En el marco del Congreso Nacional de Municipios que se celebra en Cartagena, el alcalde de San Francisco, Putumayo, José Luís Suárez, reclamó mayor atención del Estado para las regiones más apartadas del país. Consideró que el Gobierno Nacional debe priorizar más la inversión social en su municipio para poder responder a las necesidades de la comunidad.
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“Ojalá el Gobierno, la Federación Nacional de Municipios y el nuevo Congreso, que fue elegido el 11 de marzo, pudieran descentralizar la administración e ir a estas regiones de Colombia”. Con esas palabras, la alcaldesa de Acandí, Chocó, Lilia Córdoba, espera que el país ponga sus ojos en el municipio, que lucha por fortalecer su económica, a través del turismo.
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La Corte Suprema de Justicia negó de nuevo este jueves el hábeas corpus al exjefe de las FARC “Jesús Santrich”, por considerarlo improcedente. El recurso había sido formulado por la defensa del exguerrillero para conseguir que se ordenara su libertad. El magistrado de la Sala de Casación Civil, Octavio Augusto Tejeiro, descartó la ilegalidad del procedimiento que adelantó la Fiscalía General de la Nación para capturar al integrante del partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), quien está pedido en extradición por Estados Unidos bajo la acusación de narcotráfico. El alto tribunal consideró que no emerge ninguna anomalía de la ‘aprehensión’ del investigado y conceptuó que “el ente acusador sí tiene atribución para ejecutar directrices de talla supranacional, como la aquí aludida”. “Tampoco se constata ‘prolongación ilícita de la privación de la libertad’ porque de conformidad con el artículo 511 ibídem ‘[l]a persona reclamada será puesta en libertad incondicional por el Fiscal General de la Nación, si dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su captura no se hubiere formalizado la petición de extradición”, agrega. Santrich, quien fue negociador de las FARC en los diálogos de paz que llevaron a la desmovilización del grupo insurgente, fue detenido hace dos semanas en Bogotá por funcionarios de la Fiscalía, a pedido del Gobierno de Estados Unidos, que lo reclama en extradición por narcotráfico.
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El ministro de vivienda Camilo Sánchez envió un saludo a los alcaldes del país y a la revista El Congreso, que en su próxima edición destacará los programas que se han puesto en marcha en el país para bajar a la mitad el déficit habitacional y lograr que millones de colombianos tengan acceso al servicio de agua potable y saneamiento básico. El funcionario participa en el Congreso Nacional de Municipios que se celebra en la ciudad de Cartagena, donde las regiones han pedido al Gobierno Nacional priorizar la inversión social en lo que resta de gestión.
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Los candidatos presidenciales Iván Duque y Germán Vargas Lleras, compartieron con los alcaldes del país los que serían sus programas de gobierno y proyectos para las regiones, en caso de ganar las elecciones presidenciales de mayo próximo. El acercamiento con los mandatarios locales se dio en el marco del Congreso Nacional de Municipios que se celebra en Cartagena. “Ha sido muy productivo este evento, hemos estado en diferentes charlas y también escuchando a los candidatos”, manifestó el alcalde de la localidad del Guamo, Tolima, Jorge Enrique Mellado, en diálogo con la revista El Congreso en el puerto caribeño.
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La Misión de Verificación de la ONU en Colombia expresó este jueves su preocupación por la seguridad de los miembros de la desmovilizada guerrilla de las FARC, en un nuevo informe ante el Consejo de Seguridad sobre cómo se vienen implementando los acuerdos de paz firmados entre el gobierno colombiano y el entonces grupo insurgente en 2016. En el balance, la delegación internacional asegura que, durante el período de la campaña, que comenzó el 28 de enero de 2018, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) realizó 101 actividades y fue blanco de ataques en 17 incidentes, incluidos tres contra sedes regionales de la ahora organización política colombiana. “Por limitaciones de la Unidad Nacional de Protección en materia de personal y vehículos, solo 29 de los 73 candidatos de la FARC al Congreso recibieron servicios de escolta durante la campaña”, indica el informe. Dentro de los acontecimientos principales, la Misión de la ONU destaca la jornada electoral celebrada el 11 de marzo de 2018, que, a su juicio, demostró el efecto positivo del fin del conflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) en el proceso político nacional. “Si bien la campaña no estuvo exenta de incidentes, la participación política aumentó en alrededor del 5,2%, dado que en esas elecciones participaron 3,6 millones de electores más que en las celebradas en 2014”, precisó. La organización resaltó también el cese al fuego declarado por el ELN durante los comicios y el hecho de que ningún puesto de votación tuviera que ser trasladado por razones de seguridad. Según la Misión, el grupo insurgente “mantuvo su compromiso de suspender de forma unilateral las operaciones ofensivas durante el período electoral, y el Gobierno lanzó el plan nacional de garantías, que incluía el despliegue de 187.000 miembros de la Fuerza Pública”. Recuerda que, tras la firma de los acuerdos de paz, habían unos 3.500 rebeldes presos por delitos relacionados con el conflicto, de los cuales, 2.600 han sido puestos en libertad. Eso significa que “15 meses después de promulgada la Ley de Amnistía, una cuarta parte de los exmiembros de las FARC-EP siguen presos a la espera de la revisión judicial de sus casos”, agrega.
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“La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias es la entidad del Estado encargada de crear y fortalecer las organizaciones del sector solidario. Desde su labor, adelanta estrategias que han permitido aportarle al desarrollo sostenible, con impacto directo sobre las cooperativas, los fondos de empleados, las asociaciones mutuales, los grupos de voluntariado, las asociaciones campesinas y la comunidad en general”. Con la implementación de planes y proyectos la Entidad estimula las diferentes formas asociativas entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la cooperación, lo que promueve la equidad de género, la autonomía económica y la capacidad organizativa, además de fortalecer sus capacidades técnicas, operativas y administrativas, con lo que se beneficia el acceso de las comunidades organizadas a bienes y servicios y a la comercialización de sus productos. Gracias a los procesos de promoción, fomento, fortalecimiento, formación y capacitación, la Unidad Administrativa ha logrado impactar en los 32 departamentos del país, beneficiando a más 39 mil familias con la creación y fortalecimiento de 4.197 organizaciones solidarias. Aportes a víctimas del conflicto Desde 2015, Organizaciones Solidarias ha beneficiado a más de 5 mil hogares en condición de víctimas, con la creación de las empresas asociativas solidarias. Esto, afirma González, “resulta determinante para dotar a las víctimas de elementos y capacidades que les permitan potencializar los componentes de restitución de tierras e indemnización económica”. Según la entidad, mediante la implementación de proyectos productivos sostenibles, se dará la formalización empresarial y la generación de ingresos a estas personas. Aportes al cumplimiento del Acuerdo de paz Mediante la creación del Plan Nacional de Fomento a la Economía Solidaria y Cooperativa Rural (PANFLES), se buscan estimular las diferentes formas asociativas de trabajo entre pequeños y medianos productores, basadas en la solidaridad y la cooperación. Hasta el día de hoy se ha promovido la autonomía económica, con el fin de fortalecer la capacidad de los fabricantes a la hora de acceder y comercializar bienes y servicios. Este plan quedó establecido como uno de los compromisos del Gobierno en el Acuerdo de Paz. En éste se da gran valor al modelo de economía solidaria para reactivar el campo y brindar oportunidades de acceso a ingresos de la población más afectada por la guerra. El diseño de este documento fue liderado por la entidad y en 2017 se comenzó a implementar en 4 municipios (Montelíbano, San Antero, San Bernardo del Viento (Córdoba) y San Alberto (Cesar), en donde se crearon 11 organizaciones y se fortalecieron 47, con una inversión, en 2017 de 2.286 millones de pesos. Para 2018 se están invirtiendo 1.015 millones. Aporte a la reincorporación de exguerrilleros de las FARC En el marco de la implementación del Acuerdo de Paz, firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC, se estableció la formalización jurídica de una organización de economía solidaria denominada Economías Sociales del Común (ECOMUN). La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias presentó la oferta institucional para aportar a la reincorporación a la vida civil de los miembros de las FARC-EP, oferta que incluye impartir el Curso Básico de Economía Solidaria, asesorar en la constitución de organizaciones de economía solidaria y brindar la asistencia técnica y acompañamiento para su funcionamiento, en el nivel central y en los Espacios Territoriales de Reincorporación y Capacitación.
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La Corte Suprema de Justicia envió a la cárcel a la representante a la Cámara, Aída Merlano, quien es investigada por la presunta compra de votos en la pasada campaña electoral, en la que aspiraba a conseguir un escaño en el Senado. La congresista, quien fue cobijada con una medida de aseguramiento en centro carcelario, habría gastado más de $6.000 millones para alcanzar su objetivo. Merlano, quien se entregó a las autoridades el pasado 9 de abril tras ser notificada de una orden de captura emitida por el alto tribunal colombiano, es investigada por los delitos de corrupción al sufragante agravado, retención y posesión ilícita de cédulas, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y concierto para delinquir. Según los investigadores, la congresista conservadora, quien se declaró inocente, estructuró una red para la compra de votos en el norte del país. De acuerdo con las pruebas recolectadas, a cada votante se le pagaban 40 mil pesos. En la sede de campaña de la dirigente política, en la ciudad de Barranquilla, las autoridades encontraron certificados electorales, armas y dinero efectivo. En concepto de la Corte, las evidencias halladas apuntarían a que la parlamentaria incurrió en conductas que atentarían contra la libre participación de los colombianos en las urnas. La defensa de la congresista pedirá al tribunal que a su cliente se le conceda la detención domiciliaria, por tener hijos menores bajo su cuidado.
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El sector de la Economía Solidaria es motor de desarrollo de un país en tiempos de paz, en proceso de recuperación y tránsito a una nación desarrollada. Sobre esta perspectiva es preciso avanzar en esa dirección, mediante políticas que apunten a la digitalización y al emprendimiento solidario, sobre el cual la Superintendencia aporta su grano de arena desde la supervisión y la generación de confianza, comentó el superintendente Héctor Ruiz Velandia en conversación con la revista El Congreso. HÉCTOR RAÚL RUIZ VELANDIA Administrador de Empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización en Mercados de la Universidad de los Andes, estudios de maestría en Administración de Negocios de la Universidad de Los Andes y diplomado en Riesgos Financieros de la Universidad Iberoamericana de México. Actualmente adelanta una maestría en Gestión Integral del Riesgo en la Universidad Externado de Colombia y se desempeña como Superintendente de la Economía Solidaria. ¿A qué herramientas se está acudiendo para que el acompañamiento al sector solidario sea efectivo? La Superintendencia está enfocada en adelantar una supervisión basada en riesgos, para lo cual ha fortalecido su talento humano mediante capacitación en temas técnicos como riesgos financieros y de cumplimiento, complementado con habilidades informáticas, estadística aplicada a la gestión de riesgos y a los estándares internacionales de información financiera. Estos presupuestos no se alcanzan sin un componente tecnológico que involucre herramientas de big data y business analytics, de manera que se tenga intercambio de información en tiempo real con las Cámaras de Comercio, para hacer un seguimiento efectivo al universo de entidades que integran el sector solidario. ¿Eso ya se está gestionando? Sí, en efecto la Superintendencia tiene un Proyecto de inversión de tecnología que se encuentra en la fase de ejecución, el cual involucra elementos de hyperconvergencia y desarrollo de aplicativos para establecer el universo de entidades solidarias y una forma de incrementar la cobertura de supervisión, para prevenir que se cometan abusos, especialmente con la población más vulnerable. ¿Cómo ve el futuro del sector solidario? Es un sector que le aporta a la economía nacional alrededor del 3% del producto interno bruto (PIB), con cerca de 7 millones de asociados y aproximadamente 4.000 entidades vigiladas conformando el sector solidario. A futuro, el sector incrementará el aporte a la economía, mejorando la inclusión financiera, el balance social y contribuyendo a la reducción de la pobreza; las oportunidades de emprendimiento en el sector cooperativo son inmensas en temas relacionados con tecnología, desarrollo rural, servicios, producción y consumo. Reunión con los gremios Encuentro solidario en San Gil, Santander ¿Desde la Superintendencia, cómo se está ayudando a construir paz? La Superintendencia les brinda confianza a los ciudadanos en general y en particular al sector solidario, contribuye a la paz en el sentido que el modelo solidario involucra las áreas rurales, las zonas en conflicto, y la mujer; esto es consecuente con que la mayor parte de los asociados al sector se encuentran en los estratos sociales del 1 al 3 y más del 50% está integrado por el género femenino. ¿Cuáles son las entidades que conforman el sector de la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria? Las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas, las cooperativas de trabajo asociado, las asociaciones mutuales, los fondos de empleados, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las administradoras públicas cooperativas, las federaciones y confederaciones, entre otras. ¿Cómo están aprovechando el potencial que tienen las áreas rurales, más ahora que se abren oportunidades con el posconflicto? La Superintendencia está dedicada a la supervisión, hay otras entidades dedicadas a la promoción, pero desde nuestro punto de vista lo que promovemos es que se constituyan entidades solidarias, y lo primero que hay que hacer para constituirla es diseñar un mercado objetivo, una estrategia financiera y un plan operativo para poder atender a un determinado nicho y dar una solución a unos problemas o a unas necesidades. Lo secundario son los documentos y la forma como la Superintendencia va a ejercer su control. Lo más importante es el modelo de negocio y de operación. Es importante que las entidades solidarias brinden un acceso efectivo a los jóvenes, desde los mismos estatutos, las políticas y las formas de efectuar los aportes sociales. Cuáles son las entidades que conforman el sector de la economía solidaria vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria? Las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas con sección de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas, las cooperativas de trabajo asociado, las asociaciones mutuales, los fondos de empleados, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las administradoras públicas cooperativas, las federaciones y confederaciones, entre otras. ¿Cuál es la clasificación que se hace sobre los niveles de supervisión? La Superintendencia tiene tres niveles de supervisión, que están anclados básicamente por los activos. Adicionalmente, se tienen unos requisitos técnicos internos para elevar de categoría a cualquier entidad. Desde el punto de vista de supervisión por riesgos una entidad debe recibir un control proporcional a su tamaño, a los riesgos que asume y a la complejidad de las operaciones. Evento de lanzamiento de la cartilla ABC de las Libranzas
La directora de la Caja de Compensación Familiar, Comfamiliar, Ana Patricia López, aseguró este jueves que la entidad hace presencia en 18 municipios de Bolívar, afectados por el conflicto armado interno, como una manera de ayudar a la construcción de paz y tejido social en la región. Desde la ciudad de Cartagena, donde se realiza el Congreso Nacional de Municipios, López dijo a la revista El Congreso que se ha buscado “direccionar el potencial con programas de vivienda, recreación, deporte y educación”, en la zona norte del país.
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