columnistas Archivos - Revista el Congreso

¿Protesta social?

Margarita RestrepoRepresentante a la Cámara por Antioquia, Centro Democrático En un Estado Social de Derecho como el nuestro es perfectamente necesario que se garantice el derecho a la protesta, pero esta, lo dice la Constitución, debe ser pacífica y ordenada. Me parece pertinente que los jóvenes se preocupen por el futuro de la educación, sobre todo que insistan en que se aumente el presupuesto para efectos de cumplir la deuda que hace más de 25 años tiene el Estado con la educación superior. “Debemos cerrar filas contra todos los que, abusando de la protesta social y con fines puramente políticos y electorales, incitan a que esas manifestaciones se tornen en actividades de terrorismo”. A través de la investigación científica, se amplía la frontera del conocimiento y el efecto inmediato se ve reflejado en el desarrollo humano de los países. Nuestra educación superior padece grandes dificultades, las cuales han empezado a ser atendidas responsablemente por el Presidente Iván Duque y su ministra de Educación María Victoria Angulo. Lo que hemos visto en las últimas semanas, de jóvenes encapuchados, lanzando bombas “Molotov”, dañando los buses de “Transmilenio” en Bogotá, agrediendo a los policías que están en las calles protegiendo a todos los ciudadanos, no es, ni mucho menos, una protesta social. Esos actos vandálicos deben ser investigados y castigados ejemplarmente. También, debe ser sancionado el instigador de los mismos. Lo que ha hecho Gustavo Petro es de una gravedad oceánica. Su sed de poder lo ha llevado al extremo de incitar a la violencia. Los antisociales que atentaron contra los policías, contra el sistema de transporte público y contra la sede de RCN en la Avenida Caracas, tuvieron un instigador: Gustavo Petro. Cuando mi partido estuvo en la oposición, muchas veces salimos a las calles a expresar nuestro descontento con el gobierno de Juan Manuel Santos, amparados por el precepto constitucional que permite la protesta. Pero siempre, absolutamente siempre, observamos un comportamiento pacífico, civilista y educado, pues nuestro propósito era el de enviar un mensaje y de sentar nuestra voz de protesta. Cuando terminábamos la concentración, junto a nuestros simpatizantes barríamos las calles y dejábamos las plazas impecablemente limpias. Por supuesto, jamás agredimos a nadie y menos a un miembro de la Fuerza Pública. Celebro que la Fiscalía General de la Nación haya fijado una millonaria recompensa para quien ayude a identificar y a capturar al desadaptado que lanzó una bomba incendiaria contra un miembro de la Policía Nacional. Ese antisocial deberá ser capturado y condenado ejemplarmente. Respaldo a los estudiantes que con toda legitimidad protesten para demandar una mejor calidad en su educación, pero debemos cerrar filas contra todos los que, abusando de la protesta social y con fines puramente políticos y electorales, incitan a que esas manifestaciones se tornen en actividades de terrorismo y violencia, como ha sucedido en los últimos días. Desde que fue derrotado por el Centro Democrático, Gustavo Petro ha amenazado al país con “movilizaciones”. Ya hemos visto algunas de ellas y ahora nos ha notificado que hará unas cuantas más para oponerse a la ley de financiamiento presentada por el Gobierno Nacional. Dados los antecedentes, la Fuerza Pública está totalmente habilitada para emprender todas las acciones necesarias para evitar que las nuevas “movilizaciones” promovidas por Petro, se conviertan en actos de terrorismo.

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Crisis de agua en La Guajira

Columnistas, Opinión / revistacg

Nalliber Andrea Ruiz Torres Estudiante de Maestría en Trabajo Social de la Universidad del Sur de California (USC). La primera vez que viví una crisis de agua fue en el año 2015, en California, EEUU, donde solo se podían regar los jardines ciertos días de la semana y el hecho de malgastar el preciado líquido implicaba una multa de hasta $500 dólares. Sin embargo, a unos miles de kilómetros se presentaba una situación mucho más devastadora. De acuerdo con el Washington Post, 5.000 niños han muerto en La Guajira, Colombia, por la escasez de agua. Factores naturales y antropológicos son la causa principal de la calamidad que han vivido y siguen viviendo las comunidades Wayuu. El fenómeno de El Niño del 2014, que generó en La Guajira las peores sequías y las más bajas precipitaciones en 40 años, dejó como consecuencia la muerte de 20.000 cabezas de ganado y a su población aún más vulnerable de presentar problemas de desnutrición. Por otra parte, la extracción de carbón de una de las minas más grandes de Latinoamérica, El Cerrejón, ha generado la desviación del río Ranchería, principal fuente de agua potable para la tribu Wayuu. Producto de ello, cada día los niños de esa región recorren hasta tres horas el desértico y agotante territorio de La Guajira en busca del preciado líquido. Desesperados y en cuestión de minutos recogen el agua que pueden y la beben muchas veces sin saber que está contaminada con partículas de metales pesados, lo que los coloca en riesgo de infecciones intestinales que pueden derivar, incluso, en su muerte. Como ciudadana colombiana, comparto el dolor de ver a cientos de niños indígenas desnutridos, algunos de los cuales han muerto en sus hamacas por la falta de agua y alimentos. Esto me lleva a pensar que más que espectadores podemos ser agentes de cambio social en esta crisis. La comunidad internacional ha estado atenta a la situación, y es así como el Banco Mundial le concedió un préstamo de nueve millones de dólares al Gobierno colombiano en el 2OO7 para garantizar a la comunidad Wayuu el acceso a ese servicio vital. Sin embargo, según líderes indígenas, no hubo el seguimiento necesario para la realización de los proyectos que se tenían en mente. Tampoco ha sido posible terminar la hidroeléctrica, cuyo costo inicial fue de 650.000 millones de pesos, con la cual se busca proveer del líquido a más de 354.000 habitantes en esa zona del Caribe colombiano. De los 365 reservorios que hay en el municipio de Uribia, solo uno posee agua potable. ¿Podrá Colombia seguir contando con la existencia de la tribu Wayuu con las pocas medidas que se han tomado, algunas de ellas aún sin ejecutarse? “El aumento de compañías privadas mejoraría la eficacia en los procesos de desalinización y con el aumento de la oferta los precios por el agua disminuirían eventualmente”. Con la pregunta no se busca señalar culpables, sino identificar soluciones viables por medio de la colaboración mutua y responsable de quienes están interesados en que se ejerzan políticas de acción a nivel holístico y así proteger los derechos fundamentales de la población Wayuu. Actualmente, existe una empresa internacional privada en La Guajira que desde el 2016 proporciona agua potable por medio del procedimiento de desalinización, aprovechando las fuentes de energía altamente renovables como el viento y la energía solar, que reducen el costo de la reversión de osmosis. Aunque esta compañía trae esperanza para el departamento, se requieren más empresas con innovación tecnológica, ya que la necesidad es mucha y las comunidades étnicas cada día van desapareciendo. El aumento de compañías privadas mejoraría la eficacia en los procesos de desalinización y con el aumento de la oferta los precios por el agua disminuirían eventualmente. Cabe recordar que Colombia es parte del Acuerdo de París y se ha unido a la lucha por reducir los efectos del cambio climático en el mundo, con el compromiso de bajar las emisiones de carbono en un 20% para el año 2030. También, uno de los propósitos del Gobierno colombiano como parte de OECD es trabajar con entidades locales, regionales y empresas privadas nacionales e internacionales, con el fin de fomentar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en comunidades de riesgo o situaciones adversas por eventos naturales. Estas medidas, en conjunto con la innovación del sector privado y la colaboración de las tribus indígenas en su amplio conocimiento de la tierra y sus recursos, solucionarían a largo plazo la crisis de agua en La Guajira, y colocarían a Colombia en la plataforma internacional como un modelo de desarrollo sostenible socio-económico para el mundo entero.

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Baños públicos, una necesidad urgente

Columnistas, Opinión / revistacg

Clara Rojas González Representante a la Cámara, Partido Liberal El Concejo de Bogotá infortunadamente hundió un Proyecto de Acuerdo 211 de 2017 que, en mi concepto, es necesario y se debe presentar nuevamente. Se trata de una iniciativa que buscaba la construcción e instalación de baños públicos gratuitos, publicitarios y autosostenibles en el espacio público de la capital del país. Con cuatro votos a favor y siete en contra, la Comisión de Plan archivó la iniciativa, entre otras razones, por considerar que existían falencias jurídicas, financieras y de ocupación del espacio público que hacen inviable la puesta en marcha del proyecto, acogiendo los argumentos esgrimidos por varias entidades de la Administración Distrital. Según Planeación Distrital, Bogotá tiene 163 baños públicos, es decir, dos baños por cada 160.000 habitantes, pero incluye los 11 ubicados en Transmilenio, 6 en Cades y SuperCades, 60 de la infraestructura del IDRD, 32 administrados por el IPES y 4 por el IDIPRON, que no solo son insuficientes para atender la demanda de la ciudadanía, sino que debe llamar la atención sobre la necesidad de construir más en varios puntos de la capital. El autor del Proyecto de Acuerdo Concejal Jorge Torres, por su parte, contradice las cifras del Distrito y advierte que el número de baños públicos asciende a 113, es decir, 1 por cada 50 mil habitantes otros cabildantes señalan que la cifra podría ascender a un año por cada 75 mil habitantes. En Suba hay 1 baño por cada 178.000 habitantes; en Bosa 1 por cada 141.000 y en el centro donde la población flotante asciende a 1.700.000 ciudadanos hay 19 baños públicos, es decir, 1 por cada 89.473 personas. “El llamado es a que se cumpla el fallo judicial que ordena la instalación, construcción, equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los baños públicos…” A la discusión sobre la cifra real se suma la afirmación del Alcalde Mayor según la cual se deben sumar los que están ubicados en locales y centros comerciales que suman 32.660, lo que equivale a decir, según el gobierno Distrital a un baño por cada 33 habitantes sobre un potencial de usuarios de un millón de personas. El Código de Policía en el Artículo 88 señala que esos establecimientos podrían ser objeto de multas hasta de 104.166 pasos en caso de no prestar ese servicio. “Es obligación de todos y cada uno de los establecimientos de comercio abiertos al público, prestar el servicio de baño a niños, mujeres en evidente estado de embarazo y adultos de la tercera edad cuando así lo soliciten, sin importar que los mismos sean sus clientes o no. La inobservancia de la presente norma tendrá como consecuencia la imposición de una Multa General Tipo 1 o suspensión temporal de actividad” Muchos locales han establecido tarifas entre los 500 y los 2.000 pesos con papel higiénico incluido por el servicio de baño pero la mayoría prefiere no prestarlo por razones de seguridad ya que se roban las tapas de los sanitarios, las llaves del lavamanos y hasta las cisternas. Además se abstienen de hacerlo argumentando motivos de salud. Creemos que es importante brindar alternativas a los ciudadanos, porque aunque se ha anunciado que a través de Asociaciones Público-Privadas (APP), se estudia la construcción de baños públicos, la Administración Distrital cuestionó la falta de espacio público y de recursos para construir este tipo de infraestructura teniendo en cuenta que de acuerdo con los estudios el costo de un baño para que esté medianamente atendido es entre 6 y 7 millones de pesos mensuales, sin contar con el pago del agua, luz y demás. Más allá de la controversia, creemos que es importante que se adelante un programa de construcción de baterías sanitarias porque la ciudad lo requiere. Se debe acatar el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó dar cumplimiento a un proyecto de Acuerdo aprobado en 2006. Debido al incumplimiento del fallo de 2011, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial le impuso a la Alcaldía una multa equivalente a 30 SMLV unos 23 millones 437 mil 260 pesos. Pero además hay un elemento fundamental en esta discusión sobre las necesidad de construir baños públicos en la ciudad y está relacionado con lo previsto en el Artículo 140 del Código Policía en su numeral 11 que prevé que es objeto de una multa tipo 4 lo que significa unos 833 mil 324 pesos a las personas por “realizar necesidades fisiológicas en el espacio público”. El llamado es a que se cumpla el fallo judicial que ordena la instalación, construcción, equipamiento, operación, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los baños públicos porque se trata de garantizarle a los ciudadanos unos espacios en condiciones dignas para estos casos, ya que hoy solo se hacen obligatorios en los establecimientos comerciales solo para un sector de la población como lo mencionamos anteriormente.

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Se nos creció ELeNano

Bogotá D.C., Columnistas, Opinión / revistacg

Por, Samuel Hoyos, Representante a la Cámara, Partido Centro Democrático Después de siete años de gobierno de Juan Manuel Santos, tres ministros de defensa, el texto de La Habana y la fallida negociación con el ELN, los resultados de la cartera de defensa son concluyentes. Los cultivos de coca aumentaron en más de un 52%, las disidencias de las FARC hacen presencia en más de 48 municipios, la percepción de inseguridad aumenta cada día en el país y el ELN, que parecía estar desaparecido, ahora está más fuerte que nunca, destruyendo el país para demostrarlo. “Presidente, la ausencia de justicia que no es nada distinto a la impunidad” Respecto a las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, luego de un año de instalada la mesa en Ecuador, los resultados obtenidos fueron una agenda de cinco puntos que carecen de metodología y practicidad para negociar y un ELN fortalecido que no solo coptó las fuentes de financiación de las FARC, sino que también hace presencia en departamentos en los que nunca ejerció ningún tipo territorial, y en los que ahora realiza ataques terroristas en zonas rurales y centros urbanos. Nueve días después de que el gobierno de Juan Manuel Santos suspendió la negociación con este grupo criminal, el ELN decretó un paro armado -ya no de un día, sino de cuatro y a nivel nacional- que hasta hoy se traduce en múltiples atentados contra de la fuerza pública y la población civil, bloqueo y voladuras de vías nacionales, y destrucción de la infraestructura nacional. Por su parte, la respuesta del Gobierno Nacional, ante estos hechos de violencia irracional, es continuar con el ejército acuartelado esperando con la paciencia (o la ingenuidad) del santo Job, un acto de buena fe por parte de este grupo criminal. La consecuencia de estos hechos es el olvido de una premisa fundamental en estas circunstancias y es que las negociaciones con grupos criminales se deben hacer de una posición estatal de poder, premisa que Juan Manuel Santos olvidó desde hace cinco años cuando inició la negociación con las FARC y que no solo sirvieron para desinstitucionalizar al país, sino para mostrarle al ELN que entre más actos terroristas cometan, y más presionen al Gobierno Nacional, más prebendas van a conseguir. Presidente, la ausencia de justicia que no es nada distinto a la impunidad, para lo único que sirve es para envalentonar a los criminales e incentivar perversamente a la venganza.

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