julio 20, 2024
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Punto de inflexión

“Es igualmente importante que las decisiones que impactan la salud pública se tomen de cara a la ciudadanía para que la misma pueda ejercer una veeduría responsable” En este orden de ideas, es igualmente impor­tante que las decisiones que impactan la salud pública se tomen de cara a la ciudadanía para que la misma pueda ejercer una veeduría res­ponsable. Estamos ad portas de una negocia­ción que podría definir la próxima década del país. Negociación de la que la opinión pública se percató luego del anuncio del Ministerio de salud sobre un par de acuerdos de confidencia­lidad con gigantescas farmacéuticas. La proactividad del Ministro Ruiz es es­peranzadora, pero no se pueden obviar las recurrentes prácticas corporatocráticas que orientan las políticas públicas en Colombia, por eso aprovecho para pedir públicamente la inclusión del defensor del Pueblo, socieda­des científicas, delegados de organizaciones de trabajadores de la salud, universidades y delegado/as del Congreso de la República como garantes de la negociación y de los de­rechos de la ciudadanía. El repunte de los contagios que hemos vivido en los días recientes ha dejado un nuevo llamado de atención a la ciudadanía, a los funcionarios públicos y nues­tra responsabilidad frente al futuro de todas las colombianas y colombianos. No obstante, el alarmante escenario no nos da licencia para que el fin justifique los medios. Cualquier de­terminación, estrategia o medida que se tome en función de la pandemia debe responder a la garantía de los derechos y el respeto por las li­bertades ciudadanas. Por tal razón, es problemático que se intente atender condiciones que son fruto del debilita­miento histórico del sistema de seguridad social en salud y de la falta de promoción de hábitos saludables junto con estrategias de prevención de enfermedades, con medidas coercitivas. El contrato social que ya sostenemos obliga al Estado a garantizar esa seguridad de la que hoy se responsabiliza a los pacientes de enfer­medades crónicas no transmisibles. Y es aún más lamentable que este escenario sea habitual en lo que a los deberes del Estado se refiere. No me cansaré de insistir en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud basados en la pro­moción y la prevención, que nos permitirá to­lerar los embates de la pandemia y vislumbrar más pronto que tarde el punto de inflexión en la curva de contagios. Sin mencionar que a mediano y largo plazo podrá alivianar los altos costos de la prestación del servicio en el país. En este orden de ideas, es igualmente impor­tante que las decisiones que impactan la salud pública se tomen de cara a la ciudadanía para que la misma pueda ejercer una veeduría res­ponsable. Estamos ad portas de una negocia­ción que podría definir la próxima década del país. Negociación de la que la opinión pública se percató luego del anuncio del Ministerio de salud sobre un par de acuerdos de confidencia­lidad con gigantescas farmacéuticas. La proactividad del Ministro Ruiz es es­peranzadora, pero no se pueden obviar las recurrentes prácticas corporatocráticas que orientan las políticas públicas en Colombia, por eso aprovecho para pedir públicamente la inclusión del defensor del Pueblo, socieda­des científicas, delegados de organizaciones de trabajadores de la salud, universidades y delegado/as del Congreso de la República como garantes de la negociación y de los de­rechos de la ciudadanía. Si en esta negociación hay recursos públi­cos, y los hay, deben respetarse los principios de publicidad y de transparencia. Este pro­ceso determinante no puede convertirse en una nueva excusa para desplegar un paquete de medidas regresivas que castigan a la clase media. Pese a que por estos días el panorama no es alentador, el compromiso ciudadano y la acción responsable de los funcionarios pú­blicos pronto darán sus frutos. Pronto llegare­mos al punto de inflexión y las decisiones que allí tomemos podrán facilitar la transición ha­cia la pospandemia. Por ahora mantengamos los cuidados y antepongamos el bien común. El tiempo nos recompensará.

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Matrícula cero y el camino hacia un nuevo modelo de educación

“Es claro que Matrícula Cero no resuelve de fondo la crisis de la educación superior, pero si puede convertirse en un cambio de rumbo estructural para el mode­lo de educación que por décadas se ha intentado implementar en Colombia” El Presidente Iván Duque, desde su campaña se comprometió con el aumento de cobertura en la edu­cación superior, luego, en su primer año de gobierno, anunció la inversión más alta en educación en la historia del país, sin embar­go, su política es más de lo mismo, financiar la demanda, ya sea a través de subsidios o préstamos, en cambio de financiar la oferta inyectando recursos a las universidades pú­blicas del país. Primero lo hizo a través del programa Ser Pilo Paga, pero gracias a las reiteradas denuncias y la evidencia contundente sobre la manera como este programa estaba per­mitiendo que las universidades privadas se beneficiaran por encima de las públicas, el programa tuvo que ser modificado. Así sur­ge Generación E, como un intento de mejo­ra, sin embargo, el enfoque de esta política no ha cambiado en esencia, el Estado esca­pando de su responsabilidad de garantizar la educación como derecho fundamental. Año y medio después del lanzamiento de Generación E, los resultados son precarios, mientras tanto el Ministerio de Educación prefiere guardar silencio para no reconocer el fracaso. Ante este descalabro de políticas y progra­mas frente a la educación, el Gobierno de Iván Duque ha tenido que adoptar la única medida que le puede permitir tener algo que mostrar, Matrícula Cero, propuesta del mo­vimiento estudiantil que busca que se apro­pien y destinen recursos con el fin de cubrir los costos de matrícula de los estudiantes de las Instituciones de Educación Superior del país IES, esto como parte de las ayudas del Gobierno en medio de la emergencia sanita­ria que se vive por la pandemia. Esta medi­da, que con creatividad y valentía han sacado adelante los y las estudiantes del país, puede y debería convertirse en el programa estrella del Presidente, tiene la oportunidad el primer mandatario de la nación, de cambiar el enfo­que de los ya fracasados programas que solo endeudan a las familias colombianas, y dar un salto definitivo a un nuevo modelo para la educación en el país. El día 11 de agosto, durante su programa ‘Prevención y Acción’ el presidente junto a la ministra de Educación, María Victo­ria Angulo, anunciaron que los jóvenes de estratos 1 y 2 que estudian en las univer­sidades públicas del país recibirán, en su gran mayoría, el 100 % de financiación de la matrícula. Según el anunció se harán aportes cercanos a un billón de pesos para la Educación, a los cuales se agregan 74 mil millones del Fondo de Solidaridad Educati­va y en adición otros aportes con gobiernos locales para lograr la mayor contribución a la matrícula. Esperamos que no sean solo anuncios, que se garantice la cobertura del 100% de los estudiantes y cobije al conjunto de universidades públicas del país. Es claro que Matrícula Cero no resuelve de fondo la crisis de la educación superior, pero si puede convertirse en un cambio de rumbo estructural para el modelo de edu­cación que por décadas se ha intentado implementar en Colombia, además, en lo inmediato representa un alivio para miles de familias que esperan que sus hijos e hi­jas puedan continuar sus estudios, en medio de las difíciles circunstancias que vivimos debido a la emergencia sanitaria. A la uni­versidad pública colombiana le hacen falta recursos para cubrir el déficit histórico que ha tenido que cubrir, muchas veces con re­cursos propios, ahora tenemos la oportuni­dad de dar un paso en el sentido correcto, así que Matrícula Cero puede ser el expe­rimento para transitar hacia una educación pública, gratuita y universal que SÍ es posi­ble en Colombia.

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INSISTIREMOS EN NUESTRAS INICIATIVAS AMBIENTALES

Con la culminación de las sesiones ordinarias de la legislatura 2020 -I muchos de los proyectos de ley y de acto legislativo que se encontraban en trámite fueron archivados por el vencimiento de los términos que la Constitución y la ley establecen. Dentro de estos proyectos se encuentran las iniciativas en materia ambiental que radicamos en Opinió n el Congreso desde el 2018 por considerarlos temas de importancia nacional. Sin embargo, seguiremos proponiendo, ya sea insistiendo con nuestras iniciativas mejoradas o presentando nuevos proyectos, tal como lo hemos hecho en el pasado. Nuestros proyectos buscan dar soluciones a problemáticas ambientales relacionadas contres líneas principales: Industrias extractivas, Gestión Ambiental y Participación Ambiental. Industrias extractivas. Fue propuesta para garantizar la participación efectiva de las comunidades, el planteamiento, ejecución y cierre de proyectos extractivos, además del estricto cumplimiento de normas ambientales, y la solución de conflictos de competencia entre autoridades del orden nacional con las del orden territorial. En ella encontramos los proyectos de Mecanismos de Participación y Concertación Minera (PL 052/19S), Cierres Mineros (PL 53/18C), Guías Minero-Ambientales (PL 49/19S), Licencia Ambiental Exploratoria (PL 038/18S) y Pasivos Ambientales (PL 56/18C). Gestión ambiental. Busca mejorar la forma en que se gestionan los recursos naturales y los residuos propios de las actividades productivas, además de fortalecer la institucionalidad del sector para mejorar la gobernanza ambiental. En esta línea encontramos los proyectos de Prohibición de Plásticos de un solo uso (PL 080/19S), Sostenibilidad en Costas (PL 073 2019C), Control de emisiones de Gasolina (PL 051/19S) y Humedales Ramsar (PL 54/18C). Participación ambiental. Busca crear espacios de participación permanentes en materia ambiental a nivel regional, para lo cual propusimos el Proyecto que crea los Consejos Ambientales Municipales (PL 072/19C). Esta es una forma de clasificar los proyectos, pero en la práctica estos factores se interrelacionan debido a que las problemáticas y conflictos socio ambientales requieren un abordaje complejo. “Teniendo en cuenta la crisis que ha causado la pandemia, las sesiones no sólo se retrasaron en iniciar este año, sino que el debate sobre la constitucionalidad de las sesiones virtuales y la complejidad de la adaptación mediante herramientas virtuales, especialmente en lo relacionado al registro y votación, ha hecho que el Congreso no haya debatido y votado iniciativas con normalidad”. Teniendo en cuenta la crisis que ha causado la pandemia, las sesiones no sólo se retrasaron en iniciar este año, sino que el debate sobre la constitucionalidad de las sesiones virtuales y la complejidad de la adaptación mediante herramientas virtuales, especialmente en lo relacionado al registro y votación, ha hecho que el Congreso no haya debatido y votado iniciativas con normalidad. Esta parálisis legislativa claramente incluye nuestros proyectos. Nosotros teníamos en trámite 10 proyectos de ley en materia ambiental, sobre temas que consideramos necesaria la intervención del legislativo para garantizar derechos como el ambiente sano y la participación ante la realización de actividades que pueden amenazarlos. A pesar de la importancia de estos proyectos, considerando que algunos buscan cumplir exhortaciones al Congreso hechas por la Corte Constitucional, y teniendo en cuenta la incertidumbre que tuvo el Congreso sobre la continuidad del trámite legislativo, nuestros proyectos fueron archivados por vencimiento de términos. Es decir, que por no haberse discutido en los tiempos establecidos por el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992) y la Constitución, lastimosamente no podrán continuar su trámite en el Congreso. Creemos que las amenazas del Cambio Climático además de los retos que impone superar la pandemia, imponen la necesidad de seguir proponiendo al país diversas iniciativas ambientales. Por lo cual, en la legislatura que comenzó el 20 de julio, insistiremos con varias de estas iniciativas y continuaremos proponiendo al Congreso proyectos que respondan al sin número de problemáticas ambientales que aquejan a Colombia. De hecho gran parte de estos proyectos han sido fruto de un proceso de enriquecimiento legislativo logrado tras varios procesos de proponer, escuchar comentarios de diferentes actores y sectores, recibir la negativa del Congreso e insistir con nuestros proyectos mucho más completos. Todo esto, siempre partiendo del rigor técnico y científico proveniente de las investigaciones de la academia, pero también de escuchar las voces de las comunidades, organizaciones y entidades que conocen de primera mano estas realidades.

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DETRÁS DEL PIZARRÓN

“Las cifras son aterradoras, y aunque en esta ocasión hablaré solo de los casos que se conocen de manera oficial, la realidad es que son cientos de estudiantes los que a diario sufren acoso y abuso sexual por parte de sus profesores” “Institucionalmente la persona tiene que haber sido vencida en juicio” Con esta vehemente declaración ante los medios, respondió la rectora de un prestigioso colegio, cuando le preguntaron sobre la denuncia que, por acoso sexual, recaía sobre diez docentes de su colegio. Estas infortunadas palabras, que buscan justificar a presuntos predadores sexuales, dibujan el silencio cómplice de quienes tienen la obligación de proteger a los estudiantes, ante una realidad dolorosa y aberrante, como es el abuso y acoso sexual de que han sido víctima miles de niños en colegios y escuelas, actos cometidos por parte de sus propios docentes. Esos a los que en la casa nos enseñaban a llamar, “nuestros segundos padres”. Las cifras son aterradoras, y aunque en esta ocasión hablaré solo de los casos que se conocen de manera oficial, la realidad es que son cientos de estudiantes los que a diario sufren acoso y abuso sexual por parte de sus profesores, como en el caso reciente de dos docentes en el Cauca, destituidos e inhabilitados por 15 años tras abusar de niñas de menos de 14 años. El tema no es nuevo. Solo en el 2016, se registraron 326 casos de abuso sexual perpetrados por profesores en contra de alumnos en el país. Para 2018, solo en colegios distritales de Bogotá 116 docentes estaban siendo investigados por acoso y abuso sexual, en tanto que al menos otros 130 estaban en la lupa de las autoridades. Ese mismo año, 21 profesores de Cali fueron investigados y retirados de sus cargos. 11 docentes y un administrativo investigados por acoso sexual en la Secretaría de Educación del Huila, y en el Meta, 22 casos están en etapa de investigación por parte de la Fiscalía, y cinco maestros ya fueron investigados y sentenciados por hechos ocurridos en Mapiripán, Acacías, Granada, Puerto López y La Macarena. Lo triste, es que en la mayoría de los casos, los docentes ni siquiera son retirados de su actividad, sino que son trasladados a otros municipios y departamentos donde siguen ejerciendo su actividad bajo la mirada impoluta de entes que como Fecode, entidad que agremia al grueso de los profesores en Colombia, parece estar ocupada en su afán por seguir convocando paros y marchas, apoyando a grupos políticos opositores al Gobierno, antes que velar por el bienestar de los niños, niñas y adolescentes víctimas de acoso y abuso sexual por parte de los docentes que agremia. Llama la atención el boletín número 13, emitido hace pocos días por esa agremiación, en la que condena la violación a una niña indígena y hablan de “la descomposición del Ejercito Nacional y la podredumbre de la justicia colombiana” Sin embargo, se ve la doble moral de los directivos de una organización que no se pronuncia ante tantos casos de docentes investigados por acoso y abuso sexual, aun cuando las víctimas son niños cuyas edades oscilan entre los 6 y 17 años de edad, y muchos casos quedan impunes porque las víctimas por ser precisamente niños tienen miedo a defenderse. Valoro profundamente el enorme trabajo educativo que adelanta el magisterio colombiano. También es de aclarar que no se trata de estigmatizar a todo el profesorado ante esta ignominia. Pero no es menos cierto que Fecode le debe una respuesta clara y precisa al país. Su silencio cómplice ante tantas aberraciones pone en grave peligro la integridad de miles de niños en Colombia. No puede ser que quienes tienen el deber implícito de velar por el estudiantado colombiano, no solo se dediquen a torpedear adrede los procesos educativos para conseguir mezquinos intereses, sino que sean los mismos que hoy guarden silencio ante la infamia, protegiendo a predadores sexuales que se esconden detrás de un pizarrón desde donde acechan a nuestros niños.

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LA OTRA REFORMA TRIBUTARIA

El inicio de esta columna podrá ser cliché, pero es claro que el panorama económico de Colombia es y será más que oscuro. Y no se trata de ser alarmistas, pero si revisamos las múltiples proyecciones de Fedesarrollo, Anif, Banco de la República, Fondo Monetario Internacional y Ministerio de Hacienda, es inevitable pensar que las palabras incertidumbre, caída, disminución, contracción, déficit y sus sinónimos serán nuestros más cercanos vocablos durante los próximos meses. De acuerdo con las cifras proyectadas por gremios, entidades y analistas, la economía nacional se contraería entre un 3 % y un 7 %, generando una caída del PIB que oscila entre -5 % y el -8 %, además de presentar un déficit fiscal del orden del 8,2 % para 2020; sin embargo, existe una cifra que para el sentir de la ciudadanía es todavía más preocupante: el desempleo. Según el reporte de mayo presentado por el DANE, la tasa de desocupación se ubicó en 21,4 %, es decir, alrededor de 2,1 millones de colombianos más están desocupados si la comparamos con el mismo mes del año anterior. Además, si a ello sumamos la incertidumbre generada por el ansiado y lejano anuncio del “pico” de la pandemia, el incremento exponencial de los casos Covid-19 y la indisciplina generalizada de la población colombiana para hacerle frente a la emergencia, las preocupantes cifras de desempleo seguirán en un aumento vertiginoso. Sin duda, la presión constante de los diversos sectores inmiscuidos en esta espiral de afectaciones implica la toma de decisiones contundentes por parte del Gobierno Nacional para buscar salidas, entre ellas la reapertura económica parcial y paulatina, hecho que inquieta debido a la falta de capacidad del Sistema de salud para afrontar una propagación mayor. En el marco de lo anterior, se hace necesario para el Gobierno Nacional la obtención de nuevos ingresos. Antes de la pandemia se proyectaba un déficit del orden del 2.2 % del PIB y ahora, como lo estipula el Marco Fiscal de Mediano Plazo, este llegará a ubicarse cerca del 8.2 %. Es claro que los 12 billones de pesos posibles a través de la vía de las enajenaciones no serán suficientes para otorgar la liquidez que requiere la economía en general. En este escenario, sin lugar a duda en el largo plazo resulta necesario regresar a una senda sostenible en materia económica, la cual debe contar con la especial atención de la ciudadanía para que, por fin, después de 8 años y cuatro reformas tributarias, se logre plantear la tan anhelada reforma que cumpla verdaderamente con los principios de eficacia, eficiencia y progresividad de cualquier sistema tributario. Hoy por hoy es la clase media quien soporta una tasa efectiva de tributación elevada a través de las personas naturales y jurídicas, por lo que en aras de alcanzar una verdadera progresividad se requiere ubicar por parte de la DIAN a los rentistas de capital, mantener constante o permanente el impuesto al patrimonio, incrementar la tasa de tributación del impuesto a los dividendos, revisar de manera minuciosa las exenciones tributarias que se le han otorgado a través de la historia a sectores específicos como el petrolero e imponer una carga tributaria a las plataformas digitales que se ajuste a los millonarios ingresos diarios que obtienen, en especial, por pauta publicitaria. Indiscutiblemente, el país no podrá esperar a 2022 para obtener los resultados de la comisión de expertos sobre beneficios tributarios contemplada en el Decreto 855 de 2020, urge actuar con prontitud y eficacia. Si alguna enseñanza nos ha dejado este tiempo de cuarentena es que la población colombiana, en la gran mayoría de territorios, no tiene la disciplina y disposición de seguir por voluntad propia protocolos y medidas para convivir con la pandemia sin ser víctima de ella, además, se demostró que el Estado es débil para velar por el bienestar y la protección de sus ciudadanos en momentos de crisis y emergencias. La otra reforma tributaria se avecina y es necesaria, pero no puede significar un golpe más para la clase media colombiana. Daniel Felipe Toro Rendón Magíster en Comunicación Política- Universidad Externado de Colombia Especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña Comunicador Social y Periodista-Universidad de Manizales      

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LA FRÁGIL ECONOMÍA Y EL CENTRALISMO

Necesitamos que el Gobierno aterrice en las regiones todas las políticas y decretos que se están implementando para la contención de la pandemia, el centralismo está causando profundas afectaciones en las poblaciones más vulnerables. Definitivamente son muchas las enseñanzas que nos está dejando esta crisis, a nivel espiritual, personal, familiar, social, político, de prevención, de la salud, entre muchos otros. Todos reconocemos que el mundo será diferente después de superar el Coronavirus pero está en nosotros el aprender y corregir los errores que se han visibilizado en medio de la pandemia. En esta oportunidad quiero referirme a dos aspectos importantes de nuestro país que han quedado en evidencia en estos tiempos; el primero es la fragilidad de la economía y el segundo es el grave daño que nos ha causado el centralismo egoísta que gobierna en Colombia. Si bien hay que reconocer la oportuna actuación del Gobierno Nacional para atender el avance de la pandemia con la implementación de políticas de confinamiento orientadas a la protección de la salud, hay que entender el importante efecto que estas medidas sanitarias han tenido y tendrán sobre nuestra economía. La drástica disminución en el ritmo de crecimiento, que se venía proyectando con cifras favorables a inicio de este año, frenó el avance que estábamos teniendo y evidenció la fragilidad de nuestro sistema económico. Ahora estamos sufriendo los efectos de las deficiencias del sistema que tenemos; en el que la mayoría de los trabajadores están en dificultades por laborar de manera informal e independiente, en el que hay una clase media con alto riesgo de recaer en la pobreza, en el que las pequeñas y medianas empresas no tienen recursos para pagar sus nóminas y los compromisos pendientes. La falta de diversificación de la producción nacional, el aumento del desempleo, la baja competitividad del aparato productivo, el volumen de las importaciones, la alta dependencia de las exportaciones mineras, la desindustrialización, entre otros, son realidades que están golpeando muy fuerte nuestra economía y en las que debemos trabajar para no volver a sufrir las consecuencias de estos errores que nunca se han corregido. Por ejemplo, no tener robustecidos sectores claves como la agricultura y la industria manufacturera nos está afectando en estos tiempos de crisis. Uno de los grandes retos que tenemos que asumir una vez superemos esta pandemia es la diversificación de nuestra producción nacional, somos un país con una economía basada más en servicios que en la producción de bienes, teniendo los recursos necesarios para potenciar la economía en todos los sectores productivos. Esta deficiencia nos ha hecho vulnerables ante la sorpresiva llegada del Covid-19, que está afectando profundamente sectores como el turismo. Mientras que los expertos realizan análisis, variables y estimaciones de los posibles escenarios de la crisis económica, con resultados de todo tipo, lo único que tenemos claro es que estamos ante una nueva realidad que nos exige un trabajo en equipo desde todos los frentes con nuevas acciones radicales enfocadas en la recuperación. Otra enseñanza que nos deja la pandemia; es que el centralismo en Colombia nos está causando mucho daño. Desde decisiones que se toman sin mirar a las regiones hasta la concentración de los análisis de las pruebas que se realizan en las distintas ciudades, hemos sido una vez más testigos del centralismo que gobierna en el país. Con la explosión de la pandemia, hemos visto cómo poco a poco se han ido relegando a las autoridades locales y se han centralizado las decisiones en el Gobierno Nacional, que tiene un gabinete que ignora las necesidades de las regiones, prueba de ello el Decreto 418 del Ministerio del Interior que limita la actuación de las autoridades locales y regionales. Aunque esta discusión que no es nueva, ha resurgido en medio de esta crisis por las complicaciones y traumatismos que ha generado el centralismo, especialmente para municipios de quinta y sexta categoría que cuentan con pocos recursos y muchas necesidades, son estos los que más han denunciado la ausencia de las múltiples ayudas anunciadas por el Gobierno Nacional. Si bien es cierto que en estos momentos hay que mantener la unidad y coordinación en las decisiones, no podemos aceptar que el centralismo profundice la ya grave crisis que estamos viviendo. Necesitamos que el Gobierno aterrice en las regiones todas las políticas y decretos que se están implementando para la contención de la pandemia, el centralismo está causando profundas afectaciones en las poblaciones más vulnerables. Una vez superemos esta crisis, nuestro país debe repensar su modelo económico y la manera de descentralizar las decisiones. Debemos buscar la forma de aumentar los niveles de bienestar de las familias colombianas, eliminar la pobreza y el trabajo informal con un modelo económico sostenible, que aproveche y desarrolle la producción local en todos los sectores de la industria. Lo único bueno que nos deja este Covid-19 es que nos ha demostrado que el virus más letal son las decisiones que se toman con poco oxígeno en el cerebro e ignorando a todas las regiones, desde oficinas a 2.600 metros de altura.

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Una reflexión frente al Coronavirus

Ahora que en el mundo ha llegado una enfermedad, que los expertos han decidido denominar “Covid–19” o “coronavirus”, la cual es extremadamente contagiosa y letal, bien vale la pena hacernos una profunda reflexión: ¿es cierto todo lo que nos han enseñado en este sistema capitalista donde lo más importante es el consumo y la única preocupación es el desarrollo económico? ¿vale la pena esforzarnos por conquistar bienes materiales?, la respuesta nos la dijo hace ya más de dos mil años un profundo pensador cuando expresó:“… De qué sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma?. Así es hermanos del mundo entero, la respuesta a todos los problemas que hoy nos aquejan ya nos la dio el gran pensador de Galilea. Basta ya de confundir el verdadero sentido de nuestra existencia, no hemos venido al mundo acaparar bienes materiales, no hemos venido al mundo a dividir la humanidad en etnias, ideologías políticas, religiones, etc. Entendamos de una buena vez, que por más riquezas materiales que poseamos, la realidad es que no somos dueños ni siquiera de nuestro cuerpo, los seres humanos somos energía, que por disposición divina, desarrollamos esa energía en algo denominado cuerpo, y ese cuerpo está diseñado para realizar actos dignos de admiración y satisfacción a la humanidad y al mundo que habitamos. El famoso coronavirus es una prueba más de lo mal enfocados que estamos como sociedad, donde le damos prevalencia al tener antes que al ser. No le tengamos miedo a contagiarnos, por el contrario, sí debemos contagiarnos, pero contagiarnos de amor, pero no amor por nosotros mismos, si no amor por la humanidad y por el planeta, contagiarnos de felicidad, pero no haciendo felices solo a un grupo reducido que llamamos familia, si no, haciendo felices a la gran familia de seres humanos a la cual pertenecemos, contagiarnos de solidaridad, pero no solidaridad con nuestro gremio, si no, teniendo una gran solidaridad con toda la sociedad, es necesario implementar YA el nuevo modelo de desarrollo en el mundo, que no es otro que el solidarismo social, sistema que prioriza las acciones del ser humano que beneficien a la mayor cantidad de personas que a los logros individuales. Si de verdad actuamos responsablemente con el planeta y la humanidad, de cierto, de cierto les digo, que nunca más tendremos que preocuparnos  por andar con el pánico que hoy nos aqueja, actuemos con sensatez, el planeta nos lo reclama.

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