Defensoría Archivos - Revista el Congreso

Coalición Verde – Centro Esperanza respalda elección de Iris Marín Ortiz en la Defensoría

Cámara: Cámara de Representantes, Congreso de la República, DDHH, Derechos, Gobierno, Legislativo / revistacg

El representante Duvalier Sánchez anunció que la mayoría de la Coalición Verde – Centro Esperanza acompañará a Iris Marín Ortiz entre las ternadas para la Defensoría. Continúa la puja entre las ternadas a la Defensoría del Pueblo. El presidente Gustavo Petro eligió por primera vez a tres mujeres como opcionadas a ocupar el cargo; Dora Arias y Jomary Ortegón e Iris Marin, esta última con amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos. En las últimas horas la Coalición Verde – Centro Esperanza emitió un comunicado manifestando su apoyo a Marin. “Hemos llegado a la conclusión de que la doctora Iris Marin no solo tiene una gran trayectoria académica, profesional y de lucha por los derechos humanos – confirmada por las organizaciones que la postularon – sino también experiencia gerencial y administrativa al ocupar cargos como directora de Reparación y Subdirectora general de la Unidad para la Atención Reparación Integral a las Víctimas”, indica el comunicado. Marin es abogada de la Universidad del Rosario y Magíster en Derecho de la Universidad Nacional. Se ha destacado por su trabajo en la Unidad de Víctimas, su participación en la redacción de la Ley de Justicia y Paz y como asesora en los diálogos de paz con la extinta guerrilla de las Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

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Periodistas se sienten cada vez más amenazados, advierte Defensoría del Pueblo

DDHH, Derechos, Estado, Victimas / revistacg

La Defensoría del Pueblo advirtió que los periodistas se sienten cada vez más amenazados ante las intimidaciones de grupos armados ilegales. Una encuesta realizada por la entidad en todas las regiones del país reveló que las estructuras armadas ilegales, el crimen organizado y la delincuencia común han sido los principales responsables de las amenazas a periodistas en el 2024, una realidad preocupante en medio de la escalada de violencia que ha enfrentado el país en el último año. De acuerdo con el informe de la Defensoría, el 47,7% de las amenazas reportadas a periodistas involucran a las organizaciones criminales y la delincuencia común. Además, El 21,2 % denunció ataques de líderes políticos, 13,2% dijo sentirse atacado por miembros de las Fuerzas Militares y el 12% manifestó haber recibido comentarios agresivos de funcionarios públicos. Asimismo, el 36% declaró haber recibido amenazas contra su integridad y el 17% indicó que su derecho a informar fue vulnerado Asimismo, la entidad hizo un llamado a los actores armados a respetar el derecho de los periodistas a informar e invitó a funcionarios públicos y a la ciudadanía a respetar la libertad de prensa, medios de comunicación tradicionales, independientes, locales y nacionales. “Los actores con responsabilidades políticas y la ciudadanía en general, incluidos los generadores de opinión, deben respetar el libre ejercicio de la prensa —medios de comunicación tradicionales, nacionales, regionales, locales, no tradicionales, comunitarios, digitales, en todos sus formatos— y a quienes forman parte de ella desde su rol como comunicadores. Es preciso respetarlos y promover su protección”, señala.

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Clan del Golfo es uno de los grupos criminales con mayor crecimiento en Colombia, alerta Defensoría

DDHH, Derechos, Estado, Orden Púbico, ORDEN PÚBLICO, Orden Público, Regiones / revistacg

La Defensoría del Pueblo alertó sobre la expansión del Clan del Golfo en todo el territorio nacional. De acuerdo con la entidad, en los últimos siete años se han emitido 173 alertas tempranas sobre la presencia y operación criminal del Clan del Golfo en distintas regiones del país. En su último informe señala que el grupo delincuencial ha crecido por lo menos un 84% desde el 2019, pasando de controlar 213 municipios a 392 este año. Asimismo, destaca que los departamentos donde más hacen presencia son: Antioquia, con 39; Chocó, 38; Bolívar, 21; Córdoba y Meta, 17 cada uno; Nariño, Cauca y Valle del Cauca, 15 cada uno; Cesar y Cundinamarca, con 13 AT cada uno. La grave situación de orden público generada por el accionar de este grupo armado llevó a la Defensoría a solicitarle al Gobierno Nacional y entidades competentes medidas urgentes para garantizar la seguridad de la población. “Los hechos sistemáticos, que vulneran y violentan los derechos humanos, además de que van en contravía de lo establecido por el DIH, llevan a la Defensoría del Pueblo a solicitarles e insistirles al Gobierno Nacional y los entes competentes del orden territorial lo importante que es emprender acciones y planes de protección efectivos para las comunidades, especialmente en aquellas zonas convulsionadas por el conflicto armado”, indicó la Defensoría a través de un comunicado. Finalmente, la entidad alertó sobre el aumento del desplazamiento forzado, confinamientos, reclutamiento, uso y utilización de menores de edad, masacres, desapariciones forzadas, enfrentamientos armados con interposición de la población, violencia sexual, restricciones a la movilidad.

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Tribunal de Cundinamarca ampara a Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia ante riesgos de inundaciones en subregión La Mojana

Actualidad, Antioquia, Bolívar, Córdoba, Inundaciones, MinAmbiente, REGIONALES, Regiones, Sucre / Erika Baute

El Tribunal de Cundinamarca falló a favor de más de 40.000 familias residentes en la subregión de La Mojana, y que colinda con los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, esto en respuesta a una acción popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo en 2023. “Considerando que las comunidades siguen sin garantías y el riesgo de una nueva inundación es latente, el órgano judicial determinó que, en el término de un mes, bajo la coordinación de nosotros como Defensoría del Pueblo, entidades gubernamentales del orden nacional y local deberán realizar una mesa de trabajo para revisar integralmente la situación actual de la subregión”, expresó Carlos Camargo Assis. Defensor del Pueblo. Como se recordará esta situación va en escalada tras el rompimiento del dique ‘Caregato’, ocurrida en agosto de 2021, en San Jacinto del Cauca (Bolívar), desde entonces la Defensoría ha estado revisando denuncias de vulneración de los derechos fundamentales de los habitantes de los 11 municipios que conforman la subregión de La Mojana y ante la insuficiente respuesta estatal, se instauró la acción popular. Al respecto Camargo indicó “Basados en lo ordenado por el Tribunal, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Fondo de Adaptación tendrán la responsabilidad inmediata de continuar con las fases de respuesta a la emergencia, de acuerdo con sus competencias, disponiendo de los recursos necesarios para tal fin”. La finalidad del recurso interpuesto por la Defensoría es garantizar la protección y los derechos de las comunidades que a la fecha siguen siendo vulnerados, así como la implementación de una ruta de trabajo que promueva la conservación de un medioambiente sano, la prevención de desastres previsibles, la conservación de las especies y el equilibrio ecológico del ecosistema, dados los graves riesgos que se detectaron por la falta de previsión y acción adecuada de la administración nacional.

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Procuraduría pide medidas extraordinarias por crisis sanitaria en isla de San Andrés

Actualidad, MinAmbiente: Ambiente, Salud / revistacg

La Procuraduría General de la Nación pidió este miércoles medidas extraordinarias frente a la grave crisis de salud, sanitaria y ambiental que vive el archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia desde hace varios meses. Para ello, el Ministerio Publicó convocó a la gobernadora encargada, Sandra Howard Taylor; al viceministro de Salud, Luis Fernando Correa Serna; al director de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente, Fabián Hernán Gonzalo Torres, y al superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz Araújo, con el fin de abordar el problema. El ente de control consideró necesario declarar la emergencia sanitaria y ambiental y dar soluciones de fondo que garanticen una adecuada atención en salud, permitan el restablecimiento del ambiente sano de los sanandresanos y la prevención de posibles efectos sobre los ecosistemas de la región caribeña. Ante la situación que vive el archipiélago desde hace varios meses, la Procuraduría ha hecho una serie de recomendaciones, y ha interpuesto acciones judiciales en defensa del patrimonio ecológico de la isla. Se destaca, por ejemplo, la acción popular presentada para impulsar la puesta en marcha y ejecución de la Planta de Generación de Electricidad de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). El Ministerio Público y la Defensoría evidenciaron la falta de insumos, medicamentos, servicios de laboratorio y de cirugías. Así mismo, encontraron acumulación de patologías sin analizar desde el 2017, lo cual podría atentar contra el derecho de los pacientes a un diagnóstico oportuno y colocar a las personas en un riesgo de infección. La Procuraduría conoció que desde el 1º. de mayo la firma Anestesiar no tiene contrato con el Clarence Lynd Newball Memorial. La ciudadanía continúa denunciando el precario servicio de salud que allí se presta. De otra parte, el ente de control informó que son preocupantes las condiciones de la planta de gases medicinales, la cual a pesar del riesgo que reviste por su carácter inflamable, carece de un sistema de control de temperatura.

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