abril 18, 2025

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Comunidades y excombatientes en Patía, Cauca, construyen paz a través de la agricultura sostenible

En el sur del Cauca, específicamente en el municipio de Patía, un grupo de 60 personas, entre excombatientes del Acuerdo de Paz de 2016 y habitantes de la región, han unido fuerzas para llevar a cabo un proyecto agropecuario que combina sostenibilidad ambiental y desarrollo comunitario. La cooperativa Coopatía, liderada por estos actores, se ha convertido en un ejemplo de cómo la reconciliación y la innovación pueden transformar territorios afectados por el conflicto. Ubicado en la vereda La Manguita, el proyecto incluye una granja porcícola con alrededor de 300 cerdos y un sistema de biodigestores que convierte los desechos orgánicos en energía limpia y fertilizantes naturales. Este enfoque no solo reduce el impacto ambiental, sino que también promueve una economía circular, aprovechando al máximo los recursos disponibles y minimizando los residuos. “Con el biodigestor, hemos logrado cerrar el ciclo productivo de manera eficiente. Generamos gas para uso doméstico y producimos biol, un fertilizante orgánico que utilizamos en nuestros cultivos de maíz”, comentó Exon Navarro, técnico en producción agropecuaria y uno de los impulsores de la iniciativa. El proyecto, que inició en 2018 con recursos propios de los excombatientes, ha recibido el respaldo de entidades como la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Este apoyo ha permitido consolidar la iniciativa como un modelo de producción agroecológica en una zona donde los desafíos de seguridad y desarrollo persisten. Además de generar empleo para decenas de personas, Coopatía ha fortalecido la seguridad alimentaria en la región y ha contribuido a reconstruir el tejido social.  

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JEP anuncia que no perseguirá penalmente a miembros de la fuerza armada pública por falsos positivos

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) notifico la decisión que tomó, dejando en claro, que renunciará a la persecución penal de 16 miembros de la fuerza pública. Esto debido a que, no fueron identificados como culpables de los crímenes cosméticos en las regiones del Meta y Santander, en los años 2005 y 2006. Está decisión, después de consultar los aportes de verdad y las acciones de reparación de las víctimas. De esta manera,se llegó a la conclusión de expulsar a 2 excombatientes por no cumplir con acuerdos estipulados. De manera detallada, el primero de ellos, Luis Alberto Camargo Pinzón, fue expulsado por participar en sucesos, que mantuvieron el conflicto armado después de la firma del Acuerdo de Paz. El segundo conocido como Dumar Vargas Rivera, perdió sus beneficios por no aportar verdad plena y limitarse a cuestionar su condena en la justicia ordinaria. En ese sentido, las personas que se favorecen de esta decisión no tendrán que enfrentar procesos penales, ni en justicia transicional, ni en justicia ordinaria. Aún más, está medida beneficia a 5 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 14 Capitán Antonio Ricaurte y 11 del Batallón de Infantería No. 19 General José Joaquín París Ricaurte (Bipar). Estos ex-miembros se les habían asignado proyectos judicial por los crímenes de desapariciones forzadas y asesinatos a civiles. Aunque estos actos son condenables, en esta ocasión se propició un beneficio dado que, estos individuos contribuyeron de la paz y la justicia. Además de ayudar en el proceso de reparación de las víctimas. Así que, a lo largo del proceso los excombatientes admitieron su participación en sucesos como el asesinato a 5 individuos protegidos por el Derecho Internacional Humanitario. Estos hechos se llevaron a cabo en Puerto Concordia, ubicado en el departamento del Meta y Lebrija en Santander. Finalmente, la JEP advirtió que, estos beneficios podrán ser revocados sino se cumplen con las condiciones estipuladas, que obedecen a la contribución a las víctimas del conflicto armado.

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Procuraduría pide a la JEP rechazar petición de nulidad por casos de violencia sexual, cometidos por excombatientes

En documento dirigido a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas (SRVR), la Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Uldi Teresa Jiménez López, Procuradora Delegada con funciones mixtas, exigió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), negar la solicitud de nulidad parcial en casos de violencia sexual, contra mujeres, niñas y personas con orientación sexual e identidad de género diversa (OSIGD), que  señala como responsables a algunos excombatientes. Esto puesto que en la defensa de algunos comparecientes involucrados en el macrocaso 002, buscan darles anulación a sus expedientes. ¿Por qué surgió este rechazo? Por medio del documento dirigido a la Magistrada Belkis Florentina Izquierdo Torres, la Procuraduría manifestó su preocupación ante lo ocurrido los días 15 y 16 de julio del presente año, durante el espacio de interacción dialógica, entre la SRVR y excombatientes. En este evento los comparecientes manifestaron las inconformidades  y reparos frente las imputaciones realizadas, por su parte, sus defensas presentaron aquellos elementos jurídicos y observaciones a los actos presentados hacia sus defendidos, sin embargo, dentro de sus consideraciones señalaron iniciar un proceso de nulidad parcial al Patrón 4: Violencia sexual y de género contra mujeres y niñas, violencia por prejuicio contra personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas o no normativas. ¿Qué es el Macrocaso 002? En este apartado se realiza investigación de delitos tales como: violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario cometidos en los municipios de Ricaurte, Tumaco y Barbacoas del departamento de Nariño por excombatientes de las FARC-EP, Fuerza Pública y terceros sometidos voluntariamente ante la JEP. Durante el período comprendido entre 1990 y noviembre de 2016. Objetos de investigación del macrocaso 002 Asesinatos Masacres Minas antipersonales (MAP) y municiones sin explotar (MUSE) Violencia sexual Reclutamiento forzado Desaparición forzada Desplazamiento forzado Destrucción de la naturaleza y el territorio Daño socioambiental Argumentos de la defensa para pedir nulidad parcial “No se estableció una metodología acorde con las exigencias legales respecto de la contrastación de la información con todo el acervo probatorio, sino que, se incumplió con los criterios de selección vulnerando el debido proceso” argumentó la defensa Llamado de la Procuraduría Ante este hecho la Procuraduría General de la Nación objetó y en este documento interpuesto a la (SRVR) concluyó con las siguientes peticiones: Que se niegue la solicitud de nulidad presentada por algunos comparecientes de las extintas FARC-EP en contra del patrón 4. Que se exhorte a los sujetos procesales a ejercer sus atribuciones legales en el marco del respeto hacia las víctimas. Para la Procuraduría, es importante impedir que se den omisiones en las investigaciones de estos hechos, dado que incurren en actos de violación a los Derechos Humanos de las víctimas, ante esta premisa esta entidad solicitó a la JEP rechazar estos actos, por ello enfatizó “que el derecho de defensa de los comparecientes no debe antagonizar con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación y pidió que las decisiones judiciales se tomen con pleno respeto hacia las víctimas, evitando cualquier forma de revictimización, y garantizando que tengan un acceso adecuado a la justicia” comunicó la entidad.  

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Gobernación de Nariño reafirma su compromiso con los firmantes del Acuerdo de Paz

La Gobernación de Nariño y el Consejo Departamental de Reincorporados establecieron una agenda de trabajo con firmantes del Acuerdo de Paz. Con el propósito de contribuir en los avances para la construcción de paz en el departamento, la administración departamental y el Consejo Departamental de Reincorporados (CDR) firmaron una nueva hoja de ruta para garantizar la protección de los excombatientes, así como la financiación de proyectos productivos y acceso a tierras vinculados al programa DNI (Diálogo, Negociación e Implementación), que serán llevados a la mesa de negociaciones de paz con el Frente Comuneros del Sur y la Segunda Marquetalia. “Se coordinó un encuentro con el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, para asegurar títulos de propiedad que faciliten el desarrollo de estos proyectos y avanzar en la reconciliación y en la implementación de los TOAR (trabajos, obras y actividades que realiza el compareciente para restaurar o reparar el daño causado)”, se lee en el comunicado. La última mesa de diálogos contó con la participación de las alcaldías de Nariño, cooperantes internacionales y delegados de la ONU.  

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Avanza traslado de reincorporados en Ituango

El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio José Archila, afirmó que se prepara el traslado de todos los excombatientes y sus familias, de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), en la vereda Santa Lucía, al norte de Antioquia. Tras el denuncio, semanas antes, de los exguerrilleros frente a la falta de garantías, el Gobierno Nacional, tomó cartas en el asunto frente a la situación que afecta la zona desde hace varios meses. Archila, aseguró que el traslado se venía planeando desde el año pasado para garantizar la seguridad de los reincorporados y se llevará a cabo en los próximos días. “El Gobierno desde mayo del año pasado, cuando analizó la situación de seguridad, había identificado la necesidad del traslado. Por ahora, en la lista para traslado tenemos 100 personas entre reincorporados y sus familias. De quienes hoy habitan el antiguo ETCR, por fortuna, ninguno ha contemplado la posibilidad de quedarse en Santa Lucía, por lo que planeamos el traslado completo”, afirmó el funcionario. Por su parte, los excombatientes tienen la posibilidad de escoger entre 500 predios, que hacen parte de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y están ubicados en todo el territorio nacional, para efectuar su traslado. Cabe recordar que en esta vereda, se ha detectado presencia de integrantes del Clan del Golfo y del frente 18 de las FARC, a los que se les atribuye los asesinatos de 12 excombatientes.  

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Consejo Nacional de Reincorporación aprobó proyectos productivos para excombatientes

El Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) aprobó este martes dos nuevos proyectos productivos para excombatientes en los departamentos de Arauca y Sucre, lo que eleva a 49 el número de proyectos colectivos viabilizados en beneficio de 2.480 personas, por un valor que supera los 27 mil 700 millones de pesos. “Les seguimos cumpliendo a quienes dejaron las armas y se plegaron a la legalidad”, afirmó el Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, al terminar la sesión 107 del CNR. Por su parte, el Director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) Andrés Stapper, destacó que también han sido aprobados 1.237 proyectos productivos individuales que vinculan a 1.454 exintegrantes de las Farc y cuentan con una inversión de más de 11 mil millones de pesos. “El total de proyectos productivos colectivos e individuales es de 1.286, las personas beneficiarias son 3.934 y los recursos invertidos superan los 39 mil millones de pesos. Seguimos fortaleciendo alternativas productivas para la consolidación de fuentes de ingresos sostenibles” para los excombatientes en proceso de reincorporación, subrayó Stapper. En tal contexto, cabe anotar que uno de los proyectos productivos aprobados hoy  se ejecutará en el municipio de Palmitos (Sucre), que beneficiará a 12 personas y que dispondrá de recursos por 143 millones de pesos, para producción y comercialización de cerdos. El otro proyecto se enfocará en la producción de cachama blanca y se realizará en Fortul (Arauca), donde favorecerá a 114 personas. Tal iniciativa dispone de una inversión de 167 millones de pesos. Información tomada de la Presidencia de la República

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Excombatientes abandonarán zona de reincorporación

Los excombatientes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Ituango, confirman que dejarán el lugar en un plazo de dos meses debido a la falta de garantías por parte del Gobierno. Tras una reunión, en la que se analizaron las condiciones para su reincorporación a la vida civil, 60 excombatientes tomaron la decisión de salir del ETCR y abandonar el municipio. A pesar de que aún no se conoce el rumbo, esperan encontrar otro predio en el cual puedan continuar con su tránsito a la sociedad civil con mejores garantías de seguridad.  La decisión se tomó, por las constantes amenazas, luego del asesinato de los exguerrilleros Darío Herrera, el pasado 28 de enero, a quien le dispararon en la vía que conduce al espacio territorial, y Manuel Antonio González, asesinado el 13 de diciembre. “Porque el tema de seguridad ha sido complicado, pero también el tema económico, sin tierras ni nada, entonces ya la gente se cansó de seguir espere y espere, entonces hay que buscar la manera y conseguir otro predio donde desarrollar la reincorporación”, manifestó el excomandante de las FARC, Agustín Rivera. Frente a la situación, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), anunció que el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, y el director general de la ARN, Andrés Stapper, visitarán el territorio la próxima semana, de la mano de las autoridades locales.

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Las objeciones no los ponen en riesgo, Duque a excombatientes de las FARC

Durante una visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de la vereda de San José de Oriente, en el municipio de La Paz (Cesar), el Presidente Iván Duque. se reunió con cerca de 100 excombatientes de las FARC para explicarles las objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP y darles un parte de tranquilidad. “Estamos a seis artículos de una ley de 159 (artículos) para lograr ese acuerdo sobre una justicia que debe tener garantías para todos”, afirmó el mandatario durante su visita al departamento del Cesar. El Jefe de Estado escuchó de los excombatientes aspectos importantes del proceso de reincorporación en esa zona y recordó que desde el inicio de su gobierno su propósito ha sido ” la construcción de la paz con legalidad, con seguridad, protegiendo los derechos de los ciudadanos”. De acuerdo con lo que explicó el presidente a los habitantes del ETCR, las objeciones a los acuerdos “no tocan, no afectan nada, de lo que se puede considerar por parte de los excombatientes como algo que los pusiera en inseguridad”. Fue enfático al afirmar que “nada de lo que hay ahí los pone en inseguridad”. “Lo que nosotros buscamos es que en el Congreso de la República se dé esto y construyamos, porque estamos a seis artículos de lograrlo, una justicia especial que le dé garantías a todo un país”, concluyó Duque.

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Gobierno retira proyecto anticorrupción por ‘mico’

La medida se toma luego de que la representante Juanita Goebertus, advirtiera que la iniciativa inhabilitaba a los reinsertados para contratar con el Estado. El Ministerio del Interior anunció este martes que retirará el proyecto de ley de reforma constitucional que establecía varias medidas para combatir la corrupción, argumentando que requiere mayor claridad luego de que la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, advirtiera que la iniciativa inhabilitaba a los reinsertados para contratar con el Estado. “Para evitar malas interpretaciones se procederá a retirar el proyecto, en el nuevo escrito se le anexa la transcripción del parágrafo adicionado por el artículo 2 del acto legislativo 1 de 2017 y se presentará nuevamente ante el Congreso de la República”, señaló la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. La jefe de cartera aclaró que la iniciativa no busca frenar la reinserción de los guerrilleros desmovilizados. “El sentido del proyecto de acto legislativo presentado es extender la obligación de presentar copia de la declaración de renta, que tiene el servidor público, para que no sea por una vez, sino anualmente”, explicó. La polémica se despertó cuando Juanita Goebertus, representante del partido Alianza Verde, publicó en su cuenta de twitter que la iniciativa que radicó el Gobierno de Iván Duque eliminaba el parágrafo del artículo 122 de la Constitución que les abrió la puerta a los desmovilizados para reincorporarse de manera institucional. “Proyecto de reforma constitucional del Gobierno contra la corrupción elimina la posibilidad de que excombatientes (de la guerrilla y de los paramilitares) y los miembros de FFMM que hayan cometido delitos se reincorporen en instituciones del Estado. ¿Descuido o mico?”, escribió Goebertus en la red social. El artículo 122 les permite a excombatientes de las FARC hacer funciones de desminado humanitario en el territorio colombiano, o que exparamilitares obtengan contratos con la Agencia de Reincorporación para hacer servicios de atención psicosocial, como lo hacen en la actualidad.

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