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Aunque la Comisión Primera del Senado tenía planeado avanzar en la discusión de la reforma educativa propuesta por el Gobierno Nacional, los congresistas expresaron su preocupación por un informe del Ministerio de Hacienda que indica la falta de claridad sobre el costo de implementar esta normativa. Según el Ministerio de Hacienda, no cuentan con información para determinar el impacto fiscal de llevar a cabo un plan con las características propuestas. La senadora Paloma Valencia propuso posponer el debate del proyecto, señalando la insuficiencia del Sistema General de Participaciones para cubrir los salarios de los docentes, lo que ha llevado a dejar de pagar prestaciones sociales al FOMAG. Además, mencionó que el déficit del SGP para pagar los salarios de los docentes ha aumentado en más del 163% desde 2022, ascendiendo a más de 3,5 billones de pesos, y cuestionó cómo el gobierno planea resolver este déficit y qué impacto adicional tendría la nueva reforma educativa. Por su parte, el senador David Luna afirmó que es imposible avanzar en la tramitación de la reforma educativa sin que el Ministerio explique el costo de implementación del proyecto. Un oficio del ente señaló la falta de claridad en las cuentas y la disponibilidad de fondos para financiar la ley estatutaria de educación, lo que llevó a solicitar la presencia del ministro en la próxima sesión para avanzar en el debate. Finalmente, la senadora Paloma Valencia recordó que la Corte Constitucional rechazó la creación del Ministerio de la Igualdad porque el proyecto carecía del concepto de viabilidad fiscal por parte del Gobierno Nacional.