Fortalecimiento de los derechos colectivos, bienestar laboral, mejor calidad de vida para los empleados públicos del país, beneficios para la carrera administrativa, incorporación de enfoque de género, respeto a la libertad sindical y política laboral, son algunos de los acuerdos alcanzados con la suscripción de la negociación colectiva entre el Gobierno Nacional y 35 organizaciones sindicales y que beneficia a 1 millón 300 mil servidores públicos. El acuerdo se logró en la Mesa de Negociación del Sector Público que inició el pasado 28 de marzo con la participación de más de 1.200 negociadores, 604 peticiones presentadas y 232 acuerdos. Como representante del Gobierno participó en la negociación el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección, Edwin Palma, quien precisó: “estamos muy satisfechos con la suscripción de este acuerdo para cerca de 1.3 millones de trabajadores de las entidades del Estado y que ha costado 2.6 billones de pesos, que significan ingresos para las familias de los y las trabajadoras del Estado. Un acuerdo que también implica bienestar laboral, que reconoce y fortalece los derechos colectivos que para este Gobierno es bien importante”. El Gobierno Nacional a través del Departamento Administrativo de la Función Pública, a partir de la firma del presente acuerdo, promoverá la incorporación del enfoque de género, interseccional y diferencial en el desarrollo del plan de formalización del empleo público en equidad, con criterios meritocráticos y vocación de permanencia. Se incrementará la bonificación judicial para 2023, con el IPC causado al año 2022 más el 1.1%, y para el año 2024 causado al año 2023 el IPC más el 1.2%. Se modificará el Decreto 344 de 2021 para continuar fortaleciendo las garantías sindicales de los trabajadores del sector público y sus organizaciones sindicales. También se presentará un proyecto de ley en la segunda legislatura del presente año para promover la modificación de la Ley 2094 de 2021, para incluir la discriminación, persecución, violencia y cualquier otra conducta antisindical contra dirigentes sindicales y personal sindicalizado. El Gobierno Nacional a través de los Ministerios del Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, en un término no mayor de tres meses a la suscripción del acuerdo, instalará una Mesa Técnica con las organizaciones sindicales del acuerdo, para que en un término no superior a cinco meses, realice un estudio técnico con componentes legales, jurídicos, financieros y presupuestales para evaluar las solicitudes relacionadas con la creación de prima técnica profesional, asesor, técnico y asistencial, incremento de la bonificación por servicios prestados y su inclusión como factor de liquidación en la prima técnica, incremento de la prima de antigüedad, reconocimiento de pago de horas extras e incremento de la bonificación por recreación, en entidades nacionales y territoriales. Dentro de los tres meses posteriores a la firma del acuerdo, el Gobierno en cabeza del Ministerio de Transporte, con el acompañamiento del Ministerio de Hacienda y las centrales y federaciones firmantes del acuerdo, instalará una Mesa técnica que en un término de cuatro meses, evalúe la viabilidad técnica, jurídica, presupuestal y financiera, para la destinación de un porcentaje adicional de los recursos por recaudo procedentes del contrato del RUNT 2.0 como fuente de financiación para el fortalecimiento y ampliación de planta. Así mismo, el Gobierno Nacional y las organizaciones sindicales instalarán una mesa técnica para realizar un estudio con componentes económico y jurídico para la reducción de la jornada laboral de los funcionarios. El pasado 9 de mayo se logró un incremento salarial para los empleados públicos de 14,62% para el presente año. Además, las partes acordaron un aumento de 1,6 % para el año 2024, más el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023. Es importante señalar que los aumentos salariales para 2023 y 2024 cobijan a servidores públicos de la Rama Ejecutiva Nacional, Rama Judicial y maestros. Mientras que para la Rama Legislativa, uniformados, empleados oficiales y servidores territoriales, el ajuste se hace acorde a la autonomía de estas entidades, pero teniendo como referente los incrementos pactados en la Mesa de Negociación del Sector Público. Tomado de: Ministerio del Trabajo
