Abogados

Por: Germán Navas Talero Representante a la Cámara por Bogotá, Polo Democrático Alternativo Nuestro país ocupa -según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ)- el segundo lugar en el mundo con más abogados en relación con su población. Esto genera, entre otros problemas, desempleo, bajos salarios y una proliferación de egresados dudosamente capacitados para ejercer a cabalidad la profesión. Y si hay muchos abogados es porque también hay muchas facultades. Para el 2011, la misma CEJ calculaba que en Colombia había alrededor de 70 facultades de Derecho, la mayoría de ellas con registro calificado y solo una minoría con acreditación de alta calidad. Para este año, según un dato extraoficial del propio ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, la cifra podría llegar a las 140 facultades, aumentando considerablemente la oferta de profesionales en este campo. Hoy, como dice la canción, “no hay cama pa’ tanta gente”. Semestre a semestre están saliendo miles de abogados, algunos en busca de asesorar grandes compañías y otros con la intención de defender a uno que otro cliente. Pero la situación no es nada esperanzadora, cientos de esos egresados salen a cruzarse de brazos porque no hay empleo para tantos. Y si hablamos del aspecto salarial, el panorama tiende a oscurecerse. El salario de un abogado recién egresado es de los más bajos de la región, por debajo de Costa Rica, Argentina, Brasil y Chile, según un artículo publicado el año pasado en el diario El Espectador, titulado “Colombia, el segundo país con más abogados en el mundo”. Quizá por ello se vean hoy ‘abogados’ llevando procesos a cambio de una nevera o un horno microondas. Como si lo anterior fuera poco, se debe tener en cuenta la calidad de quienes están egresando de esas Facultades. Uno de los problemas más graves del país recae en la debilidad de su sistema judicial, derivado en buena medida por la pésima preparación por parte de quienes están egresando como abogados. Muchos de los errores en materia judicial en la actualidad son ocasionados por vacíos en la formación; y eso es mucho más preocupante que cualquier otro aspecto. “quien aspire a contar con la tarjeta profesional de abogado, deberá acreditar, además de los requisitos exigidos actualmente, la certificación de aprobación de este nuevo examen”. Precisamente, frente a este último punto, presentamos a consideración del Congreso el proyecto de ley 312 de 2017 Cámara – 095 de 2016 Senado “Por la cual se dictan disposiciones relacionadas con el ejercicio de la profesión de abogado”. Iniciativa parlamentaria que pretende implementar un examen de Estado para quienes aspiren a obtener la tarjeta profesional de abogado. Es que -como lo señalamos dentro de la argumentación del proyecto- la práctica de esta profesión entraña un riesgo social, teniendo en cuenta la relación que existe entre la justicia y su posible afectación a terceros, lo cual implica la responsabilidad del Estado con el fin de garantizar la idoneidad de quienes la ejercen. Así, es deber del Estado velar porque la calidad del abogado sea la mejor, y por ende propusimos un examen con el ánimo de fortalecer la profesión, el cual estaría a cargo del Consejo Superior de la Judicatura y sería requisito para la expedición de la tarjeta profesional. Para los congresistas autores de este proyecto, Germán Varón, Angélica Lozano, Carlos Abraham Jiménez, Eduardo Molina, Rodrigo Lara y quien escribe estas líneas, ese examen es necesario, puesto que con él, el Estado podría llegar a establecer un nivel de calidad para todo aquel que aspire a litigar, porque no es justo que el abogado venga a aprender con su cliente. El proyecto ya fue conciliado por las cámaras legislativas y, gracias a que cuenta con el beneplácito del ministro Gil Botero, tenemos la firme esperanza de que se convierta en Ley de la República. De ser así, quien aspire a contar con la tarjeta profesional de abogado, deberá acreditar, además de los requisitos exigidos actualmente, la certificación de aprobación de este nuevo examen. Pero dicha prueba solo aplicaría para quienes inicien la carrera de Derecho después de la promulgación de la norma. Este tipo de iniciativas quizá preocupe a las llamadas “universidades de garaje”. A las serias no debería preocuparles, pues esto es prueba de su buen nivel. Sabemos que ya existe un examen que mide la calidad de las instituciones, lo que se requiere es algo más específico, midiendo ahora la calidad del profesional.