La Procuraduría General de la Nación pidió este miércoles medidas extraordinarias frente a la grave crisis de salud, sanitaria y ambiental que vive el archipiélago caribeño de San Andrés y Providencia desde hace varios meses.
Para ello, el Ministerio Publicó convocó a la gobernadora encargada, Sandra Howard Taylor; al viceministro de Salud, Luis Fernando Correa Serna; al director de Asuntos Ambientales, Sectorial y Urbana del Ministerio de Ambiente, Fabián Hernán Gonzalo Torres, y al superintendente de Salud, Luis Fernando Cruz Araújo, con el fin de abordar el problema.
El ente de control consideró necesario declarar la emergencia sanitaria y ambiental y dar soluciones de fondo que garanticen una adecuada atención en salud, permitan el restablecimiento del ambiente sano de los sanandresanos y la prevención de posibles efectos sobre los ecosistemas de la región caribeña.
Ante la situación que vive el archipiélago desde hace varios meses, la Procuraduría ha hecho una serie de recomendaciones, y ha interpuesto acciones judiciales en defensa del patrimonio ecológico de la isla. Se destaca, por ejemplo, la acción popular presentada para impulsar la puesta en marcha y ejecución de la Planta de Generación de Electricidad de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).
El Ministerio Público y la Defensoría evidenciaron la falta de insumos, medicamentos, servicios de laboratorio y de cirugías. Así mismo, encontraron acumulación de patologías sin analizar desde el 2017, lo cual podría atentar contra el derecho de los pacientes a un diagnóstico oportuno y colocar a las personas en un riesgo de infección.
La Procuraduría conoció que desde el 1º. de mayo la firma Anestesiar no tiene contrato con el Clarence Lynd Newball Memorial. La ciudadanía continúa denunciando el precario servicio de salud que allí se presta.
De otra parte, el ente de control informó que son preocupantes las condiciones de la planta de gases medicinales, la cual a pesar del riesgo que reviste por su carácter inflamable, carece de un sistema de control de temperatura.