marzo 18, 2025

asesinatos

Las 23 acciones del gobierno para proteger a los ex-Farc

Desde Bello, Antioquia, el Presidente de la República, Iván Duque anunció una serie de medidas que implementará el gobierno con el fin de proteger la vida de los exintegrantes de las Farc, que tras la firma del acuerdo de paz y posterior desmovilización, han sido víctimas de diferentes grupos armados ilegales. A la fecha ya van 113 desmovilizados asesinados. Las medidas anunciadas contemplan la creación de un Cuerpo Élite de la Policía para actuar en caso de amenazas, el fortalecimiento de los procesos de alerta temprana, así como la firma de un decreto de control de riesgos de seguridad que se ejercerá cuando concluyan, en agosto, las medidas relativas a los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación (ETCR). Estas son las medidas anunciadas por el Ejecutivo 1. Se pone en operación un Centro Integrado de Información, coordinado por el Ministerio de Defensa, para articular información de inteligencia y generar mecanismos de apoyo a la investigación judicial sobre amenazas y homicidios contra excombatientes de Farc. 2. Se generarán alertas para priorizar acciones diferenciales de reincorporación, protección y seguridad para los excombatientes en mayor vulnerabilidad y riesgo, según los perfiles de quienes han sido asesinados. 3. Habrá focalización y priorización de las acciones de las instituciones, con base en la información que suministre semanalmente el Cuerpo Élite de la Policía Nacional sobre departamentos y municipios más afectados. 4. Expediremos decreto para el control de riesgos de seguridad de la población en proceso de reincorporación una vez concluya la vigencia de las medidas relativas a los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR). 5. Se desarrollarán las medidas para garantizar seguridad de candidatos de Farc en el período electoral de 2019, previstas en el Plan Nacional de Garantías Electorales. 6. Se intensificará el monitoreo, análisis y advertencia del riesgo para excombatientes de las Farc por parte de la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT). 7. Serán depuradas las respuestas de la Comisión Interinstitucional para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), para asegurar la coordinación con las autoridades locales, por parte del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo. 8. Habrá remisión inmediata de las alertas tempranas a la Consejería para la Estabilización y Consolidación, para que esta apoye la gestión pronta de las mismas. 9. Se optimizará la utilidad de la información oficial sobre afectaciones a excombatientes Farc. 10. Se afinará la articulación entre la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Fiscalía, en la acción y seguimiento a las amenazas contra excombatientes Farc. 11. Serán reducidos los tiempos de atención de solicitudes de protección en la UNP. 12. Se fortalecerá la coordinación entre los esquemas de seguridad UNP y los enlaces de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz (Unipep) para los desplazamientos de excombatientes. 13. Se realizarán jornadas de autoprotección y autoseguridad para excombatientes que cuentan con esquema de protección. 14. Se actualizará la metodología y el instrumento de análisis de riesgo para definir las medidas de protección a excombatientes de las Farc, en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de la UNP. 15. Habrá participación de la Defensoría del Pueblo en la Mesa Técnica de Seguridad y Protección de excombatientes de las Farc en la UNP. 16. Un grupo del Cuerpo Élite de la Policía Nacional tendrá la función exclusiva de la investigación de amenazas a excombatientes de las Farc. 17. Se destinarán 25 investigadores adicionales de la Policía Nacional (Dijin) para investigación criminal en terreno sobre las afectaciones contra excombatientes de las Farc. 18. En las zonas priorizadas será distribuido un manual de autoprotección para excombatientes. 19. Se reforzarán las acciones de prevención a cargo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y Unipep: a) para mitigar los riesgos de estigmatización y b) con campañas de autoprotección y seguridad. 20. También se reforzará la cultura de la legalidad. a) La ARN, la Unipep y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) articularán acciones para capacitar en territorios. b) La ARN y la UNP impartirán capacitación en cultura de la legalidad en las jornadas de reentrenamiento de los agentes que actúan como escoltas de los excombatientes Farc. 21. La Consejería para la Estabilización y la Consolidación convocará cada mes a una reunión para hacer seguimiento al avance de las medidas acordadas y cada 15 días habrá reuniones del nivel técnico. 22. En los municipios en los que se den alertas tempranas se van a promover con los alcaldes medidas como la prohibición de parrillero y jornadas de desarme. 23. La Fiscalía General de la Nación reasignará los fiscales itinerantes para focalizar los esfuerzos en los departamentos con mayor incidencia de afectaciones a excombatientes.

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Otra líder social que pierde la vida en Colombia

Concepción Corredor, líder social del Casanare, entró a engrosar la penosa lista de lideres asesinados en el territorio nacional en lo que va de 2019, ella es la número 63 de los que han sido reportados. De acuerdo con lo informado por la Defensoría del Pueblo del Casanare, “dos hombres que se movilizaban en moto, encapuchados y quienes habrían manifestado pertenecer al ELN, ingresaron a la vivienda, llevándose de manera violenta a la lideresa, manifestando que la necesitaban para hablar de algunos asuntos”. En la madrugada de este sábado, el cuerpo de Concepción fue hallado en un lugar cercano a su residencia con varios impactos de bala, de acuerdo con alguna versiones, sobre este se habría encontrado un panfleto de un frente desconocido del ELN. Concepción, militante del partido Alianza Verde, era líder social y campesina, realizaba labores con mujeres y fue presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Pradera e integrante de la Comisión de Mujeres del partido.

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Ejército confirma asesinato de seis personas en Mapiripán

 La población ya había sido víctima de una masacre en 1997 perpetrada por las AUC. Las seis personas fueron asesinadas en la finca Bahía Celeste de la vereda La Realidad del municipio de Mapiripán, al sur del Meta, una zona que ha sido golpeada por el conflicto armado que ha vivido Colombia por más de cinco décadas. El comandante de la Séptima Brigada, General Alejandro Fuentes, dijo a los medios de comunicación que entre las víctimas hay un menor. “Después de una labor de ubicación, se encuentran en una casa abandonada, sin paredes, los cuerpos de las seis personas, boca abajo cómo si hubieran sido ultimados en estado de indefensión”, señaló el oficial. De acuerdo con un comunicado publicado por las Fuerzas Militares, alrededor de las 17:00 horas del lunes pasado, tropas de la Séptima Brigada del Ejército recibieron la información de que se había registrado la muerte de “unas personas (…) a 35 kilómetros al norte del casco urbano del municipio de Mapiripán”. “De inmediato, los efectivos iniciaron una operación conjunta con el Comando Aéreo de Combate #2 y la División de Asalto Aéreo en coordinación con la Policía Judicial para verificar la información brindada por los habitantes de la región”, indicó el oficio. Fuentes aseguró que desde la mañana de este martes, se comenzó con las investigaciones pertinentes. Por el momento, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, categorizó el hecho como un “homicidio múltiple” mientras se esclarece la situación. El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, condenó el asesinato y ordenó al Comandante de las Fuerzas Militares, General Luis Fernando Navarro, viajar a la zona para tomar medidas de seguridad y establecer el origen de los hechos y sus responsables. Hasta el momento se mantiene la hipótesis de que hay un conflicto por el comercio de la pasta de coca y que el asesinato se le podría atribuir a los grupos ilegales que operan en la zona. “En ese sector tenemos la presencia de ‘Los Puntilleros’ Bloque Meta, quienes serían los responsables de lo ocurrido por un conflicto de mercancía o pasta de base de coca (…) allí no tenemos disidencias de las Farc”, dijo el oficial. En julio de 1997, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) asesinaron al menos  200 personas en Mapiripán. En 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Constitucional declararon la masacre  como un crimen de lesa humanidad. 

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