Banco de Occidente Archivos - Revista el Congreso

Boletín económico Banco de Occidente – junio a agosto 2023

Plan Nacional de Desarrollo “Colombia potencia mundial de la vida” El Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida”, aprobado por el Congreso y expedido por el Presidente de la República, Gustavo Petro, mediante la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, contempla inversiones por 1.154,8 billones de pesos para combatir la pobreza, la desigualdad y avanzar hacia una transformación productiva del país en la que se aproveche el capital natural y se profundice el uso de las energías limpias. El documento, que se considera la hoja de ruta del Gobierno para el cuatrienio, plantea cinco ejes principales orientados a reducir las brechas sociales, sobre todo en la zona rural, y a caminar hacia la paz total. El primero de ellos es el ordenamiento del territorio alrededor del agua, a través del cual se busca un cambio en la planificación del desarrollo en el territorio, mientras el segundo eje está enfocado en la seguridad humana y la justicia social. El Estado colombiano trabajará además en el derecho humano a la alimentación, así como en la transformación productiva, internacionalización y acción climática para propiciar el desarrollo sostenible y la competitividad del país, dejando atrás de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas. Fortalecer la convergencia regional para garantizar un acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios, se constituye en el quinto eje sobre el cual se buscará mejorar las condiciones de vida de la población. Los recursos para las transformaciones que se propone el Ejecutivo, se distribuirán de la siguiente manera: Seguridad Humana y Justicia Social 743,7 billones de pesos; Convergencia regional 138,4 billones; Transformación productiva, Internacionalización y acción climática 114,4 billones; Derecho humano a la alimentación 46,1 billones; Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental 28,8 billones y Estabilidad macroeconómica 83,4 billones. “Esto no es un libro o simplemente una ley…es el resultado de un gran diálogo nacional y en los territorios. Es un punto intermedio que sigue… la Paz no se construye sino con justicia social y justicia ambiental. Una sociedad no puede vivir en paz sino es equitativa y este plan avanzará en este frente”, afirmó el jefe de Estado desde Inírida, donde sancionó el documento, junto a su gabinete. Pilares sobre los cuales se trabajará Uno de los pilares del Plan de Desarrollo será el ordenamiento territorial con el avance en el Catastro Multipropósito a un 70% del territorio nacional, lo cual permitirá consolidar la reforma rural integral que busca el gobierno. En la apuesta por la justicia social se contempla la entrega masiva de tierras en este cuatrienio. Se pretende que 2,9 millones de hectáreas que se estima entregar a las ciudadanías rurales contribuyan a la restitución y titulación de tierras como instrumentos esenciales para alcanzar la paz total y también potenciar la producción agrícola nacional. Otro pilar es el quiebre de la pobreza extrema y la pobreza multidimensional a un solo dígito. El Gobierno apunta a que el país baje esta situación de vulnerabilidad extrema a 9,6% y multidimensional a 7,4% en 2026. Mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural, para lo cual se contempla llegar a 88.000 kilómetros de vías terciarias intervenidas. Ampliación de las áreas en proceso de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas a 1,7 millones de hectáreas. En materia de transición energética, el país seguirá en el proceso escalonado, para lo cual espera agregar en el cuatrienio 2.000 MW de capacidad en operación comercial de la generación de electricidad a partir de fuentes no convencionales de energía renovable. Ese tránsito también estará en la diversificación de la canasta exportadora de Colombia en el que el Gobierno fijó incrementar 56,3% la participación de las exportaciones de bienes no minero energéticos. • La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), realizará el giro directo a las instituciones y entidades que presten servicios de salud. Se financiarán proyectos de emprendimiento en comunidades y pueblos indígenas y se fortalecerá la economía popular a través de las Asociaciones Público Populares. Se agilizará la compra de predios por parte del Estado, sin ningún mecanismo ‘exprés’ ni expropiación. La compra será voluntaria y bajo avalúo comercial. Se crea el Registro Único de Ingresos (RUI). Este instrumento va a reemplazar al Sisbén IV y el sistema de estratos para asignar los subsidios. Renta Ciudadana y hambre cero Se crea la renta ciudadana, con lo cual se armonizan los programas de transferencias monetarias condicionadas y no condicionadas a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS). • El programa de Renta Ciudadana, que inició de forma anticipada el pasado mes de abril, consiste en la entrega de transferencias monetarias de manera gradual y progresiva a los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad socioeconómica, priorizando a la población con discapacidad, con la finalidad de aportar a la superación de la pobreza y fortalecer la economía popular y comunitaria. El monto de la transferencia depende de la conformación del hogar y la zona en la que habite, y tiene en cuenta el ciclo de vida, según lo establecido. Se da luz verde a la transferencia “hambre cero”, la cual estará a cargo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Consiste en la transferencia de recursos, para garantizar el derecho a la alimentación de la población en pobreza y vulnerabilidad, priorizando la participación de la economía popular y la agricultura campesina y familiar. Sistema Nacional de Igualdad y Equidad El Plan Nacional de Desarrollo crea el Sistema Nacional de Igualdad y Equidad, de carácter permanente en su funcionamiento, con el objetivo de coordinar las actividades estatales, de las organizaciones sociales y de los particulares para formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas, territoriales y sociales e impulsar el goce del derecho a la equidad de género. El diseño, dirección e implementación del Sistema estará a cargo del Ministerio de Igualdad y Equidad en coordinación con las entidades competentes. Educación

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Boletín económico Banco de Occidente marzo – mayo 2023

Actualidad / revistacg

Un plan de desarrollo construido desde las regiones El Congreso de la República ya tiene en sus manos el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia, potencia mundial de la vida” para su debate y aprobación antes del 7 de mayo próximo, el cual contempla inversiones por $1.154 billones para los próximos cuatro años en temas relacionados con la seguridad humana, la justicia social, el ordenamiento del territorio alrededor del agua, la convergencia regional, la transformación productiva, la acción climática y la estabilidad macroeconómica, según los lineamientos trazados por el gobierno nacional. Actualizar el Catastro Multipropósito en un 70%; llevar la pobreza extrema a un dígito; utilizar los excedentes financieros del carbón y del petróleo para hacer una transición energética, y llegar a cerca de 3 millones de hectáreas entregadas, figuran entre las metas de lo que se considera la hoja ruta del Presidente Gustavo Petro para el periodo 2022-2026, que tendrá como ejes principales el combate a la desigualdad en las regiones y la consolidación de la Paz Total. “Lo que estamos convocando es a un cambio real. Sabemos que es difícil porque la inercia y los temores abundan, pero buscaremos que la opinión de la gente se traduzca en ley”, afirmó el mandatario, quien destacó que el Plan de Desarrollo brindará un impulso a la Economía Popular y a nuevas fuentes de energía, pero sobre todo, buscará cerrar las brechas, para hacer de Colombia una potencia de la vida. El extenso documento, en cuya construcción participaron 250 mil personas que asistieron a 51 Diálogos Regionales Vinculantes convocados en distintas zonas del país, donde se entregaron más de 89 mil propuestas, tiene previstas inversiones por $138,4 billones para la convergencia regional; $114,4 billones para la transformación productiva y acción climática; $743,7 billones para temas relacionados con la seguridad humana y la justicia social; $46,1 billones para el derecho humano a la alimentación; $28 billones para el ordenamiento del territorio alrededor del agua; y 83,4 billones para la estabilidad macroeconómica. Construido desde las regiones Según el director del Departamento Nacional de Planeación, DNP, Jorge Iván González, las propuestas presentadas por las comunidades fueron claves para definir los pilares del Plan de Desarrollo 2022-2026 en los tres meses que duró el ejercicio de diálogo convocado por el gobierno nacional. Un 44% de las recomendaciones ciudadanas tienen que ver con la seguridad humana y justicia social, seguido por el ordenamiento territorial alrededor del agua con 17,9%; derecho humano a la alimentación con 15,5%; transformación productiva, internacionalización y acción climática con 11,6%; y convergencia regional con 11%. En las 2.115 mesas poblacionales, los temas con mayor participación fueron educación, salud, empleo, vías terciarias, seguridad, infraestructura, servicios públicos, medio ambiente, seguridad alimentaria, ordenamiento territorial, cultura, y agua potable. “No fue fácil lograr que nuestra tecnocracia creyera que pedirle a cerca de 250.000 ciudadanos sus aportes sobre lo que debe ser el Plan pudiera tener buenos resultados. El avance de los diálogos y la intervención de miles de ciudadanos demostraron que planear y priorizar no es ajeno a la gente”, aseguró el consejero presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco. En ese orden de ideas, se buscará apoyar a los municipios pequeños en el fortalecimiento del catastro multipropósito para darles mayores herramientas fiscales que les permitan avanzar en mejorar las capacidades institucionales y de respuesta a las necesidades de cambio que se identificaron a través de los Diálogos Regionales Vinculantes. Puntos para destacar del Plan de Desarrollo El documento otorga facultades extraordinarias al Presidente para expedir decretos con fuerza de ley, con miras a modificar los programas de Familias y Jóvenes en Acción. También dará vida al programa de Renta Ciudadana y a la transferencia en especie “Hambre cero” con lo que se busca asegurar el derecho a la alimentación de las familias pobres. La directora general de Prosperidad Social, Cielo Rusinque, informó que el primer pago se realizará en abril de 2023 y garantizará un ingreso de hasta $500.000 mensuales a hogares en situación de pobreza extrema. El programa de transición tiene cubrimiento nacional, pero se asignarán mayores montos a las familias ubicadas en 466 municipios de Colombia con prevalencia alta y muy alta de desnutrición infantil, identificados dentro de los mapas de hambre que fueron elaborados por el Gobierno Nacional, municipios con mayor índice de pobreza multidimensional y municipios PDET. Priorizará además a las madres cabeza de hogar con niños y niñas menores de 6 años. A través del ordenamiento territorial se pretende transformar el campo e incrementar la productividad del país con justicia social y ambiental. El Presidente podría directamente crear, escindir, fusionar, suprimir, integrar o modificar la naturaleza jurídica de entidades de la Rama Ejecutiva, así como modificar sus funciones y estructura orgánica. El respeto por el agua, sus ciclos y los ecosistemas es el primer paso hacia la consolidación de un modelo económico y de producción ambientalmente sostenible que no esté basado en el petróleo ni el carbón. Propone como metas una reforma rural integral; acelerar la actualización del catastro multipropósito, pasando del 9,4 % al 70 %; llegar a 2.982.494 hectáreas entregadas a través del fondo de tierras; formalizar 3.972.423 hectáreas de pequeña y mediana propiedad rural; y reducir la brecha municipal en ingresos corrientes que corresponden a recursos propios. El Plan propone facultades especiales al Ministerio de Ambiente para la inspección y vigilancia de las CAR, así como crear un Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y crímenes ambientales. Otra de las grandes apuestas del ordenamiento territorial alrededor del agua es el fortalecimiento de capacidades de los gobiernos locales y las comunidades, para la toma de decisiones de planificación territorial. Contempla además la creación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino como mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución y evaluación de las actividades dirigidas a la materialización de la reforma agraria y la reforma rural integral con el fin de mejorar la calidad de vida, garantizar los derechos territoriales y los planes de vida de las comunidades afrocolombianas e indígenas; proteger y promover la

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Colombia bajo la Ley de Garantías

Actualidad, Colombia, Estado, Gestión, Gobierno, Ministerios, Presidencia / revistacg

La Ley de Garantías Electorales comenzó a regir en Colombia y con ello la suspensión de buena parte de la contratación pública para evitar el uso de recursos del Estado en apoyos a cualquiera de los candidatos. Según la legislación vigente, las limitaciones se deben aplicar cuatro meses antes de celebrarse cualquier elección. Con la implementación de la norma se busca que la contienda democrática se cumpla en condiciones igualitarias y transparentes tanto para los aspirantes como para los votantes. En ese contexto, la ley 996 de 2005 establece unas restricciones al ejercicio de la función gubernamental como garantía de transparencia administrativa en medio del debate electoral, para lo cual se impide, por ejemplo, que la nómina estatal o la contratación directa se utilicen en la campaña política para favorecer a uno o varios candidatos. La disposición cobija a ministros, directores de departamentos administrativos, superintendentes, gerentes, jefes de entidades descentralizadas de la Rama Ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y Distrital, gobernadores, alcaldes y secretarios. Restricciones por Ley de Garantías De acuerdo con la Ley de Garantías Electorales, que para el caso de la campaña presidencial entró en vigor el 29 de enero pasado, las restricciones en la nómina y contratación estatal tanto para funcionarios del orden nacional, como departamental y local, son las siguientes: no se pueden aumentar los recursos destinados a la publicidad del Estado, la cual tampoco se podrá utilizar como propaganda política de los candidatos, partidos o movimientos políticos y sociales. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial, es decir, desde el 29 de enero de 2022 hasta la elección en segunda vuelta, si fuere el caso. Queda exceptuado de la anterior restricción, lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como los utilizados para la re- construcción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, eventos natura- les o razones de fuerza mayor y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Es importante aclarar que la suspensión de cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal está relacionada con la imposibilidad de crear nuevos cargos, salvo que se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el cabal funcionamiento de la Administración Pública. Limitaciones en contratación Existen dos restricciones, la primera para celebrar convenios interadministrativos con el fin de ejecutar recursos públicos y la segunda para celebrar contratos en la modalidad de contratación directa. La Ley 996 de 2005 establece las limitaciones para la contratación directa por parte de todos los entes del Estado, en este caso desde el día 29 de enero de 2022 hasta la elección presidencial en segunda vuelta, el 19 de junio próximo, de ser necesario. La norma es muy clara en cuanto a que no hay restricciones para las prórrogas, modificaciones o adiciones y la cesión de los contratos suscritos antes de la fecha en la que entró en vigencia la ley. A través de la modalidad de contratación directa se celebran, entre otros, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, arrendamiento de inmuebles y contratos con proveedor exclusivo. La prohibición aplica para todos los entes del Estado, de todas las Ramas del Poder Público pertenecientes al nivel nacional y territorial. Convenios interadministrativos Desde el 13 de noviembre de 2021, cuando comenzó a regir la Ley de Garantías para las elecciones al Congreso, hasta la fecha de elección del presidente de la República en primera o segunda vuelta (29 de mayo o 19 de junio), los gobernadores y alcaldes, así como secretarios, gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar fondos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista. Esta restricción fue modificada por el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, en el que se autorizaba a la Nación a celebrar convenios interadministrativos con las entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos correspondientes al Presupuesto General de la Nación, pero el Juzgado Tercero Administrativo de Bogotá decidió el 9 de noviembre pasado amparar transitoriamente los derechos al debido proceso e igualdad presuntamente vulnerados en el trámite legislativo del proyecto de presupuesto y en consecuencia ordenó no aplicar los cambios aprobados en ese momento para la Ley de Garantías hasta que la Corte Constitucional emitiera. Concepto sobre su viabilidad. La Sala Plena del alto tribunal declaró la urgencia nacional para estudiar rápidamente las demandas que se presentaron en contra de la reforma legal que suspendió la aplicación de la norma durante la vigencia de 2022. Los alcaldes y gobernadores tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso, gobernaciones, asambleas departamentales, alcaldías y concejos municipales o distritales. Dentro de las limitaciones, se establece que no podrán modificar la nómina del respectivo ente territorial o entidad, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable. Los entes territoriales ven con preocupación la prohibición para celebrar contratos interadministrativos en los ciclos electorales por el retraso que eso genera en la ejecución de obras y proyectos en sus regiones. Fuentes consultadas: Departamento Administrativo de la Función Pública, Senado de la República, Registraduría Nacional del Estado Civil y Revista El Congreso Siglo XXI. Afectación de la pandemia en el sector Gobierno El impacto de la pandemia, que provocó un elevado déficit fiscal, llevó al Gobierno del presidente Iván Duque a tomar medidas en el corto plazo que le permitieran racionalizar los

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