La revista El Congreso conversó con el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Camargo Assis, sobre lo que esperan las regiones del Gobierno del Presidente Iván Duque, el Plan Nacional de Desarrollo, el fracaso de la propuesta de unificar el calendario electoral, la crisis en la salud y la necesidad de darle mayor autonomía a los territorios en materia presupuestal. ¿Considera que el Plan Nacional de Desarrollo, cuyas bases acaba de aprobar el CONPES, sí responde a las necesidades que tienen en este momento las regiones? Las bases del Plan Nacional de Desarrollo recogen los grandes objetivos y apuestas que tiene el nuevo Gobierno para su período. Se destaca el pacto por la descentralización que propone esquemas de gestión regionales y el fortalecimiento de los gobiernos territoriales. La FND elaboró y sigue trabajando un documento de aportes al Plan Nacional de Desarrollo, que fue entregado en la primera Cumbre de Gobernadores con el presidente Iván Duque. Estamos listos a aportar una segunda versión del documento, que nutra y dé más elementos a la discusión, en procura de fortalecer los departamentos, la autonomía y los proyectos territoriales. En los departamentos existe una gran expectativa de que este cuatrienio signifique un salto en el logro del mandato de la Constitución respecto a la descentralización y la salud de las finanzas regionales. El Presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Julio González, junto al exsenador Juan Manuel Galán. Los departamentos reclaman mayores recursos para la construcción y adecuación de vías terciarias. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) es prioridad para los gobernadores. Existe un reclamo generalizado de los gobernadores por la excesiva centralización de recursos. ¿Ya hay algún avance importante para darle mayor autonomía a los territorios en el manejo presupuestal? Desde la Federación se ha realizado el seguimiento y acompañamiento de los diferentes trámites de modificación normativa que impacten directamente las finanzas territoriales, como es el caso del Sistema General de Participaciones y el Sistema General de Regalías. Nuestro objetivo es dar mayores argumentos que permitan comprender la importancia del proceso de descentralización, que siempre ha defendido el Presidente Duque. Una reforma al Sistema General de Regalías no debe afectar a las entidades territoriales lesionando su autonomía en la destinación y uso de los recursos de inversión, que son prioritarios para el desarrollo de sus territorios. Así lo han expresado los gobernadores, desde la FND. El país debe tener claro que los gobernadores son los grandes aliados del Gobierno Nacional, y los recursos de las regalías son aportados por los departamentos y deben ser orientados a proyectos de gran envergadura en busca de soluciones definitivas a las necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, con el concurso de los gobernadores se logró, recientemente, un apoyo decisivo para la destinación de recursos de las regalías para el fortalecimiento de la educación superior pública. ¿Qué tan coequipero ha sido el Presidente Duque con los departamentos para sacar adelante temas como la reforma al Sistema de Regalías? Creemos en el Presidente Duque como defensor de la Constitución descentralista de 1991. Somos aliados y coequiperos en la consolidación de los pactos regionales que transformarán a Colombia, esencia de la estructura del Plan Nacional de Desarrollo. La reforma al Sistema Nacional de Regalías gravita en el Congreso. Confiamos en que las observaciones y propuestas de los departamentos serán tenidas en cuenta. Esa iniciativa no puede profundizar las desigualdades ni ahondar la centralización. La FND trabaja para garantizar que el proyecto de ley se enriquezca escuchando la voz de los departamentos. La Federación promueve espacios de trabajo entre el Gobierno Nacional y las entidades territoriales, que alimenten una iniciativa incluyente que permita que todas las entidades territoriales perciban de manera equitativa los recursos provenientes de las regalías, para que estos avancen en la consolidación de sus territorios y sean verdaderos escenarios de alternativas de progreso para sus habitantes. Así como celebramos muchas de las iniciativas del Presidente Duque, mantenemos una sana discrepancia en la visión que promueven sus funcionarios frente a la Ley de Financiamiento y la Ley de Regalías. La Ley de Garantías, un obstáculo para el desarrollo de las regiones, según los gobernantes. Dumek Turbay, gobernador de Bolívar; Francisco Ovalle, gobernador del Cesar, y Eduardo Verano de la Rosa, gobernador del Atlántico, junto al alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez, en alianza por la región. Hay una alta demanda de seguridad, justicia, convivencia y equidad en los territorios. ¿Qué le preocupa de la Ley de Financiamiento? Son muchas las observaciones que hemos transmitido al Gobierno Nacional, a través de diferentes eventos. Pero hay una iniciativa en particular que nos parece absurda: tratar de debilitar el Fondo Cuenta, trasladándole el recaudo y la distribución a los departamentos por parte de la nación. La FND no va a permitir que le quiten competencias. ¿Cómo recibe la FND el hundimiento del proyecto con el cual se buscaba unificar el calendario electoral? ¿Van a insistir en esa propuesta? La Federación Nacional de Departamentos respeta las decisiones del Congreso. Es viejo el debate académico y político sobre la unificación o ampliación de los períodos. El país tiene que asumir ese debate con la mayor tranquilidad y sin prevenciones, ojalá lejos de un proceso electoral. La democracia es un sistema que siempre puede ser mejorado. La FND impulsa, precisamente, la reforma de la Ley de Garantías para evitar la parálisis del Estado en 8 de los 24 meses. No tiene sentido insistir en ese mecanismo cuando fue eliminada la reelección presidencial. ¿Qué tan desfinanciada está la salud en los departamentos? Los departamentos no han sido inmunes a la crisis de la salud. Es urgente hallar una solución para el pago de las deudas del sistema con las EPS y de estas con las IPS, que para diciembre de 2017 ascendían a $8,4 billones, de los cuales $3,9 billones corresponden al régimen subsidiado y $4,5 billones al régimen contributivo, según el reporte de cuentas de las EPS a la Superintendencia Nacional de Salud. Esta situación ha afectado de manera especial
