Columna de Opinión Archivos - Revista el Congreso

Reivindicar La Mojana

El reclamo de los ribereños sobre a dónde fueron a parar los millonarios recursos que se han invertido para solucionar la emergencia por inundaciones en La Mojana, exige una enérgica intervención por parte de los entes de control. Se trata de inversiones que superan los 74 mil millones de pesos, que hoy día no se ven por ningún lado. José David Name Senador de la República Partido de la U Miles de familias de la región de La Mojana están a punto de cumplir un año de estar bajo las aguas, la situación empeora con el paso de los días aumentando las necesidades humanitarias en seguridad alimentaria, salud, agua, saneamiento e higiene. Este dramático escenario deja en evidencia la deficiente labor de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (Ungrd) y el Gobierno Nacional que en estos cuatro años no han podido dar solución a la problemática. Aunque por años los habitantes de La Mojana han sufrido los embates de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena, la pésima atención de la emergencia en este último año ha derivado en una tragedia si n precedentes. Desde oct ubre de 2021 venimos cuestionando, junto a los habitantes de la zona, las intervenciones de la Ungrd en el sector Cara e’ Gato, que resultaron ineficientes y una gran pérdida de dinero. Según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (Ocha), por cuenta de la primera temporada de las luvias que atraviesa Colombia, cerca de 165.000 personas han resultado afectadas por las inundaciones en La Mojana en lo que va de 2022. Los niveles del agua en la subregión se han incrementado en 40 centímetros respecto a lo reportado durante 2021, lo que ha generado que la altura de los afluentes se encuentre entre los 1,5 y 3 metros, impactando así a más de 10.000 personas a comparación del año inmediatamente anterior. Un drama nunca antes visto en estos municipios. De las obras mal planificadas e improvisadas en Cara e’ Gato, que fueron ejecutadas por contratistas sin experiencia elegidos a dedo, nada queda. Al supuesto jarillón de protección, que duraron instalando varios meses, lo destruyó en unas horas la corriente del río Cauca y así todas las obras que presentaban como la respuesta para prevenir las inundaciones. En conclusión, las acciones implementadas por la Ungrd para mitigar los riesgos en esta temporada invernal se las llevó el agua. Es urgente que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República se apersonen e investiguen este tema, para que se aclare la actuación de la Ungrd y de los contratistas. Decepciona y preocupa el gran fracaso de la gestión Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. En cada temporada de invierno estamos presenciando en distintos territorios del país mayores emergencias El reclamo de los ribereños sobre a dónde fueron a parar los millonarios recursos que se han invertido para solucionar la emergencia por inundaciones en La Mojana, exige una enérgica intervención por parte de los entes de control. Se trata de inversiones que superan los 74 mil millones de pesos, que hoy día no se ven por ningún lado. por desbordamientos de los ríos, deslizamientos de tierra, inundaciones de cultivos y viviendas, muchos desastres que se pueden prevenir, pero que por la falta de adecuadas políticas de gestión siguen ocurriendo, llevándose vidas humanas, degradando el medio ambiente y afectando la calidad de vida de los colombianos. Es reprochable que miles de familias de La Mojana se encuentren una vez más damnificadas, viviendo en zozobra y con un alto riesgo de nuevas emergencias. Pedimos al gobierno entrante ponerse en el corazón a los habitantes de esta subregión y agilizar, una vez se posesione, la correcta ejecución de las obras aprobadas en el Conpes para la gestión del riesgo de desastres, que este sea el primer paso para reivindicar La Mojana.

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Dicen que no hay plata para lo social, sin embargo, esta inversión pasó de $2,3 billones en 2018 a $11 billones en 2022. Mantener estos niveles de gasto es posible, pues el gobierno entrante recibe un recaudo adicional que no tenía previsto y al menos $16 billones de utilidades de Ecopetrol que no anticiparon. Plata sí hay.

Caímos en la trampa

Actualidad, Opinión / revistacg

Dicen que no hay plata para lo social, sin embargo, esta inversión pasó de $2,3 billones en 2018 a $11 billones en 2022. Mantener estos niveles de gasto es posible, pues el gobierno entrante recibe un recaudo adicional que no tenía previsto y al menos $16 billones de utilidades de Ecopetrol que no anticiparon. Plata sí hay. Miguel Uribe Turbay Senador de la República Centro Democrático Dos semanas después de haber sido radicada la reforma tributaria, el nuevo gobierno todavía desconoce la destinación de este recaudo. No hay precedente de otra tributaria que se haya presentado antes del presupuesto o del plan de desarrollo, pues son éstos últimos los que determinan las prioridades de gasto. Solo así, sabríamos cuales son las inversiones que ameritan semejante esfuerzo que golpeará sin distinción alguna, a todos los colombianos. Hay consenso de los impactos negativos de esta reforma sobre el ahorro, la inversión, el consumo y el empleo de los colombianos. Y si bien la discusión se ha centrado en sus efectos y el articulado, el Gobierno hábilmente ha evitado la discusión sobre la necesidad y destinación del recaudo de esta reforma. Sorprende que el Gobierno haya radicado mensaje de urgencia para este proyecto cuando había asegurado que se tomaría el tiempo necesario para debatirlo. ¿Cuál es el afán? ¿Por qué buscan pupitrear en 6 semanas un proyecto que tiene 20 semanas para discutirse? ¿Por qué no discutir simultáneamente el presupuesto con la tributaria durante las próximas semanas? Tendieron la trampa, y nosotros caímos en ella. Nos pusieron a hablar sobre los detalles de la reforma dando por hecho que era necesaria. Esto no es cierto. El ministro Ocampo justifica la reforma con la situación fiscal del país. No obstante, gracias a la reactivación económica, la disminución del déficit y de la deuda pública se redujo considerablemente frente a las estimaciones realizadas del marco fiscal de mediano plazo en 2021 de 7 % a 5,6 % y de 67 % a 56,5 %, respectivamente. A pesar de esto, insiste el Ministro en que la situación fiscal requiere atención inmediata. Sin embargo, no se contempla destinar recursos de esta tributaria para cumplir estos compromisos. Por otro lado, el nuevo gobierno asegura que se requiere aumentar el presupuesto para inversión social sin haber definido las prioridades de gasto. En muchos casos, las entidades encargadas de ejecutar estos recursos aún siguen acéfalas. La improvisación es evidente. Por ejemplo, el Presidente anunció una tributaria de $70 billones, luego de $50 billones y finalmente presentó ante el Congreso una de $25 billones. En este sentido, no se entiende el afán por conseguir más recursos cuando encontraron la “olla llena”. En 2021 hubo un recaudo adicional de $12,8 billones. Y a mayo de 2022, los ingresos tributarios fue – ron $11,8 billones por encima de la meta fijada en enero. Equivale a un crecimiento del recaudo total de 31,5 % frente al mismo periodo de 2021. Lo anterior como consecuencia del crecimiento económico que hoy la reforma pone en riesgo. Dicen que no hay plata para lo social, sin embargo, esta inversión pasó de $2,3 billones en 2018 a $11 billones en 2022. Mantener estos niveles de gasto es posible, pues el gobierno entrante recibe un recaudo adicional que no tenía previsto y al menos $16 billones de utilidades de Ecopetrol que no anticiparon. Plata sí hay. Es hora de exigirle al ministro responsabilidad. El Gobierno debe levantar el mensaje de urgencia. La tributaria debe responder al presupuesto y al plan de desarrollo que presente esta administración. El debate debe centrarse en la necesidad y destinación del recaudo. Los funcionarios y las comisiones económicas deben escuchar a ciudadanos y sectores productivos.

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No es el proyecto de ley de los piropos, Es el proyecto de ley de acoso callejero – Katherine Miranda

Actualidad, Bogotá D.C., Cámara: Cámara de Representantes, Columnistas, Congreso de la República, Opinión / revistacg

“De ser aprobado el proyecto, en adelante se sancionará con pena de prisión a quien realice tocamientos indebidos, exhibicionismo de contenido sexual explícito o a quien asedie verbal o físicamente con intenciones sexuales en espacios públicos o semipúblicos” Desde siempre he sentido miedo de caminar por un andén donde haya un grupo de hombres. Siento nervios, siento como un vacío en el estómago, me aferro a mi bolso como el último refugio; pienso cómo evitarlo, planeo no reaccionar porque puede ser peor, simplemente pasar y ya. Las palabras son tan peligrosas y tan violentas, a veces, que arrinconan y dañan para siempre. Son palabras que jamás se las lleva el viento. Y, ¡qué decir! Del terror que produce cuando se acercan, te tocan, se exhiben. Las mujeres, sobre todo, somos muy vulnerables en la calle, en un bus, en el parque, en un bar. La Universidad de Cornell, una de las más importantes en el mundo, realizó una encuesta sobre el tema, mostrando que el 84% de las mujeres han experimentado acoso callejero antes de los 17 años, el 82% toman otra ruta diferente después de sufrir este acoso, el 71% reportan que las han seguido y la mayoría de las mujeres transexuales han sido acosadas por su identidad de género. En nuestro ámbito, por ejemplo, si hoy una usuaria de TransMilenio tiene que soportar que un hombre restriegue sus genitales contra su hombro y decide denunciarlo, se va a encontrar con un gran vacío legal. Por esto, pensando en situaciones tan cotidianas y agresivas, he radicado un proyecto de ley junto con la mayoría de las congresistas para tipificar conductas de acoso sexual en el espacio público. Con la tipificación del delito de acoso sexual en espacio público pretendemos llenar el vacío jurídico o la confusión que se genera con la comisión de estos actos debido a los delgados límites jurídicos entre los delitos de acto sexual abusivo, acto sexual violento, acoso sexual, hostigamientos e injuria de hecho. Por ejemplo, cuando en el espacio público, alguien le toca la nalga a una niña menor de 14 años se podría imputar el delito de acto sexual abusivo, pero si la víctima es mayor de 14 años estaríamos frente a la impresentable situación de escoger entre un acto sexual violento o injuria de hecho: un mismo hecho con tres opciones jurídicas de imputación distintas, eso sin contar el delito de acoso sexual, que ocurre cuando hay una relación de subordinación entre victimario y víctima. Estoy convencida que esta situación puede conllevar a errores en la imputación del delito por parte del ente investigador, lo que llevaría a la revictimización del afectado, nulidades en el proceso, y en el peor de los casos, impunidad. En Bogotá, a diario, sabemos de roces de partes íntimas, exhibicionismo y masturbación en TransMilenio; lo que ha suscitado algunos proyectos de acuerdo en el Concejo Distrital como buses rosados solo para mujeres o botones de pánico para alertar cuando una situación de esas se presenta. Sin embargo, las historias continúan y el control ha sido precario, una de las causas es que no existe tipificado el delito de acoso sexual en trasporte público. En Colombia, según las encuestas, las mujeres no se sienten seguras en las ciudades, ni en sus espacios públicos. La tendencia mundial nos muestra que una vez tipificado el delito las víctimas tienen herramientas jurídicas para buscar justicia. La ausencia de denuncia y de impunidad es tan alta que necesitamos un cambio cultural para eliminar el acoso sexual de las calles, se ha podido observar que muchas mujeres en el mundo han sufrido y padecido esta conducta, por eso es importante dar el paso que ya han dado otros países de tipificar un delito autónomo con un ingrediente pedagógico y que, estos actos y conductas, sean erradicados. Adicionalmente, ONU–Mujeres ha planteado la iniciativa Ciudades Seguras para implementar estrategias eficaces para abordar el acoso sexual y otras formas de violencia sexual que ocurren contra mujeres y niñas en los espacios públicos. Una de las fallas para que las ciudades colombianas cumplan con lo establecido en la estrategia de ONU-Mujeres, es que no tienen el soporte jurídico nacional a diferencia de otros países como Perú, Chile, Costa Rica, Panamá y casi todas las naciones europeas, que han aprobado la tipificación del delito de acoso sexual en el espacio público, ayudando a los cambios necesarios de esta cultura machista tan arraigada. De ser aprobado el proyecto, en adelante se sancionará con pena de prisión a quien realice tocamientos indebidos, exhibicionismo de contenido sexual explícito o a quien asedie verbal o físicamente con intenciones sexuales en espacios públicos o semipúblicos. No es posible que en Colombia las mujeres tengan que someterse, cotidianamente, al acoso sexual. Ya es tiempo de castigar el acoso callejero. Merecemos ciudades, espacios y entornos seguros. Katherine Miranda Peña Twitter : @mirandabogota Facebook: @mirandabogota Instagram: @mirandabogota

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Redescubramos el Golfo de Morrosquillo, Erasmo Zuleta

Caribe, Columnistas, Opinión / revistacg

No puede repetirse la historia de promesas incumplidas que ya tiene aburridos a sus habitantes. Las acciones serán la mejor forma de convencer a los incrédulos durante los próximos cinco años, tiempo en que más de 355 mil millones de pesos serán invertidos en obras. Han pasado cerca de cinco siglos desde que tres embarcaciones, la Pinta, la Niña y la Santa María llegaron al nuevo mundo desde España. En aquel entonces los españoles se deslumbraron con el esplendor de estas nuevas tierras. Ciertamente, la costa Caribe que tenemos hoy en día es la misma que hace siglos cautivó a los europeos, quienes atraídos por la riqueza natural de esta región se animaron a internarse más adentro en el continente. Bastante paradójico que 500 años después esta misma zona, que fue por donde entraron los españoles, esté sumida en la pobreza. Me refiero específicamente al duro momento que vive el Golfo de Morrosquillo. El Golfo de Morrosquillo, cuyo territorio se divide entre Córdoba y Sucre, tiene una ubicación privilegiada. Podría ser un puerto de intercambio comercial con el mundo por donde la riqueza y el progreso entraran tanto al país como a la región. Hay municipios como San Bernardo del Viento que tienen un potencial turístico invaluable. Solamente dicha población tiene la desembocadura del río Sinú en Bocas de Tinajones, 30 kilómetros de costa Caribe y paisajes de ensueño que son ignorados por los mismos colombianos. Las tierras que se bañan por el río Sinú y el Mar Caribe, en lugar de gozar de privilegios y esperanza, presentan índices de pobreza por encima del 60%, según el último informe del DANE. Al revisar el mapa de la pobreza del DANE, donde la misma está graficada en el territorio colombiano, se evidencia que el fenómeno es mucho más intenso en la periferia del país que en el interior. Mientras el promedio nacional es del 27%, Sucre y Córdoba presentan índices de 41 y 44% respectivamente. El Golfo de Morrosquillo necesita que el país mire hacia él. El olvido histórico al que las regiones han sido sometidas no puede continuar. Tanto el Estado como los mismos colombianos debemos redescubrir al Golfo de Morrosquillo y al potencial que tiene consigo como motor de desarrollo, de la misma forma en que siglos atrás los españoles quedaron anonadados con la riqueza de este nuevo mundo. En días pasados hubo el primer paso para lograr ese redescubrimiento. Por medio de la firma del Pacto Territorial Golfo de Morrosquillo, el Presidente Iván Duque y 8 alcaldes de la zona se comprometieron con la ejecución de al menos 11 obras estratégicas que beneficiarán a casi 350 mil personas. Aunque esta no es la primera vez que un Jefe de Estado visita el Golfo de Morrosquillo, estoy seguro que tiene intenciones sinceras que materializará en hechos palpables para dar inicio a la renovación que pide a gritos este rincón del norte de Colombia. No puede repetirse la historia de promesas incumplidas que ya tiene aburridos a sus habitantes. Las acciones serán la mejor forma de convencer a los incrédulos durante los próximos cinco años, tiempo en que más de 355 mil millones de pesos serán invertidos en obras. Me comprometo con los habitantes de esta región a ser un garante desde el Congreso de la República para la ejecución de estos proyectos, especialmente aquellos que son responsabilidad del Gobierno Nacional. El Golfo de Morrosquillo debe ser algo que cada colombiano sienta como propio. Solamente así conseguiremos que el mar y el río bañen nuevamente a estas tierras de prosperidad y riqueza, como sucedía cinco siglos atrás.

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La economía en cuarentena

Columnistas, Opinión / revistacg

Por: Amylkar Acosta Medina En la Aldea global en la que convivimos 7.770.615.400 almas, todos estamos expuestos a contraer el virus. El 31 de diciembre del año anterior, sin vísperas, las autoridades de la República popular China admitieron la aparición en la ciudad Wuhan las primeras veintisiete personas diagnosticadas de Síndrome Respiratorio Agudo Grave (COVID -19), causado por un nuevo virus de la familia de los coronavirus. El contagio con este agente patógeno no se hizo esperar y se ha venido propagando sin dique de contención, al punto que la Organización Mundial de la Salud declaró este brote como pandemia. En la Aldea global en la que convivimos 7.770.615.400 almas, todos estamos expuestos a contraerlo. Las medidas extremas a las que han tenido que recurrir los países, empezando por China, considerada la fábrica del mundo, ha frenado el ritmo de crecimiento de la economía global y amenaza con una recesión global. De hecho la guerra comercial que el Presidente de EEUU Donald Trump le declaró al resto del mundo le había infligido un duro golpe al comercio internacional, afectando de paso las cadenas de valor, ralentizando el crecimiento de todos los países involucrados, empezando por sus protagonistas, China y EEUU, que pasaron de crecer entre el 2018 y el 2019 del 6.6% al 6.1%, el más bajo registrado desde 1990 y del 2.9% al 2.3%, respectivamente. De allí que, según el reporte anual de la ONU se pronosticaba una ligera recuperación del crecimiento de la economía global, pasando del anémico 2.3% en 2019, el más bajo en una década, al 2.5% en 2020. Pero, advirtiendo que “la reanudación de los conflictos comerciales, una crisis financiera o una escalada en las tensiones geopolíticas, podrían obstaculizar la recuperación, reduciendo el crecimiento a tan sólo 1.8% este año”. Es decir, que la economía global se – guía anclada en la “nueva mediocridad” a la que hacía referencia la ex directora del FMI Christine Lagarde. Las perspectivas de la economía global, entonces no eran las mejores, al punto que la nueva Directora del FMI Kristalina Gueorguieva, recién elegida en tan alto cargo, afirmó categóricamente que “las señales de alarma están encendidas y posiblemente muy pronto la situación pondrá a prueba qué tan preparados estamos”. En su concepto, “la economía mundial se encuentra ahora en un período de desaceleración sincronizada” en el que las cadenas de suministros están rotas, averiadas por cuenta de una guerra comercial en la que, como afirma el FMI “todos pierden”. De hecho, según sus cálculos, las pérdidas en lo que va corrido del 2020, superarían los US $700.000 millones. El economista turco, doctorado en la Universidad de Harvard, célebre por advertir con dos años de anticipación la crisis financiera de 2008, Nouriel Roubini, pronostica una nueva recesión en 2020. Él la atribuye a tres posibles shocks de oferta negativos y afirma que “todos ellos son reflejo de factores políticos que afectan las relaciones internacionales; dos involucran a China y EEUU está en el centro de cada uno de ellos. Además, ninguno admite tratamiento con las herramientas tradicionales de la política macroeconómica anticíclica”. De manera que la economía global venía transitando por la cornisa de la estagnación, con un alto riesgo de precipitarse al abismo de una prolongada recesión Y él no está sólo en su vaticinio, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) advirtió en septiembre pasado sobre el peligro de una recesión mundial para 2020. Como quien dice, al finalizar el año anterior estábamos ad portas de una nueva recesión, debido a que “las perspectivas de la economía mundial actualmente se ven envueltas en una densa niebla de tensiones comerciales internacionales y conflictos geopolíticos”. Los mismos amagos a los que aludía la Directora del FMI. Las palabras de la Directora del FMI fueron premonitorias, los conflictos comerciales se reanudaron por la terquedad aragonesa de Trump, por la misma razón la escalada en las tensiones geopolíticas persisten y a falta de una crisis financiera sobrevino el COVID – 19, que viene haciendo estragos en el mundo entero, que se debate entre el pánico y la paranoia. Al fin y al cabo, el flujo y reflujo del comercio y de los capitales sirven de vasos comunicantes entre las naciones y encauzan el conocido “efecto mariposa”. De allí que todos los organismos internacionales vienen revisando a la baja su previsión de crecimiento de la economía: la OCDE prevé un crecimiento del PIB por debajo del 2.9%, con una pérdida de 0.5 puntos porcentuales con respecto al 3.4 anterior, por su parte de Economist acaba de bajar su pronóstico del 3% al 2.5% y a 1.9% como peor escenario.

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El referendo o pretexto para una dictadura

25 años de Historia, Opinión / revistacg

Con motivo de cumplirse los 25 años de la revista El Congreso, publicaremos una serie de columnas de opinión como registro histórico sobre temas políticos y del acontecer nacional, que ayudaron a enriquecer el contenido de nuestro medio de comunicación en sus inicios. Víctor Hugo Osorio Soto Especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario Muchos comentarios se han tejido alrededor del tema del referendo y con razón, pues las interpretaciones constitucionales de grandes juristas se entremezclan con la opinión de los mismos, con la desautorización de no ser políticos, sino técnicos-jurídicos. No podemos olvidar que nuestra carta de navegación que el constituyente primario nos legó, es una constitución política y por lo tanto debe ser analizada desde una óptica político jurídica; no sin desconocer sin desconocer que los verdaderos y legítimos intérpretes de la carta magna son los Magistrados de la H. Corte Constitucional y que solo ellos a la luz del derecho pueden emitir voces serías con respecto del referente. Cabe advertir también que el dilema se puede resolver alejándose un poco de los medios de comunicación y a su vez acercándose al escritorio, para hacer un análisis sistemático de la Constitución Nacional, recortando entre otras teorías, la de la pirámide de Kelsen, también analizando el art. 4 de los principio fundamentales, en donde se establece que la Constitución es norma de las normas, a reglón seguido se dice “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” deduciendo por lo anterior que solo hay que interpretar la Constitución para resolver el dilema. “so pretexto del clamor popular esta medida violaría además el art. 379 ibidem. Por tanto manipular la opinión pública en busca de legitimar una vía de hecho autocrática con manto tecnócrata, es violar el estado de derecho”. Además sabiendo que por encima de la Constitución solo están los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos y de conformidad con el análisis de art. 378 de la C.N., se puede colegir que el constituyente del 91 deseó que para convocar a un referente de reforma constitucional, ya sea de iniciativa popular o gubernamental se debía hacer a través del Congreso mediante Ley de La República cosa distinta es, si se quiere realizar una actividad por fuera de lo que dispuso la constitución del 91, es decir, como lo han llamado, una medida extraconstitucional que aunque no resulta inconstitucional del todo tampoco lo es constitucional, pues, si el referendo no lo convoca el Congreso a través de Ley, sino, por el contrario es convocado por el Presidente, so pretexto del clamor popular esta medida violaría además el art. 379 ibidem. Por tanto manipular la opinión pública en busca de legitimar una vía de hecho autocrática con manto tecnócrata, es violar el estado de derecho. Que la Constitución establezca un trámite de Reforma Constitucional muy rígido fue un objetivo deliberado del poder constituyente primario, pues, con ello se buscó dar estabilidad política y jurídica a un país que no logra vivir de manera armoniosa y pacífica desde su primera república. Solo resta que el pueblo no se deje manipular por los poderes constituidos ni por los aventureros de la verdad, que aprovechan las coyunturas para así lograr destruir, criticar y sobre todo ofrecer soluciones a problemas que no son el fondo del asunto. Espero que esta nube de humo evite un posible pronunciamiento de la H. Corte Constitucional, ya que si lo manda el numeral 2 del art. 241 de las funciones del alto tribunal constitucional que dice: “decidir con anterioridad al pronunciamiento popular, sobre la constitucionalidad de la convocatoria a un referendo a una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la constitución, solo por los vicios de procedimiento en su formación, o también, que la nube, no perturbe la sapiencia del señor Registrador Nacional del estado Civil que puede y tiene la última palabra en materia del llamado referendo popular, al que no se le puede cambiar ni una coma (¿Ocaso que referendo no es popular, o es que en verdad el pueblo es que lo hace o solo lo contesta?) Pues, si el Registrador advierte que ese trámite es inconstitucional el mismo funcionario puede valer la excepción de inconstituciona – lidad del art. 4 de la C.N. sobre el decreto que envía el gobierno nacional convocando a un referendo. Los congresistas deben asumir el mandato popular que legítimamente les entregaron aproximadamente diez millones de personas, para que a través de la función legislativa se afronten temas verdaderamente importantes como son, lo códigos penitenciario de procedimiento y penal, l hacinamiento carcelario, la educación, la salud y sobre todo el empleo. Tomado de revista El Congreso 2003

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La informática en los municipios ¿Realidad O Utopía?

25 años de Historia, La Revista, Opinión / revistacg

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Inquisición del siglo XXI

Actualidad, Columnistas, Opinión / revistacg

Luis Fernando Ochoa Exrepresentante a la Cámara Tal como sucediera en el medievo, que quien no estuviera de acuerdo con las ideas y filosofías del establecimiento de la época, era sometido a las más rigurosas persecuciones y linchamientos públicos, escarnios que fueran justos o no, habían que realizarse para satisfacer el ego y el poder de los tiranos, hoy estamos presenciando uno de los ataques más frontales por parte del representante del Ministerio Público a una compañía de salud que fue adquirida en una licitación pública, donde probablemente quienes participaron en su compra a Cafesalud EPS (en liquidación), no fueron de los afectos de quien dirige ese ente de control. No es un secreto que el sistema general de seguridad social en salud durante el desarrollo de estos 25 años tenga un sinnúmero de deficiencias técnico-administrativas y dificultades económicas, y que estas tengan que entrar a ser resueltas por el actual Gobierno y Congreso de la República. Ya en artículos anteriores hemos puesto en evidencia algunas falencias del Sistema de Salud, como son: 1. La desfinanciación de la UPC del régimen subsidiado con respecto al contributivo; 2. El No Pos que no tiene doliente, donde algunos entes territoriales se declaran ilíquidos y desfinanciados para poder asumir los costos de este; 3. Las elecciones a dedo de gerentes de hospitales por parte de las corporaciones territoriales; 4. La no claridad y unificación de precios de los planes de beneficios de los regímenes contributivo y subsidiado, entre otros problemas a resolver. “Sorprende de una manera extraña el papelón que viene haciendo el Procurador en contra de la EPS Medimás”. Pero, como podemos observar, todas estas deficiencias no son solo el resultado de uno de los actores del sistema, sino un problema estructural de todo el aparato de salud. La Supersalud a todos los integrantes del sistema les ha establecido unos indicadores de quejas y reclamos que podemos consultar en cualquier momento; donde se puede concluir que ninguno tiene en sus estadísticas el 100 por ciento de la satisfacción de los usuarios. Es por ello que sorprende de una manera extraña el papelón que viene haciendo el Procurador en contra de la EPS Medimás, y que, como es ya conocido por la opinión pública, esta EPS tuvo que retomar la cascada de tutelas y estancamiento de atenciones de su antecesora Cafesalud, y que durante su operación ha llegado a los indicadores de quejas y reclamos de las otras aseguradoras del país. Entonces, nos quedan varios interrogantes, como ya los han hecho entrever algunos medios de comunicación: ¿Será que había alguna intención de que la Aseguradora Española Sanitas se quedara con Cafesalud, a pesar de que su propuesta era de 200 mil millones frente a la otra que fue de 1.2 billones?, ¿o se quería dar tan solo un presente en gratitud a la madre patria? Llama poderosamente la atención porque la Procuraduría General de la Nación, en el marco de sus funciones de seguimiento y control preventivo a las políticas públicas, antes de la asignación de la venta a uno de los proponentes, no realizó ninguna observación en la atención de los más de 6 millones de pacientes de Cafesalud y que venía con más de 40.000 tutelas sin atender. Ante tal sesgo de extralimitaciones de poder por parte de un todopoderoso del país, no dejan de llegar a mi memoria las injusticias cometidas en la edad media por sus inquisidores. Ojalá en pleno siglo XXI no se vuelva a ver nuevamente la persecución de brujas realizada en el pasado por poderosos aduciendo su seudo preocupación por los colombianos. Y si así fuera, y teniendo en cuenta que el acceso a la salud en Colombia es muy difícil en condiciones dignas, el ideal sería ver al Ministerio Público actuando eficazmente en pro de la salud de todos los ciudadanos, y no pelando el cobre ante el país porque alguna aseguradora nos incomoda o no es de nuestros afectos.

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El cambio climático no es un ‘cuento chino’

Columnistas, Opinión, Senado / revistacg

Richard Aguilar Villa Senador, Cambio Radical Pese a que a diario observamos desastres naturales, muy seguramente por el calentamiento global y los cambios climáticos de todo el planeta, en Colombia no hemos adoptado con seriedad políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Prueba de ello es que en materia de presupuesto para el medio ambiente vamos retrocediendo, como el cangrejo: para el año 2019 se registra una disminución del 19% de los recursos destinados para el Ministerio de Ambiente y los institutos asociados. Pareciera que a los colombianos no nos interesara tener aire limpio; agua para la producción de alimentos ni para el consumo de nuestras comunidades. ¿Por qué tanta indolencia para proteger nuestros recursos naturales? Si bien firmamos acuerdos como el de París, el cual ratificamos hace un año, seguimos provocando el cambio climático por falta de acciones contundentes. Los efectos devastadores de este fenómeno cada vez son mayores: Ya perdimos el 84 % del área glaciar y de los nevados. Debido a las altas temperaturas del mar se están blanqueando los corales, tan importantes para la protección de la cuarta parte de las especies marinas. Se están acabando en el Pacífico y en el Caribe cientos de kilómetros de playa debido a fenómenos de erosión. A diario registramos eventos extremos, lluvias muy fuertes, granizadas. Tenemos más de una docena de especies en peligro de extinción. Estamos perdiendo cuencas hidrográficas por deforestación y avance de la desertificación. La contaminación del aire se ha convertido en una problemática de las principales ciudades del país con graves consecuencias en la salud humana. “Nos equivocamos cuando creemos que el cambio climático no nos afecta”. Como si esto fuera poco, cada año destruimos 220.000 hectáreas de bosque; tenemos cerca de 400 municipios con desabastecimiento del preciado líquido porque se han secado las cuencas que los abastecían. Y en materia de energías, el panorama tampoco es alentador. El 93% de nuestra matriz está compuesta con recursos primarios de origen fósil; aproximadamente el 4% de hidroenergía; y el 3% de biomasa y residuos. Muy poco utilizamos energías limpias que provienen de fuentes renovables. Con este panorama, es imperativo que en el Próximo Plan Nacional de Desarrollo se incluyan temas relevantes como conservación de páramos, cuencas hidrográficas, transporte sostenible, energía renovable y reducción de residuos. Debemos comprometernos de una vez por todas con la conservación de nuestros recursos y el cuidado de nuestro planeta. Nos equivocamos cuando creemos que el cambio climático no nos afecta. Esto se resuelve con voluntad política, educación y presupuesto. Esto no es un cuento chino.

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¡No abandonemos el sector minero!

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Héctor Ángel Ortiz Núñez Representante a la Cámara por Boyacá Partido Centro Democrático El 20 de julio del 2018 se instaló el nuevo Congreso de la República, del que orgullosamente hago parte gracias a los más de 18.000 boyacenses que confiaron su voto en mí. Desde ese momento, mi prioridad ha sido y será estar a disposición de toda la comunidad, escuchando de primera mano las preocupaciones y necesidades que surjan en el departamento para lograr que sean prioridad en la agenda nacional. Como integrante de la Comisión Quinta de la Cámara, mi objetivo principal será vigilar con atención tres sectores fundamentales para la economía colombiana: agricultura, minería y medio ambiente. Esto, con el fin de que las condiciones económicas, laborales y de infraestructura para estos sectores mejoren y se pueda dar solución a cada problemática que los involucre. Es por esa razón que me preocupa ver el recorte presupuestal que nos ha dejado el Gobierno anterior en el Presupuesto General de la Nación para el 2019, limitando la ejecución de programas y proyectos a estos importantes sectores económicos. “mi objetivo principal será vigilar con atención tres sectores fundamentales para la economía colombiana: agricultura, minería y medio ambiente” Las variaciones de los sectores son las siguientes: el sector de Minas y Energía pasará de tener un presupuesto de 4.3 billones a 2.7 billones, el sector de Agricultura bajará su presupuesto de 2.3 a 1.6 billones y el sector de Medio Ambiente pasará de 727 mil millones a 581 mil millones. La situación es preocupante en los tres renglones, aún más respecto al gremio minero-energético, ya que es uno de los más importantes del país, el cual genera el 80% del Presupuesto de Inversión Nacional y en materia de empleabilidad. Según datos de la ANM (Agencia Nacional de Minería), el gremio minero cuenta con 350 mil empleos directos y genera 4 indirectos para un total de 1´750.000 puestos de trabajo generados a nivel nacional. Además, en el departamento de Boyacá cientos de familias campesinas dependen de esta actividad económica para el sustento de sus hogares, así como pequeños, medianos y grandes empresarios que hacen parte del sector minero y brindan progreso al departamento. Al entender la importancia de la minería en el país, es mi deber como congresista velar por el bienestar de este importante sector, blindándolo legislativamente para procurar menos recortes y el aumento en el presupuesto anual para el próximo año de acuerdo a las necesidades que se generen. De la misma manera, trabajaré incansablemente por la preservación del medio ambiente; por eso, desde la Comisión Quinta, abogaré por políticas direccionadas al uso de sistemas de explotación minera sostenibles para demostrar que la minería bien hecha no es perjudicial, y que, al contrario, contribuye al progreso de nuestro país. Sé que es una tarea ardua, pero estoy convencido de que con esfuerzo y dedicación lograremos este objetivo y desde el Congreso en representación del departamento de Boyacá, ¡NOS HAREMOS SENTIR!

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