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“La única manera de tener la Paz Total es avanzar en el desmonte de las organizaciones que tienen tanto estatus político como las que no lo tienen; unas terminarán con acuerdos de paz y las otras con sometimiento y desmantelamiento de las organizaciones del crimen; son dos cosas completamente diferentes”. Así lo afirmó este viernes el Portavoz del Gobierno Nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada, en una declaración ofrecida desde la Casa de Nariño. En este sentido, el Portavoz indicó que la Ley 2272 de 2022, aprobada por el Congreso, “facultó al Presidente de la República para que pudiera avanzar en el proceso de diálogos de paz con organizaciones a las que se les reconoce estatus político”, al igual que en conversaciones exploratorias con estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado, que se mueven en la economía ilegal, con miras a que se avance en su proceso de sometimiento. Con base en esta nueva normativa –explicó el Ministro Prada–, el Gobierno Nacional ha solicitado a la Fiscalía General de la Nación la suspensión de algunas órdenes de captura de miembros representantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y de la organización de la Sierra Nevada, dos grupos que son definidos como estructuras armadas de alto impacto del crimen organizado. Explicó que, de esta manera, se busca que estos miembros representantes puedan participar en las “mesas de diálogo que estamos adelantando, en forma exploratoria, para definir las condiciones de sometimiento a la justicia y desmantelamiento de organizaciones del crimen, con miras a obtener en Colombia la tan anhelada Paz Total”. Gobierno busca diálogo directo y formal con la Fiscalía Al reiterar que el Gobierno respeta las decisiones de la Rama Judicial del Poder Público, el Portavoz indicó que el Ejecutivo quiere “avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía General de la Nación”, para explicar las facultades que le otorga la nueva ley al Presidente de la República. Indicó que el argumento de la Fiscalía “está fundamentado en dos decretos, que reglamentaron la Ley 418, que acabamos de modificar; esos decretos se expidieron en el 2012 y en el 2015, y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen”. Agregó que “eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272 del 2022, habilitando y facultando al Presidente de la República para solicitar este tipo de suspensión de órdenes de captura”. Tales decretos en los que se fundamenta la Fiscalía –precisó– fueron modificados por la Ley 2272, que amplía el margen de facultades para solicitar estas suspensiones de órdenes de captura. Y agregó: “Aspiramos, en las próximas horas y en los próximos días, tener todos los elementos de juicio jurídicos necesarios, para que tengamos la posibilidad de avanzar en los diálogos exploratorios que den como resultado la Paz Total”. De acuerdo con el Portavoz Alfonso Prada, la “Paz Total es clamada en los territorios por las organizaciones sociales de campesinos, de indígenas” y por la ciudadanía en los lugares donde se generan muertes de colombianos. La Paz Total requiere “instrumentos y caminos para poder conversar, explorar, dialogar y tener la posibilidad de hacer diálogos de paz, que terminen en acuerdos de paz, y hacer conversaciones exploratorias que terminen en sometimiento al Estado de Derecho”, concluyó Alfonso Prada.

El Gobierno del Presidente Gustavo Petro anunció este miércoles que, ante la posición asumida públicamente el día de ayer por el Eln, decidió suspender los efectos jurídicos del decreto de cese al fuego bilateral con esta organización armada. Así lo indicó el Portavoz del Gobierno Nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada, en una declaración ofrecida este miércoles en la Casa de Nariño, junto con el Ministro de Defensa, Iván Velásquez; el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y los altos mandos de la Fuerza Pública. Así mismo, el Portavoz indicó que el diálogo sobre el cese bilateral se reactivará con el Eln en el nuevo ciclo de negociaciones. De la misma manera, en nombre del Gobierno, invitó a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al llamado de las comunidades para que se disminuya la violencia en los territorios. “El Gobierno Nacional no renunciará, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a su búsqueda del respeto por la vida para construir la Paz Total”, expresó Prada. Declaración La siguiente es la declaración leída por el Portavoz del Gobierno Nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada: “El cese bilateral es una respuesta principalmente a las comunidades y organizaciones sociales que piden la paz en el territorio. Esta decisión es respaldada hoy por el Secretario General de las Naciones Unidas, por la Conferencia Episcopal Colombiana, por la Defensoría del Pueblo, por el Consejo Mundial de Iglesias y por la Comunidad Internacional. El Estado Mayor Central Farc-Ep está comprometido con el cese bilateral decretado por el Gobierno Nacional y avanzará en la definición del protocolo para el inicio de las conversaciones en los próximos días. ​La Farc-Ep Segunda Marquetalia ha manifestado su compromiso con la construcción de la paz, y por eso, como estaba previsto, se realizarán reuniones de los mandos de esta organización para avanzar en la definición de los asuntos metodológicos y temáticos de la mesa de conversaciones de paz. De la misma forma, las AGC y las Autodefensas de la Sierra Nevada ratifican su compromiso con el cese bilateral. Con estos grupos se iniciarán los espacios de diálogo sociales y jurídicos en los términos previstos en la ley 2272 de 2022. El Gobierno valora muy positivamente la voluntad de paz urbana de los grupos que operan en Buenaventura, Quibdó, Barranquilla, Medellín y el área metropolitana, Tumaco, Cali y Tuluá, con los cuales se han adelantado acuerdos básicos de respeto a la vida y se desarrollarán mecanismos para la transición hacia el Estado de Derecho. De conformidad con los decretos correspondientes, “la suspensión de operaciones militares y operativos policiales se hará sin perjuicio del cumplimiento de la función y obligación constitucional y legal de la fuerza pública de preservar la integridad del territorio nacional, el orden constitucional y legal y asegurar las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos de libertades públicas en todo el territorio nacional”. El Eln en varias oportunidades ha planteado la importancia de avanzar en un cese bilateral. El 19 de diciembre precisamente, luego de declarar cese unilateral por parte de esta organización, pidió que el Gobierno Nacional actuara en consonancia con su voluntad de paz y estudiara la posibilidad de responder con un cese bilateral. Bajo ese entendimiento, el Gobierno de Colombia decretó el cese bilateral. Sin embargo, ante la posición asumida públicamente el día de ayer, según la cual se debería llevar a la mesa de diálogo el protocolo de dicho cese, hemos decidido suspender los efectos jurídicos del decreto 2657 del 31 de diciembre del 2022 y en el siguiente ciclo se reactivaría el diálogo sobre este particular. Dada la voluntad de paz expresada por el Eln y mientras se estudia en la mesa de diálogo el protocolo del cese bilateral, invitamos a esta organización a declarar una tregua verificable en respuesta al imperativo llamado de las comunidades étnico-territoriales y campesinas a mantener el cese bilateral y la no violencia en sus territorios. El Gobierno Nacional no renunciará, en ningún momento, bajo ninguna circunstancia, a su búsqueda del respeto por la vida para construir la Paz Total”.

El ministro del Interior, Alfonso Prada instaló la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat) en Alto, Medio y Bajo Baudó en Quibdó, Chocó. Con el objetivo de responder de forma ágil a los requerimientos de las comunidades en materia de seguridad y desarrollo, el ministro señaló en esta Ciprat, que el gobierno tiene presente dos tipos de alertas tempranas, “una que es inminente y otra estructural”. Prada indicó que en dicha instalación, se tuvo en cuenta la política de Seguridad Humana del presidente Gustavo Petro, en la que “se busca responder a las alertas tempranas en menos de diez días, luego de emitidas”. En cuanto a las alertas inminentes, el Ministro dijo que “reaccionamos con toda la acción del Estado, con entidades del gobierno, la Fuerza Pública y de Policía”. Y añadió: “en las alertas estructurales, revisamos justamente la estructura del Estado para ver qué podemos corregir en el territorio en defensa de los pobladores”. También resaltó el compromiso que desde el pasado 24 de diciembre, hicieron varios grupos al margen de la ley de cese al fuego en varias regiones del país. “Estamos verificando en todo el territorio (…) Queremos que estos gestos se profundicen y se mantengan porque sería una muestra de voluntad de diálogo”, dijo. El ministro del Interior, Alfonso Prada reiteró que la Fuerza Pública “tiene la instrucción del Presidente en todo momento y lugar, velar por la integridad del territorio, de las y los colombianos. Ellos hacen presencia permanente por cielo, tierra y agua”. Finalmente, el ministro aseguró que de los temas, “algunos son absolutamente vitales porque “si no hay infraestructura vial, estamos condenados a mantener en riesgo a la población”. En ese sentido, el ministro Prada hizo un llamado para que “desde el Ministerio se pueda ayudar en la mediación con la nación”, para que las autoridades locales puedan recibir recursos y avanzar, por ejemplo, en la construcción de la infraestructura vial. “No hacen parte de ninguna alerta (la construcción de vías) pero son fundamentales en la concepción de Seguridad Humana que estamos planteando como gobierno porque son necesarias para generar condiciones de desarrollo con parámetros de dignidad”, dijo Prada en Quibdó, al añadir que el reto del Gobierno del Cambio es inmenso, pues se espera que los proyectos del departamento se vean reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo y en la adición del presupuesto de los siguientes años.

El Ministerio del Interior entregó los premios Colombia Participa 2022, un incentivo a entidades del orden nacional y territorial que visibiliza e incentiva el trabajo de diferentes actores en pro del fortalecimiento de la participación ciudadana en toda Colombia. En una ceremonia transmitida a través del canal Institucional, fueron premiadas diferentes iniciativas en las que participaron organizaciones sociales, comunales, comunitarias, organizaciones no Gubernamentales (ONG’s), empresas del sector privado, personerías, mujeres y hombres líderes, personas con discapacidad, veedores, entidades de gobierno y gobernadores y alcaldes, que desde las regiones aportan a la democracia. El ministro del Interior, Alfonso Prada Gil, quien acompañó la jornada de premiación, resaltó la importancia de que los ciudadanos cuenten con las diferentes instancias, como son la dirección de Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal: “Bien vale la pena siempre tener la opinión de la comunidad, los ciudadanos tienen la posibilidad de intervenir en las decisiones que los afectan, por eso no solamente tenemos una dirección de Democracia y premiamos estas iniciativas que promueven la participación, sino que además tenemos una estructura de participación a través de las consultas previas, con las que escuchamos la opinión de los ciudadanos”, aseguró Prada Gil. Por su parte, la directora para la Democracia, Participación Ciudadana y Acción Comunal, Judith Salazar Andrade, se refirió al proceso adelantado desde el Ministerio del Interior, para la entrega de estos reconocimientos: “Estos premios buscan incentivar las organizaciones sociales, líderes y lideresas en los territorios y toda la sociedad civil que está trabajando para generar cohesión social. Se inscribieron 181 personas, instituciones, ONG’s, organizaciones populares, campesinas, étnicas, líderes, lideresas y jóvenes, que tienen el propósito común de trabajar por la participación ciudadana, se seleccionaron 39 iniciativas que obtuvieron este reconocimiento, nuestra invitación es que todos nos involucremos y que a través de la participación ciudadana logremos una Colombia en paz”, explicó la directora. Durante el evento, los participantes exaltaron el valor de esta iniciativa de entrega de los premios Colombia Participa, creada con el objetivo de dar cumplimiento al artículo 101 de la Ley Estatutaria de Participación Ciudadana 1757 de 2015 y otorgado anualmente a las mejores experiencias de participación ciudadana del país. Milena Andrea Pinto, quien hace parte de la coordinación de asuntos indígenas de la Secretaría de Gobierno de Caquetá y ganadores en su categoría, expresó todo el agradecimiento a nombre de las comunidades que representa y resaltó la importancia de visibilizar estas acciones que construyen país: “Estamos felices por ser parte de esta iniciativa con la propuesta Fortalecimiento Socio Organizativo de las Comunidades Indígenas de Caquetá, un proceso participativo para la construcción de políticas públicas, control social y un ejercicio desde nuestras comunidades para poder incidir de manera efectiva en las decisiones del gobierno departamental y el gobierno nacional”. Braulio Andrés Hidalgo, Gobernador del resguardo indígena Quillasinga Refugio del Sol, hizo un llamado a seguir promoviendo estas iniciativas en los territorios “Muy importante este tipo de reconocimientos para todos los procesos organizativos, porque permiten fortalecer la participación ciudadana de nuestro territorio indígena, permiten generar dinámicas en territorios frente a cómo realizar procesos de formación política y preparar a próximas generaciones para que se involucren en espacios de gestión de la misma organización y el fortalecimiento de las mesas de las organizaciones sociales”. Ana María Villate, personera del municipio de Tibasosa, Boyacá, expresó que “Estos premios son muy importantes en la medida en que resaltan el trabajo que realizamos en territorio y nos invitan a participar a todos, nos incentiva a seguir trabajando y a contribuir en el desarrolla de nuestras comunidades”, aseguró. A partir de la Constitución Política de 1991, la Participación Ciudadana se consolidó como un derecho fundamental para la población colombiana. A su vez, este derecho permitió que la democracia se constituyera como el escenario idóneo para que la población incida en el ámbito de lo público mediante ejercicios permanentes de deliberación y concertación con las instituciones del Estado. Con la sanción del Estatuto de Participación Ciudadana, Ley 1757 de 2015, el Estado colombiano avanzó hacia la promoción, protección y garantías del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural del país. Dando cumplimiento a lo estipulado en dicha Ley, el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad de otorgar el Premio Nacional a la Participación Ciudadana como incentivo a entidades del orden nacional y territorial; el sector empresarial; la sociedad civil organizada y; la ciudadanía, quienes han orientado sus esfuerzos hacia el fortalecimiento de los valores propios de una democracia participativa e incidente. Tomado del Ministerio del Interior