Presidente de la Comisión Sexta de Senado, Pedro Flórez, manifestó su respaldo a la iniciativa y anunció audiencias públicas en el primer periodo legislativo de 2025. Se aplazó hoy, en la Comisión Sexta del Senado, el primer debate de la iniciativa legislativa, que propone un Acuerdo Nacional por la Educación Superior para transformar inicialmente el sistema de financiación de la educación superior pública en Colombia mediante la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. En el marco de esta discusión, se anunciaron audiencias públicas para el primer periodo legislativo de 2025 y se reiteró el compromiso del Gobierno, establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, de cerrar las brechas históricas de desfinanciamiento estructural que afectan a las instituciones de educación superior. El viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, reportó que pese a que el presupuesto asignado a la educación ha alcanzado su nivel más alto en la historia, muchas universidades públicas, como la Universidad de Antioquia, enfrentan dificultades para cubrir sus gastos operativos. “Este es un momento crucial para trazar un punto de inflexión en la educación pública. No solo buscamos ampliar la cobertura, sino también garantizar mejores condiciones para estudiantes, docentes y comunidades universitarias en todo el país”, expresó el viceministro de Educación Superior. El proyecto presentado por el Ministerio de Educación al Congreso propone una reforma estructural a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que permitirá una distribución más equitativa de los recursos para las instituciones de educación superior. Además, incluirá a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias, que representan más del 20% de la matrícula nacional, dentro de un esquema de financiamiento sostenible. “Este proyecto de ley representa una oportunidad histórica para cumplirle a la educación pública en Colombia. La reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 busca garantizar que la educación superior sea un derecho accesible para todos los colombianos, ajustándose a las necesidades actuales del sector”, señaló Pedro Flórez, presidente Comisión Sexta de Senado. “Las 33 instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas han trabajado en mesas de concertación con estudiantes, docentes y congresistas, pero el gobierno nacional no ha asignado recursos para su funcionamiento, lo que ha llevado a la precarización de su desarrollo”, indicó Óscar Porras, rector de Unipaz, quien agregó que es fundamental conseguir recursos para financiar el sistema de educación superior público, que actualmente se sostiene principalmente por las matrículas de los estudiantes. “La educación superior debe ser gratuita, es el derecho a educarse de la juventud. Debemos fortalecer la obligatoriedad de la educación y avanzar hacia la universalidad, reconociendo la autonomía de las instituciones de educación superior y garantizando la permanencia y el bienestar universitario, así como escenarios libres de violencia. Es hora de pensar en un tránsito hacia la universidad pública y no endeudar a más jóvenes”, expresó Sara Kingler representante de los estudiantes.
