de excepción en el Pacífico

En su visita al departamento del Cauca el presidente Gustavo Petro propuso algunas medidas para garantizar el avance de las obras de infraestructura en zonas de conflicto. La población del suroccidente del país se encuentra amenazada por el incremento de los ataques de grupos armados. En los últimos meses, se han registrado varios ataques terroristas del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc en municipios del sur del Valle y el norte del Cauca, situación que ha llevado al Gobierno Nacional a buscar medidas urgentes para restablecer la seguridad en estos territorios. En este propósito, el presidente Gustavo Petro propuso decretar estado de excepción, por lo menos en el Pacífico, con el fin de garantizar la terminación de las obras de infraestructura que hoy están detenidas debido a la situación de orden público.  “Tenemos que trabajar en una situación real, ameritaría un estado de excepción, discutanlo a mí ya me tumbaron uno cuando los niños de La Guajira no tenían agua, o dentro de la arquitectura y normativa actual podemos movernos”, dijo el mandatario.  “El Ejército tiene que asumir una responsabilidad y es desarrollar el departamento social; el departamento de obras públicas de Colombia, transitoriamente, mientras dure el conflicto tiene que asumirlo las Fuerzas Militares con toda la asesoría del Gobierno”, indicó.   

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‘Otoniel’ declaró sobre ‘Falsos Positivos’ ante la JEP

Dairo Antonio Úsuga alias Otoniel exjefe del Clan del Golfo, declaró ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial de Paz en el marco de los casos 03 y 06 donde se indagan los llamados ‘falsos positivos’, y la victimización contra integrantes de la UP. El ente indicó al respecto de la toma de testimonio a alias Otoniel que este se llevó a cabo en la sede de la Penitenciaria de Máxima Seguridad, ‘ADX’ o ‘Supermax’, de Florence, Colorado, Estados Unidos. Durante el acto el exjefe del Clan del Golfo insistió en vincular a integrantes de la fuerza pública con la estructura al margen de la ley a la cual perteneció e incluso detalló estrategias que en su momento el Clan del Golfo puso en marcha según su versión con el apoyo de algunos miembros de la Policía y las Fuerzas Militares de la época, todo con el fin ejecutar los asesinatos y desapariciones forzadas por los cuales estaría respondiendo ante la JEP. Entre otras cosas ‘Otoniel’ también hizo referencia según la JEP a presuntas alianzas con políticos tanto a nivel nacional como regional, así como con civiles, organizaciones armadas ilegales, Ejército Popular de Liberación y Autodefensas Unidas de Colombia. Cabe destacar que durante la audiencia la JEP garantizó la participación de las víctimas acreditadas en ambos macro casos, así como también de sus representantes judiciales, para que formularan preguntas por escrito, esto en vista de la restricción del Departamento de Justicia estadounidense de hacer grabaciones o conexiones vía internet durante estas diligencias.

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En San Juan del Cesar (La Guajira), las historias de hombres y mujeres indígenas de las etnias Wiwa y Wayúu quedaron visibilizadas ante los ojos del país y de, al menos, 80 comparecientes exmilitares quienes, vía Teams, siguieron la segunda audiencia de observaciones del Subcaso Costa Caribe del Caso 03 ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate’.

En San Juan del Cesar, víctimas Wiwa y Wayúu relataron a la JEP cómo fueron perseguidos y asesinados por hombres del Ejército

En San Juan del Cesar (La Guajira), las historias de hombres y mujeres indígenas de las etnias Wiwa y Wayúu quedaron visibilizadas ante los ojos del país y de, al menos, 80 comparecientes exmilitares quienes, vía Teams, siguieron la segunda audiencia de observaciones del Subcaso Costa Caribe del Caso 03 ‘Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate’. En un auditorio adornado con chinchorros, mochilas y un árbol de cañaguate que evocaba la belleza de esta región, integrantes de los pueblos Wiwa y Wayúu alzaron sus voces para preguntar a los comparecientes las razones concretas que llevaron a que sus familiares fueran retenidos, desparecidos y asesinados para engrosar las listas presentadas como ‘bajas en combate’ entre 2004 y 2008. La audiencia fue el reflejo de las afectaciones e impactos diferenciados y desproporcionados que sufrieron las comunidades étnicas en el marco del conflicto armado. Autoridades tradicionales políticas y espirituales contaron a la magistratura cómo la guerra afectó no solo a las familias sino a todo el pueblo, en sus usos y costumbres, en la forma como se materializa la cosmovisión y en el rol de las mujeres en sus comunidades. “Llegó el momento de que podamos expresar lo que hemos guardado durante tantos años. Ya es hora de que nos escuchen los culpables, las personas que se ensañaron en contra de nuestras comunidades. Es hora de que escuchen nuestro clamor”, dijo Melbys Esther Daza Martínez, una de las víctimas wiwa durante su intervención. “Nos desangraron, nos violentaron, nos humillaron nos quitaron la luz, la alegría, el brillo, nos quitaron la sonrisa, la ilusión, les quitaron las ganas a mis hijos de ser alguien en la vida. Es como si me hubieran cortado el brazo derecho cuando lo asesinaron. A ustedes los mandaban a proteger a los civiles, a cuidar a los indígenas y hacían todo lo contrario. Iban a masacrarnos y detrás de ellos llegaban los ‘mocha cabezas’, la gente de las AUC”, agregó. Uno de los casos que más conmovió a los asistentes y a la magistratura, fue el de Yajaira Nieves Oñate, una mujer wiwa que fue asesinada en estado de embarazo y delante de sus tres hijos. “Estábamos sentados esperando el desayuno y de repente sonaron disparos, sin ningún enfrentamiento. Solo vimos cuando cayó mi mamá al suelo. Todo quedó en silencio”, dijo Alison Alberto, hijo de la víctima. A su turno, Betsy Cristina, también hija de la víctima y quien recibió un disparo en su pie derecho en el momento de los hechos, dijo: “Quiero que se limpie el nombre de mi mamá y que la sociedad se dé cuenta quiénes eran los verdaderos criminales en ese momento”. Pero no solo se escucharon las victimizaciones al pueblo Wiwa. Los Wayúu también tomaron la palabra para recordar a sus familiares y pedir justicia y verdad. “Durante años me la he pasado en el psicólogo y he vivido con miedo. Me tuvieron que retirar de la escuela dos años consecutivos porque no me concentraba en clases. Quisiera que las personas que mataron a mi papá digan la verdad”, dijo Kearis Solano Ariza, una joven Wayúu, hija de Sergio Andrés Solano, que fue retenido y posteriormente asesinado por tropas del Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 ‘Cr. Juan José Rondón’ (GMRON). “Agradecemos a los pueblos indígenas por confiar en la JEP y por su voluntad de construir conjuntamente este proceso. Esperamos seguir dialogando con las víctimas quienes finalmente son las que tienen un papel central en los Acuerdos de Paz”, fueron algunas de las palabras del magistrado Óscar Parra quien presidió la diligencia junto al magistrado Camilo Bernal y la magistrada Irina Jurnieles. Parra aseguró que, “una de las modalidades más importantes de reconocimiento se da en la escucha, permitiendo que identidades violentadas, sean restablecidas. Que la voz de las victimas retumbe en relación con ese silencio que acompañó esos crímenes durante años”. Los relatos de estas víctimas étnicas serán claves para determinar la ocurrencia de los asesinatos y desapariciones forzadas, autores y circunstancias en las que se perpetraron los crímenes, esclarecer las motivaciones de sus perpetradores y el contexto en el que se insertaron los ataques. La última parte de la audiencia de observaciones en el marco del Subcaso Costa Caribe del Caso 03 se realizará los próximos 27 y 28 de marzo en Barranquilla. Se trata de un espacio en el que estarán familiares de víctimas que vivían en Santa Marta o Barranquilla y quienes no habían tenido la oportunidad de participar en los procesos de la JEP. Por esa razón la magistratura llegó a la conclusión que era necesario habilitar el espacio para escuchar los testimonios de padres, esposas, hermanos que siguen buscando verdad y continúan con la necesidad de saber qué pasó con sus familiares y por qué fueron llevados con promesas falsas y engaños desde el departamento del Atlántico hasta el del Cesar o La Guajira para posteriormente ser asesinados. Tomado Jurisdicción Especial para la Paz

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Con la destrucción de este material, que pertenecería al Grupo Armado Organizado  residual, GAO, estructura 'Jorge Briceño Suárez' de las disidencias de las Farc, se evita, entre otras, la afectación a la vida y la integridad física de las comunidades de Meta, Caquetá y Putumayo.

Fuerzas Militares ubicaron más de 2.100 minas antipersonal en el Meta

Con la destrucción de este material, que pertenecería al Grupo Armado Organizado  residual, GAO, estructura ‘Jorge Briceño Suárez’ de las disidencias de las Farc, se evita, entre otras, la afectación a la vida y la integridad física de las comunidades de Meta, Caquetá y Putumayo. Tras operaciones de control territorial y presencia institucional, las Fuerzas Militares localizaron un depósito ilegal con más de dos mil artefactos explosivos, con los que, al parecer, se realizarían acciones criminales en contra de la Fuerza Pública y la población civil. El hallazgo fue realizado por tropas de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, quienes llegaron hasta la vereda Los Andes, zona rural de Puerto Concordia al sur del Meta. Allí, con el apoyo de caninos antiexplosivos, fue localizado el sitio donde los uniformados encontraron 2.116 minas antipersonal que contenían en su interior más de una tonelada de explosivos y 604 kilogramos de metralla, las cuales tendrían método de activación por presión, por lo que procedieron a su destrucción de manera controlada en el lugar de los hechos. El material destruido pertenecería al GAO residual ‘Jorge Briceño Suárez’, que delinque en la región, y se presume tenía como destino los departamentos de Caquetá y Putumayo, en donde serían utilizados por integrantes de ese grupo, en contra de la vida y la integridad física de la población civil y la Fuerza Pública. En la zona continúa la presencia de las tropas con el objetivo de localizar a la estructura a la que pertenecerían estas peligrosas trampas. Las Fuerzas Militares de Colombia continuarán desarrollando operaciones en contra de los grupos armados organizados, reduciendo su capacidad de afectación a la comunidad, al tiempo que invita para que denuncien ante las autoridades competentes aquellos actos delictivos en contra del desarrollo y la seguridad del suroriente colombiano. Tomado del Comando General de las Fuerzas Militares

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A bordo del Cantón Militar de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, en Tumaco - Nariño, se llevó a cabo una reunión bilateral entre los Jefes de Estado Mayor Naval de Operaciones de las Armadas de Colombia y Ecuador, con el fin de fortalecer la interoperabilidad en la proyección y ejecución de operaciones navales contra el narcotráfico para este año 2023.

Reunión bilateral entre la Armada de Colombia y la Armada de Ecuador

A bordo del Cantón Militar de la Brigada de Infantería de Marina No. 4, en Tumaco – Nariño, se llevó a cabo una reunión bilateral entre los Jefes de Estado Mayor Naval de Operaciones de las Armadas de Colombia y Ecuador, con el fin de fortalecer la interoperabilidad en la proyección y ejecución de operaciones navales contra el narcotráfico para este año 2023. El encuentro fue presidido por el vicealmirante Orlando Grisales Franceschi, Jefe de Estado Mayor Naval de Operaciones de la Armada de Colombia, junto al contralmirante Óscar Noboa Estrella, Comandante de Operaciones Navales de la Armada del Ecuador, quienes en compañía de sus delegados conversaron sobre el desarrollo de las operaciones navales combinadas y simultáneas, con el propósito de continuar contrarrestando el accionar delictivo de los grupos al margen de la ley, que hacen uso del mar y de los ríos como corredores de movilidad para la cadena del narcotráfico y delitos conexos en la zona fronteriza. Del mismo modo, durante la reunión verificaron las estrategias operacionales que han venido desarrollando a través de las coordinaciones entre las agencias de inteligencia, las cuales han permitido resultados operacionales de gran impacto en contra de los diferentes grupos ilegales que delinquen en la frontera colombo-ecuatoriana. La Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Pacífico, continuará adelantando esfuerzos operacionales de forma conjunta y combinada en el área de frontera con el vecino país de Ecuador, en aras de mantener la lucha frontal contra el tráfico de drogas, principal factor de inestabilidad para ambas naciones. Tomado del Comado General de las Fuerzas Armadas.

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El alto oficial tiene una carrera de más de 27 años y ha estado en importantes unidades militares como el Batallón de Operaciones Terrestres No.1 en Caquetá, el Grupo Mecanizado General Gabriel Reveiz Pizarro en Arauca, el Grupo Guías del Casanare entre otros y el Grupo Mecanizado ‘General José Miguel Silva Plazas en Boyacá’.

Coronel Giovanni Montañez es el nuevo director de los Gaula Militares

El alto oficial tiene una carrera de más de 27 años y ha estado en importantes unidades militares como el Batallón de Operaciones Terrestres No.1 en Caquetá, el Grupo Mecanizado General Gabriel Reveiz Pizarro en Arauca, el Grupo Guías del Casanare entre otros y el Grupo Mecanizado ‘General José Miguel Silva Plazas en Boyacá’. Con el objetivo de fortalecer las estrategias en contra de la extorsión y el secuestro, así como seguir generando confianza entre la población civil y las unidades que se tienen desplegadas en puntos estratégicos del país, el coronel Giovanni Montañez Acosta es el nuevo Director Nacional de los Gaula Militares. Los Gaula hace parte de las unidades elite del Comando General de las Fuerzas Militares y asignadas operacionalmente al Ejército y la Armada, y tienen como misión principal la de realizar acciones ofensivas y de prevención en contra del secuestro y la extorsión, y así garantizar la seguridad, bienestar y libertad de la población. El alto oficial cuenta con una experiencia militar de más de 27 años en diferentes unidades del Ejército Nacional y las Fuerzas Militares. Fue Comandante del Batallón de Operaciones Terrestre No.1 en la región del Bajo Caguán, Caquetá, fue segundo Comandante del Grupo Mecanizado José Miguel Silva Plazas en Boyacá, también hizo parte como Oficial de Operaciones del Grupo Mecanizado No.18 ‘General Gabriel Reveiz Pizarro’. De igual manera ha estado en el Batallón de Combate Terrestre No.5 y No.71, en Caquetá. Fue Oficial de planta y docente de la Escuela Militar de Cadetes ‘General José María Córdova’ e Instructor en la Escuela de Caballería del Ejército Nacional. El coronel Montañez Acosta, quien viene de ser Jefe de Estado de Mayor de la Brigada Liviana de Caballería del Ejército Nacional, es profesional en Ciencias Militares y administración de empresas. Cuenta con especializaciones en Seguridad y Defensa Nacional, administración de recursos militares para la Defensa Nacional y en docencia universitaria Así mismo ha realizado cursos, diplomados y capacitaciones en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Derecho Internacional Humanitario de los Conflicto Armados, Derecho Penal Internacional, en crimen trasnacional y redes de terrorismo internacional como factores de amenaza hibrida. Así mismo adelantó estudios en Operacional de Paz con la ONU. El militar, oriundo de Bogotá, tiene experiencia como docente militar, instructor de caballería, inspector integral, manejo del talento humano y recursos públicos. Por su destacada carrera militar ha sido reconocido con las medallas Orden del Mérito Militar Antonio Nariño categoría oficial, Orden del mérito Militar José María Córdova categoría comendador, Servicios distinguidos en orden público, la medalla militar ‘Campaña del Sur’, la medalla militar servicios distinguidos a las FFMM, Fe en la Causa tanto la de Comando General de las Fuerzas Militares y Ejército Nacional, la medalla San Jorge, la de ‘Escuela Militar de Cadetes’, entre otras. Bajo su dirección estarán 32 Grupos de Acción Unificada para la Libertad Personal, desplegados en puntos estratégicos a lo largo y ancho de la geografía nacional. Dentro de los principales retos del coronel Giovanni Montañez Acosta se encuentra el de atacar el flagelo de la extorsión, fortalecer el sistema operacional y de inteligencia de sus unidades y afianzar los lazos de confianza con la población con el objetivo de crear un ambiente propicio que permita que las víctimas denuncien. Los Gaula Militares cuentan con el apoyo del CTI de la Fiscalía y tienen entrenamiento diferencial para llevar a cabo operaciones de rescate de secuestrados y desmantelamiento grupos ilegales causantes de los delitos que menoscaban la libertad personal. Con la línea nacional gratuita 147, la cual opera durante las 24 horas del día, los ciudadanos pueden comunicarse de manera segura para obtener ayuda, asesoría y acompañamiento ante hechos que pongan en riesgo su tranquilidad o la de sus familiares. Tomado del Comando General de las Fuerzas Militares

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El Batallón de Operaciones Terrestres No.23, de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, en el marco del Plan Ayacucho, busca contribuir al sostenimiento de los ecosistemas y el medio ambiente, por ello se llevó a cabo la iniciativa por parte de los soldados de construir un vivero artesanal en las instalaciones del cantón militar, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, logrando desde el 2022 la siembra de 100.000 árboles propios de la región.

Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles busca reforestar los territorios afectados por la minería ilegal y los cultivos ilícitos

El Batallón de Operaciones Terrestres No.23, de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, en el marco del Plan Ayacucho, busca contribuir al sostenimiento de los ecosistemas y el medio ambiente, por ello se llevó a cabo la iniciativa por parte de los soldados de construir un vivero artesanal en las instalaciones del cantón militar, ubicado en el municipio de Puerto Libertador, Córdoba, logrando desde el 2022 la siembra de 100.000 árboles propios de la región. El proceso inicia con la recolección de las semillas en el área de operaciones por parte de los soldados, posteriormente se transportan en vuelos helicoportados durante los abastecimientos. Al llegar al Batallón, se hace la entrega al personal encargado del vivero, quienes verifican el estado de las semillas y su origen. Después, se hace el proceso de germinación y estudio de crecimiento para luego ser llevadas a las bolsas de arroz reutilizables que proporcionan los comedores de las tropas y los soldados del área de operación del BATOT 23, aportando aproximadamente 1900 bolsas de arroz mensualmente. Las plantas son transportadas a las bolsas plásticas en donde permanecen dos meses y medio. En ese lapso, se realizan controles de manera periódica para mantenerlas sanas y puedan ser entregadas a entidades públicas, privadas, líderes sociales y juntas de acción comunal, logrando con esto, campañas de reforestación y la recuperación de fuentes hídricas. En el proceso también se elabora abono orgánico con residuos de cascaras de plátano, yuca, pepino, papa y demás verduras, las cuales pasan por una fase de descomposición para mezclarlas más adelante con estiércol de ganado, de caballo, aserrín y tierra negra. Esto se hace con la intención de incrementar la fertilidad de los suelos y mejorar el desarrollo de los árboles. De esta manera, los soldados de Colombia demuestran que son custodios permanentes de los recursos naturales de la región, contribuyendo de esta manera con estrategias de mitigación que permitan contrarrestar el debilitamiento de la fauna y flora.  Finalmente, los hombres y mujeres de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles continuarán trabajando en coordinación con organizaciones públicas y privadas para la reforestación y conservación de las fuentes hídricas en las zonas degradadas por la explotación ilícita de yacimientos mineros, cultivos ilícitos y tala de árboles. Tomado del Comado General de Las Fuerzas Militares

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