enero 15, 2025

Corficolombiana

Condenan a José Elías Melo a 11 años de prisión por caso Odebrecht

Este lunes un juez de primera instancia envió de inmediato a la cárcel La Picota de Bogotá al expresidente de Corficolombiana (filial de Grupo Aval) afirmando que autorizó los sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, para quedarse con la Ruta del Sol 2. Melo deberá pasar 141 meses (11 años y 9 meses) privado de la libertad por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos. Además, deberá pagar una multa que asciende a los 174 salarios mínimos legales vigentes. Asimismo, no podrá ejercer cargos públicos durante 13 años. A principios de abril se conoció la condena en primera instancia contra José Elías Melo, después de que un juez considerara que el exdirectivo sí sabía del soborno de US$6,5 millones que Odebrecht le entregó al exviceministro de Transporte, Gabriel García Morales, quien estaba a cargo del extinto INCO, la antigua agencia de Infraestructura, hoy ANI, en 2009, en este año se se abrió la licitación de la Ruta del Sol 2 y se adjudicó su contrato por más de $2 billones. Dicho pago fue hecho para asegurarse que la Concesionaria Ruta del Sol, conformada por Corficolombiana, Odebrecht y el grupo Solarte, se quedara con la construcción de ese corredor vial.

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Audiencia del expresidente de Corficolombiana se frustró por razones ajenas a la Fiscalía

Según el ente investigador, la audiencia no se llevó el pasado 3 de diciembre, porque el Ministerio público de Brasil no se había pronunciado dejando incólume la investigación penal a cargo de la jurisdicción colombiana. La Fiscalía General de la Nación explicó que la audiencia del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo, se frustró porque para la misma no se había recibido de las autoridades judiciales brasileras el acta de compromiso de tres exdirectivos brasileros de rendir testimonio. Se trata de Luiz Bueno Jr, Antonio Mameri y Luiz Eduardo da Rocha Soarez, exdirectivos de la multinacional Odebrecht. “En la tarde del lunes 3 de diciembre del 2018, luego de que el juez de conocimiento aplazó la audiencia del Sr. José Elías Melo, el Ministerio Público de Brasil aceptó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e hizo llegar el acta de compromiso de los ciudadanos brasileros, en los términos propuestos por la Fiscalía colombiana. Es decir, se aceptó que ellos colaboraran con la justicia colombiana sin que eso tenga efectos de autoincriminación y quedarán a salvo todas las actuaciones de Colombia que ha dado lugar a órdenes de captura contra ex directivos de la multinacional”, indicó en un comunicado de prensa. De acuerdo con el oficio, la Procuraduría de Brasil exigió al Estado colombiano la suscripción del “Acuerdo de Compromiso de Especialidad y Limitación del uso de Pruebas” en el que requería que la Fiscalía de Colombia se comprometiera a no utilizar ninguna prueba contra los colaboradores brasileros, contra cualquiera de las empresas del grupo Odebrecht y Braskem o contra cualquier otro colaborador del Ministerio Público Federal Brasileño. “Así mismo exigía al Estado colombiano no utilizar las pruebas para instruir acciones penales, acciones civiles o procesos administrativos en su jurisdicción”. El ente investigador consideró improcedentes las exigencias de la Procuraduría brasilera y, en consecuencia, solicitó permitir los testimonios únicamente a cambio de que la autoincriminación de los testigos en los hechos a que se refiere su testimonio, no tengan efectos en la jurisdicción colombiana contra ellos. “Desde el inicio de la investigación por las irregularidades en la adjudicación en el contrato de concesión “Ruta del Sol II” y en la adición del contrato para la construcción del tramo Ocaña – Gamarra, en diciembre de 2016, los ex directivos brasileros de la firma Odebrecht han colaborado con la Fiscalía, identificando los beneficiarios en este país de los pagos de sobornos en los casos que fueron identificados por la justicia internacional. Debido a que su cooperación fue eficaz, la Fiscalía procedió, en su momento, al trámite de un principio de oportunidad en la modalidad de suspensión de la acción penal”, puntualizó el ente investigador.

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