mayo 19, 2026

delincuencia

Seguridad en Cundinamarca: provincia de Rionegro aplicará un Plan Choque de 60 días

La Gobernación destacó que la iniciativa, cuya inversión es de $3.600 millones de pesos, busca enfrentar el microtráfico, así como el robo de vehículos, inmuebles y ganado Como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en la provincia de Río Negro y zonas aledañas, la Gobernación de Cundinamarca anunció que en la zona mencionada se realizará un Plan Choque de 60 días, con el objetivo de desarticular estructuras criminales y fortalecer la presencia institucional en los municipios de la región. La iniciativa, dada a conocer durante un comité regional de seguridad realizado entre la Gobernación y las alcaldías de la provincia, recibirá una inversión cercana a los $3.600 millones de pesos para darle a la fuerza pública herramientas de movilidad y capacidad operativa, así como realizar operativos y acciones de inteligencia. Sobre lo anterior se pronunció el secretario de Gobierno de Cundinamarca, el general (r) Luis Fernando Navarro, afirmando que, si bien Rionegro presenta indicadores favorables en materia de seguridad, aún hay inconvenientes con respecto al microtráfico, el hurto a fincas y vehículos, así como el abigeato, es decir robo de ganado. “El trabajo articulado entre las alcaldías, la Policía, el Ejército y la Fuerza Aérea será de inteligencia judicial, para lograr desarticular estructuras. La garantía es que estos municipios van a contar con una mayor seguridad. Cundinamarca es uno de los departamentos más seguros del país, y estamos trabajando 24 horas para que siga siendo así”, declaró Navarro. El funcionario también destacó durante el anuncio, en el que estuvieron presentes representantes de la Policía Nacional, el Ejército, el CTI y la Sijín, por mencionar algunos, que la medida está contemplada dentro del Plan Integral de Seguridad y Convivencia del departamento, con el que se espera darle un cumplimiento apropiado a los objetivos planteados.

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En el marco de los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional, focalizados en la seguridad humana y la lucha contra los delitos que atentan contra la administración pública, la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró dar captura a 9 miembros de empresas prestadoras de servicios de salud y a 2 funcionarios públicos, en la ciudad de Pereira y en los municipios de Dosquebradas y La Virginia - Risaralda.

Desmantelada organización criminal que realizaba fraudes al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito – SOAT

En el marco de los lineamientos estratégicos del Gobierno Nacional, focalizados en la seguridad humana y la lucha contra los delitos que atentan contra la administración pública, la Policía Nacional de Colombia a través de la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, logró dar captura a 9 miembros de empresas prestadoras de servicios de salud y a 2 funcionarios públicos, en la ciudad de Pereira y en los municipios de Dosquebradas y La Virginia – Risaralda. Se trata de una investigación adelantada por el Área Investigativa Anticorrupción de la DIJIN, en coordinación con la Fiscalía 39 Seccional de la Estructura de Apoyo (EDA) de Pereira, con la que se pudo establecer que 8 personas entre ellos los representantes legales de 4 empresas prestadoras del servicio de ambulancias, un médico accionista de una clínica, un guarda de seguridad, un conductor de ambulancia y dos funcionarios públicos se dedicaron a realizar fraudes a los Seguros Obligatorios de Accidentes de Tránsito (SOAT) durante los años 2019, 2020 y 2021. Durante la investigación se pudo establecer que, a través de anuncios en redes sociales, entrega de tarjetas y volantes en la ciudad de Pereira, particulares ofrecían remuneraciones económicas a quienes participaran del fraude, haciendo pasar como supuestos accidentes de tránsito: situaciones como caídas en el hogar, lesiones deportivas, enfermedades generales, accidentes laborales, entre otros. Con este tipo de fraude esta organización criminal lograba que realizaran pagos a las empresas de ambulancias, al realizar los traslados de pacientes a centros asistenciales por valores que oscilaban entre 276 mil pesos y 300 mil pesos por persona, además realizaron desembolsos a clínicas prestadoras de salud, por montos desde 109 mil pesos hasta más de 58 millones por asistencia médica. También fue posible evidenciar que los SOAT de algunos vehículos y motocicletas, eran pasados en diferentes situaciones para ser atendidos por diversos accidentes de tránsito y que los empleados de las empresas prestadoras de emergencias, alquilaban los SOAT de vehículos de su propiedad, para realizar el fraude con las personas que eran remitidas en las ambulancias por los falsos accidentes. Los capturados fueron presentados ante un Juez de Control de Garantías y la Fiscalía General de la Nación les imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho propio, cohecho impropio y tráfico de influencias de servidor público. Tomado de MinTransporte

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Estrategia contra la delincuencia

Por, Horacio José Serpa, político colombiano. El 2017 cerró con cifras preocupantes sobre la situación de inseguridad. Hoy los ciudadanos continúan percibiendo las calles de todo el país con miedo, particularmente en las capitales. Delitos como el hurto a personas, motos, residencias, comercios y celulares continúan a la orden del día para este 2018. Medellín se ha vuelto prueba de ello. Esta semana en tan sólo 48 horas fueron asesinadas 10 personas, razón para que se considere que la lucha contra este flagelo se está perdiendo, ¿qué haremos entonces? No podemos resignarnos ante el crimen. La gente sigue reclamando más seguridad a sus gobernantes y a sus instituciones, a quienes muchas veces ven lejanos de las necesidades de la comunidad; no hay confianza suficiente con los vecinos o autoridades locales, y son frecuentes las denuncias públicas sobre procedimientos policiales irregulares. Pero hoy, consciente de que este es un problema que tenemos que atacar, quiero referirme a un modelo ya existente, que está a la mano de todos y que deberíamos utilizar con mayor empoderamiento. Se trata del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante, una estrategia preventiva en la que están llamados a trabajar conjuntamente ciudadanos y policías para conocer las actividades delincuenciales de los barrios y enfrentarlas. En la nueva realidad del país se requiere una policía que vele por la sana convivencia y por la comunicación oportuna. En Latinoamérica, ciudades como Santiago de Chile han implementado durante las últimas décadas planes que buscan estimular la participación del ciudadano en políticas de seguridad, teniendo resultados exitosos. En Colombia, el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante ha cambiado la manera de trabajar de la Policía, pero aún falta aumentar la confianza de los ciudadanos ante la institución. Vecinos pueden alertar sobre situaciones o personas sospechosas dando aviso al policía de su cuadrante, contribuyendo a una respuesta más rápida por parte de los uniformados. Sin embargo, se requiere que la institución cuente con un mayor pie de fuerza que le permita superar su principal limitación. Entendamos que la seguridad no es sólo hacer cumplir el Código de Policía o imponer comparendos a los infractores. En la nueva realidad del país se requiere una policía que vele por la sana convivencia y por la comunicación oportuna. Desde la política tenemos el deber de proteger, impulsar y reformar estos modelos que buscan minimizar la delincuencia. El presidente y Congreso que estamos a puertas de elegir tienen una misión especial en materia de seguridad, su rol debe estar encaminado a devolverle la esperanza a los ciudadanos que consideran que la lucha contra la delincuencia se está perdiendo.    

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