Editorial Archivos - Revista el Congreso

REGIONES, ARTÍFICES DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Desde el sector privado ya se propuso, por ejemplo, un pacto regional para reactivar las obras públicas, vías, acueductos, alcantarillado y vivienda, con miras a crear empleo, cerrar brechas sociales y avanzar hacia un modelo de desarrollo incluyente y práctico en los territorios. Los más de 700 mil millones de pesos que dejaron de recibir los departamentos, en los primeros cinco meses del año, por la caída en las rentas que generó la emergencia sanitaria provocada por el covid-19 en el país, es sin duda un duro golpe a las finanzas de los entes territoriales, que hoy más que nunca deben buscar la manera de reactivar sus economías con estrategias responsables, pero sobre todo, aterrizadas a la nueva realidad que viven los colombianos en materia económica y social. El desafío que tienen en este momento los alcaldes y gobernadores, en cuyas manos quedó la responsabilidad de la reapertura gradual del aparato productivo en sus regiones, es enorme, por lo que las acciones que emprendan para encontrar un equilibrio entre salvar vidas y garantizar medios de sustento a la población, requieren de su liderazgo y capacidad gerencial. Aunque ya el Gobierno Nacional aprobó medidas para solventar la crisis de los departamentos como permitir a los entes territoriales diferir el pago de tributos de la vigencia 2020 hasta 12 meses, la condonación parcial de las obligaciones en mora, la cesión de una mayor participación sobre los recursos de la sobretasa al ACPM y créditos de inversión, se necesita consolidar otro modelo de desarrollo para reactivar la economía y el empleo en las capitales y municipios. Para ello es indispensable que los empresarios, la administración central y los mandatarios locales construyan acuerdos lo antes posible, que permitan generar fuentes de trabajo y aumentar la inversión social en salud, vivienda y educación tanto en las zonas urbanas como rurales. Coincido plenamente con quienes afirman que la difícil situación por la que hoy atravesamos los colombianos debe convertirse en una gran oportunidad para salir fortalecidos como país. Desde el sector privado ya se propuso, por ejemplo, un pacto regional para reactivar las obras públicas, vías, acueductos, alcantarillado y vivienda, con miras a crear empleo, cerrar brechas sociales y avanzar hacia un modelo de desarrollo incluyente y práctico en los territorios. Para caminar en esa dirección han surgido propuestas como la consolidación de las cadenas productivas de valor, la eliminación de las trabas a la formalización empresarial, la sustitución de algunas importaciones, un nuevo relacionamiento con los recursos naturales y la garantía de la seguridad alimentaria, para enfrentar en el futuro emergencias como la que hoy se vive por la pandemia del covid-19 en el mundo. Desde los entes territoriales se sugiere que a instancias de la Ley de Regiones se den pasos importantes hacia la descentralización y la puesta en marcha de proyectos conjuntos que les representen autonomía a los departamentos y municipios, así como equidad y prosperidad a sus habitantes, en el momento de su reglamentación. Aunque el Gobierno Nacional, los gobernadores y los alcaldes están haciendo una importante gestión para disminuir el impacto negativo del virus en sus regiones, no sobra decir que sus esfuerzos serán en vano si la ciudadanía no actúa de manera responsable y disciplinada frente a las medidas y recomendaciones que se han hecho para contener el avance de la pandemia, mientras se trabaja en la recuperación gradual del aparato productivo nacional.

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Es hora de prepararnos para la pospandemia

Columnistas, Coronavirus, Covid-19, Editorial / revistacg

La difícil situación que vive el país por cuenta del Covid-19 tomó por sorpresa a todo el mundo, incluidos los alcaldes y gobernadores, que arrancaban sus períodos cargados de propuestas importantes para empujar el desarrollo integral de sus regiones. La llegada en marzo pasado del nuevo virus a Colombia cambió por completo los proyectos y programas que los mandatarios alentaron como candidatos el año pasado para obtener el respaldo de los votantes en las urnas. No solo tuvieron que redireccionar los recursos hacia el sector de la salud y la seguridad alimentaria para atender la emergencia sanitaria en los municipios y ciudades, sino que tendrán que ajustar sus planes de desarrollo con menos tiempo y presupuesto para responder a las necesidades que exige la pandemia en sus territorios. Las administraciones actuales tendrán que acoplarse a la nueva realidad del país y pensar en cómo salvar al menos los pilares de sus programas de gobierno, sin desconocer que el fortalecimiento del sistema de salud y el garantizar el abastecimiento de alimentos a la comunidad, será por varios meses la prioridad en sus agendas de trabajo. Un rediseño total de los planes de desarrollo que tendrá que hacerse lo más pronto posible para reactivar la economía regional, duramente golpeada por el aislamiento social en el que han permanecido los colombianos para protegerse del contagio. En el proceso de retorno a la normalidad, el impulso del aparato productivo será fundamental para frenar el desempleo, que como era de esperarse, se disparó por la parálisis de las empresas, restaurantes, bares y centros comerciales en todo el territorio nacional. Una tarea nada fácil, en medio de la incertidumbre que existe por la ausencia de una vacuna certificada que ayude a contrarrestar la amenaza de convivir, quién sabe por cuánto tiempo más, con un virus que ha infectado a miles de personas en el mundo y que en un abrir y cerrar de ojos, desbarajustó las metas económicas proyectadas para este año en los 182 países donde el germen infeccioso ha circulado. Aunque el Covid-19 permanecerá por el resto del 2020 entre nosotros, debemos empezar a prepararnos para la pospandemia, en la que más que nunca se necesitará de la solidaridad y el apoyo de todos para recuperar velozmente el crecimiento que se ha perdido durante el semestre. Es allí donde las regiones serán claves. Por eso hay que rodear a las administraciones locales en la misión que comienzan, muchas de ellas con dificultades presupuestales por la reorientación que han tenido los recursos hacia la salud y el sector agropecuario. Como primera medida, los alcaldes y gobernadores tendrán que someter sus planes de desarrollo a una reingeniería, proceso en el que el Gobierno Nacional tendrá que acompañarlos de manera permanente para que sus obras y proyectos no se queden a mitad de camino. Ante la nueva realidad económica y social, se hace más que necesaria la descentralización para responder a las demandas que se tienen en otros frentes en muchos de los municipios. En eso se debe enfocar el Departamento Nacional de Planeación (DNP), para evitar que los territorios experimenten un mayor atraso en su crecimiento, como el que podrían presentar como consecuencia de la crisis sanitaria que hoy golpea con dureza al país. Desde la revista El Congreso estaremos apoyando a los mandatarios regionales en su propósito de alcanzar cada una de las metas que se han trazado para sus cuatro años de gestión.

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Todos unidos por Colombia

Editorial, La Revista, Opinión / revistacg

Editorial del director Sin duda, Colombia se ha enfrentado a uno de los mayores desafíos de nuestra historia con la llegada del coronavirus al país que de manera responsable han asumido los gobiernos nacional, departamental y municipal en estas últimas semanas para evitar la propagación de la enfermedad. Medidas como la declaratoria de la emergencia sanitaria por parte del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, para permitirles a los entes territoriales disponer de los recursos de su presupuesto con miras a proteger a las comunidades de sus regiones, es una muestra del liderazgo de las autoridades para frenar el avance de la pandemia, que ya deja centenares de muertos e infectados en el mundo. Acciones tomadas a tiempo como el aislamiento social preventivo, la cancelación de eventos masivos, el toque de queda en algunos municipios colombianos, la suspensión de clases y el cierre de fronteras terrestres, fluviales, marítimas y aéreas, han impedido un contagio mayor de la población. Pero no debemos bajar la guardia. Ya lo anticipó la Organización Mundial de la Salud (OMS): el virus llegó para que- darse y hay que prepararnos para sobrellevarlo de la mejor manera posible por el resto del año para que su impacto sea menor. Es ahí donde debemos hacer conciencia y actuar unidos como sociedad. No es hora de anteponer intereses personales, ni políticos, ni económicos, sino de pensar en cómo proteger la salud de los 48 millones de colombianos que esperan de sus gobernantes decisiones acertadas para hacer frente a la situación que hoy se vive. El respaldo de la totalidad de los partidos a la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, incluidos los que están en la oposición, es un ejemplo de que sí podemos trabajar unidos alrededor de una causa común. No hay tiempo para los desacuerdos, porque como ha quedado demostrado en Italia, España, China, Francia y Estados Unidos, el coronavirus, conocido también como COVID -19, no da tregua. Por eso los alcaldes y la administración central deben actuar de manera coordinada en la concentración y distribución de los recursos con el fin de garantizar una respuesta rápida a las necesidades de los territorios. Algunos mandatarios locales han cuestionado el manejo gubernamental a los dineros del Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET), que reúnen más de 14.8 billones de pesos, porque según ellos, estarían dirigidos a ayudar a los bancos y empresas en la coyuntura actual. Sin embargo, las asociaciones que congregan a las entidades territoriales del país, como la Federación Nacional de Departamentos (FND), con Carlos Camargo Assis y Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta, como sus representantes, y la Federación Colombiana de Municipios (FCM), que tiene como sus máximos voceros a Gilberto Toro Giraldo y a Gian Car- lo Gerometta, alcalde de Mosquera, aclararon que los recursos que se dispondrán de los dos fondos, serán para atender la emergencia sanitaria en las regiones y no restringe la apropiación de los mismos para la inversión de los municipios y departamentos. Todas las medidas que se tomen para salvaguardar la vida de la población son bienvenidas, siempre y cuando se hagan de manera articulada y sean de obligatorio cumplimiento por parte de los colombianos. Solo así podremos superar esta crisis. Hoy más que nunca debemos sumar esfuerzos para salir lo menos golpeados de esta difícil situación.

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Apoyemos la institucionalidad

Editorial / revistacg

Coincido plenamente con el Presidente en que para hacer valer una opinión no se necesita afectar los derechos de terceros, porque cuando se bloquea una vía de mucho flujo vehícular y se altera la movilidad, se afecta también el derecho al trabajo y, por ende, la calidad de vida de las personas. Eso sin contar las cuantiosas pérdidas que han generado a los comerciantes los daños causados a sus negocios. Bienvenida la decisión del Presidente Iván Duque Márquez de iniciar lo que ha denominado Gran Conversación Nacional para construir entre todos los sectores del país una hoja de ruta que acelere el trabajo de cerrar brechas sociales. Su apuesta por el diálogo social, en el que la unidad es fundamental para seguir avanzando en la construcción de una nación con equidad, nos debe llevar a respaldar la institucionalidad, sin desconocer, desde luego, el derecho que tiene la sociedad a disentir. Pese a que asumió el manejo del país con compromisos ya adquiridos por administraciones anteriores, el mandatario le ha venido cumpliendo a los colombianos con un presupuesto histórico para la educación, que alcanza los 44,1 billones de pesos y la puesta en marcha de políticas públicas que buscan beneficiar a los indígenas y a las minorías étnicas, comunidades para las cuales se tiene contemplada una inversión cercana a los 29 billones de pesos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. Tras las jornadas de movilización que ha vivido el país, el Gobierno ha invitado a los colombianos a presentar sus propuestas a través de distintos espacios de participación, incluidos los temas que más preocupan a la sociedad, para ampliar la agenda actual. Resaltamos la actitud de quienes salieron a las calles de manera pacífica a ejercer su derecho a expresarse -pilar básico de una democracia-, pero condenamos la conducta de quienes con sus actos vandálicos- atribuidos a una minoría-, afectaron el transporte y el comercio de ciudades importantes como Bogotá y Cali, donde los saqueos y ataques con objetos contundentes, obligaron a las autoridades a tomar medidas de excepción. Coincido plenamente con el Presidente en que para hacer valer una opinión no se necesita afectar los derechos de terceros, porque cuando se bloquea una vía de mucho flujo vehícular y se altera la movilidad, se afecta también el derecho al trabajo y, por ende, la calidad de vida de las personas. Eso sin contar las cuantiosas pérdidas que han generado a los comerciantes los daños causados a sus negocios y la caída en las ventas entre 70 y 90 por ciento por el recorte de horarios y el cierre temporal de los establecimientos. Los gremios calculan que la afectación por el paro llega a los 1,4 billones de pesos. Por eso el camino a seguir es el diálogo. Instituciones como el Congreso de la República, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, han tendido puentes para que estudiantes, trabajadores, indígenas y demás sectores que han salido a las calles en las últimas semanas, comiencen a trabajar con el Gobierno Nacional en la búsqueda de transformaciones concertadas que garanticen el interés general. Con la Gran Conversación Nacional que se ha iniciado, los colombianos tendrán la posibilidad de presentar hasta el 15 de marzo próximo las propuestas que consideren indispensables para definir un agenda que responda a las necesidades actuales. Sin duda, un paso en la dirección correcta, en la que el liderazgo presidencial será clave para corresponder a los anhelos de un sector amplio de la población, pero sobre todo para unir al país alrededor de un propósito común. No puede haber alternativa diferente a la de un diálogo genuino y transparente para generar confianza y dejar de lado cualquier prevención por el bien de la Nación.

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Política fronteriza, el gran reto de Duque

Diplomacia, Estado, Opinión / revistacg

Por Álvaro Erazo Paz Su primer acto de gobierno ejerciendo soberanía sobre la isla caribeña de San Andrés es un mensaje claro de que la política exterior, y en particular los problemas que arrastra Colombia con países fronterizos como Nicaragua, Venezuela, Panamá y Ecuador, estarán en primer orden en la agenda del presidente Iván Duque en sus cuatro años de gestión. Aunque todos ameritan la mayor atención, la crisis humanitaria generada por la llegada de miles de venezolanos que huyen de la situación política y económica de su nación, merecerá un capítulo especial para la nueva administración. Desde que estaba en campaña, Duque advirtió que acorralaría diplomáticamente al presidente Nicolás Maduro para que retornara la libertad y democracia en Venezuela, pero que su Gobierno les daría la asistencia humanitaria necesaria a quienes han cruzado la frontera en busca de mejores condiciones para vivir. Y es que la situación que viven departamentos como Norte de Santander, donde el éxodo de venezolanos ya desbordó la capacidad institucional, ha prendido las alarmas por las dificultades que está generando en algunas ciudades del país en materia de seguridad, salubridad y carga presupuestal. Un problema más que se añade al complejo panorama que presentan regiones como El Catatumbo, limítrofe con Venezuela, donde la ausencia del Estado colombiano ha contribuido al crecimiento de los cultivos ilícitos, y por ende a la presencia de grupos armados ilegales que se disputan su control. Esa es tal vez una de las razones que llevó al presidente a visitar, dos días después de su posesión, al municipio de Tibú, donde anunció mano dura para reducir de manera significativa el número de hectáreas sembradas con coca, y se comprometió a empujar el desarrollo económico y social de la población. Tanto con su desplazamiento al archipiélago de San Andrés y Providencia, por el cual Colombia mantiene un litigio marítimo con Nicaragua, como con su viaje a Tibú, el mandatario quiso enviar mensajes de soberanía y de presencia territorial. En lo que tiene que ver con Ecuador, Duque ya tuvo su primer encuentro con el presidente Lenin Moreno para hablar sobre el desarrollo de las zonas fronterizas y la lucha conjunta que deben librar los dos países contra el narcotráfico y la disidencia de las FARC, a la cual se atribuye el secuestro y asesinato de varios ciudadanos ecuatorianos en los últimos meses. La idea es establecer los primeros acuerdos que permitan fortalecer un gabinete binacional para avanzar en aspectos comerciales, cooperación en seguridad y conocer iniciativas en telecomunicaciones y educación. Previo a los actos de transmisión de mando, el jefe de Estado colombiano se reunió también con su homólogo panameño, Juan Carlos Varela, con quien dialogó sobre temas de interés mutuo, como la lucha contra el narcotráfico a través del Triángulo Sur (Panamá, Costa Rica y Colombia), la solución a las situaciones comerciales entre las dos naciones, el turismo y el combate coordinado al narcotráfico y el crimen organizado en la frontera. Primeros pasos que ha dado el presidente Duque, en el arranque de su administración, que marcan lo que será su política exterior en asuntos clave para el país y en los que todos debemos rodear al Gobierno, al margen de cualquier diferencia ideológica o interés político que pueda existir.

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Un Congreso a la altura de sus responsabilidades

Actualidad, Editorial / revistacg

Por, Álvaro Erazo Paz Director Asume funciones el nuevo Congreso de la República con enormes retos y responsabilidades, frente a lo cual sus integrantes no pueden ser inferiores. En medio de un país polarizado y unas reformas inaplazables, el Legislativo emerge como protagonista para tender puentes de entendimiento, recuperar la credibilidad y la confianza en las instituciones colombianas y ajustarse a la nueva realidad de un país que demanda avances sociales inmediatos. Comienza un periodo de cuatro años, en el que se espera que senadores y representantes estén a la altura de los grandes desafíos que enfrentará Colombia con unos acuerdos de paz a media marcha, un sistema judicial cuestionado por denuncias de corrupción y una economía que ha comenzado a dar señales de recuperación, tras meses de recesión. Se vienen reformas fundamentales para el país, en las que el Gobierno Nacional tendrá como aliado al Congreso, sin que ello implique renunciar al control político y a la independencia de poderes, pilares esenciales para el funcionamiento de una democracia. Desde ya el presidente electo, Iván Duque, ha dado puntadas sobre los temas que serán priorizados en su agenda de gobierno, entre ellos la lucha contra la corrupción, la politiquería y el clientelismo, una tarea en la que el Legislativo deberá estar comprometido de lleno para ganar confianza y prestigio ante la opinión pública nacional. El futuro mandatario también prepara cambios en la justicia, el sistema de salud, la política, los impuestos, el régimen pensional, la educación y el Estado, en los que, según dijo, regirán la transparencia y la eficiencia. Reformas para las que muy seguramente contará con el apoyo de los partidos que respaldaron su candidatura en la segunda vuelta presidencial (Liberal, Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, Mira y un sector amplio de la U). Unas mayorías “aplastantes” que, aunque pueden garantizar el trámite de los proyectos gubernamentales, no deben poner en tela de juicio la independencia del Congreso, ni tampoco legislar en defensa de intereses políticos y particulares. Se requiere de unos congresistas comprometidos ciento por ciento con las necesidades de una sociedad que transita hacia la paz, para la que, sin duda, será importante contar con iniciativas que le den solución a los grandes problemas que afectan al país, como la inseguridad, la falta de inversión social en el campo, la pobreza, el desempleo, la ausencia de espacios para el emprendimiento y las limitaciones en salud y educación para la población. Empieza una legislatura en la que, de nuevo, tendrá un rol importante el tema de la paz, merced a los ajustes que hará el gobierno entrante a lo pactado con las FARC en 2016. Un asunto sensible para los colombianos sobre el que el Congreso deberá actuar también con mucha responsabilidad frente al país. De lo que allí se apruebe dependerá, en gran medida, el rumbo que tomará la Nación. ¡Manos a la obra!

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Ellas son la clave para el buen manejo del Estado

Actualidad, Columnistas, Editorial, Opinión / revistacg

Por Álvaro Erazo Paz Comienza un nuevo mandato en el que, por primera vez en la historia, Colombia tiene a una mujer como Vicepresidenta de la República. La lucha que por muchos años ha librado el género femenino por alcanzar una participación activa y representativa en los cargos de poder, no ha sido en vano. La llegada de Marta Lucía Ramírez a esa importante posición así lo demuestra. Sin embargo, aunque se han logrado avances significativos en el reconocimiento de las capacidades, manejo responsable, transparencia, disciplina, organización, planeación y liderazgo de las mujeres colombianas en las tareas que les han sido encomendadas, tanto en el sector público como en el privado, la vicepresidenta tendrá el reto de seguir empoderando a la mujer. Si bien, la Constitución de 1991 reconoció en sus páginas la igualdad entre hombres y mujeres, así como la necesidad de una mayor participación femenina en la administración pública, el país aún tiene el desafío de seguir creciendo en temas de inclusión. Debemos superar las dificultades que siguen existiendo en el mercado laboral para la mujer, con la certeza de que en el futuro jugará un papel preponderante en el crecimiento económico. Coincido plenamente con quienes afirman que hay que seguir estimulando una fuerza laboral diversa, pero ante todo aprovechar las potencialidades de la mujer, que sigue experimentado limitaciones en igualdad de oportunidades y condiciones para el ejercicio de su actividad profesional. En esta edición hemos escogido más de una veintena de ellas porque se han destacado por su liderazgo y compromiso con Colombia, pero estamos convencidos de que la lista de mujeres talentosas es interminable. Es por ello que se plantea la necesidad de acciones incluyentes para seguir empoderándolas, tarea en la que la Vicepresidenta de la República no puede estar ausente. Aunque se ha dado un paso importante para la representación femenina en los espacios de poder, es indispensable emprender programas que les permitan ejercer su rol profesional en concordancia con su misión de jefe de hogar, así como garantizarles un entorno laboral en el que puedan desarrollar lo mejor de su talento y creatividad. Muchos se preguntan ¿por qué existiendo más mujeres que hombres en Colombia, la participación en cargos públicos se mantiene desigual? Según el más reciente informe del Departamento Administrativo de la Función Pública, el país ha cumplido a cabalidad con la Ley de Cuotas que estipula que al menos haya un aporte femenino de 30 por ciento en las entidades estatales, con el fin de garantizar una mejor redistribución del poder. El estudio señala que en 2017 se reportó una participación de 41 por ciento de la mujer, lo que representa un aumento con respecto a 2016. Sin embargo, la cifra sigue siendo muy baja, si se tiene en cuenta la inmensa labor que cumple este sector de la población en la construcción de una mejor nación.

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Más vale tarde que nunca…

Actualidad, Editorial, Ministerios, Opinión, Personajes, Vivienda / revistacg

Por, Álvaro Erazo Paz El gobierno del presidente Juan Manuel Santos le apostó en estos ocho años a una ambiciosa política de vivienda con la que se han logrado cerrar brechas sociales en el camino hacia la consolidación de la paz, a través de programas y subsidios que han favorecido a los sectores más vulnerables del país. La meta de construir 1,7 millones de unidades habitacionales para los colombianos ya está en su fase de maduración, ayudando no solo a la reconstrucción de tejido social, sino a inyectarle dinamismo a la economía nacional, en su proceso de recuperación. Desde cualquier ángulo que se mire, las cifras son alentadoras y no tienen precedentes en la historia del país. Por primera vez alrededor de 6,8 millones de personas pudieron acceder al servicio de agua potable y un total de 7,4 millones cuentan con saneamiento básico, gracias a una inversión de 7,9 billones de pesos en las áreas urbana y rural. Proyectos que no solo han permitido superar las barreras que existían para los sectores de menores recursos en su sueño de contar con un techo digno en algún momento, sino que han contribuido a jalonar el mercado laboral con la creación de más de 700 mil fuentes de empleo en actividades ligadas a la construcción. El impacto ha sido favorable no solo para el sector vivienda, que repuntó de manera significativa, sino también para el bancario, que reflejó en estos últimos años un crecimiento en su registro de créditos desembolsados. En la tarea de facilitarles a miles de colombianos la posibilidad de tener una casa propia, para lo cual el gobierno hizo una enorme inversión, estuvo al frente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, entidad desde la cual se coordinaron todos los programas para hacer realidad los objetivos propuestos. A la cabeza de su ejecución, estuvo en su recta final el economista bogotano, Camilo Sánchez Ortega, cuya gestión le ha merecido el reconocimiento del Congreso de la República, la Asamblea de Cundinamarca y la Lonja de propiedad raíz. Retomando las palabras del ministro, muchos de los logros en vivienda se han dado gracias al esfuerzo silencioso y continuo de llevar bienestar a quienes más lo necesitan en Colombia para garantizar equidad y avanzar hacia la consolidación de la paz en el territorio. Sin duda, un gran legado para el nuevo gobierno que asume funciones el 7 de agosto próximo. Pero esta tarea de llevar vivienda y agua potable a la población colombiana debe ir de la mano con otras políticas públicas ligadas al bienestar social, como una mayor cobertura en salud y educación y mejor infraestructura vial, sectores, que, aunque presentaron avances significativos en estos últimos años, deben ser fortalecidos aún más.

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