El presidente Gustavo Petro anunció este jueves que el próximo martes 18 de marzo será declarado día cívico en Colombia, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en las marchas convocadas para esa fecha. Durante un acto público en Aracataca, Magdalena, el mandatario aseguró que esta jornada marcará el inicio de una consulta popular, una respuesta directa del Gobierno a la posible archivación de la reforma laboral en el Senado. Petro explicó que, al ser un día cívico, los trabajadores no podrán ser sancionados por ausentarse de sus labores para unirse a las movilizaciones. “El martes será un día en el que el pueblo saldrá a defender sus derechos sin temor a represalias. Comienza la consulta popular, y será un día histórico para Colombia”, afirmó el jefe de Estado. La reforma laboral, una de las iniciativas más polémicas del Gobierno, enfrenta un futuro incierto en el Congreso. Ocho de los catorce integrantes de la Comisión VII del Senado firmaron una ponencia para archivar el proyecto, lo que ha llevado al Ejecutivo a considerar la consulta popular como una alternativa para que la ciudadanía decida sobre el futuro de las reformas propuestas. Movilizaciones en todo el país La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) ha respaldado las marchas del 18 de marzo, llamando a los colombianos a tomarse las calles, plazas y carreteras del país. Se espera la participación masiva de diversos sectores, incluyendo comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, quienes han expresado su apoyo a las reformas laboral y de salud. El propio presidente Petro confirmó que encabezará la manifestación en Bogotá, pero hizo un llamado para que en cada ciudad del país haya movilizaciones. “Este martes saldremos a las calles, yo primero, a encabezar la manifestación en Bogotá. Pero en cada rincón de Colombia debe haber una demostración del poder del pueblo”, declaró. Una apuesta política de alto riesgo La consulta popular representa una apuesta arriesgada para el Gobierno. Para que sea válida, se requiere la participación de al menos 13.6 millones de colombianos, de los cuales más de la mitad deberían votar a favor de las reformas. Además, el Senado debe aprobar la convocatoria a la consulta, un proceso que aún no está garantizado. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, advirtió que si la consulta no logra el respaldo necesario, el Gobierno podría quedar en una posición de debilidad política. “Si el pueblo no valida las reformas, el Gobierno perderá legitimidad”, señaló Cepeda. Por su parte, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, criticó la decisión de Petro, calificándola como un intento de impulsar su agenda política de cara a las elecciones de 2026. “Con esta consulta, el Gobierno está jugando su futuro. El pueblo confirmará que estas reformas no son convenientes para el país”, afirmó Uribe. ¿Hay espacio para el diálogo? A pesar de la firmeza del presidente Petro, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, no descartó la posibilidad de llegar a un acuerdo con los senadores de la Comisión VII para evitar la consulta popular. Sin embargo, el jefe de Estado parece decidido a seguir adelante con este mecanismo de participación ciudadana, apostando su capital político en un escenario de alta incertidumbre.