junio 15, 2024
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Corte Suprema de Justicia

El próximo siete de marzo la Corte Suprema continuará el proceso de elección del fiscal general

Este jueves 22 de febrero, ninguna de las ternadas por el presidente Gustavo Petro alcanzó los 16 votos mínimos requeridos por los 23 magistrados que conforman la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Ángela María Buitrago, Luz Adriana Camargo Garzón y Amelia Pérez Parra son las ternadas para asumir la dirección de la Fiscalía General de Nación. Según declaraciones del presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, “hubo un avance importante en el sentido en que se diluyó de manera significativa el voto el blanco, que se impuso en las anteriores votaciones, estamos próximos a alcanzar el consenso para lograr la mayoría que establece nuestros reglamentos para declarar la elección”. Además, indicó que “una de las aspirantes pudo obtener un número importante de votos”. De acuerdo con estas declaraciones, sería Amelia Pérez Parra, quien logró 13 votos de los 16 que se necesita para ser erigida como fiscal.  De tal manera, solo cabe esperar a que el siete de marzo se logre llegar a un consenso por parte del magistrado para elegir a la nueva fiscal.   

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Senadores rechazan protestas a la Corte Suprema de Justicia

Por medio de declaraciones y mensajes en distintas redes sociales, los Senadores de diferentes partidos, manifestaron su preocupación, rechazo e inconformidad con hechos violentos presentados durante el día frente a la Corte Suprema de Justicia. Los congresistas quienes representan diferentes posiciones, algunas de apoyo y solidaridad al Gobierno Nacional y otras en contra del mismo, concuerdan en rechazar el hecho en el que salieron afectados periodistas y ciudadanos, además de generar pánico en la Institucionalidad.  Los actos vandálicos que se presentaron, son condenados sin duda alguna por los miembros de esta corporación quienes además han solicitado una rigurosa investigación frente a lo sucedido. Por su parte, el senador Miguel Ángel Pinto, del Partido Liberal, hizo un llamado a la cordura, “todas nuestras instituciones deben ser respetadas. En Colombia existe, por constitución, la separación de poderes, y el respeto a este principio es lo que hace prevalecer nuestra democracia”, dijo en su cuenta X. Otro de los congresistas que se sumó al rechazo de los actos violentos, fue el senador Alejandro Vega, Partido Liberal, “inaceptables como peligrosas han resultado las manifestaciones frente al Palacio de Justicia. Un proceder cuestionable contra magistrados, periodistas y transeúntes que debemos rechazar. El llamado debe ser al orden, calma y moderación. Siempre en defensa de la institucionalidad”. La senadora Paola Holguín, partido Centro Democrático, expresó que este es momento para rodear la institucionalidad; “gracias a los magistrados que resisten frente a presión indebida del Gobierno Petro. Más que nunca tenemos que cerrar filas para defender la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho”. La bancada Caribe también ha rechazado el asedio del que ha sido víctima la alta corte, por lo que a través de sus redes sociales se pronunciaron dos destacados senadores. Jorge Benedetti de Cambio Radical indicó que es “grave lo que pasa hoy en Palacio de Justicia, la libertad e integridad de los Magistrados de la Corte Suprema debe ser garantizada.” y añadió que: “La verdadera ruptura institucional se materializa cuando algunos a través de vías de hecho pretenden imponer sus deseos en contra de la ley y la Constitución”. En ese mismo sentido, Nadia Blel Scaff del partido Conservador, reaccionó a esta lamentable situación indicando a través de su cuenta X que el respeto a las instituciones y la autonomía de poderes es fundamental en una democracia, más en un país que está buscando la paz. Rechazando la presión e intimidación a la que fue sometida hoy la Corte Suprema de Justicia, “la violencia nunca será el camino”. El senador Didier Lobo Chinchilla, segundo vicepresidente del Senado, del Partido Cambio Radical, expuso en su cuenta en X que “Por medio de manifestaciones se ejerce una inaceptable presión contra la justicia, alterando el equilibrio de poderes y la independencia de la justicia”.  A su vez la senadora de Alianza Verde, Angelica Lozano hizo lo propio y bajo el lema “la justicia se respeta”, rechazó la actuación de los manifestantes afuera del Palacio de Justicia: “tienen sitiados a magistrados y funcionarios. Sin presiones, a la Corte Suprema se le debe dejar hacer su trabajo para que elija a la nueva fiscal general”, manifestó la congresista. La senadora Karina Espinosa Oliver del partido Liberal hizo un llamado a la tolerancia, respeto y la unidad, indicando que es necesario tener una capacidad de escucha, diálogo y amor al país para lograr la Paz Total, desde el centro y sin postura extremas. “Muy triste los hechos que ocurren hoy en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Pedimos respeto a la división de poderes lo cual garantiza el equilibrio y la armonía de las fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos” escribió en su cuenta de X la congresista.  El llamado de los senadores es a que se brinden las garantías necesarias para mantener la independencia y el equilibrio necesario entre las ramas del poder público, respetando principalmente la democracia y la institucionalidad en nuestro país.  Tomado de Senado

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Se busca adelantar la elección de la sucesora del fiscal Barbosa

El Consejo de Estado admitió una tutela que busca que la Corte Suprema de Justicia elija antes del 14 de febrero una nueva fiscal general y que en este puesto no quede de manera interina la Vicefiscal Martha Mancera. La petición surge ante las próximas votaciones en la Sala Plena de la Corte Suprema para elegir al nuevo Fiscal General, cuando un ciudadano, Germán Espinosa, quien solicitó que se tomen medidas por parte de la Corte Suprema de Justicia sobre el nombramiento de un reemplazo para el actual Fiscal General, Francisco Barbosa Delgado. Además, busca prevenir un vacío en la posición que podría surgir mientras la Corte Suprema de Justicia realiza el proceso de votación y elección. El demandante insiste en esta solicitud basándose en el principio de imparcialidad. De este modo, la acción de tutela pretende garantizar la transparencia y la justicia en los casos que podrían representar un conflicto de intereses.   Tomado de X Última Hora Caracol

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En reemplazo de Alexander Vega, eligieron a Hernán Penagos Giraldo como nuevo registrador nacional

El ex congresista Hernán Penagos fue elegido como nuevo registrador nacional del Estado Civil – crédito Colprensa. En una decisión unánime, tomada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, Hernán Penagos Giraldo fue elegido el miércoles 22 de noviembre como nuevo registrador nacional del Estado Civil, para los próximos cuatro años, en sucesión de Alexander Vega Rocha, que está próximo a cumplir su periodo. Diana Fajardo Rivera, titular de la Corte Constitucional; Fernando Castillo Cadena, de la Corte Suprema, y Jaime Enrique Rodríguez Navas, del Consejo de Estado, fueron los que escogieron al abogado Penagos Giraldo, que resultó ganador del concurso de méritos especial que se llevó a cabo para cumplir este mandato, que iniciará en diciembre de 2023 y se extenderá hasta 2027. Tomado de Infobae

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Corte no devolverá terna para Fiscal: esto dijo sobre la composición de solo mujeres

En medio del debate que se ha generado por la terna que presentó el presidente Gustavo Petro para elegir a la próxima Fiscal General de la Nación, en la cual incluyó solo a mujeres, se conoció un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema. En una carta de una página el presidente de la Corte Suprema, el magistrado Fernando Castillo Cadena, respondió a la petición de un ciudadano que había solicitado devolverle al presidente Petro la terna para que se incluyera a un hombre. La terna que el jefe de Estado presentó inicialmente a la Corte el 2 de agosto estaba conformada por las abogadas Amparo Cerón, Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra. Pero a finales de septiembre el presidente Petro sacó de la misma a Cerón e incluyó a Luz Adriana Camargo Garzón. Tomado de: El Espectador 

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Metro de Bogotá: Fiscalía investiga si hubo corrupción en el proyecto de la megaobra

El ente investigador indicó que las investigaciones por ahora se adelantan de manera preliminar. La Fiscalía compulsó copias para que la Corte Suprema también investigue. La Fiscalía General indaga preliminarmente sobre posibles hechos de corrupción en el Metro de Bogotá. A través de un comunicado de prensa, el ente investigador señaló que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, tiene una serie de pruebas que podrían constituir algún delito. La funcionaria judicial realizó dos compulsas de copias para que se adelanten las investigaciones pertinentes. La primera compulsa es a la Sala de Instrucción, de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que investiga a los aforados, y la segunda compulsa es para la Delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía para que adelante los actos de investigación que puedan demostrar si hubo o no un delito cometido por funcionarios de la Alcaldia Mayor de Bogotá Etapa de Indagación “Es importante destacar que el proceso se encuentra en etapa de indagación. 4. La Fiscalía reafirma su compromiso de investigar los posibles actos de corrupción que puedan afectar a la administración pública y que pongan en riesgo los recursos del erario”, señaló la Fiscalía en su comunicado. La apertura de esta indagación tiene que ver con una publicación de la Revista Semana en la que se dieron a conocer conversaciones entre José Joaquín Silva Ardila, exempleado del Ministerio de Transporte, y un ciudadano chino referenciado como William o Dong, en las que la Fiscalía de Francisco Barbosa dice que posiblemente hay corrupción en la construcción del Metro de Bogotá. Las interceptaciones fueron realizadas entre enero y marzo de 2022, justo antes de las elecciones al Congreso. En ellas, se habla del pago de coimas por más de 10.000 millones de pesos. “De esta cifra, unos 6.000 millones irían ‘a los verdes’ para financiar campañas políticas al Legislativo, a cambio de ser favorecidos en contratos de la megaobra, la más importante en la historia del país. Según Semana, los documentos hace menciones a la alcaldesa Claudia López y a su esposa, la senadora Angélica Lozano. Tomado de El Espectador

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La Sala Plena de la Corte Suprema de Justica eligió al magistrado Fernando Castillo Cadena como nuevo presidente de la corporación, y al jurista Gerson Chaverra Castro como su vicepresidente.

Magistrado Fernando Castillo Cadena, nuevo presidente de la Corte Suprema De Justicia

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justica eligió al magistrado Fernando Castillo Cadena como nuevo presidente de la corporación, y al jurista Gerson Chaverra Castro como su vicepresidente. Por su parte, las salas de Casación Civil, Laboral y Penal y las Especiales de Primera Instancia e Instrucción designaron como presidentes a los magistrados Martha Patricia Guzmán Álvarez, Gerardo Botero Zuluaga, Hugo Quintero Bernate, Ariel Augusto Torres Rojas y César Augusto Reyes Medina, respectivamente. El magistrado Fernando Castillo Cadena es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana y abogado de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga. Integra la Sala de Casación Laboral, la cual presidió en 2018. Fue Profesor Asociado de la Pontificia Universidad Javeriana, donde fungió también como director de la Maestría en Derecho Económico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y líder del Grupo de Investigación en Derecho Económico. Ha sido también abogado litigante y consultor contratado por varias entidades del sector público y privado. De igual manera, fue asesor del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y jefe de la Oficina de Obligaciones Pensionales de dicha entidad. Ha sido profesor invitado, conferencista y ponente en las universidades de Harvard (Estados Unidos), Salamanca (España), José Simeón Cañas (El Salvador), UPB (Bolivia) y, en el ámbito nacional, en las universidades de Los Andes, Santo Tomás, del Norte, del Rosario y del Cauca, entre otras. Combinó la docencia y la investigación con el ejercicio de la profesión como abogado litigante, amigable componedor y consultor. Su trabajo investigativo fue reconocido por la Corporación José Ignacio de Márquez al serle otorgado el Premio Nacional José Ignacio de Márquez por el mejor artículo escrito en temas de derecho económico, en coautoría con el Profesor Carlos Andrés Uribe Piedrahita (2006); en la edición 2009 del concurso, ganó una mención de honor. El magistrado Gerson Chaverra Castro es abogado de la Universidad Autónoma de Colombia, magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín, y Derecho Procesal Penal, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la Rama Judicial, 12 de ellos como servidor judicial en distintas poblaciones del departamento del Chocó como Riosucio, Tadó, Quibdó, Bahía Solano e Istmina, en las cuales se desempeñó como juez promiscuo municipal, juez penal municipal, juez promiscuo del circuito, juez penal del circuito y juez penal del circuito especializado; también ejerció del 2004 al 2007 como juez penal del circuito de Bogotá, de donde pasó a ser magistrado por concurso de méritos de la Sala Única del Tribunal Superior de Quibdó y, posteriormente, del Tribunal Superior del Bogotá, del cual fue presidente. La presidenta de la Sala de Casación Civil, magistrada Martha Patricia Guzmán Álvarez, es abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de Familia de la Universidad Javeriana; en Derecho Comercial y de la Empresa de la Universidad del Rosario; y en Derecho Procesal y Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Bogotá. También es magíster en Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza. En su amplia experiencia al servicio de la Rama Judicial ha trabajado como Juez de Circuito de Familia de Bogotá y magistrada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Villavicencio y del Tribunal Superior de Bogotá. Ha sido docente de la Universidad del Rosario en donde ha enseñado cátedras sobre Derecho de Familia, Procesos Liquidatorios de la Sociedad Conyugal, Derecho Civil Personas y Procesos de Familia y del Menor. El presidente de la Sala de Casación Laboral, magistrado Gerardo Botero Zuluaga, es abogado de la Universidad de Manizales (1988) con especialización en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana (2003). Cuenta con una trayectoria profesional de más 30 años al servicio de la Rama Judicial, tiempo en el que, además, se ha desempeñado como Magistrado Auxiliar – Sala Laboral Corte Suprema de Justicia – (2007 –2016) Tribunal Superior de Bogotá -Magistrado – Sala Laboral (2005 – 2007), Corte Suprema de Justicia – Magistrado Auxiliar – Sala Laboral (1997 –2005), Tribunal Superior de Manizales – Magistrado – Sala Laboral ( Mayo de 2002 –Julio de 2002), Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Manizales – Juez (1991 –1997), Juzgado Civil Municipal de Pacora Caldas – Juez (1990–1991) Juzgado Promiscuo Municipal de Marmato Caldas- Juez (Diciembre de 1989 – Septiembre 1990) Juzgado Civil Municipal de Salamina Caldas – Juez (Agosto De 1989 –Noviembre de 1989) Juzgado Civil Municipal de Samaná Caldas Juez (Mayo de 1989 – Agosto de 1989) Juzgado 4º Civil del Circuito de Manizales -Oficial Mayor (1988 – Mayo de 1989). Dentro de su experiencia en el ámbito académico, se destaca la adquirida como catedrático de la materia Procesal Laboral y de la Seguridad Social en especialización de la Universidad del Rosario – Universidad la Gran Colombia de Armenia – Maestría y Especialización de la Universidad ICESI de Cali; docente de jurisprudencia de la Universidad Sergio Arboleda – sede Bogotá y Santa Marta en la Especialización de Derecho Laboral y de la Seguridad Social; y las publicaciones de los libros “Guía Teórica y práctica de Derecho Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”. Editorial Gustavo Ibáñez seis ediciones. El Impacto del Código General del Proceso en el estatuto procesal laboral. Editorial Gustavo Ibáñez. Dos ediciones, en calidad de autor. El presidente de la Sala de Casación Penal, magistrado Hugo Quintero Bernate, es abogado egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás con estudios de maestría en Estrategia y Geopolítica. Ejerció como abogado litigante durante14 años. En los comienzos de su carrera profesional desempeñó los cargos de profesional universitario y especializado y fiscal auxiliar en la Fiscalía General de la Nación, y abogado asistente y magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo, ejerció como conjuez de la Sala de Casación Penal y de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior

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La Corte Suprema de Justicia ratificó que los humedales son bienes de uso público, inalienables e imprescriptibles

El pronunciamiento lo hizo la Sala de Casación Civil al confirmar que el predio La Providencia hace parte del Humedal Jaboque, situado en la localidad de Engativá, y, en consecuencia, le pertenece al Distrito Capital, tal como lo había declarado el Tribunal Superior de Bogotá luego de anular dos escrituras que habían permitido que ese bien estuviera en poder de un particular. El humedal Jaboque es uno de los 11 complejos humedales urbanos de Bogotá y está incluido en la Convención Ramsar, el tratado internacional que busca su protección y conservación. Tiene 2’450.000 metros cuadrados de reserva hídrica y forestal, siendo el segundo de mayor extensión dentro de los humedales urbanos de la capital del país. Fue declarado como reserva ambiental del Distrito a través de un Acuerdo del 8 de diciembre de 1994. Este proceso civil se inició por una demanda presentada por el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público de Bogotá (DADEP), en la que pidió que se anulara una escritura pública del 30 de diciembre de 1996 por medio de la cual un particular aclaró los linderos del inmueble La Providencia, pero con esa acción terminó superponiendo esa propiedad sobre el humedal Jaboque. El DADEP también pidió anular la escritura del 21 de febrero del 2001 en la cual ese predio fue vendido a un ciudadano, pues la compraventa terminó afectando un bien de uso público y protegido. El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria mantuvo la decisión de segunda instancia que anuló las dos escrituras y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, para que investiguen las posibles irregularidades por las cuales este recurso natural terminó en manos de particulares. La Sala de Casación Civil confirmó las conclusiones jurídicas del tribunal, al comparar la escritura del predio La Providencia de 1979 con la de aclaración de linderos de 1996, con lo cual quedó al descubierto que este último documento configuró la modificación del bien y no se trató de una aclaración, y en esa modificación terminó quedando ubicado en la zona donde se encuentra el humedal. Esto debido a que cambió el número de cédula catastral, disminuyó el área total del fundo en 363.702 metros cuadrados, aumentó la extensión de los linderos norte, oriente y sur, y disminuyó el lindero occidental. De otro lado, la compraventa del inmueble en el 2001 también fue anulada por haber tenido un objeto ilícito ya que el predio, al hacer parte y estar sobrepuesto al humedal Jaboque, era un bien inalienable e imprescriptible. Cortesía de la Corte Suprema de Justicia.

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 La Corte Suprema de Justicia condenó a una pena de 6 años y 10 meses de prisión al exgobernador del departamento del Vaupés Wilsson Ladino Vigoya como autor responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso heterogéneo. 

Condena a exgobernador de Vaupés por irregularidades en contrato que generó detrimento al departamento

 La Corte Suprema de Justicia condenó a una pena de 6 años y 10 meses de prisión al exgobernador del departamento del Vaupés Wilsson Ladino Vigoya como autor responsable de los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en concurso heterogéneo.  También fue inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 82 meses y 21 días, y condenado al pago de una multa de $460.247.550; así como la inhabilidad intemporal, negándole la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.  La Sala Especial de Primera Instancia condenó al exgobernador por las irregularidades en la suscripción del contrato interadministrativo No. 001 el 26 de abril de 2005, celebrado entre la Gobernación del Vaupés y la Cooperativa Nacional de Desarrollo de Entidades Territoriales (CONALDE).   El objeto de ese negocio jurídico fue el suministro de mercado perecedero y no perecedero, con destino a las instituciones y centros educativos administrados por la Secretaría de Educación Departamental, tanto en zona rural como urbana, el cual tuvo un valor de $1.601.891.387.   La Corte señaló en la providencia que este contrato se dio por terminado mediante liquidación bilateral, a pesar de que la Contraloría Departamental del Vaupés había advertido sobrecostos en materia de transportes e insumos, así como incumplimientos en las entregas de los mercados al ente departamental.   La Sala determinó que el propósito del contrato fue favorecer a CONALDE y al arquitecto Heriberto Martínez Ramírez, quienes fueron las personas naturales y jurídicas que lo ejecutaron.   “Es claro para la Sala, conforme a la valoración conjunta de las pruebas citadas, que los dineros que le fueron despojados a la entidad territorial, esto es los alusivos a sobrecostos por concepto de transporte y compra de alimentos, si bien fueron debitados o entregados a nombre de la cooperativa CONALDE en realidad fueron recibidos por el arquitecto Heriberto Martínez Ramírez quien fue el ejecutor real del contrato en estos principales aspectos, pues suscribió órdenes con esa entidad para transportar, supervisar, controlar, coordinar con proveedores y verificar la entrega de los alimentos al almacén de la Secretaría de Educación Departamental”, señala la providencia.   La sentencia también destaca que el propósito de la apropiación ilícita de los dineros del departamento de Vaupés por parte del exgobernador, a favor de un tercero, consistió en “solucionar a través del contrato las deudas que por entonces tenía con Martínez Ramírez”.   Cortesía de la Corte Suprema de Justicia.

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Declaran culpable al primer capturado por atentado en Escuela General Santander

La Fiscalía General de la Nación informó, que una juez penal especializada de Bogotá, emitió sentido de fallo condenatorio contra Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por su participación en el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander. Según la Fiscalía el procesado fue declarado responsable de los delitos de: terrorismo agravado, homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa agravado; fabricación tráfico y porte de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Armadas, y daño en bien ajeno agravado. En este trino de la Fiscalía puedes ver la información: #ATENCIÓN | #Fiscalía obtuvo sentido de fallo condenatorio contra Ricardo Andrés Carvajal Salgar, por su participación en el atentado a la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional General Francisco de Paula Santander, que dejó 22 muertos y 81 personas heridas. pic.twitter.com/kIjJuQ9j2U — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 16, 2022 El hecho ocurrido el 17 de enero de 2019, dejó 22 muertos y 81 personas heridas. Según los investigadores del caso Carvajal Salgar pagó el arrendamiento de la bodega, ubicada en el barrio Santa Librada, en el sur de Bogotá, donde fue escondida y acondicionada con explosivos la camioneta utilizada, para cometer el atentado. Entre los elementos presentados por la Fiscalía en juicio está una conversación telefónica en la que Carvajal Salgar le aseguró a una tercera persona que estaba escondido porque había participado en el ataque terrorista. Por estos hechos, permanece privado de la libertad en la cárcel La Picota de Bogotá. Cortesía Alcaldía de Bogotá

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