El Congreso Nacional de Municipios 2018, celebrado en el Centro de Convenciones Julio César Turbay de la ciudad de Cartagena, terminó con una lista de pedidos al nuevo gobierno que asume funciones el 7 de agosto próximo, entre los que figuran la descentralización de las regiones, la eliminación de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) y mayor autonomía local.
En el encuentro, que tenía como propósito conocer las propuestas de los candidatos a la Presidencia para las regiones, se examinaron y debatieron los problemas que afrontan las entidades territoriales en materia de inversión y de autonomía en el manejo presupuestal. El director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), Gilberto Toro, insistió en la necesidad de acabar con las trabas que impiden la llegada a tiempo de los recursos para poder cumplir con las metas trazadas en los planes de desarrollo local.
Entre los obstáculos, mencionó a los OCAD, los cuales, en su concepto, se convirtieron en una talanquera que frenó el desarrollo a nivel regional. “Esperamos que los 543 municipios que aún siguen bajo esta tramitología de los órganos colegiados también reciban una pronta solución del Gobierno Nacional y sean habilitados para definir directamente sus proyectos”, dijo el directivo.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP) determinó, el pasado 27 de abril, las entidades habilitadas para definir directamente los proyectos de inversión que tengan como objeto la implementación del acuerdo de paz que permitió poner fin a cinco décadas de enfrentamiento armado con las FARC.
Pliego de peticiones a nuevo gobierno
Los más de 700 mandatarios reunidos en Cartagena reiteraron la necesidad de descentralizar los municipios y de contar con mayor autonomía en el manejo presupuestal para dinamizar sus programas de gobierno. También, de disponer de mayores recursos para la ejecución de los proyectos que serán priorizados durante el posconflicto y de fortalecer la interlocución con las regiones para atender con prontitud sus demandas sociales.
A lo largo de tres días, los alcaldes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes frente a temas como la seguridad, el tráfico de drogas al menudeo, la gestión de proyectos, la accidentalidad vial, la lucha contra la corrupción y la minería ilegal, que tanto preocupa a las entidades territoriales. También de escuchar las propuestas de los candidatos presidenciales Iván Duque y Germán Vargas Lleras para empoderar las administraciones locales.
Director ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), Gilberto Toro.
Apoyo a las regiones
En su intervención en el conclave, el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, consideró que ha llegado la hora de saldar la deuda con los municipios a través de una reforma política que los fortalezca. Sobre el tema de la paz, el general en retiro reconoció que la implementación del acuerdo ha sido compleja y difícil. “Llegó la hora de reemplazar el miedo por la multiplicación de confianza entre el ciudadano y las autoridades locales, recordando las dificultades de amenazas de orden público y asesinatos de líderes sociales como una realidad dolorosa”, sostuvo.
A su turno, la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart Cussac, aseguró que la UE ha sido un socio y amigo de Colombia y de los municipios. “Hemos trabajado por la paz, la solidaridad, los valores e intereses comunes los cuales se reflejan claramente en las acciones que se han hecho con las autoridades locales en Colombia desde hace 20 años”, indicó la diplomática.
Políticas públicas para combatir el microtráfico
En el marco del Congreso Nacional de Municipios, el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, planteó la urgencia de adoptar políticas públicas para combatir el microtráfico de drogas, el cual se ha convertido en generador de violencia en muchas regiones colombianas. El jefe del ente investigador advirtió, además, sobre la tendencia de crecimiento de los homicidios debido a la presencia de bandas organizadas que están controlando el comercio al menudeo. “Se están bordeando las 200 mil hectáreas de cultivos ilícitos en Colombia, se necesita incitar urgentemente la cooperación internacional y tener unas políticas públicas claras y transparentes”, dijo Martínez.
