octubre 4, 2024

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Contraloría creará Unidad Especial para la Defensa de los Recursos de la Salud

La Contraloría anunció la creación de la Unidad Especial para la Defensa de los Recursos de la Salud.  De acuerdo con el ente de control, esta Unidad se encargará de vigilar los movimientos de los recursos asignados a las EPS, a través de herramientas tecnológicas que permitirán revisar en tiempo real la información entregada por las entidades. Además, la conformarán varios expertos; economistas, contadores, abogados, ingenieros, profesionales en salud y expertos de la DIARI, quienes evaluarán los resultados financieros y el estado de las reservas técnicas. “Queremos asegurar la correcta aplicación de los procedimientos establecidos y corroborar, en tiempo real, la implementación adecuada de las metodologías de cálculo, la constitución de reservas y la actualización conforme a la normativa vigente”, dijo el Contralor.  Además, la Unidad se encargará de revisar el tipo de procedimientos que se realizan en los centros hospitalarios según las necesidades de la población en cada territorio, con el fin de optimizar la calidad del servicio.   

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Demoras en aprobación de licencias ambientales podrían generar riesgos a la seguridad energética, según Contralor Delegado de Minas

El Contralor Delegado de Minas y Energía, Germán Castro Ferreira, llamó la atención sobre las demoras en la aprobación de licencias ambientales que son vitales para garantizar la seguridad energética del país.  De acuerdo con Castro Ferreira, hay proyectos como el Komodo 1 en aguas ultra-profundas del Caribe que se encuentran suspendidos, generando costos innecesarios por indemnización. Este proyecto de exploración de hidrocarburos, uno de los más importantes para Ecopetrol y el país, se suspendió en abril del 2024 a petición del Ministerio de Ambiente.  “Esta es una situación común a todos los subsectores energéticos y debe ser abordada con prioridad ya que está dilatando el tiempo de ejecución de proyectos que son vitales para garantizar la seguridad energética”, dijo Ferreira.  “El país tiene que detenerse a preguntar si vale la pena estar pagando miles de millones, e incluso billones de pesos, a nivel de indemnización, sin tener las obras funcionando y en adecuado servicio”, agregó.  Asimismo, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, consideró que siempre existirán riesgos y algún tipo de impacto al medio ambiente.  “Si pretendemos en alguna medida que no exista ningún tipo de riesgo ni ningún tipo de afectación, eso jamás va a pasar en la realidad, siempre lo va a haber, y yo pienso que es necesario reflexionar en torno a ello y no solamente en el tema de exploración y explotación de petróleo”, dijo.   

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Contralor General pide Compromiso en la Financiación de Universidades Públicas

La financiación de las universidades públicas en Colombia ha vuelto a ser noticia tras las recientes declaraciones del Contralor General Carlos Rodríguez Becerra, quien ha solicitado un firme compromiso en la asignación de recursos y la resolución de las crecientes preocupaciones en torno a los pasivos pensionales de estas instituciones. En esta petición, destacó que las universidades enfrentan un grave déficit monetario. Según Rodríguez Becerra, “esto está generando riesgo de estabilidad de algunas universidades públicas”. Además, sugirió que es urgente revivir el debate sobre la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, con el objetivo de garantizar una financiación adecuada que permita a cada universidad cubrir sus necesidades sin comprometer la calidad educativa. Uno de los ejemplos más preocupantes que citó fue el de la Universidad del Valle, que ha enfrentado problemas significativos con el bono de pensiones del primer semestre de 2024. Rodríguez Becerra reveló que, en lugar de recibir los 54 mil millones de pesos esperados en enero, la universidad sólo ha recibido estos fondos en agosto. La situación se agrava por un déficit acumulado de 38 mil millones de pesos en 2023, el cual se espera que crezca a lo largo del presente año. El Contralor, trasladó su inquietud al Ministro de Educación, instándolo a revisar y abordar la situación con urgencia. Enfatizó que es crucial asegurar que la financiación no solo cubra las necesidades actuales, sino que también permita una planificación efectiva a largo plazo para evitar la erosión de la calidad educativa y la estabilidad financiera de las universidades públicas. Esta situación, resuena como un urgente recordatorio de la necesidad de una política de financiación sólida y sostenible, capaz de enfrentar los desafíos de una educación superior en expansión y garantizar la estabilidad y calidad de las instituciones educativas del país.

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El Ministerio de Defensa Nacional en su misión de mantener las capacidades de las Fuerzas Militares suscribió un contrato en el mes de diciembre de 2022, para la adquisición de 55 vehículos 8x8 blindados, que serán usados por el Ejército Nacional en todo el territorio, principalmente en zonas de frontera.

“Dineros de la salud fueron utilizados por algunas EPS para gasolina, pilates y viajes”, contralor general

  La Contraloría General determinó que cerca de $40 mil millones de 24 EPS fueron destinados por sus directivos para intereses particulares.  El ente de control realizó una Actuación Especial de Fiscalización con el objetivo de analizar el uso y destino de los recursos que se giraron desde el ADRES a las EPS en 2020. De acuerdo con el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, hubo hallazgos fiscales de $6 billones; 61 de estos con incidencia administrativa y 37 con incidencia fiscal.  “La Contraloría obtuvo hallazgos de $6 billones de los cuales $40 mil millones fueron destinados a pagos de honorarios, vales de gasolina, anticipos de viajes, bonos de regalo, pautas radiales y planes complementarios de salud”, indicó el contralor.  Asimismo, se estableció que las EPS pagaron servicios de salud de vigencias anteriores con recursos del UPC, los cuales tuvieron una destinación distinta a los fines establecidos en la Constitución y la ley. También pagaron deudas pendientes del periodo 2003 al 2015  de $86 mil millones cuando las obligaciones ya estaban prescritas.   

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