abril 19, 2026

Regiones

Hombres armados secuestran al padre de la alcaldesa de Sardinata en Norte de Santander

En las últimas horas se conoció el secuestro del padre de Diomara Montañéz, alcaldesa de Sardinata, Norte de Santander, al parecer el hombre habría sido interceptado en una de sus propiedades por parte de los hombres armados que cometieron el hecho delictivo, hasta ahora ningún grupo al margen de la ley se ha atribuido este acto, aunque se sabe que en la región hay presencia de las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Las autoridades competentes confirmaron el secuestro que al parecer ocurrió en la zona rural de ese municipio, que conecta con la región del Catatumbo, Norte de Santander en horas de la noche del día de ayer, 14 de marzo de 2025. La Policía departamental indicó que el hecho ocurrió cuando Jesús David Montañez se desplazaba en su motocicleta por uno de sus predios en la vereda El Líbano, cuando fue interceptado por hombres armados que lo raptaron. El vehículo en el que se desplazaba Montañez fue abandonado metros más adelante del punto exacto donde se produjo el secuestro. La burgomaestre aún no se ha pronunciado al respecto.

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Montería apuesta por el río Sinú: proyecto Businú avanza con embarcaderos listos para operar

Montería está a punto de vivir una transformación histórica en su sistema de transporte público con el proyecto Businú, una iniciativa que apuesta por la movilidad sostenible y la revalorización del río Sinú como eje central de la ciudad. Con una inversión total de $13.400 millones, aportados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Alcaldía de Montería, este sistema fluvial promete cambiar la forma en que los monterianos se desplazan. Avances significativos En un reciente recorrido, el alcalde Hugo Kerguelén y la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, inspeccionaron los tres embarcaderos que ya están listos para operar. Estas estaciones, ubicadas en la calle 22, Rancho Grande y Centro Verde, serán los puntos clave del sistema. Además, se confirmó que las primeras embarcaciones, construidas en colaboración con Cotecmar, estarán listas para el segundo semestre de 2025, con el objetivo de iniciar operaciones en enero de 2026. Un sistema integrado y moderno El Businú contará inicialmente con dos embarcaciones, cada una con capacidad para 36 pasajeros. Estas naves incluirán espacios adaptados para personas con movilidad reducida y zonas para el transporte de bicicletas, lo que refleja un enfoque inclusivo y amigable con el medio ambiente. El alcalde Kerguelén destacó la importancia de este proyecto no solo para la movilidad, sino también para la identidad cultural de la ciudad: “Businú es una apuesta por el desarrollo sostenible que brindará alternativas de movilidad a los monterianos y revitalizará nuestro patrimonio cultural. Este proyecto no solo mejorará la conectividad, sino que también revalorizará el río Sinú como un eje fundamental de nuestra identidad”. El Businú no solo busca descongestionar las vías terrestres, sino también integrarse con el sistema de transporte existente en Montería, ofreciendo una alternativa eficiente y ecológica. Además, se espera que este proyecto impulse el turismo y la economía local, al convertir el río Sinú en un espacio dinámico y funcional.

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Juan Alfredo Qüenza, vicepresidente de Asocapitales solicitó a Alejandro Eder investigar a Luz María Zapata por presuntos malos manejos de la entidad

Tras la polémica renuncia de Luz María Zapata a la dirección nacional de Asocapitales, ahora el vicepresidente de la entidad y alcalde de Arauca Juan Alfredo Qüenza Ramos, habría solicitado al presidente de la misma, Alejandro Eder, alcalde de Cali, mediante una comunicación, investigar a Zapata, por supuestos malos manejos. “Desde la llegada de las nuevas administraciones se ha trabajado por un nuevo direccionamiento de Asocapitales enfocado en las realidades de las regiones, bajo los principios de austeridad, economía, transparencia y eficiencia. Sin embargo, no se ha logrado generar consensos sobre aspectos básicos de su organización, ni su plan de acción hasta el momento. Por el contrario, se evidencia una pérdida de su propósito, desviándose de los problemas reales que enfrentan las ciudades capitales y generando una falta de cohesión entre estas”, expresaría el documento suscrito por el burgomaestre. SESIÓN SIN QUÓRUM Esta situación, al parecer se debatiría durante una sesión ordinaria convocada por Qüenza para el 7 de febrero de 2025 pero por falta de Quórum no lograron sesionar. A juicio del vicepresidente de Asocapitales, la entidad debió advertir de manera prudente a sus afiliados sobre la reunión por obvias razones en cuanto a la agenda de los alcaldes y los desplazamientos que para asistir deben hacer. “Es evidente que la entonces dirección conocía con antelación de la fecha de la sesión la situación de las ciudades asociadas y no advirtió de manera diligente previo a su realización que la misma no se podía llevar a cabo según su interpretación”, indicó Qüenza. Qüenza además afirma que la junta directiva se encuentra en “parálisis administrativa” porque la mayoría de sus miembros están en mora, situación que también incide en la celebración de las sesiones por lo cual no se han podido revisar los estados financieros o el plan de acción, de 31 asociados, 17 debían el pago de sus aportes y a la fecha 14 todavía no habrían cumplido. Incluso, habría ciudades que están en mora más de 10 años. Con base en los estatutos, vigentes los municipios que se encuentren en esta condición estarían en condición de perder su voz y voto y no podrían ser elegidos en la junta directiva. De igual forma destacó que “luego de un año y un mes de haber empalmado con las nuevas administraciones, Asocapitales sigue sin representar el sentido y el querer de las capitales del país”. Finaliza Qüenza “Por todo lo expuesto solicito una investigación exhaustiva frente al aparente incumplimiento de los deberes estatuarios y legales en cabeza de la entonces Dirección Ejecutiva y de la Secretaría General por las actuaciones anteriormente mencionadas que van en contravía del objeto para el que fue creada la asociación, así como los principios de austeridad, economía transparencia y eficiencia”.

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Unidad para las Víctimas honra a mujeres lideresas con más de mil indemnizaciones y refuerza su compromiso con la paz y la reparación

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, organizó el Encuentro nacional de mujeres lideresas, organizaciones sociales, movimientos y mesas de víctimas. En este espacio, que reunió a 10.000 mujeres de distintas regiones del país, se destacó la valentía y resiliencia de quienes han sido fundamentales para la reconstrucción del tejido social y la consolidación de la paz en Colombia. Durante el evento, se entregaron 1.007 cartas de indemnización a mujeres víctimas del conflicto armado en la región Caribe, con una inversión total de $ 5.956 millones. Las beneficiarias, provenientes de Atlántico, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Magdalena y Sucre, recibieron este apoyo como parte del compromiso estatal con la reparación integral. Yesenia Pérez Otero, directora Territorial Atlántico de la Unidad para las Víctimas, resaltó la importancia del encuentro: “Este espacio visibiliza el rol crucial de las mujeres en la reconstrucción de sus comunidades. Cuando una mujer es desplazada o violentada, encuentra en otras mujeres un refugio y la fuerza para seguir adelante”, indicó. El evento también incluyó una feria con 35 emprendimientos liderados por mujeres y servicios de entidades públicas, impulsando la autonomía económica de las participantes. La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, expresó: “Colombia es Mujer. Su trabajo ha sostenido a las familias, reconstruido historias y protegido la vida en medio de la adversidad”. Por su parte, Wilmer Leal, director del Fondo Colombia en Paz, destacó la articulación institucional para llevar proyectos liderados por mujeres a los territorios más afectados por la violencia. Además, en los últimos años, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha priorizado la reparación a mujeres víctimas, logrando 242.723 indemnizaciones. ​El Gobierno del Cambio reitera su compromiso de seguir trabajando para garantizar los derechos de las víctimas, promoviendo espacios de reconocimiento, memoria y construcción de un país libre de violencia, con las mujeres como protagonistas de la transformación social.

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Gobierno nacional habilita 200 nuevas plazas para que mujeres condenadas conmuten penas de prisión por prestación de servicios comunitarios

El Gobierno nacional habilitó 200 nuevas plazas para que mujeres cabeza de familia y en condiciones de marginalidad, condenadas por delitos de hurto o estupefacientes y cuya pena no supere los ocho años, sustituyan la pena de prisión por la prestación de servicios comunitarios, tras la firma de un convenio con la Defensoría del Pueblo. El compromiso entre ambas entidades para implementar esta herramienta jurídica que brinda oportunidades de resocialización a la mujer, conocida como Ley de Utilidad Pública, fue refrendado por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, y la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En la ceremonia también se lanzó la plataforma digital María (Módulo de Apoyo para la Restauración, Integración y Acompañamiento), mediante la cual se facilitará la presentación y seguimiento de solicitudes del beneficio de utilidad. Mediante este instrumento, los defensores públicos contarán con herramientas para analizar casos de utilidad pública que presentarán posteriormente ante los jueces competentes, permitiendo la identificación de cuellos de botella, retos y oportunidades de mejora. Mujeres beneficiadas Con base en las decisiones de los jueces, en dos años de vigencia de la Ley de Utilidad Pública se han proferido 133 sentencias que han beneficiado a 130 mujeres, quienes han recuperado su libertad en 11 departamentos. El programa, apoyado por el Gobierno, cuenta con 27 convenios suscritos con entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales, que han habilitado 2.492 plazas a nivel nacional. El Ministerio de Justicia habilitó 50 plazas más, y mediante orden judicial los jueces de la República han ordenado abrir siete adicionales en entidades territoriales, para un total de 2.549 en todo el país. Durante su intervención, la ministra Ángela María Buitrago aseguró que “con la Ley de Utilidad Pública confirmamos la necesidad de que las instituciones caminemos de manera conjunta, para que podamos realizar la finalidad de una justicia restaurativa con visión de vulnerabilidad y con perspectiva de género”. Por su parte, la defensora del Pueblo aseguró que hoy se toma una nueva medida que aporta a la implementación de la Ley de Utilidad Pública “pues con la firma del documento habilitaremos plazas para que estas mujeres tengan la posibilidad de cumplir con el servicio social, uno de los requisitos que exige la Ley 2292 de 2023”.

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Calendario electoral: nuevas fechas para las elecciones del Congreso y de la presidencia

La Registraduría Nacional presentó hoy las nuevas fechas y los plazos para el proceso de las elecciones parlamentarias y presidenciales de 2026 junto con importantes innovaciones tecnológicas y medidas de seguridad para garantizar un proceso más eficiente. El registrador nacional en un evento que contó con la asistencia de la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría, entre otras entidades, publicó el nuevo calendario electoral para las elecciones del 2026. Según las resoluciones 2580 y 2581, las elecciones para el Congreso se realizarán el 8 de marzo de 2026 mientras que las elecciones para la presidencia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Las fechas importantes en el 2025 para las elecciones del Congreso son:   8 de marzo: a partir de este día los ciudadanos pueden hacer la inscripción de su cédula para votar en el lugar que prefieran o así mismo, podrán acercarse a las oficinas para que puedan cambiarlo. 8 de septiembre: fecha límite para crear mesas de votación en corregimientos nuevos y conformación de la División Política Electoral de las 16 circunscripciones de paz. 8 de noviembre: inicio de inscripción de candidatos y promotores del voto en blanco. 8 de diciembre: vence periodo de inscripción de candidatos. Las fechas importantes en el 2025 para las elecciones presidenciales son: 31 de mayo: inicio del registro de comités ciudadanos para la Presidencia de la República. 17 de diciembre: plazo final para radicar las firmas de respaldo ante la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) 21 de enero: plazo para certificar el número de firmas de apoyo a candidatos inscritos por ciudadanos. 31 de enero: inicia el periodo de inscripción de candidatos y promotores del voto en blanco. 13 de marzo: plazo final del periodo de inscripción de candidatos.  ¿Cuáles son las innovaciones en el proceso electoral? El registrador aseguró que para las elecciones se incrementará de forma significativa el número de mesas de votación. Para las elecciones legislativas se habilitarán 15 mil mesas más y para las presidenciales 21 mil más. Así mismo, las elecciones contarán con la implementación de tecnología de biometría facial y dactilar en más de 65.000 mesas con el fin de garantizar unas elecciones más seguras y confiables. Las actas presidenciales y legislativas serán digitalizadas para que los ciudadanos puedan compararlas con las diligenciadas por los jurados de votación. La idea de este plan robusto que preparó la registraduría en conjunto con otras instituciones es que muchos más ciudadanos colombianos participen del proceso electoral.     

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Abiertas inscripciones para los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025 con una inversión de más de $50 mil millones

El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Deporte, anunció la apertura de inscripciones para los Juegos Intercolegiados Nacionales 2025, el evento más importante del deporte escolar en Colombia. Con una inversión histórica de más de $ 50 mil millones, el Gobierno busca garantizar el desarrollo de todas las fases de estas competencias, con la meta de 578.000 deportistas escolares inscritos de 9.600 instituciones educativas en 1.120 municipios y áreas no municipalizadas del país. El proceso de inscripción está disponible a través del portal oficial www.juegosintercolegiados.gov.co, donde instituciones educativas y organizaciones que atienden a personas con discapacidad podrán registrar a sus deportistas escolares en las diferentes categorías. Alcance y diversidad deportiva de los Juegos Intercolegiados Los Juegos Intercolegiados 2025 se desarrollarán en cinco fases: municipal, departamental, regional, final nacional e internacional, y estarán dirigidos a niñas, niños y jóvenes entre los 7 y los 17 años, organizados en las categorías festival escolar, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil. Para esta edición, la competencia incluirá 33 modalidades deportivas, distribuidas en: 19 deportes individuales 14 deportes de conjunto 7 para deportes 3 mini deportes y festivales escolares Esto permitirá la participación de atletas convencionales y con discapacidad, promoviendo la inclusión en todos los niveles de la competencia. Deportes individuales: atletismo, natación, ciclismo, judo, gimnasia, esgrima, boxeo, levantamiento de pesas, actividades subacuáticas, ajedrez, bádminton, karate, lucha, patinaje, taekwondo, tejo, tenis de campo, tenis de mesa y triatlón. Deportes de conjunto: baloncesto, baloncesto 3×3, balonmano, béisbol, fútbol, fútbol de salón, futsal, mini baloncesto, mini fútbol sala, mini voleibol, porrismo, rugby, sóftbol y voleibol. Para deportes: boccia, para natación, para atletismo, paracycling, tenis en silla de ruedas, para tenis de mesa y para bádminton, reafirmando el compromiso con la inclusión en el deporte. Compromiso del Gobierno nacional con el deporte escolar La edición 2025 de los Juegos Intercolegiados representa un avance significativo en el fortalecimiento del deporte escolar en el país, garantizando cobertura en zonas rurales y urbanas, y promoviendo la práctica deportiva como un eje de transformación social. Con esta inversión sin precedentes, el Gobierno nacional reafirma su compromiso con el desarrollo integral de la juventud colombiana, fomentando valores de disciplina y trabajo en equipo, e impulsando una generación de nuevos talentos que

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Brigadas comunitarias salvan más de 10.200 hectáreas de ser consumidas por incendios forestales

Durante 2024 y lo corrido de 2025 se ha evitado que alrededor de 10.200 hectáreas de ecosistemas fueran consumidas por las llamas gracias a la rápida respuesta de las 80 brigadas forestales comunitarias para la prevención de incendios, conformadas por 1.120 brigadistas, cuyo 43 por ciento corresponde a mujeres. “Su trabajo es fundamental para preservar la biodiversidad y garantizar un futuro sostenible para nuestras comunidades. Este programa ha sido clave para aportar en la lucha contra la deforestación, sobre todo en la Amazonía’, afirmó la ministra de Ambiente saliente, Susana Muhamad, el entregar su balance de gestión en esta cartera. Las acciones tempranas de las brigadas permitieron la atención y control de 67 conatos de incendios en 46 veredas del territorio nacional. Adicionalmente, lideraron más de 1.500 espacios de apropiación social, enfocados en la prevención de incendios forestales, impactando a 8.000 personas de las comunidades rurales, que realizaron 30.000 reportes de seguimiento y monitoreo de incendios. Estas acciones se llevaron a cabo en los departamentos de Antioquia, Bolívar, Sucre, Santander, Córdoba, Chocó, Boyacá, Huila, Caquetá, Nariño, Putumayo, Cesar, La Guajira, Magdalena, Bogotá en el área rural de Sumapaz, Tolima, archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Casanare, Cauca, Guainía, Guaviare, Meta y Vichada. Para la creación de las brigadas forestales comunitarias se destinaron 20.000 millones de pesos, un aporte de 10.000 millones del Ministerio de Ambiente y otros 10.000 millones del  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con el fin de prepararlas y dotarlas con equipos necesarios para la vigilancia, reporte, verificación, prevención y primera respuesta de incendios forestales. Dentro de este proceso se capacitaron a 160 operadores de drone, se creó el sistema de alerta temprana comunitaria para el reporte, almacenamiento y análisis de datos sobre incendios, y se involucraron organizaciones sociales como Juntas de Acción Comunal, entre otros.

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Gobierno nacional impulsa pavimentación de vía clave en Suárez (Cauca) con inversión de $ 16.200 millones

Con el propósito de mejorar la infraestructura vial del departamento del Cauca, el Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, informó sobre el inicio del proceso de pavimentación de la vía Yolombó– Gelima, en el municipio de Suárez. La obra, que contempla la intervención de 9 kilómetros, cuenta con una inversión total estimada de $ 16.200 millones y busca fortalecer la conectividad y el desarrollo en esta zona del suroccidente colombiano. El proyecto hace parte de un paquete de 42 obras prioritarias contratadas en diciembre de 2024 con la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (Enterritorio), cuya inversión asciende a $219.000 millones en todo el país. De estos proyectos, 8 están destinados al Cauca, reafirmando el compromiso del Gobierno con la región. Financiación y ejecución de la obra Para la pavimentación de la vía Yolombó–Gelima, el Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, ha destinado $ 9.000 millones, con los cuales se prevé la construcción de los primeros 5 kilómetros, que serán entregados en julio de 2026. Los 4 kilómetros restantes estarán a cargo de la Gobernación del Cauca, en un esfuerzo conjunto para completar la totalidad de la obra. “Vamos a cumplir con esta obra. Necesitamos entregarla en este gobierno y, a medida que vayamos avanzando, la vamos poniendo al servicio de la comunidad’, afirmó Gustavo Bolívar, director de la entidad. La entidad también anunció una inversión de $ 3.000 millones para financiar estudios y diseños de un malecón en la ribera del río Cauca, que abarcará 1 kilómetro en el tramo urbano del municipio. Se espera que estos estudios sean entregados a finales de 2025. Adicionalmente, el Cauca contará con más intervenciones clave, como la construcción de plazas de mercado en Puerto Tejada, El Tambo, López de Micay y El Plateado; mejoras en las condiciones de habitabilidad de 200 hogares en El Plateado; y la pavimentación de 3 kilómetros de vía entre El Plateado y Argelia, con entrega prevista antes de que finalice el actual gobierno. Además, el departamento será el mayor beneficiario del programa de Puntos de Abastecimiento Solidario, con 17 centros destinados a fortalecer el sector productivo y la economía popular en municipios vulnerables. Con estas inversiones, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con la transformación del Cauca, una región históricamente golpeada por la violencia y la pobreza, apostando por el desarrollo y el bienestar de sus comunidades.

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Jóvenes del Catatumbo tendrán acceso a más cupos en programas de medicina, nutrición y dietética, fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional

El Gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego anunció este miércoles que los jóvenes de la región del Catatumbo tendrán acceso a la ampliación de 30 cupos en programas de educación de las ciencias de la salud como medicina, nutrición y dietética, fisioterapia, fonoaudiología y terapia ocupacional. La propuesta para ampliar el acceso a la educación superior a los jóvenes de los municipios del Catatumbo, cobijados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), fue presentada en Cúcuta a los alcaldes de Sardinata, El Tarra, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí y El Carmen. La presentación de la iniciativa se hizo en el marco de la estrategia Juntos por el Catatumbo, de la que hacen parte el Gobierno nacional, a través de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y el Ministerio de Educación, en conjunto con la Universidad Nacional de Colombia. La propuesta fue presentada por el decano de la Facultad de Medicina, sede Bogotá, de la Universidad Nacional, José Fernando Galván Villamarín, con el fin de facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes provenientes de zonas afectadas por el conflicto y la violencia. Esta iniciativa hace parte del Programa de Admisión Especial con Enfoque Territorial (PAET), que ha permitido a jóvenes de otras regiones del país formarse en diversas áreas del conocimiento en cumplimiento de la misión de la Universidad Nacional con la sociedad colombiana. El PAET no solo contempla cupos especiales para estudiantes del Catatumbo, sino que, también, prevé un sistema integral de apoyo que incluye nivelación académica, acompañamiento psicosocial, tutorías y beneficios en alojamiento y alimentación. Además, se busca fortalecer la formación de talento humano en salud con pertinencia territorial, promoviendo la permanencia de los futuros profesionales en sus comunidades para atender las necesidades locales. Esta iniciativa para los jóvenes representa un avance significativo en el acceso a la educación superior y el cierre de brechas en la región, alineándose con los objetivos del Pacto por el Catatumbo y con la apuesta del Gobierno nacional por la transformación del territorio a través de la educación y la salud. Asimismo, el plan se articula con la meta del Plan Global de Desarrollo 2025-2027 de la Universidad Nacional para trabajar por la educación superior como derecho fundamental y el acceso al conocimiento como bien común.

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