enero 15, 2025

educación pública

Universidades públicas anuncian nuevas marchas en diciembre

La principal preocupación por parte de los estudiantes son los recursos de las instituciones. Los estudiantes y profesores de universidades públicas, y representantes de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) anunciaron este viernes que el paro estudiantil se mantiene y convocaron nuevas movilizaciones para el 6 y 13 de diciembre. En la rueda de prensa en la Universidad Pedagógica, los líderes estudiantiles expusieron los avances que ha tenido la mesa de negociación que mantienen con el Gobierno del Presidente Iván Duque, la cual se retomará el próximo lunes 3 de diciembre. Para José Cárdenas, uno de los voceros de la ACREES, la decisión de continuar con las marchas responde a la “falta de voluntad política del Gobierno” para atender y resolver los requerimientos de las 32 instituciones públicas que actualmente se encuentran en paro. Dentro de las peticiones de los manifestantes está incrementar en 4,5 billones de pesos los recursos destinados a la educación superior, además de desarrollar un plan para el pago de la “deuda histórica”, que según dicen, es de más de 16 billones de pesos, lo que tendría a las universidades públicas en déficit.

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Tras un mes de paro, estudiantes vuelven a las calles por derecho a la educación

Este jueves miles de estudiantes se tomaron las principales vías de Bogotá y de otras ciudades en el país para exigir al gobierno del Presidente Iván Duque que destine el presupuesto faltante al sector educativo y así mitigar el déficit que actualmente enfrentan las universidades públicas. Representantes del Gobierno habían pedido a los manifestantes validar su derecho a la protesta de forma pacífica. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, pidió respeto para con las autoridades que vigilan y controlan las marchas. En horas de la tarde, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y los estudiantes protagonizaron enfrentamientos a la altura de la calle 100 con autopista norte. Algunos congresistas denunciaron que fue la Fuerza Pública la que inició los choques. “En la Calle 100 fui testigo, la movilización avanzaba pacífica y el ESMAD empezó a atacar a los estudiantes sin ninguna provocación. Exijo respeto a la #ManifestaciónPacífica, DefensoriaCol urge su presencia. Iván Duque Porque se niega a dialogar!”, escribió la representante María José Pizarro en su cuenta de twitter. “#Atención #AEstaHora se presentan disturbios en la Calle 100- Bogotá, el ESMAD dispara gases lacrimógenos y arremete de manera violenta contra estudiantes en la #ManifestaciónPacífica. ¡La fuerza pública sigue reprimiendo a los estudiantes!”, denunció la senadora Sandra Ramírez en redes sociales. Para el congresista Fernando Araujo las manifestaciones perdieron el norte y se convirtieron en delincuencia. “Esto no es oposición, muchos menos una legítima reclamación, por supuesto tampoco es protesta legítima. Ni siquiera es vandalismo. Esto se llama delincuencia”. Victoria Sandino, senadora por el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), exhortó al Presidente Duque a continuar con el diálogo entre los estudiantes, docentes y Gobierno, para llegar a un acuerdo. “¿Es esta la voluntad diálogo que usted tiene con los y las estudiantes que llevan más de un mes exigiendo que se respete el derecho a la educación? ¿No hay nada que decir de los desmanes de la Fuerza Pública?”.

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¿Educación pública o privada?

Jorge Enrique Robledo Senador, Polo Democrático Alternativo   Todo lo que es y ha sido la humanidad es el resultado de la conjunción de dos factores: los bienes que nos brinda la naturaleza y el conocimiento con el que la transformamos y nos relacionamos entre nosotros. Y esto es cierto en las ciencias naturales y en el de las ciencias sociales y las artes. ¿Qué son un teléfono móvil y la más bella melodía? La manera como se expresan los conocimientos acumulados desde los tiempos más remotos. De ahí que uno de los momentos decisivos del progreso social –ocurrido con el advenimiento del capitalismo, para más señas– ocurrió cuando los líderes de la sociedad empezaron a hacer conciencia de que la bárbara ignorancia de esos días no podía continuar, ni entre las élites ni en los sectores populares. Apareció así el objetivo de la educación universal, es decir, para todos, a la que debieron encontrarle cómo alcanzarla, si a través de los negocios privados, de insuperable incapacidad para estos efectos, o si, dada su importancia estratégica, la responsabilidad la asumiría el Estado, la única fuerza capaz de lograrla. Nació así la consigna de la educación universal, de alta calidad y gratuita, para que ante la escasa capacidad de compra pudiera ser para todos, y pública, porque solo el Estado puede pagar el alto costo de la gratuidad, la base de esta revolución. Y pública debe incluir que no habrá pensamiento oficial sino libertad de cátedra, porque un ambiente democrático es el mejor para crear y transmitir ciencia y conocimientos. Vale resaltar que los burgueses más entendidos promovieron estos cambios porque entendieron que les convendrían a sus negocios, como en efecto ha ocurrido.   “La educación privada sí puede entonces existir y hasta ser de alto nivel. Pero es incapaz de lograr la universalidad y, en general, la calidad”. La educación privada sí puede entonces existir y hasta ser de alto nivel. Pero es incapaz de lograr la universalidad y, en general, la calidad. Porque los pobres no alcanzan a pagar ninguna, ni la más barata y peor, y por norma las clases medias solo pueden costeársela, pero cara y mala, de garaje, drama que además pagan sufriendo durante años, porque los estudiantes y sus familias reducen el consumo durante las carreras o después, pagándole una deuda de usura al Icetex. Y también se la cobran cuando lo que llaman el mercado no los emplea, por la menor reputación de la universidad que les otorgó los títulos y a la que estos jóvenes llegaron obligados, porque el Estado les negó el derecho a una educación universal, de alta calidad, gratuita y pública, como la de Finlandia, para mencionar un caso. Las grandes movilizaciones universitarias de esta semana fueron en contra de quienes, como Duque, se han opuesto y oponen a que la línea educativa del Estado colombiano sea la planteada aquí, sin la cual Colombia no será nunca un país de primera categoría. ¿Cómo probar que la privatización es su política? Aunque parezca mentira, ¡luego de 26 años y seis presidentes!, sigue vigente la Ley 30 de 1992, que congeló en términos reales las transferencias del Estado a sus universidades, con lo que la mitad de los estudiantes asisten a instituciones privadas, la transferencia del gobierno por alumno cayó de 3.153 dólares a 1.696 entre 1993 y 2017 y, según los rectores, el déficit de las 32 universidades estatales llega a 18,2 billones de pesos, cifra que no es mayor porque se ha sacrificado la calidad, en tanto la participación del Icetex en los recursos públicos del sector pasó del dos al 20 por ciento. Si quienes gobiernan fueran francos, dirían que para qué educación y ciencia como las de los países que le llevan a Colombia grandes ventajas en todos los órdenes. Para qué si los TLC y la globalización neoliberal imponen que el progreso nacional no vaya más allá del muy mediocre que permitan las exportaciones de materias primas agrícolas y sobre todo mineras.

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Estamos dispuestos a sacrificar lo que tengamos que sacrificar: estudiantes universitarios

Tras la multitudinaria marcha estudiantil que se realizó en distintas ciudades del país, los estudiantes y maestros entraron en cese de actividades. Angie Delgado, representante estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia, indicó este viernes que los aprendices de las 32 universidades públicas, que se encuentran actualmente en paro, están listos para trabajar por la educación. “Estamos dispuestos a sacrificar lo que tengamos que sacrificar, no solo por la educación, sino por las generaciones futuras”, dijo en entrevista con medios locales. La Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (Unees), instó a “toda la comunidad estudiantil” del país a unirse al paro programado desde el 11 hasta el 23 de octubre, para exigir mejor calidad y cobertura de la educación superior con mayores recursos para el sector. Las universidades públicas han tenido que enfrentar un hueco fiscal que afecta, según sus representantes, el pago de nómina e impide mejoras en infraestructura y en capacitación de maestros. El  déficit se atribuye al artículo 86 de la Ley 30 de 1992 que detalla que su financiamiento se otorga de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que, en concepto de los directores de las universidades, no crece lo suficiente. La rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, aseguró que la institución educativa pasó a tener 53.880 estudiantes entre 1993 y 2017, lo que generó un hueco fiscal que según dijo, se ha cubierto con recursos propios de la comunidad universitaria. “A la universidad pública cada vez se le exige más con menos. Hemos pasado, entre 1993 y 2017, de 26.962 estudiantes a 53.880. Así mismo, de 189 programas a 450, y de 323 a 913 grupos de investigación con recursos propios, generados por nuestra propia comunidad universitaria a través de proyectos, de investigaciones, de recursos internacionales”, explicó. A pesar del anuncio hecho por el Gobierno Nacional sobre el aumento en los recursos de educación, la rectora consideró que “esta cifra es un poco menos de la mitad (…) para lo que estamos necesitando y para las 32 universidades públicas” del país.

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