Con el propósito de garantizar la construcción y mantenimiento del corredor de carga que une a Cartagena y Barranquilla y la sostenibilidad de la Concesión Autopistas del Caribe, los gremios de Atlántico y Bolívar le plantearon al Gobierno nacional dos propuestas concretas: 1. Echar para atrás el incremento del 150% de la sobretasa que se recauda en todos los peajes del país, la cual es manejada por el INVÍAS y va destinada al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) y específicamente a financiar el Programa de Seguridad en Carreteras Nacionales. Esta sobretasa estaba en $200 pesos, pero a partir del 16 de enero de 2024 subió a $500 pesos. No se entiende que, si el objetivo general es cobrar unas tarifas de peaje que correspondan a la capacidad de pago de los usuarios y aseguren la sostenibilidad de los concesionarios viales, el Gobierno nacional aplique incrementos de esa magnitud en dicha sobretasa. La forma más eficaz de “garantizar la movilización de personas o vehículos mediante el uso de la infraestructura en condiciones de calidad y seguridad”, que es el objetivo del citado programa, es el fortalecimiento del sistema de concesiones que permite tener vías con altos niveles de servicio y hacer los mantenimientos requeridos para preservarlas. 2. Fijar una tarifa diferencial unificada de $1.800 pesos, más la sobretasa del Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI) en las 6 estaciones de peaje de Ruta Caribe 2 para usuarios permanentes o frecuentes de esta vía. Este componente del esquema tarifario de los peajes ya se aplica con éxito en otras carreteras del país y refuerza el principio de equidad sobre el cual se basa el modelo de concesiones de que las vías las paguen, mediante dichos cobros, exclusivamente quienes las utilizan. Los gremios señalaron que la cancelación de este proyecto de ampliación a doble calzada del corredor de carga Cartagena-Barranquilla, tendría un impacto negativo para la competitividad regional, en especial para los departamentos del Atlántico y de Bolívar y el desarrollo de los más de 15 municipios de su zona de influencia, dada la necesidad de atender el actual movimiento de carga, y las expectativas de incremento derivadas de la mayor producción agro e industrial allí localizada. Al justificar la necesidad de evitar la cancelación de este proyecto, señalaron: • En la zona de influencia de este corredor de carga está el Distrito de Riego de Repelón hay 2.600 hectáreas sembradas de limón, palma, y plátano con ventas anuales proyectadas de $86 mil millones por 25 años y la generación de 2.600 empleos directos e indirectos, beneficiando a pequeños agricultores. El potencial de este desarrollo puede llevar a duplicar el área sembrada. • La construcción y el mantenimiento de la doble calzada de esta vía en el tramo que cubre a Galapa ha sido factor clave para la instalación de 60 medianas y grandes empresas en los últimos años. Además, hay un alto potencial de vinculación de nuevas compañías en el área colindante con Barranquilla y otros municipios de la zona como Baranoa y Sabanalarga, especialmente en proyectos de generación de energía fotovoltaica. • La Concesión Autopistas del Caribe conecta a Barranquilla y Cartagena, cuyos puertos movilizan anualmente 50 millones de toneladas de carga, y complementará la infraestructura de soporte para el Nuevo Aeropuerto de Cartagena. Es un proyecto fundamental para la consolidación de la región como plataforma exportadora de Colombia. Finalmente, los gremios de Atlántico y Bolívar recordaron que el Departamento Nacional de Planeación ha señalado que para lograr que Colombia sea más productiva y competitiva y pueda avanzar en la reducción de los indicadores de pobreza, es imperativo que se mejoren las condiciones logísticas, así como los costos y la eficiencia, lo que requiere mejorar la conectividad actual, uniendo zonas rurales con los principales mercados, los aeropuertos y las zonas portuarias.
