abril 23, 2025

Electricaribe

Al producirse el resarcimiento fue archivado el proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba la CGR en contra de la empresa, actualmente en liquidación. Adicionalmente, se dio la legalización y energización en la prestación del servicio en 3 proyectos.

Por pago de Electricaribe, Contraloría recupera $22.214 millones de daño patrimonial

Al producirse el resarcimiento fue archivado el proceso de responsabilidad fiscal que adelantaba la CGR en contra de la empresa, actualmente en liquidación. Adicionalmente, se dio la legalización y energización en la prestación del servicio en 3 proyectos. Los hechos se presentaron durante los años 2012 a 2014, cuando las comunidades de barrios subnormales de la Costa Caribe se opusieron a la regularización y adecuación de las redes eléctricas, lo que conllevó que subcontratistas de Electricaribe dejaran abandonados varios proyectos a pesar de haber recibido recursos por concepto del anticipo. La Contraloría General de la República confirmó la cesación de la acción fiscal y el consecuente archivo de un proceso de responsabilidad que adelantaba contra Electricaribe y 6 subcontratistas, al determinar que la empresa reintegró a la Dirección del Tesoro Nacional recursos en cuantía de 22.214 millones de pesos,  que corresponden al Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) y al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER). Estos dineros habían sido desembolsados por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe, con el fin de legalizar usuarios y adecuar redes eléctricas, así como ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en barrios subnormales de la Costa Caribe.  La cesación se da teniendo en cuenta que Electricaribe cumplió con el objetivo social de la contratación en 4 de los 7proyectos investigados; es decir, que energizó y normalizó el servicio de energía eléctrica en barrios subnormales de la Costa Caribe.  La recuperación de recursos se dio dentro de los procesos de liquidación de los Convenios PRONE y Contratos FAER, de los cuales hacen parte estos 7 proyectos investigados por la Contraloría General de la República, en los que Electricaribe ha reintegrado recursos en cuantía total de 22.214.213.396,61 pesos. Sin embargo, aún está pendiente de liquidación el Contrato PRONE GSA 157-2012, el cual tiene asociados 134 proyectos, proceso que se encuentra adelantando el Ministerio de Minas y Energía con Electricaribe en Liquidación. Irregularidades en la ejecución contractual. El daño patrimonial, se relaciona con irregularidades en la ejecución de 7 contratos celebrados por Electricaribe con personas naturales y jurídicas, en desarrollo de Convenios PRONE y Contratos FAER, cuyo fin era legalizar los usuarios y adecuar las redes eléctricas conforme los reglamentos técnicos vigentes, en los barrios subnormales de la Costa Caribe y ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda en las zonas del Sistema Interconectado Nacional –SIN en zonas rurales de la Costa Caribe.  En su momento, se determinó que la vigencia de los contratos se encontraba vencida y se había realizado desembolso de recursos al contratista por concepto de anticipo sin que los proyectos se hubieran ejecutado a cabalidad, dejando de lado los fines de dicha contratación, razón por la cual se determinó un daño patrimonial en cuantía de 6.078 millones de pesos. Tomado de la Contraloría General de la Nación. 

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Gobierno afirma que en febrero Electricaribe será subastado

Una de las salidas a la crisis que atraviesa Electricaribe es la posible venta de esta entidad y que se permita la llega del nuevo operador para mejorar el servicio, las tarifas y el bienestar de los habitantes. La Comisión Sexta adelantó debate de control político sobre la situación por la que atraviesa el Caribe colombiano, relacionado con la prestación del servicio de energía, además el retraso en la adjudicación de un nuevo operador. El citante fue el senador del Atlántico, Antonio Zabaraín.  La subasta de este operador estaba prevista para este mes pero esta fecha fue aplazada. El congresista Zabaraín afirmó que “la Ministra expresó que la subasta no se daba en diciembre debido a que la Corte Constitucional había declarado inexequible la ley de financiamiento” y esto le generaría unas condiciones negativas al proceso de venta de los activos de Electricaribe.  El legislador en su intervención agregó: También explicó que su posición y la de su partido es respaldar la Ley de Crecimiento Económico, con la que, según el gobierno, se permite la estabilidad jurídica para los interesados en la subasta de Electricaribe, dispuesta para febrero próximo. Para finalizar su intervención, el congresista dijo: “Creo que con el respaldo del Partido Cambio Radical esa ley de crecimiento saldrá adelante y entonces tengo la fe de que ustedes los representantes del Gobierno, no nos van a defraudar y van a sacar adelante esa subasta en el mes de febrero” y advirtió que “nosotros ya cumplimos ahora les toca a ustedes cumplirnos”.  Por su parte, durante el debate la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, recapituló que en la reunión con la subcomisión de seguimiento al proceso, se explicaron los recursos que se han dispuesto para la empresa “Hemos puesto recursos por más de $1,5 billones, más garantías de compras de energía por $300 mil millones y aprobamos $860 mil millones en inversiones.” Aseguró que los $860 mil millones son recursos de la nación para que la compañía contrate todas las inversiones del primer año y cuando se entreguen las llaves de la compañía los recursos que no han sido girados quedarán en una fiducia únicamente para las inversiones. “Los $1,5 billones son para operación y los $860 mil millones para inversión” dijo. Avendaño reconoció el apoyo del Congreso a las medidas en el esquema de solución y expresó que “el Gobierno garantiza que en el mes de febrero el cronograma se va a realizar como está previsto, con el fin de llevar a cabo la subasta”. En ese orden, el Ejecutivo manifestó que se mantiene la fecha de finales de febrero para la venta de activos que permitirá concretar una solución estructural y definitiva para la prestación de servicio público de energía eléctrica en el Caribe.  La comisión fue levantada y citada para mañana miércoles a las 10:00 am para discutir y votar proyectos de ley. Información tomada del Senado de la República 

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Empezaron los recargos en los recibos de energía en Bogotá

Debido a los problemas que se han presentado en Electricaribe, los recargos en los recibos de energía en la ciudad de Bogotá para los estratos cuatro, cinco y seis ya empezaron a presentarse. Estos se seguirán haciendo hasta diciembre de 2022. Los establecimientos industriales, locales comerciales y consumidores no regulados de servicio en Bogotá ya empezaron a sentir el alza en los recibos del servicio de energía a causa de los desvíos de recursos en Electricaribe. La medida fue difundida a los ciudadanos por medio de una carta remitida por Enel-Codensa en donde informaban que la decisión iría hasta diciembre de 2022 y que la sobretasa de $4 por kilovatio consumido fue aprobada por el Congreso de la República como un punto importante dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Con esto, el Gobierno de Iván Duque pretende recaudar $13.000 mil millones de pesos por año que serán destinados al Fondo de la Superintendencia de Servios Públicos para garantizar la prestación del servicio de energía en la región caribe y evitar que los ciudadanos sigan sufriendo por los cortes constantes de luz y los cobro excesivos e injustos en los recibos que llegaban a sus casas mes a mes.      

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El Gobierno define el futuro de Electricaribe

Dividir la empresa en dos sería la propuesta del Gobierno Nacional, según lo expresado por la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Natasha Avendaño. El salvavidas para Electricaribe dividiría la empresa en dos, una que tendría cobertura en Atlántico, Magdalena y La Guajira, se llamaría Caribe Sol, mientras la segunda que abarcaría Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar, se denominaría Caribe Mar. La participación en el mercado se repartiría de la siguiente manera: Caribe Sol contaría con el 10,8% , tendría 9.816 kilómetros de redes y de ella dependerían 1,21 millones de usuarios. Por el lado de Caribe Mar, la participación sería del 10,9%, tendría 27.835 kilómetros de redes y cobijaría a 1,51 millones de clientes. El gobierno iniciará la búsqueda del nuevo operador o nuevos operadores desde este 2 de abril y espera que el proceso arroje resultados a más tardar el 4 de octubre, teniendo en cuenta que la oferta final deberá ser entregada al Ejecutivo antes del 16 de septiembre. De acuerdo con Avendaño, la idea es asegurar inversiones por $8 billones que es lo requerido para el sector por los próximos 10 años. El vacío pensional por 1,2 billones de pesos de la empresa seguirá a cargo del Estado. Cronograma 3 de abril: Publicación del reglamento del proceso 8 de abril a 30 de abril: Mercadeo y gira promocional de los mercados. 7 de mayo: Aprobación Plan de Desarrollo (que incluye la sobretasa) 17 de mayo: Entrega de sobres de precalificación 5 de junio: Resultados de la precalificación 6 de junio a 6 de septiembre: Interesados revisan documentos. 16 de septiembre: Plazo para entregar sobres con ofertas 24 de septiembre. Subasta individual primer mercado 4 de octubre. 2a. subasta individual, subasta conjunta y adjudicación

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Electricaribe entra al Plan Nacional de Desarrollo

Durante los siguientes días y hasta el próximo sábado 23 de marzo, las comisiones económicas tendrán plazo para estudiar, debatir y evacuar el Plan Nacional de Desarrollo, que fija la hoja de ruta de las políticas y programas que pondrá en marcha el gobierno del Presidente Iván Duque durante el cuatrienio. El senador conservador, Efraín Cepeda, explicó que “la nación asume el pasivo pensional de Electricaribe por 1.2 billones de pesos, lo cual hace factible la pronta llegada de uno o varios operadores que inviertan en mejorar el servicio de energía”. Esta sería la estrategia del gobierno para resolver el serio problema que representa la empresa, intervenida desde hace dos años. Según María del Rosario Guerra, congresista del Centro Democrático, habrá una sobretasa transitoria por 2 años de $4 por kilovatio consumido para los usuarios de estratos 4, 5 y 6, usuarios industriales y comerciales a nivel nacional, lo que permitiría solventar el vació pensional de Electricaribe. “La participación de los diferentes ministerios ha dificultado un poco el trabajo, porque se amplía más la discusión y el análisis (del PND). Sobre todo, que hay muchos elementos en los cuales se integra la acción de las diferentes carteras”, aseguró el senador John Milton de Colombia Justa y Libres. Informó que aquellos temas polémicos del Plan Nacional de Desarrollo serán discutidos por la comisión económica conjunta en primer debate.

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​Unidad Anticorrupción de la Contraloría evalúa pruebas en caso Electricaribe

Las investigaciones corresponden al presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a los usuarios más pobres de la Electrificadora y a las repetidas irregularidades que se dieron en varios proyectos de normalización eléctrica. La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General de la República asumió los dos casos más importantes de irregularidades que ha detectado este organismo de control en Electricaribe, uno por $220 mil millones y otros por $6 mil millones, adelanta la etapa probatoria de rigor y próximamente decidirá si imputa cargos a los involucrados. Los dos procesos fueron inicialmente abiertos por la Gerencia Departamental Colegiada de la CGR en el Atlántico, pero se trasladaron a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción dada la cuantía involucrada y por tratarse de recursos que iban destinados a las clases menos favorecidas de la Costa Atlántica. El primer proceso que se adelanta es por más de $220 mil millones de pesos y tiene que ver con el presunto uso indebido de subsidios que debían girarse a familias pobres de todo el Caribe. El segundo es por más de $6 mil millones de pesos y está relacionado con recursos de normalización energética que no se invirtieron en zonas subnormales. Adicionalmente, la Gerencia Atlántico tiene abiertos 3 procesos por más de $11 mil 600 millones, también por presuntas irregularidades en el tema de normalización energética. Al igual que en los casos declarados de impacto nacional, estos se encuentran en etapa de pruebas y próximamente se tomará decisión de imputación o archivo. Daño patrimonial por uso indebido de subsidios El daño patrimonial que habría causado por Electricaribe, por el indebido uso de subsidios dirigidos a la población más pobre de la Costa Atlántica, está en la mira de la Contraloría General de la República hace cerca de dos años. En agosto de 2017, la Contraloría Delegada de Minas y Energía inició una indagación preliminar en Electricaribe para revisar en detalle la aplicación de los subsidios de energía recibidos desde el 2010 y hasta el 2014, con el propósito de verificar si los usuarios fueron beneficiados. Y la indagación se dio que luego la Contraloría verificara que en 2015 y 2016 los recursos no llegaron a los usuarios, desnaturalizándose su propósito, pues no fueron empleados para subsidiar el costo del consumo de energía eléctrica de usuarios ubicados en zonas de difícil gestión, sino para cubrir las pérdidas de la empresa por la prestación del servicio de energía a dichas zonas. El resultado de la indagación preliminar fue escándalo nacional: Electricaribe incurrió en esta práctica durante 6 años continuos analizados por la Contraloría, que comprenden las vigencias julio de 2011 a julio de 2017- La empresa no aplicó en las facturas de los usuarios, la totalidad de los descuentos correspondientes al subsidio que les otorga el Fondo de Energía Social – FOES a la población de los estratos 1 y 2 de zonas especiales, y destinó estos recursos a la disminución de sus pérdidas. Para determinar esta situación, la Contraloría recurrió a un avanzado sistema de inteligencia de datos (big data), para descubrir como Electricaribe habría embolatado alrededor de $216.000 millones en subsidios para los usuarios de bajos recursos de la Costa Caribe. Investigación por irregularidades en proyectos de normalización de redes eléctricas El otro tema que ha generado investigaciones fiscales de la CGR en Electricaribe tiene que ver con los hallazgos detectados en la Auditoría Especial de Fiscalización practicada a los recursos provenientes del PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas) y FAER (Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de Zonas Rurales), transferidos por el Ministerio de Minas a la empresa durante las vigencias 2008 a 2014. Las pruebas aportadas en el traslado del hallazgo, testimoniaron la ocurrencia de hechos irregulares relacionados con varios contratos suscritos por Electricaribe. Los contratistas recibieron recursos por $6.078 millones sin que los proyectos (que debían ejecutarse en los departamentos de Atlántico, Guajira; Bolívar y Córdoba) se hubiesen ejecutado a cabalidad, conforme a las cláusulas respectivas. En este caso, no se cumplió con los fines previstos destinados a la inversión social y al mejoramiento de la calidad de vida de los beneficiarios. La cuantía del presunto monto o daño patrimonial es la suma de $6.078 millones. Son varias las situaciones irregulares que determinó la Contraloría: obras con baja ejecución física y donde sin embargo se han pagado alto anticipos; proyectos terminados y que no han entrado en operación; proyectos suspendidos indefinidamente; y, en general, una muy baja ejecución de los recursos dispuestos. Con información de la Contraloría General de la República

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Gobierno garantiza un mejor servicio de Electricaribe

Fue aprobado un cupo de garantías por $735.000 millones, que permitirá que la empresa pueda hacer inversiones, garantizar la prestación del servicio y balancear sus finanzas. El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas celebró la decisión del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) de aprobar las garantías para Electricaribe por $735.000 millones. La decisión permitirá que la empresa pueda presentar un plan de inversiones para este año y el entrante, y garantizar así la prestación del servicio eléctrico, así como sanear sus finanzas. Esta aprobación se suma a otra garantía de la Nación por $320.000 millones que permitirá desembolsos, en los próximos días, al Fondo Empresarial administrado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Es decir, las garantías aprobadas superan el $1 billón. Tan pronto se firme el decreto reglamentario que soluciona los temas de riesgos y contragarantías, serán desembolsados los recursos por $320.000 millones para que Electricaribe pueda iniciar un ambicioso plan de inversiones que garantice un servicio de calidad para toda la Costa Caribe. “En diciembre del año pasado garantizamos un crédito, del orden de $135.000 millones, que es lo que han utilizado hasta ahora para la compra de energía”, precisó. “En los próximos días se sumarán $320.000 millones, y dejaremos $735.000 millones como apoyo para que Electricaribe tenga los recursos necesarios para hacer esa inversión que está en mora con la Costa Caribe”, destacó el Ministro Cárdenas.   Con información de la Presidencia de la República.

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